MENSAJE DEL PRESIDENTE TABARÉ VÁZQUEZ A LA ASAMBLEA GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO CON MOTIVO DE LA REMISIÓN A DICHO CUERPO DEL INFORME Y MEMORIA DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

Montevideo, febrero 23, 2006.-

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 168 y 177 de la Constitución de la República, tengo el agrado de remitir a la Asamblea General del Poder Legislativo el Informe y Memoria de la gestión del Gobierno Nacional correspondiente al primer período ordinario de la XLVI Legislatura.

La documentación adjunta al presente mensaje da cuenta de la gestión de los Ministerios y otros organismos estatales desde el 01 de marzo de 2005 a la fecha.

Se trata de una información que tomada como conjunto refleja la acción del Gobierno Nacional durante el mencionado espacio de tiempo.

Sin perjuicio de ello, y también en el marco de las disposiciones constitucionales ya referidas pero asumiendo que la globalidad del ejercicio del gobierno va más allá de la sumatoria de sus partes integrantes, expondré a continuación algunas consideraciones que estimo del caso poner en conocimiento de la Asamblea General del Poder Legislativo, en tanto ámbito representativo de la voluntad ciudadana, organismo de control y espacio de los debates y acuerdos democráticos imprescindibles para el progreso de la nación.

El 01 de marzo de 2005, al asumir la responsabilidad institucional que la ciudadanía me confiara, expresé ante ese mismo Cuerpo que el gobierno que ese día iniciaba su gestión tenía señas de identidad firmes y claras.

Hoy reafirmo tal convicción. El año transcurrido desde entonces ha demostrado que la razón de ser de este gobierno no es administrar la nostalgia ni perseguir quimeras, sino promover cambios en la perspectiva de un país que, sin desentenderse del pasado ni eludir el presente, construya su propio futuro.

Prometimos cambios y estamos haciendo cambios. Cambios necesarios e impostergables en muchos casos; cambios posibles aunque no sencillos; cambios progresivos pero con resultados tangibles; cambios convocando a la sociedad, dialogando con ella, involucrándola y rindiéndole cuentas.

Estos cambios comenzaron en el gobierno mismo, entendiéndolo como un mandato de la ciudadanía que debe ser cumplido con transparencia, eficiencia y sentido de nación.

En ese contexto han de inscribirse, por citar apenas algunos ejemplos y sin establecer un orden taxativo entre ellos, el reposicionamiento del Uruguay como un país respetuoso y respetable, integrado a la región y al mundo e irreductible en la defensa de su soberanía; los acuerdos alcanzados con los organismos multilaterales de crédito; la creación del Ministerio de Desarrollo Social; la instrumentación de un Plan de Emergencia cuyos diferentes componentes (Plan de Alimentación, Plan de Atención Sanitaria, Ingreso Ciudadano, Trabajo por Uruguay, Programa de Atención a los sin Techo, Programa de Infancia, Adolescencia y Familia, Programa de Maestros Comunitarios, etc) atienden los más elementales derechos de alrededor de 350.000 compatriotas que viven en condiciones de indigencia; la convocatoria a los Consejos de Salarios previstos en la Ley Nº 10.449 (entre ellos, por vez primera desde su aprobación en 1943, del Consejo Superior Tripartito Rural); la definición y aplicación de una estrategia de atención primaria en salud que implica priorizar la promoción en salud, la prevención de la enfermedad y el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención; la instrumentación del Programa de Educación para la Salud Bucal Escolar que en poco más de un mes de ejecución (noviembre-diciembre) asistió a 1.719 alumnas y alumnos de 42 escuelas de todo el país (10 de ellas rurales); la declaración de Uruguay como país libre de humo de tabaco (quinto a nivel mundial y primero en América); los cambios institucionales en el Ministerio del Interior así como las distintas iniciativas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la dignificación del sistema penitenciario tanto para los reclusos como para el personal policial afectado al mismo; la instrumentación de los programas culturales y recreativos "Uruguay un solo país" y "Uruguay a toda costa".

De éstas y muchas otras iniciativas da cuenta la documentación adjunta que incluye, como anexo, una relación de los quinientos quince (515) Decretos emitidos por el Poder Ejecutivo desde el 01 de marzo de 2005 a la fecha.

Sería redundante referir a las iniciativas citadas en el presente mensaje. Pero sí corresponde consignar que este conjunto de innovaciones y cambios se realizó sin que el país dejara de funcionar o sufriera incertidumbres.

Los nefastos augurios, a los que son tan afectos los profetas de la resignación, fueron desmentidos por la realidad de una sociedad madura, de un sistema político responsable y de una institucionalidad democrática sólida.

Esta realidad, lejos de ser un mérito exclusivo del gobierno, es producto de la convicción y el esfuerzo de la población en su conjunto. Y justo es decirlo: especialmente de los sectores más humildes; de quienes menos tienen y más necesitan; de las uruguayas y los uruguayos que aún viviendo en condiciones difíciles comprenden que tales dificultades no se revierten milagrosamente y actúan en consecuencia, es decir, sin renunciar a sus esperanzas y derechos pero conscientes que querer todo, y quererlo ya, es una triste coartada para que nada cambie y todo siga como antes. La naciones no se construyen desde el miedo y la resignación, pero tampoco a los gritos y empujones.

El Gobierno Nacional al tiempo que reconoce la convicción y el esfuerzo de la sociedad uruguaya valora la comprensión y responsabilidad demostrada por los sectores históricamente menos favorecidos de la misma, y en respuesta a ello reafirma su compromiso de trabajo por un Uruguay cuyos hijos sean, efectivamente, iguales ante la ley y ante la vida.

El 01 de marzo de 2005 expresé ante la Asamblea General del Poder Legislativo que el gobierno que entonces asumía funciones sería, más allá de sus señas de identidad, el gobierno de todos los uruguayos.

Un somero repaso de la agenda cumplida desde entonces por los organismos e integrantes del gobierno basta para demostrar su permanente disposición al diálogo, a los acuerdos, al cumplimiento de los mismos y a la más amplia y rigurosa rendición de cuentas.

En ese contexto han de inscribirse las numerosas comparecencias de integrantes del gobierno nacional en distintas instancias del Poder Legislativo. En efecto, entre el 01.03.2005 y el 30.11.2005 se registraron cuatro (4) interpelaciones, un (1) llamado a sala en régimen de comisión general, y setenta y seis (76) presencias de Ministros y/o Subsecretarios en Comisiones parlamentarias (lo cual significa, promedialmente, una comparecencia ministerial cada tres días y medio).

Ello denota no solamente una intensa actividad parlamentaria (que incluye también, entre otros indicadores, la formulación de 408 pedidos de informes y la sanción de 61 leyes durante el período antes mencionado; sino también la importancia que el Poder Ejecutivo asigna a la misma como soporte y garantía del adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática del país.

Asimismo, y tal como surge de la relación incluida en la documentación adjunta, desde el 01 de marzo de 2005 a la fecha el Poder Ejecutivo ha remitido a la consideración del Poder Legislativo ciento ochenta y dos (182) Mensajes y Proyectos de Ley.

Se inscribe también en este contexto la experiencia inédita, aún perfectible y siempre fermental que significa la realización de reuniones públicas del Consejo de Ministros en distintas localidades del país. No son actos mediáticos; son actos democráticos y democratizadores..

En un Uruguay signado por un crónico centralismo y una más reciente pero no menos fuerte corriente emigratoria, el gobierno de todos los uruguayos implica, necesariamente, una nueva modalidad de entender el país, de relacionarse con su gente, de generar ciudadanía y de encarar la relación entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales.

Así lo hemos entendido y en consecuencia con ello asignamos especial importancia al papel de los Municipios no solamente en la gestión inmediata de la realidad local, sino también en la construcción de un proyecto de país plural e integrado a la vez.

Muestra de ello es el estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales referidas a políticas de descentralización y desarrollo regional; el reconocimiento a la jerarquía del Congreso de Intendentes y la vinculación fluida e igualitaria con todos y cada uno de sus integrantes; el funcionamiento sistemático de la Comisión Sectorial de Descentralización con la participación en la misma de delegados del Poder Ejecutivo; la transferencia programada y puntual de los recursos que el Gobierno Nacional vierte a los Gobiernos Departamentales; la permanente cooperación interinstitucional para atender dificultades puntuales de cada municipio (desde aspectos financieros a los efectos de desastres naturales); y la coordinación nacional/departamental en la captación de inversiones, instrumentación de programas sociales, preservación medioambiental, mejora de infraestructura y servicios públicos, etc.

Asimismo, el Gobierno Nacional ha impulsado una nueva política de vinculación con los uruguayos en el exterior que implica no sólo un esfuerzo por ampliar y mejorar los servicios de atención y asistencia concreta a los compatriotas sino también, y fundamentalmente, asumir que el Uruguay como comunidad nacional trasciende sus límites territoriales.

El 01 de marzo de 2005 también expresé ante la Asamblea General mi compromiso de trabajar al extremo máximo de mis aptitudes, potestades y posibilidades en la construcción de un proyecto nacional de desarrollo productivo y sustentable.

Tras un año en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno que la ciudadanía me confiara, reafirmo que el desarrollo es un derecho inalienable de la gente, que no hay auténtico desarrollo sin producción y que el desarrollo productivo es, en las actuales circunstancias del país, una estrategia de construcción nacional.

Las memorias adjuntas dan cuenta de diversas iniciativas en distintas materias directamente vinculadas a la producción: estabilidad macroeconómica; política crediticia; crecimiento económico; promoción de inversiones; política energética; infraestructura y comunicaciones; estímulo a la especialización, calidad e innovación; generación de nuevos puestos de trabajo, relaciones laborales; reforma del Estado; inserción regional e internacional, etc.

Por citar apenas algunos casos:

• Se diseñó un programa financiero en función de reducir en forma progresiva el peso de la deuda pública. Para ello se trazó una senda de superávit primario de 3,5%, 3,7% y 4,0% del PBI en el 2005, 2006 y 2007-2009, respectivamente. El nivel del resultado primario posibilita una sustancial reducción del déficit global del sector público, que bajaría desde el 2% del PBI en 2004 a 0,5% en 2009.

• Según las estimaciones disponibles para el cierre del ejercicio 2005, el superávit primario se aproximará al 3,8% del PBI y el déficit global se situará por debajo del 1% del PBI.

• También de acuerdo a las estimaciones disponibles, el crecimiento del PBI durante el año 2005 se situará por encima del 6% programado.

• Estimaciones disponibles al cierre del ejercicio 2005 establecen que el porcentaje de deuda pública sobre el PBI descendió a 87%. Sigue siendo un porcentaje alto, pero es sensiblemente menor al que se registraba al cierre del ejercicio 2004.

• Al día de ayer, el activo de reservas del Banco Central del Uruguay ascendía a U$S 3.024 millones.

• Como resultado de las colocaciones en el mercado internacional y local realizadas mayo/junio (U$S 500 millones), julio (Euros 300 millones) y noviembre (U$S 200 millones) , se lograron adelantar unos U$S 400 millones del financiamiento requerido para el 2006, año en que se enfrentan importantes vencimientos de deuda.

• Se ha remitido al Parlamento Nacional el Proyecto de Ley de Modificación de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay y la creación de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario.

• Se definieron las prioridades en materia de política comercial exterior y negociación a ser desarrolladas en la órbita del MERCOSUR, la Organización Mundial de Comercio, etc.

• La recaudación bruta de la Dirección General Impositiva durante el año 2005 alcanzó $U 76.618,9 millones, lo que representa un 13,7% más que la recaudación registrada en el año 2004.

• La Dirección de Aduanas recaudó en el año 2005 U$S 1.060 millones, 33% más que en el año 2004.

• A través de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, el Poder Ejecutivo convocó a las organizaciones representativas del sector privado (empresarios y trabajadores) a conformar un ámbito conjunto de trabajo que permitiera alcanzar acuerdos en las áreas de las políticas económicas y sociales.

• El 07 de marzo de 2005 fueron convocados los Consejos de Salarios previstos por la Ley Nº 10.449. Funcionaron 20 grupos y 150 subgrupos, habiéndose logrado acuerdos y establecido convenios en el 85% de los mismos.

• Por primera vez en la historia del país se convocaron Consejos de Salarios en el ámbito rural y ya se homologó el primer convenio, correspondiente a las plantaciones de caña de azúcar.

• Según la Encuesta Continua de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística, la Tasa de Actividad durante el período Octubre – Diciembre/2005 alcanzó el 59% (porcentaje que no se alcanzaba desde mayo 2002)

• Según el mismo estudio, la Tasa de Empleo creció de 51,7% a 51,9% (la más alta desde febrero 2001).

• Los datos disponibles permiten estimar que durante el año 2005 se crearon aproximadamente 20.000 puestos de trabajo en todo el país.

• Por cierto que subsiste una preocupante Tasa de Desempleo que se sitúa en el 12,1%. Más allá de la cifra, hay una dolorosa realidad que afecta a miles de compatriotas ante quienes el Gobierno Nacional reitera el compromiso de redoblar esfuerzos para hacer realidad el derecho que las uruguayas y los uruguayos tienen al trabajo decente y de calidad.

• Por primera vez en la historia del país, el Banco de Previsión Social alcanza 1.100.000 cotizantes. Entre ellos, 100.000 trabajadores/as rurales y 42.000 trabajadoras de servicio doméstico.

• La Inspección General del Trabajo realizó 14.259 inspecciones y controles en todo el país (42% en el interior). De ellas, 7.958 referidas a condiciones ambientales de trabajo y 6.301 a condiciones generales de trabajo.

• El INE ha estimado para el trimestre setiembre –noviembre 2005 el ingreso de los hogares sin valor locativo y sin aguinaldo, a pesos de enero 2005, en $ 14.460, valor éste superior en 1,3% respecto al trimestre anterior y en 1,6% respecto al observado un año atrás.

• El Indice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (sin incluir la refinería de petróleo) acumuló durante el año 2005 un crecimiento del 13,8% respecto al año anterior.

• El Indice de Volumen Físico de la Construcción de Viviendas Nuevas en Montevideo (base promedio 1990 = 100), correspondiente al primer semestre de 2005, fue de 77,61, registrándose una variación de 41,2 respecto al segundo semestre de 2004 y de 49,5 respecto al primer semestre de 2004.

• A través de ALUR, ANCAP inició en enero/2006 la gestión del complejo industrial CALNU, lo cual permitirá en el correr del presente año la instalación de una destilería cuya inversión prevista superará los cuatro millones de dólares.

• A mediados de 2005, y en acuerdo con la Asociación de Cultivadores de Arroz, el Gobierno Nacional adelantó US$ 12 millones para mejorar el flujo de fondos de los productores de dicho sector.

• Tras un largo y complejo proceso de negociaciones, finalmente se logró la apertura del amplio y exigente mercado mexicano para la carne uruguaya.

• Desde el 01 de marzo de 2005 la Dirección Nacional de Industrias ha aprobado proyectos de inversión por U$S 140 millones.

• ANCAP ha logrado condiciones más favorables para la compra de petróleo al ampliar la nómina de abastecedores tradicionales

• Se lanzó el programa "Gasoil Productivo" cuya implementación significará, mediante un mecanismo de reembolso selectivo, una rebaja en el precio de dicho combustible para sectores productivos y de transporte.

• ANTEL ha disminuido las tarifas de larga distancia nacional (15,9% en términos absolutos)

• En el marco del programa "Jóvenes Investigadores en el Sector Productivo" se han otorgado 37 becas relacionadas a áreas tales como apicultura, vitivinicultura, sanidad animal y vegetal y el aprovechamiento de residuos de cultivos.

• El adecuado control de los contratos de obra pública permitió una sensible mejora en el cumplimiento de los mismos. La rescisión del contrato con el Consorcio Ruta 1 S.A dispuesta el 01.08.2005 facultó a la Dirección Nacional de Vialidad para que por sí o por tercero ejecute las acciones y procedimientos tendientes a la terminación de las obras, su mantenimiento y explotación. Cuatro meses después se habilitó al tránsito el nuevo puente sobre el Río Santa Lucía.

• La Ley de Presupuesto Nacional vigente desde el 01.01.2006 habilita la inversión privada en nuevas áreas portuarias en los Departamentos de Maldonado y Canelones, así como la ampliación de los puestos de Nueva Palmira, Fray Bentos y Paysandú.

A las iniciativas directamente vinculadas a la actividad productiva deben sumarse las referidas a la salud, el ordenamiento territorial, el medioambiente, la seguridad pública, la justicia, la convivencia democrática, la educación y la cultura, por cuanto el desarrollo productivo no solamente refiere a aspectos materiales, sino que también abarca esa riqueza inmaterial y sustantiva que es la inteligencia de la gente, sus valores y condiciones de vida, su cultura y su capacidad de trabajo.

Así entendido, el desarrollo productivo es un proceso de construcción colectiva y democrática en el cual el Estado tiene responsabilidades intransferibles de orientación y articulación, pero también de convocatoria a la sociedad y de establecimiento de instancias que coadyuven al involucramiento de la misma.

En una línea de continuidad con las políticas y acciones instrumentadas desde el 01 de marzo de 2005, cabe consignar en este mensaje que el Gobierno Nacional redoblará esfuerzos en la definición e instrumentación de una estrategia de desarrollo productivo sostenible que, en tanto proyecto de país de mediano y largo plazo, ha de involucrar a la sociedad uruguaya en su conjunto.

En tal sentido, y a cuenta de anuncios y propuestas específicas que el Gobierno Nacional realizará a la brevedad, cabe consignar la necesidad de:

• Continuar el desarrollo del perfeccionamiento de las reglas de juego que estimulen la inversión, la innovación y la eficiencia. Entre ellas: promoción de la competencia, la eficiencia económica y la defensa del consumidor; la promoción de reestructura de empresas a partir de cambios en los procesos concursables; la adecuación de procedimientos para acceder a la promoción de inversiones; la defensa de las inversiones productivas (entre ellas las plantas de producción de pasta de celulosa Botnia y ENCE ya acordadas y en proceso de instalación); la identificación de la propiedad agropecuaria, el ordenamiento territorial, la preservación del medio ambiente, etc.

• Continuar sistemáticamente los cambios que se están realizando en diversas instituciones y organismos estatales para que cumplan sus fines adecuadamente, de acuerdo a los desafíos que el país tiene planteados. Entre ellos: cambios en el sistema financiero; promoción de la producción nacional; puesta en funcionamiento de la Agencia de la Innovación; rediseño institucional de la Agencia de Promoción del Comercio Exterior; etc, para alcanzar la puesta en marcha del proyecto de Gobierno Electrónico que facilite no sólo la gestión estatal, sino que fundamentalmente elimine el peso burocrático del Estado en la actividad privada.

• Definir las coordenadas para elaborar políticas horizontales y verticales con una visión de largo plazo, que fomenten reestructuras en sectores y empresas para aumentar la productividad, eficiencia y competitividad , compatibles con el lugar que nuestro país debe tener en la economía regional y mundial. Entre ellas: revisar los sistemas de estímulos en sectores; implementar programas de especialización productiva; fomentar la innovación y la calidad; estimular la asociatividad empresarial; promover las micro, pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales; etc.

• Identificar, ordenar según prioridades e implementar proyectos de infraestructura, transporte y energía necesarios en una estrategia de desarrollo productivo

• Lograr una auténtica omeostasis entre producción, inteligencia, igualdad y ciudadanía, por cuanto no hay auténtico desarrollo productivo sobre bases de pobreza, desamparo social, déficit ciudadano, institucionalidad democrática anémica y Estado atrofiado.

En tal sentido, los desafíos planteados pueden parecen inabarcables. Sin embargo, la realidad indica que no son pocas ni insignificantes las iniciativas que ya se han adoptado. Algunas de ellas, como el proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay, están actualmente a consideración del Parlamento y otras que también requieren sanción legislativa serán remitidas próximamente.

Diversos emprendimientos ya están siendo implementados, entre ellos la promoción de la eficiencia energética, la instalación de un parque eólico, la promoción del biodiesel, el proyecto de desarrollo sucroalcoholero en Bella Unión, el proyecto de producción agropecuaria mediante el manejo integrado de recursos, el programa de subsidios para fomentar la innovación y la calidad, el fomento de empresas de base tecnológica, etc.

Otras iniciativas aún están en etapas preliminares. Es que no todo puede hacerse de inmediato ni hacerse simultáneamente. Los cambios históricos son procesos que requieren tiempos históricos y gestión democrática.

El pasado nunca descansa y el futuro no se construye reprimiéndolo. La verdad y la memoria son maneras de asumirlo y proyectarlo. Por eso el 01 de marzo de 2005, al formular mi Declaración de Fidelidad Constitucional ante la Asamblea General del Poder Legislativo expresé que era necesario y posible aclarar las zonas oscuras que aún 20 años después de recuperada la institucionalidad democrática subsistían en materia de derechos humanos.

Dije además que ello era necesario y posible por el bien de todos los uruguayos, para que nuestra sociedad recuperase la paz y la justicia y, sobre todo, para que el horror de otras épocas nunca más se repitiera.

En función de ello, la Presidencia de la República tomó decisiones e instrumentó medidas sobre las cuales el Parlamento Nacional y la opinión pública del país han recibido la información correspondiente.

Los resultados de los avances en esta difícil pero inexcusable labor también son conocidos y más allá del dolor que ocasionan, fortalecen a la democracia ya no solamente como forma de gobierno, sino también como estado de la sociedad.

El Gobierno de la República cuya Presidencia ejerzo por decisión ciudadana no es el principio ni el fin de historia alguna. Es apenas un instante en el largo devenir de la sociedad uruguaya

Pero ese instante requiere que cada quien asuma plenamente sus responsabilidades y derechos.

Al presentar este Informe y Memoria de Gestión , el Gobierno Nacional se hace cargo ante la Asamblea General del Poder Legislativo y ante la ciudadanía del país de lo realizado en el marco de sus competencias desde el 01 de marzo de 2005 a la fecha.

Se hace cargo de los avances en el cumplimiento de su responsabilidad pero también de las insuficiencias constatadas en una labor que encara con convicción pero sin mesianismo, porque la historia de los pueblos la escriben los pueblos y el futuro del Uruguay será lo que la sociedad uruguaya en su conjunto sea capaz de soñar y realizar.

Y se hace cargo también del compromiso de continuar construyendo con las uruguayas y uruguayos un país de iguales ante la ley y ante la vida, un Uruguay recuperado en su derecho a soñar y en su capacidad de hacer los sueños realidad.

Sin otro particular, saluda a Ud. y por su intermedio a la Asamblea General del Poder Legislativo,

Dr. Tabaré Vázquez