MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL INICIO INSCRIPCIONES AL PLAN
NACIONAL DE EMERGENCIA SOCIAL
Con el inicio de las inscripciones al Plan Nacional de
Emergencia Social, el gobierno pone en marcha la iniciativa
capital de su programa de gestión, que atenderá la
difícil y extrema situación de miles de compatriotas.
Convoca a
jefas y jefes de hogar en condición de pobreza crítica, es
decir, aquellos que no logran cubrir las necesidades mínimas
de alimentación, a acercarse a las Oficinas del Banco de
Previsión Social para solicitar su inscripción.
Posteriormente se realizarán entrevistas domiciliarias
donde se ratificarán las condiciones de los hogares para la
confirmación de su ingreso al Plan.
Simultáneamente
diferentes equipos del MDS, integrados por estudiantes
universitarios, realizarán jornadas de inscripción en
zonas y localidades del país previamente seleccionadas.
Se entiende
que el PANES llegará a aproximadamente a 40.000 hogares
quienes se convertirán en protagonistas de procesos de
integración social mediante un conjunto de programas que
atenderán necesidades urgentes tales como: ingresos,
alimentación, salud, trabajo transitorio y situación de
calle, entre otras. Los protagonistas del Plan asumirán
también responsabilidades y deberes ciudadanos recíprocos
hacia su entorno familiar y social.
Las condiciones de extrema vulnerabilidad social en que se encuentra una
parte significativa de la población uruguaya, determina el
imperativo ético y político de abordar con urgencia todas
aquellas medidas tendientes a resolver de inmediato las
necesidades básicas insatisfechas, muy especialmente
aquellas vinculadas a la alimentación y la salud. A tales
efectos se habrá de ejecutar el presente Plan de Atención
Nacional de la Emergencia Social que -además de articular y
canalizar el esfuerzo solidario de la sociedad -disponga de
los Programas Públicos Estatales imprescindibles para dar
respuesta al conjunto de los problemas sociales encuadrados
en la emergencia social.
El futuro Gobierno entiende absolutamente necesario y posible la
superación de algunas de las situaciones de mayor gravedad
social a corto plazo, involucrando para ello a la población
en su conjunto, abriendo canales de participación y sumando
el esfuerzo comprometido, colectivo y solidario de todos los
ciudadanos. En este sentido es central destacar que se
apuesta al fortalecimiento de los vínculos con las
organizaciones de la sociedad civil, reconociendo su plural
y heterogénea riqueza.
Uno de sus fundamentos reposa en la responsabilidad social y la promoción
de los derechos humanos en su más amplia acepción. La
atención de las situaciones de emergencia social es el
primer paso hacia la necesaria inclusión en el ejercicio
pleno de los derechos ciudadanos. Sin embargo, debe
subrayarse que el PANES debe articularse y concatenarse con
el conjunto de las políticas sociales que resulten en
Planes, Programas y Proyectos que tendrán la misma dirección
global; esto es, la promoción del desarrollo humano que
precisamente coloca en el centro de atención de la acción
del Estado, a la persona y la familia. De este modo, los
impactos podrán ser duraderos, sostenibles y progresivos en
el mediano y largo plazo. En este sentido corresponde
entonces establecer que el PANES es una primera fase, que se
instrumentará de manera inmediata a partir del 1º de marzo
del 2005, simultáneamente a otras fases tendientes a
generar oportunidades para la superación de la pobreza y la
exclusión social.
La pobreza y la indigencia constituyen profundas heridas abiertas en el
corazón de nuestra sociedad, que exigen del Gobierno
cumplir con el mandato soberano de la ciudadanía para
actuar con respuestas contundentes y comprometidas. Reducir
la pobreza es también apuntar a la reducción sustantiva de
la brecha social, redistribuyendo la riqueza nacional con
sentido de justicia social y equidad. Reducir la brecha
social significa recobrar la dignidad humana, la
reivindicación de los derechos humanos y la expansión de
la ciudadanía, entendida como el más pleno ejercicio de
aquellos derechos sociales, políticos, económicos y
culturales. Los destinatarios del Plan son sujetos de
derechos y nunca deben ser considerados objetos de
beneficencia, concepción de la cual se desprende el
imperativo de fomentar la participación activa de los
ciudadanos involucrados en los diversos Programas Sociales.
Combatir la pobreza supone para nosotros colocar la centralidad del
trabajo digno como eje fundamental de las políticas públicas;
el empleo y la mejora sensible del ingreso de las personas,
de los hogares, de las familias uruguayas, como instrumentos
privilegiados de los procesos de desarrollo social. Asimismo
la educación constituye el activo más importante para
forjar las capacidades humanas para quebrar la disparidad de
ingreso y la mejora de la calidad del trabajo. Las mujeres y
los hombres y su capacidad de trabajar son nuestro principal
recurso productivo y la inclusión de los hoy excluidos
resulta además un componente vital en la realimentación
del circuito económico de nuestro mercado interno. La
emergencia social, nos exige instrumentar acciones que
aseguren la cobertura de las necesidades básicas;
reduciendo significativamente la mortalidad y la desnutrición
infantil, el desamparo de miles de compatriotas que no
tienen abrigo ni techo, la carencia intolerable de cobertura
sanitaria, la ausencia de ingresos mínimos, el incremento
de asentamientos precarios.
Sin embargo, una política social debe y así la concebimos, generar las
oportunidades para el desarrollo social y personal,
apuntando -mucho más allá de la emergencia -a resolver los
problemas sociales a partir de las transformaciones
estructurales y atacar las causas más profundas que
provocan la exclusión social y la marginalidad, rompiendo
los "círculos viciosos de reproducción de la
pobreza" y creando genuinos "círculos virtuosos
de promoción social " que tiendan a superarla
definitivamente yeso es posible solo con enfoques
integrales, participativos y diferenciales.
Los programas que componen el Plan, constituyen alternativas viables y
necesarias, concatenadas a otras medidas de gobierno (económicas,
productivas, sociales, políticas), cuyos objetivos apuntan
a generar las condiciones de carácter estructural
imprescindibles para emprender efectivamente el camino hacia
la igualdad, la equidad y la justicia social.
La población meta del Plan está conformada por todos los habitantes en
el territorio nacional que se encuentran en situación de
indigencia. De acuerdo a las definiciones de indigencia se
considera a quienes no pueden cubrir de manera satisfactoria
la alimentación diaria. A tales efectos se incluyen a las
personas y familias cuyos ingresos estén por debajo del
Valor Promedio de la Canasta Básica Alimentaria al día 1°
de marzo de 2005. También se integran aquellos hogares que
se hallaren comprendidos por debajo de Valor Mínimo de la Línea
de la Pobreza. Por tanto se consideran los jefes y jefas de
hogar comprendidos en el último quintil de ingresos (por
debajo de la LI y en el tramo inmediato a la misma)
En particular el Plan atenderá a los niños, niñas y adolescentes, las
jefas y jefes de
hogar desempleados, las mujeres embarazadas, los adultos
mayores y discapacitados, toda vez que se encuentren en
situación de indigencia o pobreza extrema.
a) Garantizar la cobertura de las Necesidades Básicas de los sectores
sociales más vulnerables y frenar el riesgo de
empobrecimiento agudo.
b) Generar las condiciones y estructura de oportunidades para el más
pleno ejercicio de los derechos sociales.
c) Construir de manera colectiva y participativa las rutas de salida de
la indigencia y la pobreza, en el marco de un proceso
efectivo de integración social.
a) Principio de la responsabilidad pública
El Estado es garante del ejercicio de los derechos de ciudadanía de
toda la población, a cuyo objeto promoverá la generación
de las condiciones y el marco para su desenvolvimiento.
b) Principio del derecho de ciudadanía
En tanto todos los habitantes son sujetos de derechos sociales,
culturales, económicos y civiles, las políticas sociales
propenderán a la construcción de ciudadanía, considerando
tanto derechos como obligaciones.
C) Principio de equidad y justicia social
Las políticas sociales se sustentan en la necesaria igualdad de
oportunidades en el punto de partida para todos los
ciudadanos y ciudadanas y la consideración de las
necesidades y capacidades de los sectores sociales
implicados.
d) Principio democratizador
El conjunto de las políticas sociales, y el Plan como componente de las
mismas, apuntan a la consolidación de la democracia y la
participación ciudadana.
e) Principio de eficiencia
El Plan se sustenta en el uso eficiente del Gasto Público Social, a los
efectos de la optimización de recursos y su correcto
direccionamiento.
f) Principio de transparencia
La transparencia en el manejo y aplicación de los recursos públicos
implica la necesaria comunicación e información a toda la
población.
a. Participación social
La participación de los beneficiarios y de las organizaciones sociales
constituye un elemento rector de los programas sociales, en
tanto objetivo fundamental ya su vez, como instrumento de
eficacia en los procesos de intervención social.
b. Promoción Social
Resulta fundamental el desarrollo de políticas de asistencia combinados
con procesos de promoción social, como abordaje
emancipatorio y de desenvolvimiento de las potencialidades
de los ciudadanos y ciudadanas.
c. Integralidad
La integralidad supone la consideración e intervención en todas las
dimensiones de los problemas sociales (económica, social,
cultural y psicológica), así como la imprescindible
articulación de todos los programas y políticas sociales
sectoriales.
d. Descentralización
La instrumentación y ejecución del Plan se fundamenta en la
consideración de las singularidades de cada Departamento y
localidades, así como la aplicación y desarrollo de las
intervenciones específicas desde las diversas Unidades
Ejecutoras dependientes de Ministerios Públicos u otros
Organismos del Estado.
e. Territorialización
El territorio es el espacio de materialización del conjunto de
servicios y prestaciones, estrategias y acciones que atenderán
a la diversidad de realidades y su consecuente adaptación.
f. Cooperación Estado -Sociedad Civil
La rica, plural y heterogénea trama social exige la convergencia y
conjugación de los esfuerzos entre el Estado y la sociedad
civil, de modo que su involucramiento constituya una de las
claves de impacto social duradero.
g. Articulación y transversalidad de los Programas
El Plan exige de todas las partes
implicadas una adecuada articulación y transversalidad, lo
que habilita además a la obtención de sinergias ya la
complementación de todos los dispositivos de protección y
promoción social.
h. Coordinación de efectores
Una correcta y eficaz ejecución del
Plan exige la efectiva coordinación centralizada de los
efectores públicos, así como de las diferentes iniciativas
y proyectos surgidos de la sociedad civil en su conjunto.
i. Principio de
universalidad y focalización complementaria
La universalidad de las políticas sociales informa el conjunto de las
prestaciones y servicios a la población, lo que no obsta la
implementación de programas dirigidos o focalizados a
aquellos grupos sociales que lo ameriten a los fines de
obtener impactos inmediatos de acuerdo a la especificidad etárea.
y socio cultural de los mismos.
a) Plan
Alimentario Nacional (PAN)
b) Programa
Emergencia Sanitaria.
c) Programa
de Ingreso Ciudadano.
d) Programa
Educación en Contextos Críticos.
e) Programa
Trabajo Transitorio.
f) Programa
Asentamientos Precarios y Pensiones.
g) Programa
Alojamiento a las personas en situación de calle.
Todos los
Programas estarán a su vez articulados de manera coherente
con los programas originados desde el sistema de la
cooperación multilateral actualmente en ejecución ya ser
reformulados; INFAMILIA, PLAN CAIF, PIAI, entre otros.
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