PROCLAMA DEL PIT-CNT EN EL ACTO DEL 1° DE MAYO

Con motivo del Día de los Trabajadores, la vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Adriana Marchisio, fue la encargada de leer la proclama del PIT-CNT en el acto de la Plaza 1º de Mayo.

Compañeros y compañeras, un nuevo 1º de mayo nos encuentra en la búsqueda permanente de nuestros sueños, nuestras luchas y nuestras esperanzas compartidas.

Durante decenas de años los trabajadores/as nos hemos encontrado en el combate por una sociedad diferente, tratando de evitar los males que ha traído a nuestra América Latina la aplicación de un modelo inhumano, concentrador de la riqueza y excluyente de la mayor parte de las uruguayas y uruguayos.

También nos encuentra luchando por los derechos de los/as trabajadores/as, de las/os ciudadanas/os y fundamentalmente de los más débiles, legado que recibimos desde el fondo de nuestra hermosa historia.

Esa historia que es padre y madre de nuestras mejores tradiciones democráticas, de nuestra historia de lucha y de compromiso, de solidaridad y de esa unidad inquebrantable, orgullo de nuestra clase obrera que queremos ejemplificar en nuestro querido presidente Pepe D´Elía.

Lo queremos hacer en un año muy particular en el cual la Universidad de la República en una actitud que valoramos muy especialmente, le otorgó el título Doctor Honoris Causa, caso único en el mundo que habla del aporte de nuestra clase y de nuestros mejores hombres y mujeres en la construcción de la democracia hasta sus últimas consecuencias.

En el mismo año en que la Intendencia de Montevideo lo declara Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevideo y que recibe homenajes en varias Juntas Departamentales.

Queremos agradecer en nombre del Movimiento Sindical al ingeniero Rafael Guarga por la iniciativa brillante y comprometida y en su nombre a todos aquellos que tuvieron la iniciativa de impulsar homenajes a nuestro Pepe D’Elía, patrimonio exclusivo del pueblo uruguayo, de los más débiles, de nuestra heroica clase trabajadora.

Muy especialmente queremos destacar el compromiso con nuestra historia, nuestras mejores tradiciones, nuestra lucha y el mantenimiento en alto de todas nuestras banderas de esa generación constructora de nuestra unidad, que todos los viernes se reúnen en la Central para seguir contribuyendo con todo el legado de la experiencia y la capacidad volcados a nuestra clase y que fueron la columna vertebral de todos los reconocimientos que ha recibido el Pepe.

A la generación de Cuesta, de Duarte, de Gatti y de todos esos hermosos luchadores les enviamos un abrazo comprometido, con la seguridad de seguir transitando en la hermosa senda de la construcción unitaria y clasista que fue la CNT en nuestra síntesis clasista del PIT-CNT.

Por eso en este 1º de mayo, con la gente en la calle, levantando las banderas, las propuestas, las iniciativas de nuestro Movimiento, colmados de esperanzas, es que nuestra clase desea hacerte el homenaje de las/os trabajadoras/es movilizadas/os, recordando la lucha y el sacrificio de los mártires de Chicago y regocijados por tus 70 años de lucha, de tus rezongos cariñosos, de tus análisis profundos y por sobre todo, por tu compromiso, por tu dignidad y porque sos uno de nuestros imprescindibles, padre de la Unidad del Movimiento Sindical.

¡Gracias y viva el PEPE D’ELIA!

En este marco esperanzador nos encuentra este nuevo 1º de mayo, hace apenas dos meses, cambió el gobierno en el Uruguay, asumió el doctor Tabaré Vázquez como Presidente de la República, que no implica únicamente, un cambio de divisas en el gobierno, sino que presupone un cambio de orientación política, hacia un gobierno de signo progresista, de izquierda.

En este mismo día se está desarrollando en la triple frontera un acto Internacional de la Coordinadora de Centrales del Cono Sur, en el cual estamos participando activamente, ratificando nuestra posición Internacionalista de siempre en la permanente lucha coherente por un MERCOSUR integrado, complementado productivamente, solidario y democrático.

Las/os trabajadoras/es Uruguayas/os estamos fuertemente comprometidos con los cambios que se requieren en los procesos de Integración, para que esa integración sea de, por y para nuestra gente, en la seguridad de que el futuro encuentre a toda nuestra América Latina integrada, solidaria y democrática. Saludamos desde esta tribuna al acto de nuestra Coordinadora, en el compromiso de seguir trabajando por la unidad de las/os trabajadoras/es de América Latina.

El cambio del perfil político de los gobiernos de los países del MERCOSUR en los dos últimos años, creó un escenario con una correlación de fuerzas favorable a la profundización del bloque y produjo una nueva y positiva perspectiva para la integración, con algunos marcos como los documentos Consenso de Buenos Aires y el Acta de Copacabana y el Programa de Trabajo 2004/2006, aprobado a finales de 2003, un cuadro que generó muchas expectativas sobre los avances que podrían ser concretados en la Cumbre de Ouro Preto II, en diciembre de 2004. Perspectiva que lamentablemente no se confirmó.

A la luz de esta situación y de las decisiones y propuestas políticas que la CCSCS viene acumulando hace más de una década, definimos nuestras prioridades para la actual etapa, que el movimiento sindical de la región está también hoy presentando en el acto internacional que la Coordinadora está realizando en la Triple Frontera:

1. Hasta ahora no hubo cambios en las políticas monetarias, fiscal y macro-económica nacionales, que siguen condicionadas por los compromisos y reglas del sistema financiero internacional. Este hecho conspira contra el proyecto anunciado y afirmado por los Presidentes del MERCOSUR. No es y no será posible concretar un mercado común si prevalece la concepción del bloque como una base exportadora de las empresas transnacionales y productos primarios hacia terceros mercados.

No hay posibilidad de concretar la formación de un bloque fuerte y con cohesión interna, capaz de promover un nuevo modelo de desarrollo económico, productivo y social, si se mantiene esta contradicción entre las opciones políticas internas y el proyecto de consolidar el MERCOSUR como la base estratégica de la inserción internacional de nuestros países. Para revertir esta situación es necesario adoptar una estructura institucional más profunda y de carácter supranacional y la definición de una política industrial y agrícola común, que incluya también las PYMEs, las cooperativas y la agricultura familiar y tenga como objetivo primero la generación de empleo decente.

2. Siempre estuvimos a favor de que el MERCOSUR trabajara para crear una asociación económica, comercial y política en el continente sudamericano. Por ello vemos positivamente la firma del acuerdo de asociación comercial entre el MERCOSUR y la CAN, la adhesión de Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela como Estados Asociados y la firma del acuerdo para la creación de la Comunidad Sudamericana. Sin embargo, estas decisiones abren interrogantes políticas y dudas sobre la consolidación de un bloque continental capaz de hacer frente a las imposiciones de Estados Unidos en el ALCA, a los planteos proteccionistas y condicionamientos comerciales de la UE y la necesidad de fortalecer los planteos de los países más pobres en las peleas por reglas de libre comercio más justas en la OMC. Esta estrategia no pasará de ser una expresión de deseo a menos que los gobiernos se decidan a avanzar en el fortalecimiento del bloque regional. Para consolidar esa estrategia es imperioso que el MERCOSUR supere sus debilidades jurídicas, económicas e institucionales, y que los esfuerzos y concesiones para lograr los acuerdos externos no pueden generar contradicciones, ni condicionar nuestra capacidad de avance.

3. La CCSCS ha impulsado fuertemente desde los inicios del MERCOSUR la necesidad de diseñar una política industrial de la región que nos permita invertir el modo de inserción dependiente, periférica y subordinada de nuestros países en la economía mundial, la cual ha tenido una incidencia determinante en la desocupación y fragmentación social. En este sentido vamos a seguir presionando por la creación de la Comisión de Desarrollo Productivo e Infraestructura, teniendo claro que su prioridad debe ser la articulación de las políticas de industria, agricultura, transportes, puertos, energía, comunicaciones, etcétera, volcadas a la ampliación de la participación de las empresas y sectores en el comercio, integración de las cadenas productivas y generación de empleos, impulsando además la puesta en marcha de las mesas tripartitas de negociación de complementación de cadenas productivas.

4. Vamos a seguir exigiendo la adopción de nuestras propuestas de reforma institucional tendientes a democratizar el MERCOSUR orientándolo hacia el desarrollo productivo y social. En este sentido es prioritario para nosotros: instalación del Parlamento MERCOSUR electo por voto directo, creación de las comisiones de Desarrollo Productivo y Desarrollo Social, Comité de Empleo, fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y mayor transparencia de las negociaciones.

5. Finalmente, en materia de empleo, primer problema social de la región estamos proponiendo la creación de un Comité Permanente de Empleo, orientado por ejes claros que contemplen las cuestiones de género, la juventud, las pequeñas empresas y la agricultura familiar y la capacitación profesional. Una propuesta que estamos haciendo pública en el acto que estamos realizando ahora en la Triple Frontera.

Todos los 1º de mayo ratificamos nuestra vocación internacionalista y antiimperialista y hoy lo volvemos a hacer más enérgicamente que nunca, luego del trágico triunfo electoral de Bush en los Estados Unidos. Lo hacemos convencidos de saber que este hecho es nefasto a nivel planetario, que este hombre manchado de sangre y de firme vocación guerrerista persiste en su intención de consolidar una hegemonía del imperialismo norteamericano, y en su afán ha dado muestras inequívocas de cuánto daño es capaz de generarle al planeta y a nuestros pueblos.

Por eso, como lo hicimos el año anterior, ratificamos nuestro compromiso ético de dar batalla en todos los terrenos para generar un orden económico internacional a favor de los pueblos.

En el mismo sentido volvemos a condenar la actitud criminal del gobierno de los EEUU, que persiste en el bloqueo contra nuestro hermano pueblo de Cuba.

El 1° de mayo pasado y en diversas oportunidades habíamos condenado la actitud del gobierno del doctor Batlle, a partir de la ruptura de las relaciones diplomáticas, reclamado que se reanudaran de inmediato.

Hoy podemos plantear con emoción y alegría que el gobierno que asumió el 1° de marzo reanuda las relaciones diplomáticas con Cuba, las otras relaciones, la de los pueblos, nunca se rompieron ni se romperán y hoy están más fuertes que nunca.

Saludamos fervientemente la resolución del gobierno uruguayo de rectificar un camino que asumió el doctor Batlle de sumarse a las posiciones del imperio.

Porque seguimos creyendo que nuestra América, nuestra patria grande es un lugar para quedarse, que tiene riquezas y una de sus principales es nuestra gente, que quiere vivir dignamente del trabajo, que quiere profundizar nuestras democracias y que no se acostumbra a ver a millones de ciudadanos excluidos de todo, es que lucha y se entrega por obtener la felicidad de los pueblos.

Es tiempo también de balances nacionales, luego de transcurrido el período de gobierno del doctor Batlle, y lamentablemente tenemos que decir que nos dejó en peores condiciones que en el año 2000, lo que es mucho decir, fue sin duda continuidad de los gobiernos anteriores que aplicaron un modelo de espalda a la gente, excluyente de la mayor parte de la gente, concentrador de la riqueza en pocas manos y como síntesis un modelo inhumano.

No nos vamos a detener demasiado tiempo dando las cifras en las que quedamos sucumbidos los uruguayos luego de la brutal crisis del 2002, en la irritante pobreza en la que quedaron gran parte de los uruguayos/as, en el nivel de endeudamiento externo e interno, en la situación en la que se dejó el mundo productivo y el de trabajo, en las cifras caóticas en las que quedaron los salarios tanto privados como públicos, en las relaciones Laborales que reinaron durante el período signado por un estilo empresarial, autoritario y una ausencia irritante del Ministerio de Trabajo, ni en cómo impactan en nuestra gente la carga tributaria actual.

No lo hacemos con profundidad por dos motivos: el primero es que lo hemos planteado en el acto pasado, y el segundo y más importante es que la gente definió que este modelo que padecimos ya fue. ¡La gente definió que es hora de los cambios a favor del pueblo!

Del balance dieron cuenta la contundencia de los votos en las urnas y darán cuenta las auditorías que reivindicamos el gobierno lleve adelante en el conjunto de los organismos, informando de los resultados al conjunto de la población.

Por eso nos queremos dedicar a analizar las primeras decisiones de gobierno, sabiendo que lo hacemos a dos meses de que el doctor Tabaré Vázquez asuma la Presidencia de la República y básicamente a efectuar las propuestas de cambio desde la perspectiva sindical.

Lo hacemos sabiendo que la llegada del gobierno progresista, responde entre otras variables al proceso de acumulación de fuerzas del pueblo uruguayo a través de muchas décadas, en el cual la clase trabajadora organizada, cumplió un papel clave.

En la década de los 60’ la construcción de la unidad de los trabajadores conformando esa herramienta formidable de la CNT, que sin duda fue la piedra fundamental de la unidad de la izquierda uruguaya que se nucleó en el Frente Amplio.

Como no reconocernos entonces en esa generación de la unidad, que acumuló sin lugar a dudas con la construcción de programas, de principios, de lucha y de entrega al cambio que hoy se produce. Cómo no valorar esa generación de D’ Elía, de Cuesta, de Duarte, de Gatti, de Héctor Rodríguez, de Turianski, de Iguini, de Toledo, de Lanza, de Pietraroia, de Huguet y de cientos de dirigentes y militantes sindicales que entregaron todo el patrimonio de la clase a favor del pueblo uruguayo, transformándose en el "escudo de los más débiles" y a la posterior defensa de la democracia desarrollando la heroica "huelga general" con ocupación de los puestos de trabajo, que sin duda hirió a la dictadura repugnante que comenzaba sus andanzas.

Cómo no recordar el esfuerzo de nuestros compañeros que organizaron y mantuvieron viva a la CNT a lo largo y ancho del mundo. Claro que sí, homenajeamos a nuestros heroicos mártires personificados en Cuesta y Duarte, a los centenares de presos que poblaron las cárceles de la dictadura con la dignidad bien en alto, a los miles de exiliados que no se olvidaron del "paisito" y que tienen sin duda responsabilidad en los cambios que esperamos se concreten.

Proceso que tuvo como uno de sus principales mojones el Congreso del Pueblo, nucleando al conjunto de organizaciones sociales para construir ese hermoso legado que fue la construcción del Programa del Pueblo Uruguayo para el pueblo uruguayo, o acaso esta orientación programática no fue vital para la construcción del programa de la izquierda uruguaya en los comienzos de los 70’.

En el año del 40 aniversario del Congreso, ratificamos el camino que emprendieron nuestros compañeros que contribuyó sin dudas a la acumulación mencionada.

Tan comprometidos estamos con este camino, que previo a la crisis del 2002 conjuntamente con la Concertación para el Crecimiento, comenzamos un camino de construcción con otras organizaciones sociales que desembarcó en la movilización del 16 de abril en el Obelisco en donde planteamos conjuntamente "es necesario abrirle paso entre todos a una estrategia de desarrollo productivo con justa distribución de la riqueza" y "es necesaria la profundización de nuestra democracia."

Ya que "esta estrategia de desarrollo productivo y de justicia social no puede construirse solamente desde el sistema político; también debe participar en su elaboración el conjunto de la sociedad a través de sus organizaciones".

También estuvimos como actores en la movilización del 25 de agosto y en la inmensa movilización del PIT-CNT a Punta del Este en donde planteamos 30 medidas para sacar al país de la crisis.

Coherentes con nuestra conducta histórica, también participamos como invitados, en la construcción del proceso programático de la izquierda que se denominó "Uruguay Productivo, Social, Democrático, Integrado e Innovador" en donde volcamos los aportes programáticos de la clase y en el que nos consta una buena parte de nuestras propuestas fueron tomadas en cuenta.

En este marco tan especial, enviamos un abrazo fraterno a un conjunto de compañeros/as que hasta hace apenas unos días compartían con nosotros, responsabilidades en el movimiento sindical y que en el presente desempeñan tareas en el Parlamento o en el gobierno y les deseamos la mejor de las gestiones.

Al mismo tiempo, y como legado que viene desde el fondo de nuestra historia que compartimos en el presente, hemos planteado a los cuatro vientos nuestra independencia de clase, que no confundimos ni con indiferencia ni con apatía.

No nos confundimos con el papel que el movimiento sindical tiene en la sociedad, ni tampoco nos confundimos que la llegada al gobierno no implica necesariamente la llegada al poder y que nuestra lucha es contra ese poder económico, inhumano por naturaleza. Reconocemos entonces voluntad de transformación en buena parte de las propuestas del gobierno, pero somos conscientes que vamos a tener que enfrentar al poder económico.

En el discurso pronunciado por el Presidente de la República, el 1° de marzo al asumir el gobierno se efectuaron anuncios en los que queremos hacer una serie de comentarios.

El Presidente en su alocución planteó luchar contra las causas de la pobreza, en tal sentido se inicia el Plan de Emergencia a los efectos de atender el desamparo social de miles de compatriotas, planteó ámbitos de encuentro y consulta para la elaboración del Presupuesto, preparación de la reforma tributaria a la luz de criterios de justicia, eficiencia y coherencia con el estímulo a la inversión productiva sobre la base de la renta de las personas físicas, guiada por los criterios de crecimiento productivo, inclusión social y equidad.

Instrumentación de mecanismos de acceso al créditos para el desarrollo productivo del sector agropecuario, aumento de la plantación de caña de azúcar en la zona de Bella Unión a los efectos de mejorar la producción azucarera.

Planteó asimismo que resulta indignante ver gente durmiendo en la calle cuando existen viviendas vacías, Ley Nacional de Garantías de Alquileres.

Afirmó que la Educación es más que un Ministerio, es un derecho y se comprometió a generar igualdad de oportunidades para ejercer el derecho.

Creación de cargos de maestros, participación de las Asambleas Técnico Docentes en los Consejos Desconcentrados, impulso a la ciencia y la tecnología, creación del Consejo Nacional de la Cultura.

En materia de Salud creará un Consejo Consultivo para el cambio por un Sistema Integrado de Salud, convocando a tales efectos al Sindicato Médico, FEMI, a la FUS y FFSP, a las IAMC y a la Universidad de la República.

En el área de Turismo plantea la integración de un Consejo Nacional de Turismo Público y Privado para construir políticas de mediano y largo plazo para el desarrollo del sector, la creación de un Sistema Nacional de Turismo Social.

En el área de Relaciones Exteriores la creación de la Dirección para la vinculación de los uruguayos en el exterior, Ley para el Voto Epistolar y el ingreso inmediato al grupo de los 22 países en desarrollo.

En materia de Transporte y Obras Públicas, bonificaciones al transporte estudiantil, reparación de escuelas en todo el país, racionalizar el transporte de pasajeros en el área metropolitana, recuperar el transporte ferroviario.

En el área de Industria y Energía plantea contar con un suministro de energía continuo, seguro, ambientalmente sustentable y a precios competitivos, vital para la construcción del país productivo.

En Defensa Nacional la reconstrucción de la carrera de los militares destituidos por la dictadura.

En el área de Trabajo y Seguridad Social el trabajo como eje de toda la propuesta del gobierno. Envío al Parlamento de un Proyecto de Negociación Colectiva elaborado de forma tripartita, negociación colectiva para mejorar las relaciones laborales que generen trabajos decentes, promover el diálogo y articular una estrategia de país y en torno a la Seguridad Social en conjunto con Economía, estudiar la situación de toda la seguridad social para mejorarla, en tanto se encuentra en una situación precaria.

Se convoca además al Consejo de Salarios para los privados, los públicos, el sector rural y en el futuro para el sector doméstico.

En torno a los Derechos Humanos se expresó en los términos históricos y planteó que en pocos días se comenzaría con los trabajos correspondientes en el Batallón 13, 14 o los que se necesitaron a los efectos de obtener la verdad sobre los hechos.

Hemos recibido además en nuestra casa a los Ministros de Ganadería, de Desarrollo Social, de Industria y Energía y nos hemos reunido en varias oportunidades con el Ministro de Trabajo. En todas las reuniones hemos efectuado las propuestas del movimiento sindical de cara a un país productivo con justicia social y profundización democrática y hemos recibido propuestas que están siendo estudiadas por nuestros equipos de trabajo, pero mencionamos estas reuniones para plantear de pique que verificamos un cambio profundo de actitud de los gobernantes, que plantan en diversas áreas la conformación de grupos de trabajo con participación de los trabajadores, con agendas precisas y con cronograma de trabajo.

En el mismo sentido recibimos al equipo económico del gobierno, conjuntamente con el equipo de trabajo, en la que recibimos un planteo conjunto de ambos Ministerios que cuentan con el aval del Presidente de la República, denominado Compromiso Nacional sobre Empleo, Ingresos y Responsabilidades.

El planteo consiste en la conformación de un ámbito con participación de trabajadores y empresarios y el gobierno a los efectos de poner arriba de la mesa el tema del trabajo, considerando a tales efectos el tratamiento de la Deuda Externa, políticas macro-económica, reforma tributaria, prioridad en el gasto social, del trabajo, del empleo, condiciones laborales entre otros aspectos.

El movimiento sindical consciente del desafío planteado, manifiesta su firme e histórica vocación de diálogo y participación, lo hace en su profunda convicción de hacer todos los aportes posibles para que el Uruguay salga de esta situación en la que nunca debió haber estado, lo hace en la seguridad que es un agente de cambio y de propuestas y que aportaremos a dicho ámbito todo el cúmulo de construcciones programáticas, porque estamos comprometidos con nuestro país y con el trabajo de los uruguayos, no con cualquier trabajo, sino con aquellos que dignifican, estamos hablando de trabajos productivos y de calidad, con ingresos dignos, con libertad sindical, negociación colectiva y participación, lo hace también en el convencimiento de que el movimiento sindical es piedra angular de la democracia participativa y que no renunciamos a dar el conjunto de nuestros aportes de cara a la construcción de un país productivo, integrado, con justicia social y profundización democrática.

Hace hoy lo mismo que ha hecho y reclamado siempre.

Ahora bien esto requiere que buena parte del empresariado uruguayo cambie su cabeza, que no persista en una actitud represiva e intolerante que no respeta los derechos mínimos de los trabajadores, como el de las ocho horas, el pago de aguinaldo y licencia vacacional, explotando y violando las normas más elementales de los/las trabajadores/as, haciendo primar la desregulación.

Esto requiere al mismo tiempo que asuman la responsabilidad que tienen con la sociedad, perdiendo de vista esa visión corto-plazista, que sólo especula con la ganancia que la basan en la explotación, sin contar con una mirada de mediano y largo plazo, que tengan como horizonte el desarrollo y la producción nacional con una justa distribución de la riqueza.

Para muestra de la actitud de algunos empresarios basta un botón: hace pocos días un empresario que brinda servicios a ANTEL envió un comunicado a los trabajadores, que manifestaba que ante un rumor de que se estaba organizando un sindicato en la empresa, les manifiesta que las reglas en la empresa eran claras, que no se permitía la organización sindical.

Estos señores son antidemocráticos, no respetan las Normas y las Leyes más elementales de un país democrático, se sienten dueños de los trabajadores. Les anunciamos que vamos a luchar por erradicar de la sociedad estas prácticas desleales, reñidas con la cultura democrática, fascistas que no tienen lugar en una sociedad democrática.

Este es el panorama en el que nos encontramos a dos meses de haber asumido el gobierno, y los conservadores de siempre se asustan por el acuerdo planteado por parte del movimiento sindical, con una buena parte de los planteos del gobierno. No sabemos de qué se asustan, no será de que estemos de acuerdo con que la prioridad es el trabajo y la atención a la emergencia social, o pensarán que no íbamos a estar de acuerdo que se convoque a la negociación colectiva, o con que se convoquen a ámbitos de participación.

Vamos a ser muy claros: nuestra prioridad es el trabajo de los/as uruguayos/as, es la emergencia social reclamada desde la tribuna del año 2000 y desoída por el gobierno anterior, es la convocatoria a la negociación colectiva en todos los sectores de actividad, la educación, la salud y la vivienda, es la verdad y la justicia y hemos encontrado en los primeros anuncios de gobierno posiciones que nos alientan a pensar que se van a producirse avances en los temas que nos ocupan.

Por supuesto, que una serie de planteos del movimiento sindical no han obtenido respuestas positivas por parte del gobierno y seguramente en el transcurrir del tiempo iremos encontrando otras situaciones en la que no se encuentren acuerdos, pero no los disimulamos, tenemos diferencia con la aplicación del resultado emergente de la reforma constitucional sobre el agua en el que consideramos se tendría que anular las concesiones al conjunto de las empresas, el pueblo uruguayo lo decidió y el gobierno deberá dar cabal cumplimiento a las órdenes que vienen del pueblo.

Las organizaciones que integramos el PIT-CNT y todos los movimientos sociales que integran la C.N.D.A.V declaramos:

El total apoyo a los principios consagrados en la reforma constitucional aprobada el 31 de octubre junto a las Elecciones Nacionales en el Uruguay, que define el agua como un derecho humano fundamental, la cual constituye un nuevo eslabón en la defensa del Patrimonio Nacional.

Que el movimiento sindical se mantendrá vigilante al fiel cumplimiento de las disposiciones de esta reforma, que son los siguientes:

1. El Agua es del dominio público.

2. La prestación directa exclusiva del servicios de agua potable y saneamiento por entidades estatales.

3. La primacía del principio de solidaridad al momento de brindar agua a países que se encuentren desabastecidos.

4. Participación horizontal y democrática de la sociedad civil en la gestión integradas de cuencas hidrográficas, donde se contemple la decisión de los ciudadanos cuenca.

Reivindicamos la re-consideración de los emprendimientos heredados por las políticas del gobierno de Batlle, sobre las fábricas de celulosa,"BOTNIA" y "ENCE", como parte de un modelo de intensificación de plantación intensiva de monocultivos, de forma inconsulta a ciudadanos uruguayos que se verán afectados en su calidad de vida.

El PIT-CNT propone al gobierno, que se instale con la celeridad que el tema requiere, una comisión multisectorial, donde todos los sectores involucrados, vuelquen sus propuestas, y preocupaciones, procurando un informe de consenso para que el Poder Ejecutivo resuelva.

En este sentido los trabajadores reiteramos la exigencia de que la Constitución, con el respaldo del 65% de la ciudadanía, sea cumplida cabalmente, lo que implica entre cosas, que las concesiones a las empresas multinacionales que siguen operando en el país, claramente en contradicción con la Constitución, "Suez" y "Aguas de Bilbao" (ambas instaladas en el departamento de Maldonado) sean canceladas.

En el mismo sentido hemos planteado nuestras fuertes discrepancias con el otorgamiento de la tercera banda celular a una de las empresas más poderosas del Continente, que desde nuestro punto de vista violenta las decisiones populares del año 1992 y la recolección de firmas para derogar los artículos 612 y 613.

Cuando el histórico 13 de diciembre del 92 más del 72% de la ciudadanía se pronunciaba en contra de la Ley de Empresas Públicas y derogaba varios de sus artículos quería, sin lugar a dudas, expresar su voluntad de defender a ANTEL, no venderla y mantenerla en la órbita estatal.

Pero los gobiernos (de aquel entonces y posteriores) buscaron diversos mecanismos para burlar o desoír el pronunciamiento del soberano y cumplir, en cambio, con los acuerdos de Organismos Internacionales que "mandaban" a Uruguay a alinearse en el contexto regional abriendo a la competencia áreas de las Telecomunicaciones.

En 1989, el gobierno de Sanguinetti dictaba varios decretos que permitían operar en transmisión de datos a distintas empresa privadas, violentando el monopolio de ANTEL en esa área.

En el 2001, los artículos 612 y 613 (incluidos en la Ley de Presupuesto) iban por más contra ANTEL, procurando dividirla y vender parte de ANCEL (área celular). Otra vez la ciudadanía (aunque no se nos permitió llegar a las urnas) dio muestras de reafirmar su opinión acerca del mantenimiento de ANTEL como Empresa Pública, juntando las firmas necesarias para otro referéndum derogatorio que no pudo concretarse.

Los artículos mencionados fueron derogados por una nueva Ley, pero durante la vigencia de los mismos el Poder Ejecutivo (presuroso) autorizó mediante Decreto a varios operadores de larga distancia internacional a los que (derogados los artículos 612 y el 613) no se les canceló (como correspondía) el permiso precario y hoy siguen operando como si nada.

Finalmente, el 13/05/03, en un mecanismo relativamente nuevo: la subasta, se vendió el permiso de uso por 20 años de varias bandas (espacio del espectro radio-eléctrico) para operar en telefonía celular, siendo la mexicana América Móvil y la española Telefónica (ahora dueña de MOVICOM Bell South) las adjudicatarias.

Así las cosas: no se respetó el monopolio de ANTEL consagrado por Ley y estamos en competencia en tres sectores importantes: transmisión de datos, telefonía internacional y telefonía celular.

Si le agregamos a esto que desde los directorios de turno de ANTEL, blancos y colorados han gestionado muchas veces más a favor de los competidores que del fortalecimiento de la Empresa Pública, se completa un panorama riesgoso.

Al nuevo gobierno le tocará tomar cartas en el asunto, hacer respetar los claros pronunciamientos del soberano y las Leyes vigentes; fortalecer un Ente estratégico como ANTEL que, además, ha sido fundamental (con sus aportes a Rentas Generales) en el financiamiento de distintas políticas de Estado.

Esperamos que se corrijan los rumbos porque ANTEL es nuestra y la queremos fuerte, estatal y eficiente.

Y porque no se puede defraudar la esperanza, olvidar compromisos asumidos con la gente que es la verdadera depositaria de la soberanía.

En este año se cumplió una década de privatización de la Compañía del Gas a manos de GASEBA S.A., filial GAZ DE FRANCE.

En la misma hemos atravesado por una verdadera estafa al pueblo uruguayo, al país y a los trabajadores del gas.

Al día de hoy el saldo puede resumirse en :

Muerto, heridos e intoxicados entre la población, fueran o no usuarios, por la más absoluta falta de seguridad industrial y laboral.

Falta total de inversiones para recambiar las cañerías vetustas de hierro fundido, extender el tendido a nuevas zonas, renovar el parque de medidores, etc.

Aumento abusivo de las tarifas, tanto en el servicios de gas manufacturado como el gas natural actualmente.

Pérdida de ingresos fiscales para el Estado, el que otorgó prebendas impositivas a la empresa y solo recibe 30.000 dólares por mes por una empresa que factura más de un millón de dólares al mes.

Tercerización de funciones esenciales de la empresa, trayendo como consecuencia los accidentes y muertos antes mencionados, pero también serios perjuicios para los usuarios debido a los abusos y falta de idoneidad de las tercerizadoras.

Pérdida de la mitad de los puestos de trabajo, de 400 a 200 trabajadores.

Inexistencia de incrementos salariales desde 1995.

Represión antisindical permanente, contando al día de hoy con seis dirigentes sindicales despedidos por el simple hecho de defender el derecho de los usuarios, el país y los trabajadores, mientras que se trata de destruir a nuestra organización presionando compañeros e incluso intentando crear un sindicato amarillo, hoy día inexistente.

Todo esto ejemplifica un fenómeno que no es nuevo en las multinacionales, y que también con esta se produjo el total incumplimiento de las obligaciones establecidas por el contrato de arrendamiento con el Estado, como tuvo que ser reconocido oficialmente por el ex-Ministro de Industria y Energía, José Villar, el 29 de diciembre en el Parlamento, a pesar de los múltiples extensiones de plazo para cumplir con aquellas que se le han otorgado por los anteriores gobiernos.

Solamente así se entiende que haya podido actuar con total impunidad durante todos estos años, arrojando como resultado, que hoy los usuarios por cañerías sean 43.000, 2000 menos que al momento de privatizar, cuando por contrato tenían que ser 80.000.

Es el fracaso rotundo de las políticas neoliberales, ya que no se ha extendido el servicio a la población, no se cuenta con una energía más barata, son miles los usuarios que han pasado al gas de garrafa por ser más barato y el país no ha recibido un solo beneficio.

Hoy GASEBA quiere irse del país sin pagar ninguna de estas deudas con la sociedad y los trabajadores, igual que hicieron los capitalistas ingleses en 1970.

Pero los trabajadores del gas, y los uruguayos todos, no vamos a dejar que esto suceda, por eso, y ante la inminencia de un traspaso a PETROBRAS, hemos resuelto profundizar nuestra lucha, con una huelga de hambre desde el pasado 20 de abril frente a la empresa, exigiendo que GASEBA, pague antes de irse lo que nos debe.

Pague, reintegrando a los dirigentes sindicales, injustamente despedidos, firmando un convenio de estabilidad laboral para todos los trabajadores del gas.

Pague haciendo las inversiones necesarias para cumplir con las obligaciones con los uruguayos.

Nosotros no vamos a claudicar hasta lograr estos objetivos, por ello esperamos que la nueva administración de gobierno, continúe cambiando esta historia de tanta impunidad y soberbia.

También se han notado diferencias en torno a la Seguridad Social.

En síntesis encontramos en los primeros anuncios del gobierno existen muchos puntos de encuentro con las posiciones emanadas de nuestro Congreso, que seguiremos profundizando en su estudio a los efectos de verificar que los anuncios planteados se compadezcan con la profundidad necesaria de los planteos y haremos los máximos esfuerzos para encontrar mecanismos para superar las diferencias.

Por eso en este 1º de mayo muy especial, distinto, cargados de esperanzas renovadas, queremos efectuar las propuestas del movimiento sindical, profundizarlas al máximo, unirlas a las propuestas del conjunto de las organizaciones sociales a los efectos de generar las condiciones para elaborar el programa del pueblo uruguayo en el año que se cumplen el 40 aniversario del Congreso del Pueblo. Este proceso no comienza hoy, dado que ya tuvo en el pasado expresiones más que contundentes de lo que el pueblo unido puede construir.

El año pasado planteamos desde esta tribuna el lanzamiento de la campaña usted tiene derechos y dentro de ella la campaña de afiliación sindical que denominamos José Pepe D’ Elía.

En el marco de dicha campaña hicimos una gira a nivel nacional que debemos seguir y profundizar. El hincapié de la primera etapa lo centramos en temas vinculados a los DDHH, al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad de género. Insólitamente tuvimos que salir a reivindicar el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales, derechos sociales y laborales conquistados por la lucha del pueblo uruguayo.

En este marco salimos también a la campaña de afiliación de trabajadores/as a nuestra Central, lo hicimos en la convicción de que la tarea más importante de la etapa es fundar sindicatos, fortalecer los actuales.

Los sindicatos son piedra angular de la democracia y en la situación que se vivía tuvimos insólitamente que organizarlos prácticamente en la clandestinidad, producto de la brutal represión que algunos empresarios emprenden contra los trabajadores organizados.

Requerimos en este sentido por parte del gobierno el cumplimiento del mandato constitucional en sentido de la promoción de los sindicatos, generando las condiciones mínimas para que el conjunto de los trabajadores se organice en sindicatos.

Este mandato constitucional no es antojadizo, muy por el contrario la Constitución de la República asume la importancia de los sindicatos en una sociedad democrática y ordena la promoción de los mismos cómo fórmula inequívoca de fortalecer la democracia.

En este sentido se hace urgente el envío al Parlamento y posterior aprobación de una Ley de Libertad Sindical, cumpliendo con los Convenios Internacionales de la OIT ratificados por Uruguay.

A un año del comienzo de la campaña, con las dificultades planteadas, saludamos el ingreso a las filas del movimiento sindical de 20 mil trabajadores/as e incentivamos al conjunto de militantes sindicales a contribuir con este desafío que asumimos el año anterior y que hoy vemos sus frutos.

Saludamos al mismo tiempo a los militantes de nuestro movimiento sindical que han dejado la vida en la cancha para lograr este primer objetivo.

En la misma línea y con el objetivo del fortalecimiento del movimiento sindical,. con el apoyo de la Fundación Paz y Solidaridad de España a partir de nuestra Central hermana de Comisiones Obreras, de FESUR, de la OIT y de otras cooperantes, hemos avanzado en la formación sindical, no cualquier formación sino aquella que apunta a la organización y la acción de los trabajadores/as, a través de nuestro Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT.

En ese marco hemos comenzado este año el proceso de Escuela Sindical con base en economía, derecho laboral, sociología, organización, salud laboral, entre otras materias que sin duda contribuirá a nuestros militantes a estar a la altura de los desafíos planteados. En la misma orientación nuestro Gabinete Socio-Técnico está elaborando a partir de diversas investigaciones, una serie de Trabajos sobre políticas públicas a los efectos de contar con los insumos necesarios que nos posibilite discutir con el gobierno los cambios estructurales que necesita nuestro país.

Decimos también con mucho orgullo que nuestro periódico "Trabajo y Utopía" lleva cinco años ininterrumpidos, publicando las elaboraciones de las diferentes comisiones, departamentos y representaciones y se ha convertido en una fuente ineludible de información y formación para nuestros compañeros/as

El movimiento sindical quiere además en este nuevo acto de la clase, plantear alguna de sus posiciones respecto a temas trascendentes para el país y su gente y plantear la agenda del movimiento sindical para discutir con el gobierno:

Propuesta de agenda con la que participaríamos del diálogo.

1. Políticas activas de empleo.

Tenemos propuestas, queremos escuchar otras; buscaremos establecer mecanismos para obtener la información y delinear un mapa productivo del país, trazar metas concretas y salir con compromisos claros. Priorizaremos todas las iniciativas de inversiones y propuestas que apunten a generar trabajo digno, perdurable, sustentable, con derechos laborales y salarios dignos.

2. Recuperación del salario, las jubilaciones y pensiones.

Partimos de la base que según cálculos oficiales, el Salario Real cayó alrededor del 19% durante el período del anterior gobierno, proponemos que se acuerde fijar un cronograma, que permita recuperarlo durante este Mandato. De acuerdo a lo resuelto por el 8° Congreso, seguiremos bregando por un Salario Mínimo Nacional equivalente a ¼ de la Canasta Básica Familiar, al tiempo que reivindicamos un aumento de los salarios inmediato, de manera tal que ningún trabajador perciba menos de $3000.

3. Ley de Libertad Sindical.

Reclamamos urgente iniciativa del Poder Ejecutivo, de una Ley que –según el art. 57 de la Constitución- garantice la libre afiliación sindical estableciendo garantías para los trabajadores ante las represiones anti-sindicales que aún hoy persisten.

4. Defensa del Patrimonio Nacional.

Respetar y cumplir con la decisión de nuestro pueblo, puesta a prueba más de una vez. El agua, la refinación de combustibles y las telecomunicaciones deben quedar en manos y control del Estado.

Asimismo solicitamos la derogación de la Ley 15.523 de la dictadura que atenta contra los derechos de los pescadores y que se vote una Ley de 100% tripulación uruguaya en los barcos de Pabellón Nacional y el respeto de todos los trabajadores de la pesca en las plantas procesadoras de pescado.

5. Apertura y participación en el Presupuesto Nacional.

Sería oportuno que el movimiento sindical podamos aportar en la elaboración del presupuesto, y que el mismo pusiera énfasis en aumentar las partidas en lugares claves tales como: la inversión en obra pública, la salud, la educación, la justicia, la construcción de viviendas, entre otras.

6. Reforma del Sistema Financiero.

Para cambiar el país y centrarlos sobre nuevos parámetros, debemos crear otro sistema bancario y financiero, acorde con el Uruguay productivo que impulsamos los trabajadores y sostiene el programa del gobierno.

7. Reforma del Sistema Tributario.

Para "que pague más el que tiene más", el régimen impositivo hay que cambiarlo, hacerlo más justo y equilibrado, incluido la reducción del IRP.

8. Reforma de la Seguridad Social.

Luchamos y estamos en contra de la Ley 16.713 que creó la AFAP’S, ahora tenemos un proyecto alternativo que ofrecemos al debate público.

9. Reforma del Estado.

Instalación de un ámbito para discutir el tema.

10. Renegociación de la Deuda Externa.

La pesada deuda externa, contraída por 20 años de gobiernos neoliberales y anteriormente por la dictadura, no fue generada por los trabajadores ni el pueblo, al contrario, fuimos rehenes al caer en los mayores índices de pobreza y desocupación. Por lo tanto planteamos, que se asuman compromisos de refinanciación dentro de parámetros tales, que no comprometan la reactivación interna, la generación de empleos genuinos y las políticas sociales.

11. No al ALCA, ni al TLC con los EEUU.

Los EEUU están condicionando cada día más a los pueblos del mundo, también en el comercio. Su estrategia del ALCA cayó en desgracia, ahora vienen por los TLC (el mismo contenido pero negociado por separado). Existe un proyecto firmado por Uruguay al que falta discusión del Parlamento, donde aspiramos se revoque tal decisión.

12. Fortalecer el MERCOSUR y procesos de integración.

La integración de los pueblos de América es una demanda histórica. Ahora estamos en una coyuntura favorable para avanzar en el derecho de los pueblos, con cláusulas sociales, libre desplazamiento, derechos laborales, complementación productiva.

En los últimos años la Central, junto a sus representantes en la Junta Nacional de Empleo se propusieron mantener la cuestión del trabajo como eje central.

Con el norte de apuntar al crecimiento productivo, con crecimiento del empleo de calidad, sin desatender la emergencia social.

En el movimiento sindical tenemos una rica experiencia en los temas de empleo y formación profesional, existe una herramienta institucional perfectible, pero útil, como lo es la Junta Nacional de Empleo, hemos desarrollado una red organizativa a nivel de todo el país del equipo de trabajadores y poseemos una extensa batería de propuestas factibles a corto plazo y también a mediano plazo.

Si a todo ello le agregamos los recientes cambios a nivel de la conducción política del Estado, es de esperar que muchas de las aspiraciones de las uruguayas y uruguayos comiencen a concretarse.

Además de luchar contra un modelo que generó tanto daño al entramado social, tanta miseria y exclusión que fue responsable del cierre de fábricas y de niveles nunca vistos de desocupación y violencia, elaboramos propuestas.

Ese modelo acaba de ser rechazado por los uruguayos: nunca más indiferencia, nunca más la soberbia. Parecen ser las señales más claras de lo que no queremos los uruguayos.

Es por estas razones y muchas más que nuevamente los trabajadores nos disponemos a seguir actuando con responsabilidad, generosidad y firmeza, dispuestos a estar a la altura del momento político que vive nuestra sociedad.

Basados en la experiencia que nos ha dejado la participación en este importante ámbito de negociación tripartita de los temas del empleo y la formación profesional que es la Junta Nacional de Empleo, haremos algunos comentarios.

Recordemos que consideramos a la política económica y al modelo de inserción internacional claves fundamentales que deben pensarse y medirse por sus resultados en el empleo y la calidad de vida de la población.

Que deben estar ligadas y en coordinación con políticas concretas de las que vamos a enumerar algunas:

*Inversión pública, fundamentalmente en la construcción o reparación de viviendas.

*Política de compras del sector público.

*Sistema Nacional de Empleo.

*Programas de recuperación de empresas cerradas.

*Programas de promoción de PYMEs con ejemplos en la experiencia existente en la I.M.M. y la JUNAE.

Nuestra primera preocupación, es valorar cual va a ser el papel del MTSS en el nuevo gobierno.

Y dentro del Ministerio, cuál va a ser el papel de la DINAE.

Pues no pensamos esperar a que se nos comunique cuál es el diseño, sino que vamos a tomar un papel activo, dando nuestros puntos de vista y reclamando jerarquizar el papel de un Ministerio clave para construir un Uruguay productivo y con justicia social, de cara a relaciones laborales modernas, que apueste a la calidad, el empleo y la inclusión social.

Ese Ministerio que queremos, no puede ser el Ministerio que nadie escucha, que no tiene iniciativa y que en el propio gobierno tiene una segunda categoría como lamentablemente sucedió en el pasado.

Necesitamos un Ministerio con iniciativa, que regule, tome parte activa y no se lave las manos.

Que promueva Leyes que protejan a quienes pretenden sindicalizarse.

Que promueva las libertades sindicales y difunda los derechos de los trabajadores.

Queremos una inspección fuerte y activa que recupere el papel para la que fue creada.

Y fundamentalmente apuntamos que un gobierno que considere al empleo como una prioridad y eje de su gestión, debe pensar en la Dirección Nacional de Empleo y en la JUNAE como herramientas fundamentales de una Política de Estado.

El segundo aporte que quisiéramos dejar, es referente a la importancia de no cesar en la búsqueda de los acuerdos.

Apostemos al diálogo y al compromiso de todos como el mejor camino para llegar a los acuerdos necesarios para impulsar las transformaciones largamente postergadas.

El papel de la JUNAE en el fomento y difusión de los derechos laborales y la negociación colectiva es el tercer comentario.

Hasta por su propia naturaleza la JUNAE debe abordar la difusión de los derechos laborales en forma conjunta con el Ministerio, lo mismo con la negociación colectiva.

¿O acaso la Junta no es la experiencia más exitosa de tripartismo existente en los últimos tiempos? ¿Por qué no difundir? Hay que terminar con el ninguneo o con la actitud vergonzante. Hay que abordar activamente todas las potencialidades y experiencias generadas y difundirlas.

Por eso reclamamos participar en la emergencia en un marco de acción integral y con políticas de empleo.

Si lo que buscamos son cambios en profundidad, será imprescindible: Un Ministerio de Trabajo de primera categoría, que reconozca el valor de la participación de los actores sociales, (convencido del tripartismo).

Y una política económica que no solo "cierre" desde el punto de vista macro-económica, sino que tome en cuenta su efecto sobre el empleo y el bienestar social.

Los ejes medulares de nuestra propuesta sobre el trabajo y la Formación Profesional son:

Resaltar la importancia de la participación de los actores sociales (ámbitos tripartitos), en el desarrollo de políticas de estado. Sin duda que al gobierno le resultará más trabajosos al principio, pero con una mirada a largo plazo, los resultados serán más efectivos.

Continuar reivindicando la integralidad de las políticas a aplicar. Debe compatibilizarse desde la inserción internacional, la política económica, las políticas activas de empleo y los programas de emergencia. Avances en uno solo de estos sectores serán inconducentes.

Profundizar en la descentralización geográfica. El papel que están llamados a cumplir los Comités Locales Asesores de la JUNAE en este aspecto es vital, pues reúne a los actores sociales locales y al gobierno departamental.

En el mismo sentido, debemos empujar la descentralización sectorial por rama de actividad, en el seno de la JUNAE.

Mantener una línea de trabajo amplia, priorizando la atención de la población más carenciada.

El norte sigue siendo la construcción de un Uruguay Productivo y con justicia social, participativo, donde los trabajadores tenemos mucho para aportar.

Sin lugar a dudas el cambio más profundo en la historia de la Seguridad Social es el que se produjo con la Ley de las AFAPs en el marco de una política económica, financiera, de decisiones tomadas por anteriores gobiernos y sus aliados con relación a lo político y lo social, y que a nueve años, ha sido nefasta para los intereses de la inmensa mayoría de los uruguayos, casualmente los más desprotegidos; los resultados están a la vista...

La historia de los últimos años, con o sin crisis, incluso en épocas de crecimiento, muestra que a la inmensa mayoría de la población le fue mal: un millón de pobres, cien mil indigentes que no tienen para comer; un millón de uruguayos/as con problemas de empleo; reducción de una tercera parte de ingresos en los hogares; sin negociación colectiva; 750 mil uruguayos/as sin seguridad social y esta con un financiamiento donde los excluidos del sistema pagan lo que no tienen y donde pagan más los que menos tienen.

Recientes estudios nacionales y de organismos internacionales muestran que no mejoramos en la evasión ni en los aportes, ni se redujo el peso de la Seguridad Social para la gente que paga impuestos (hoy lo alertan el BID y el Banco Mundial) ni mejoramos en la protección social de los más necesitados.

En Uruguay, del 18% de asistencia de Rentas Generales en 1990 pasamos al 53% del 2003, donde el 47% corresponde a aportes obreros patronales siendo el aporte obrero uno de los más caros del mundo y los aportes patronales en vías de eliminación.

La Seguridad Social se financia fundamentalmente con lo proveniente de impuestos y tarifas públicas, los excluidos aportan a la Seguridad Social que no tienen a través del IVA que pagan en el almacén...

Hasta ahora nadie ha podido explicar con este nuevo sistema que beneficios obtuvieron los trabajadores de menores ingresos, y cual ha sido el mejoramiento del sistema tal cual lo pregonaban en aquel 1996 e insisten algunos hoy... no se resolvió la pobreza y la Seguridad Social tiene y debe jugar un papel fundamental para su erradicación, como lo es nuestra colaboración activa apoyando el Plan de Emergencia.

El 27/08/04 en "Ultimas Noticias" el Director de Interconsult informa que "el 52% de los uruguayos/as quiere derogar el sistema".

El propio Banco Mundial hoy acepta revisar y reconoce críticas al sistema por ellos sugerido a nuestros ex gobernantes; similares apreciaciones han hecho otros organismos y expertos como OIT, al tiempo que en reuniones del gobierno antes de asumir, con el BID, Banco Mundial y FMI, claramente se manifestó la importancia de un tema habitualmente dejado de lado: la seguridad social para la gente y para las finanzas del estado, más allá de opiniones coincidentes o divergentes por los planteamientos, como dijo el Presidente de la República en el documento "Uruguay Social": "dan cuenta de la democracia de una sociedad, los sistemas de salud y de seguridad social..."hay que extender sus beneficios a los sectores más carenciados que aún no los perciben, niños sin asignaciones familiares, desocupados sin seguro de paro, ancianos en situación de mayor desamparo...hay que avanzar en la articulación de un nuevo sistema inspirado en una concepción integral y pautado por los principios de universalidad, redistribución solidaridad intra e intergeneracional, participación, protección y financiamiento progresivo y con aportación tripartita, un sistema cuyo fin esencial no puede ser el lucro".

Los trabajadores estamos de acuerdo y no nos confundimos, la solución es cambiar el sistema de fondo, queremos una Seguridad Social sin lucro, sin AFAPs. No es con parches que se soluciona, debemos cambiar el sistema progresiva y sustancialmente.

No son admisibles las políticas de shock en Seguridad Social, nuestras prioridades inmediatas son el revisar los topes para acceder a las distintas prestaciones, rebajar de los brutales 35 años hoy exigidos de trabajo para jubilarse, reforma del seguro de paro rural, y queremos saludar la propuesta de nuestro representante hoy tomada por el nuevo directorio de rebajar las comisiones que República AFAP le cobra a los trabajadores, y apoyar el cobro de gasto por administración a las AFAPs en el próximo Presupuesto; entre otras propuestas de consideración inmediata.

No nos confundimos, no nos equivocamos, tampoco dudamos y nucleados en nuestra Central en el 8º Congreso, resolvimos por unanimidad: "aprobar la Propuesta Alternativa de Seguridad Social de los Trabajadores... respecto a la reforma los trabajadores uruguayos hemos definido como estrategia central, el lograr un sistema de Seguridad Social sin AFAPs"...porque se trata de propuestas posibles..." no sólo reclamarle a otros".

Desde nuestra independencia, sin traumas y dándole continuidad al trabajo realizado hasta hoy, seguiremos bregando por la Seguridad Social que todos los uruguayos se merecen.

Se hace imprescindible una transformación radical del marco en que se desarrolla la actividad laboral, como única forma de asegurar condiciones de trabajo saludables.

Es imposible realizar prevención en serio de los accidentes y enfermedades contraídas a consecuencia del trabajo, dentro de un esquema de trabajo basado en contratos y jornadas laborales flexibles y tercerizadas.

Reclamamos la rápida implementación de los Convenios Internacionales del Trabajo 152 (Seguridad Portuaria), 155 (Definición tripartita de Políticas Nacionales en Materia de Salud Laboral), 161 (Servicios de Salud en el Trabajo) y 184 (Salud y Seguridad en el Agro), la adecuación de la normativa actual a ámbitos de actividad especialmente riesgosos: Agro, Actividad Portuaria, Pesca y Trabajo en el Mar y Recolección y Reciclado de Residuos Urbanos Sólidos.

Vemos necesaria la discusión de una Ley General de Salud Laboral, que unifique y coordine los ámbitos estatales de contralor dispersos, que incluya aspectos no contemplados por nuestro actual marco normativo, por ejemplo Salud Mental en el Trabajo, Lesiones por Esfuerzo Repetitivo, exposición y uso de Agrotóxicos, exposición a los factores climáticos especialmente al sol, etcétera.

Exigimos al Banco de Seguros del Estado la correcta aplicación de la Ley 16.074 (Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales). No se está dando adecuada cobertura a los trabajadores ya que se aplica con un criterio restrictivo que no se desprende del contenido de la misma, privilegiando la salud económica del Instituto frente a la defensa de la Salud de los Trabajadores.

Los trabajadores nos comprometemos a impulsar en los ámbitos de negociación colectiva, los aspectos relacionados con las Condiciones y el Medio Ambiente de Trabajo.

La defensa del Medio Ambiente y la instalación de procesos de trabajo que respeten al hombre y su entorno son inseparables de la participación de los trabajadores en el diseño de los procesos productivos.

Exigimos la definición de una Política Medio Ambiental de Estado en acuerdo con el Protocolo de Kyoto, Agenda 21 y otros compromisos asumidos por el Estado uruguayo.

Proponemos derogar la Resolución del gobierno anterior que autorizó el uso de semillas genéticamente manipuladas, rechazamos los cultivos con ellas cuyo impacto medio ambiental no fue debidamente evaluado.

Exigimos detener la forestación indiscriminada, la elaboración de una Política Nacional Medio Ambiental Sustentable para el uso de lo ya forestado, que incluya el re-estudio de la instalación de plantas de procesado de la misma.

Entendemos como imprescindible e impostergable la coordinación de todos los ámbitos en la definición de la gestión de los Residuos Urbanos e Industriales abarcando todos los aspectos del proceso de trabajo.

La Democracia no es divisible, por tanto hay que resolver temas vinculados a la igualdad de Género, por lo que tanto han luchado generaciones de mujeres trabajadoras inter-relacionadas con otras organizaciones de mujeres y hombres comprometidos con la igualdad.

En ese sentido entendemos que además de protestar por lo justo es necesario proponer:

Implementación de mecanismos de acciones afirmativas que profundicen la Democracia, ampliando la participación de mujeres de todos los Organismos Sociales.

Implementación de un Plan Nacional de igualdad de oportunidades y trato en el empleo. Negociación colectiva con cláusulas de equidad y no-discriminación, dándole institucionalidad y presupuesto.

El acoso moral y sexual en el trabajo es un flagelo cotidiano de miles de trabajadoras. Legislar en ese sentido y sensibilizar a todos los actores será tarea de la Central y de nuestro Departamento de Género y Equidad.

Legislación y Negociación Colectiva para trabajadores y trabajadoras del Servicio Doméstico, en este sentido consideramos que sería un comienzo partir de la base de las propuestas en materia de legislación y de seguridad social, conformando una Comisión con representantes de las trabajadoras y el Ministerio de Trabajo.

Aprobación de una Ley sobre Derechos Sexuales y reproductivos. Este es un tema de educación, de salud y de derechos humanos, estos son temas de políticas de Estado.

Aplicación del Plan de Violencia Doméstica. Es una situación de Emergencia Nacional, que como tal debe ser declarada para poner en marcha el Plan.

Mucho queda por hacer, la situación de las mujeres de nuestro país así lo reclama.

Redoblemos nuestros esfuerzos para conquistar para nuestra Democracia esa equidad de género tan necesaria.

Todo este conjunto de propuestas las hacemos llegar al gobierno con la seguridad de que se encontrarán los mecanismos para que la sociedad las levante como expectativas.

En un 1º de mayo de hace cinco años, es decir en la primera oportunidad que el movimiento sindical tuvo de expresarse en esta tribuna del Día de los Trabajadores, luego de producirse un cambio de gobierno, la proclama se ocupó mediante una propuesta de nueve puntos del tema de los compañeros desaparecidos.

En una coyuntura similar en cuanto a un cambio de gobierno, ¿qué obligación política, ética, tiene que invocar el PIT/CNT para referirse a este tema? Seguramente las similares que llevó a que el Presidente incluyera el tema con tanta fuerza y oportunidad en su discurso del 1º de marzo.

Sin embargo nosotros también deberemos agregarle otra obligación: la de clase.

Es desde esta última perspectiva que nos referiremos al tema.

Históricamente el PIT-CNT ha tenido una conducta, una actitud política consecuente frente a los distintos gobiernos pos dictatoriales.

Actitud determinada por una realidad incuestionable: esos gobiernos de Sanguinetti, de Lacalle y de Batlle tenían como preocupación fundamental el mantener la impunidad sobre las gravísimas violaciones a los derechos elementales de los ciudadanos.

De ahí que nuestra actitud, frente a gobiernos que no se sentían con el deber moral, político y jurídico de atender debidamente esa herida abierta en la sociedad uruguaya, fuera la de reclamar que se respetaran el derecho humanitario internacional con relación a todos los hechos del pasado reciente.

El gobierno que asumió el 1º de marzo ha expresado con claridad que su preocupación ya no es la de mantener la impunidad y que moral, política y jurídicamente siente el deber de atender esta problemática que afecta a nuestra sociedad de diversas formas.

¿Cuál es entonces la obligación en esta coyuntura del movimiento sindical?

No podemos reclamar algo que se ha expresado, que se va a atender.

Sí debemos contribuir a que la atención, la forma en que se trabaje para encarar estas problemáticas, sea la adecuada, la más correcta desde el punto de vista del derecho humanitario, de las obligaciones éticas, morales y políticas.

Antes de que se conocieran los resultados de las últimas elecciones el PIT-CNT junto con las organizaciones de Derechos humanos elaboraron una plataforma en la que se establecían las asignaturas pendientes, las formas de resolverlas para que de esa manera el "nunca más", también reclamado por el Presidente de la República fuera efectivo y contundente.

Es desde esa Plataforma que hoy debemos desempeñar nuestro rol de contribución para que el Estado encare las asignaturas pendientes e instale el "nunca más" de una forma adecuada... para que lo haga bien.

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Uruguay, a la luz de los avances del derecho humanitario internacional, han considerado que la verdad sobre los hechos del pasado es necesaria e indispensable pues ella es la base para la adopción de las medidas que el Estado debe adoptar, para rectificar y prevenir la realización de acciones similares en el futuro.

Para ello se deberá investigar y esclarecer los asesinatos políticos, continuar las investigaciones para establecer con exactitud, el por qué, el dónde, el cuándo, el cómo y el quién, sobre cada uno de los detenidos–desaparecidos.

Para ello debe habilitarse el acceso a los archivos y otras informaciones en poder de instituciones y funcionarios o ex funcionarios del Estado.

Esas investigaciones no se limitarán a los casos de desaparición forzada, sino de todos los hechos constitutivos de violaciones a los Derechos Humanos.

El Presidente Vázquez ha dicho que cumplirá con el Artículo 4 de la Ley de Caducidad, para procurar saber lo sucedido con los desaparecidos, investigando en los establecimientos militares en los que se han denunciado enterramientos.

Por supuesto que no podemos más que valorar positivamente que desde el gobierno se habilite para que se ingrese a esas dependencias militares en las que desde hace casi 20 años, se ha estado denunciando que existen o existieron cementerios clandestinos de la dictadura. Sin embargo nos parece que existen suficientes disposiciones en nuestra Constitución y en los Convenios y Tratados Internacionales para fundamentar una voluntad investigadora del actual gobierno a las que el gobierno no acude y si lo hace con respecto a un artículo – el 4to.- de una Ley claramente cuestionada internacionalmente.

Recordamos que en la Plataforma suscrita por las organizaciones de Derechos Humanos, se consigna que la normativa humanitaria internacional establece que la acción de la Justicia es necesaria para responsabilizar y sancionar a los autores, coautores y autores ideológicos de estos horrendos crímenes. Cosa que justamente la Ley de Caducidad impide.

Ha sostenido el Presidente que para él, la desaparición de María Claudia García de Gelman y los asesinatos de Michelini y Gutierrez Ruiz no deben entrar en la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

Estamos de acuerdo, señor Presidente. No lo está, el llamado "Caso Gelman" porque nos encontramos ante un delito que no prescribe, con un delito permanente e inamnistiable.

Y tampoco lo pueden estar ninguna de las causas de desaparición forzada, tanto por la dudosa legalidad de la Ley de Impunidad como por el hecho de que son delitos que se continúan cometiendo hoy y la Ley 15.848 sólo comprende los hechos ocurridos hasta el 1º de marzo de 1985.

Tampoco lo están los asesinatos de los dos legisladores y los de William Withelau y Rosario Barredo, entre otras razones porque fueron cometidos fuera de nuestro territorio. Pero tampoco lo están, por la misma razón las decenas de delitos cometidos por la dictadura uruguaya en territorio extranjero.

En este país, todos somos iguales ante la Ley.

Como cuestionamos la ampliación indiscriminada que durante 20 años se hizo de los alcances de la Ley de Caducidad, también cuestionamos las restricciones limitadas a algunos casos que si bien van en un sentido que reclamamos de afectar la impunidad, no es consecuente en todos los limites que le permite la legislación vigente.

Las organizaciones de Derechos Humanos, hemos expresado que el Uruguay al adquirir compromisos internacionales, ha aceptado que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que como tal no prescribe, que por su naturaleza es permanente, por lo que se sigue cometiendo continuadamente hasta que aparezca la persona con vida, o, en su caso, hasta que aparezcan sus restos y pueda certificarse legalmente la fecha y causa de su muerte. Y que en consecuencia, el gobierno no deberá entorpecer en ningún caso la labor de la Justicia.

Sin embargo, el mantenimiento de los actos administrativos con que las administraciones anteriores comprendieron arbitrariamente casos de desapariciones en la Ley de Caducidad, entre ellos el propio caso de María Claudia García de Gelman, constituye un verdadero obstáculo para la acción de la Justicia.

El Presidente ha expresado el 1º de marzo que el gobierno promoverá sin distinción de clase alguna, la reparación de todas las víctimas de los hechos acaecidos en aquellos terribles años.

Permítanos señor Presidente, recordarle que ese punto de vista que equipara la situación de una víctima de violación de sus Derechos Humanos por parte del Estado, con la situación de un policía o un militar caído en un acto de servicio, es jurídicamente inaceptable.

Los Derechos Humanos, según los fundamentos de los convenios y las Leyes Internacionales suscritas por Uruguay, fueron concebidos para proteger a las personas de los atropellos y las arbitrariedades de los Estados.

Por esa razón nos resulta inaceptable que un agente del Estado sea equiparado a los que fueron víctimas de los atropellos y la acción criminal de ese mismo Estado.

Por otra parte, esa visión propagada desde el actual gobierno, se acerca peligrosamente a la visión equivocada de ese periodo de la historia que se materializa en la teoría de los dos demonios.

Tal como lo establece la Plataforma de las organizaciones de Derechos Humanos, la reparación en el ámbito de la sociedad, implica el enjuiciamiento de los hechos del terrorismo de Estado, de sus ideólogos, instrumentadores, colaboradores y la no-permanencia en cargos estatales de personas civiles y militares que hayan actuado con responsabilidad directa tanto en la instrumentación del golpe de Estado, como en delitos de lesa humanidad.

Nos alarma que se haya designado para un alto cargo en la Cancillería a quien fuera responsable de la Secretaria del ex Ministro de la dictadura Juan Carlos Blanco en 1976 y posteriormente Embajador de la misma dictadura en Paraguay desde 1978 a 1983.

A la vez que saludamos y expresamos nuestro agrado por los anuncios de colaboración con el gobierno argentino relativo a los uruguayos desaparecidos en aquel país y las iniciativas enviadas al Parlamento para aprobar el Protocolo Facultativo de la ONU en el cual se tipifica como delito la tortura, proponemos para que el actual gobierno cumpla adecuadamente con los objetivos que en el terreno de los derechos humanos a expresado públicamente las siguientes medidas:

Hasta tanto no se produzca la adecuación de la legislación interna con la legislación internacional suscrita por el país, se realizara una auditoria de las actuaciones de los anteriores gobiernos con relación a las resoluciones que comprendieron denuncias en el Artículo 1 de la Ley de Caducidad.

De acuerdo al resultado de las mismas, aquellas resoluciones que no contemplen los requerimientos establecidos por la norma, serán derogadas y se dictaran otras habilitando la continuidad de la actuación del Poder Judicial.

Se continuaran a nivel del Poder Ejecutivo las investigaciones administrativas sobre todos los casos de desaparecidos, de acuerdo a las obligaciones y recomendaciones emergentes del derecho humanitario internacional suscrito por el Uruguay.

El resultado de dichas investigaciones serán puestas en conocimiento del Poder Judicial para lo que correspondiera.

Se enviará al Parlamento un Proyecto de Ley tipificando el delito de desaparición forzada de personas, tal como lo establece la Convención suscrita por Uruguay.

Se instalará una Comisión Investigadora sobre las torturas aplicadas en Uruguay, cuyo resultado se publicará por parte del Estado.

Se instrumentará una reparación integral a las víctimas, de acuerdo a la normativa legal. La misma no se limitará exclusivamente a los daños materiales y morales sino que deberá consistir en un conjunto de medidas de restitución, rehabilitación e indemnización, asumiendo el Estado la responsabilidad por los daños y perjuicios cometidos por quienes actuaron en su nombre brindando satisfacción moral a las víctimas, garantizará la rehabilitación de su salud mental y física a los afectados, así como a sus familiares.

Siendo la educación un instrumento privilegiado para la construcción de la memoria colectiva, se incorporarán a los programas la formación en Derechos Humanos a todos los niveles, incluyendo al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En estos últimos casos se deberá profundizar la revisión del marco doctrinario de ambas instituciones, rompiendo definitivamente con la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Se deberán dar los pasos necesarios para contar con el instituto del Defensor del Pueblo (Ombusdsman), para tener una eficaz protección, promoción y defensa de los derechos humanos.

Es indispensable contar con una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente de los Poderes del Estado y de los partidos políticos.

El Poder Ejecutivo debería en un plazo perentorio, instalar una Secretaría de Derechos Humanos con el más alto rango institucional.

Sin renunciar a los objetivos que sus Congresos han definido con relación a la necesidad de anular la Ley de Caducidad, el movimiento sindical, también en derechos humanos tiene una labor de construcción de los caminos más adecuados, mediante propuestas concretas elaboradas con un punto de vista que supere los intereses sectoriales y particulares. Estos son a nuestro entender, aquellos que han ido construyendo larga y trabajosamente la humanidad a través del derecho humanitario.

La Educación Pública, garantía de una sociedad democrática, forjadora de un porvenir colectivo más digno y más justo ha vivido los efectos de una situación caracterizada por:

En lo socio económico: deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores sociales con un concomitante crecimiento de la pobreza. Particularmente un proceso llamado infantilización de la pobreza: los niños de 0 a 14 años que, en el 2003, caían por debajo de la línea de pobreza alcanzaban a 516.000 uruguayos.

Vinculado al deterioro de las condiciones de vida de las familias uruguayas, debe tenerse presente la pérdida salarial de trabajadores docentes y no docentes de ANEP, y en relación con los trabajadores de la educación privada, la falta de funcionamiento de los Consejos de Salario que arrojó para este sector una pérdida salarial superior al 30%.

El gasto por alumno cayó vertiginosamente en el año 2002-2003, lo que significa, en valores constantes, un 20% de reducción.

La ejecución presupuestal presentada en la Rendición de Cuentas última apenas alcanzó a 299 millones de dólares, 25% menos que cuatro años antes. La participación de la educación pública en el PBI está en el 3% (incluyendo a la Universidad). La ANEP solamente llega al 9.5% del Presupuesto.

Ante La complejidad y la urgencia que significa la educación en un pueblo que quiere profundizar la democracia y retomar los valores proponemos:

1. Funcionamiento adecuado de las instancias de participación previstas a nivel técnico, e implementación de instancias de diálogo que incorporen a las organizaciones sindicales de la CSEU.

En lo inmediato regularización del funcionamiento de la ATD.

2. Fortalecer los marcos de autonomía de los desconcentrados.

3. Garantizar mecanismos de control y transparencia en el gasto. Revisión inmediata de la política actual en materia de contratos de obra sustituyéndola por una que no desnaturalice ese mecanismo constitucionalmente establecido. Auditoría en el sistema y en sus organismos paralelos.

4. Ampliación de las partidas presupuestales analizando las recomendaciones de UNESCO del 6%.

5. Establecer un Programa de Recuperación e Incremento Salarial para funcionarios docentes y no docentes implicando no sólo la modificación del salario básico, sino también la recomposición de los escalafones. Con extensión del beneficio de cuota mutual a todos los trabajadores docentes y no docentes de la ANEP. Incorporando la categorización de los trabajadores de la educación privada, con instauración de Consejos de Salarios.

6. Respecto a los Programas con financiamiento externo sus líneas de acción, la ejecución y control deben redireccionarse dentro del marco de cada Subsistema y sus organismos competentes, y que el personal y su designación se realicen por los mecanismos de Concurso y aspiración previstos en ANEP, en el marco de los funcionarios de ANEP.

7. Programa de Recuperación Presupuestal que supone plan de inversiones y en gasto de funcionamiento y mantenimiento.

8. Reducción de la cantidad de alumnos por grupo, de modo de brindar una mejor atención docente.

9. Política de impacto en materia de creación de cargos docentes y no docentes, en la situación actual no hay espacio para redistribución de cargos Intra o Intersistema.

10. Implementación de una política de concursos para el quinquenio tanto para proveer cargos docentes como no docentes.

11. Establecimiento de un sistema único de Formación Docente a través de un proceso dialogo y participativo que incluya realmente a los actores involucrados (docentes, estudiantes, etcétera).

12. Implementar una política de Cursos de Post- grado mediante un instituto estatal generado a esos efectos. Reformular el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento (Juan Pivel Devoto) incorporándolo a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.

13. Creación de un Sistema de Becas para los estudiantes de Formación Docente garantizando una cobertura imprescindible para aquellos que padecen el deterioro económico que afecta aspectos de alimentación, cobertura de salud y transporte.

14. Instalación inmediata de comisiones con participación de los sindicatos, a fin de revisar y reestructurar las políticas educativas que se vienen implementando desde el año 1996.

En varias oportunidades se ha planteado por parte de este movimiento sindical la necesidad de hacer los esfuerzos máximos para recuperar ese patrimonio de la Sociedad que es el Hospital de Clínicas, recuperado por y para el Pueblo.

Hoy podemos manifestar con felicidad que el Presidente de la República planteó ante el Consejo de Facultad de medicina, que se resolvería un préstamo de 17 millones de dólares a razón de 3.5 millones de dólares por año para recuperar dicho Centro Hospitalario.

En nuestro 8° Congreso se aprobaron como propuestas una serie de medidas inmediatas que deben ser coherentes con una estrategia de cambios profundos en el sector cuyos grandes ejes deberían tener como definición un plan de salud como política de Estado.

Se trata entonces de construir un Sistema Nacional de Salud, con un modelo nuevo que lo financie, y de aplicar a fondo una estrategia para el cambio del modelo asistencial actual, hacia otro de cobertura de toda la población, equitativo y de adecuada calidad para todos los uruguayos.

Por otra parte las soluciones para el Sistema Sanitario engloban también problemas centrales del conjunto de la sociedad, como lo son el trabajo, el salario, jubilaciones, pasividades, la educación, la vivienda, la seguridad social, es decir esta profundamente vinculado con el desarrollo de un país productivo.

El nuevo modelo de financiamiento de la salud deberá ser con aporte familiar según ingresos, aporte empresarial y del Estado, que asegure la cobertura universal, asignando los recursos proporcionalmente a la población y sus necesidades.

El cambio en el sistema de salud debe asegurar la atención de toda la población sin distinciones, con carácter preventivo, igualitario, integral, continuo, suficiente y oportuno, con participación protagónica de la comunidad en las decisiones y en la gestión de salud.

Dentro de los cambios de fondo que abonen el camino hacia el Sistema Nacional de Salud planteamos:

1. Cambio en el modelo asistencial hacia un modelo integral, que ponga el énfasis en la prevención, en la educación y promoción de la salud, tanto en su dimensión individual como colectiva, más que en la curación de la enfermedad (esto abarca al ser humano en toda su dimensión, como ser bio – psico – social).

2. Desarrollo de un sistema de atención en el primer nivel coordinado entre los efectores públicos, privados y comunitarios, con fuerte participación de la población usuaria y de los trabajadores, con mayor capacidad de resolución.

3. Política Nacional de Medicamentos y de Tecnología que asegure la accesibilidad y el uso racional y coordinado de estos recursos, que promueva la investigación –coordinando a nivel regional- y la producción nacional en estas áreas, manteniendo la fuente de trabajo en la Industria del Medicamento, regulando, controlando y realizando un seguimiento de las incorporaciones. La UDELAR deberá cumplir un rol decisivo en la formación de Recursos Humanos, evaluación tecnológica e investigación científica.

4. El actual Fondo Nacional de Recursos debe cambiar sus estatutos para que usuarios y trabajadores tengan representación en su administración, electa democráticamente.

El objetivo final del PIT-CNT es el Sistema Unico Nacional de Salud, Estatal y Público, bajo control social de trabajadores técnicos, no técnicos y representantes de la Población Usuaria organizada, tanto a nivel central como centro por centro.

El Uruguay productivo que concebimos necesita que la Justicia recupere su jerarquía de Poder Independiente del Estado, y como tal, disponga con autonomía de los recursos financieros imprescindibles para cumplir adecuadamente su papel.

Por una parte, es inadmisible que sigamos aceptando con resignación, como un mero dato de la realidad, que la Justicia no tenga medios para combatir los llamados delitos de guante blanco, cuando nuestra historia reciente demuestra hasta qué punto dichos delitos, generalmente vinculados a las actividades especulativas, pueden comprometer seriamente el destino de nuestro país y nuestro pueblo.

Un país con una Justicia débil, inoperante, sumergida, es un país inerme ante los grandes grupos de poder económico.

Porque aunque éstos puedan haber sido desplazados del gobierno, no cejarán en su intento de seguir medrando a costa del esfuerzo de los trabajadores y tratarán de hacerlo impunemente si encuentran una Justicia que no pueda detectar sus maniobras pasadas y futuras.

Pero además, es imprescindible que el Poder Judicial otorgue a la sociedad un ámbito jurídico confiable para el desarrollo de las actividades productivas.

Un ámbito jurídico seguro y confiable para los inversores, pero también para la salvaguarda de los derechos de los trabajadores.

Para ello será necesario ganar en eficiencia y celeridad, pero particularmente hacer los mayores esfuerzos para lograr la accesibilidad de todos los ciudadanos a lo servicios de Justicia.

No nos referimos solamente a la accesibilidad de carácter económico que es sin duda indispensable, sino también a la necesaria democratización de la información que sobre sus deberes y derechos jurídicos tienen los ciudadanos.

Debemos hacer cumplir que el Estado desarrolle la reactivación productiva, garantice e implemente programas sociales, distribuya equitativamente la riqueza y controle la explotación y cuidado de los recursos naturales del país (medio ambiente, agua, explotación de la tierra, el mar, aire, subsuelo, etcétera).

Como protagonistas directos del que hacer estatal no estamos conformes con su funcionamiento.

La burocracia, la corrupción, el clientelismo, la falta de transparencia en la forma de administrar, controlar y gestionar son elementos sustantivos, hoy, de la administración pública.

Rechazamos toda forma de privatización, haciendo especial énfasis en la defensa del Patrimonio Nacional y en la recuperación y especificidad de los roles de los Organismos Públicos.

Planteamos la necesidad de coordinación entre organismos, entendiendo necesario la elaboración de políticas de Estado, de complementación productiva y optimización de recursos entre los mismos.

Es fundamental la generación de políticas que estimulen el desarrollo productivo y sustentable, fomenten la generación de empleo (fundamentalmente el empleo joven), y políticas tributarias que garanticen la distribución de la riqueza, creando el impuesto a la renta de las personas físicas, que den transparencia a la inversión pública, limite la especulación financiera, como por ejemplo la Tasa Tobin, la tenencia de la tierra (impidiendo la extranjerización y controlando las sociedades anónimas, etc).

En ese sentido nos parece imprescindible tomar como una experiencia positiva en el control de la gestión y la profundización democrática participativa, la integración del Directorio del BPS. A partir de esta experiencia es necesario reclamar la participación para el cumplimiento de estos cometidos descriptos, la participación de los trabajadores y usuarios en los directorios de los entes, empresas, unidades reguladoras, administración central, etc.

Podemos señalar la falta de jerarquización, profesionalización y dignificación de la función publica, provocada y estimulada por los mismos que la generaron y la hicieron inoperante. Terminar con la discrecionalidad del jerarca, arrendamiento de obras y contratos a termino.

En ese marco la aparente "prohibición" de ingresos a la función publica hasta el año 2015 a impedido el control real del mismo por la vía legal de concursos y/o sorteos en los casos que correspondan, facilitando la desregulación, flexibilidad laboral, contratos basura (becarios, cachets, eventuales, a termino, pasantes) que no cumplen con las mínimas garantías en el cumplimiento de normas legales facilitando el clientelismo y atacando la propia existencia del Estado.

Reivindicamos la carrera funcional, rechazando ascensos "digitados", funciones encargadas, concursos con nombre y apellido, facilitando la capacitación permanente, la recapacitación de tareas y el reciclaje hacia nuevas tecnologías e innovaciones. Convirtiendo al trabajador en "servidor público" calificado.

Rescatamos para nuestra visión de estado su papel social y de ente testigo de las actividades tanto productivas como de servicios.

El Estado es el responsable de impulsar políticas sociales basadas en los principios de equidad y justicia social, necesarias para el desarrollo, tiene el deber de garantizar el acceso a las necesidades básicas a toda la población, como estrategia de combate a la pobreza y discriminación.

Se utiliza al Estado para transferir mínimos recursos económicos a determinados grupos como solución inmediata a sus problemas sin atacar las verdaderas causas que las originan.

Así pues, entendemos que las políticas sociales son el continente dentro de las cuales debemos ubicar, como principal política social, elevada a nivel de DDHH fundamental, al empleo.

Por ende, la política económica debe ubicarse como "contenido" fundamental, claro está- de las políticas sociales.

El análisis de la situación del trabajo en general fue presentado como un tema estadístico, de porcentajes o números, en una "categoría económica", como un indicador, un número que nos demuestra en parte como va la economía, el país la producción, hablando del trabajo, o mejor dicho del nivel de no trabajo, relativizando la dimensión humana y social del mismo.

El trabajo es un elemento estructurante de la vida del hombre, organizador de su proyecto vital, contribuye y forma parte de su identidad, es un medio socializador, reforzador de vínculos entre la persona y la realidad, da la posibilidad de crecer de crear, de expresarse y desarrollarse.

Es que a partir de nuestro trabajo organizamos otras actividades, incluyendo diferentes dimensiones: sociales, temporales, estudio, descanso, etc. Sin perder de vista la remuneración por nuestro trabajo, lo cual no es un mero detalle.

Cuando hablamos de trabajo, hay que pelear por la "dignidad del trabajo porque va directamente a resolver un principio y un valor que le quita el capitalismo y lo toma como una mercadería más".

La cuestión entonces, es la pelea por la justa distribución de la producción social de la riqueza.

Contiene la necesidad de avanzar nosotros y en lo posible con otros sectores en un Estado que formule políticas productivas, en la acción sobre la calidad y protección del trabajo, facilite la sindicalización, su organización, la higiene laboral, cumplimiento de derechos laborales resueltos por Organismos Internacionales, mejorando las relaciones laborales, la negociación colectiva.

Salarios de calidad, el desarrollo de la competitividad sistémica, la defensa de las empresas públicas como instrumentos para la integración nacional y el desarrollo productivo, nos plantea la discusión de que perfil productivo, que matriz energética, que tipo de integración.

Pensamos en una vinculación armónica del papel del Estado con las políticas productivas que deben desarrollarse y con las políticas sociales, de atención a la infancia, la vivienda, medio ambiente, la salud, la educación, el empleo etc.

Tenemos en cuenta la importancia de las diferentes Leyes presupuestales (Presupuesto y Rendición de Cuentas anual) con todo el contenido en cuanto a la inversión pública, generadora de empleo que las mismas debieran contener, así como por la definición de lo que se gasta en los sectores sociales y productivos.

En el momento actual, resulta claro que debemos repensar la producción en términos de lo que se entiende como económicamente viable, por una producción socialmente viable, por la potencialidad reproductora que esta producción, en función de su capacidad generadora de empleo, va a tener sobre la economía en términos globales.

Antropológicamente el ser humano debe ser el centro de todas las preocupaciones, por ende el Estado tiene que facilitar el derecho de las necesidades básicas fundamentales de: Agua, Salud, Vivienda, Educación, Transporte, Energía, Comunicaciones etc.

Una de las herramientas para viabilizar estas políticas de Estado Centralizadas, debiera de ser la centralización de la información socioeconómica de la población para detectar grupos vulnerables, implementación de tarifas sociales que surjan de estas políticas sobre aspectos sociales y productivos.

Cuando hablamos de políticas centralizadas no estamos negando la autonomía de los entes con sus cometidos específicos, ni tampoco en un Estado fuertemente burocratizado.

Creemos que estos aspectos no pueden ser rehenes de intereses privados.

Lo privado, por su propio afán de lucro, jamás podrá ofrecer al pueblo la solución a sus necesidades básicas.

Es por ello que los servicios básicos y estratégicos deben estar en manos del Estado, por tanto, del pueblo.

Materias tan centrales como salario, salud, seguridad social, ya no constituyen fines en si mismas sino que son calibrados en función de la competitividad y la eficiencia.

Son estos últimos conceptos los que predominaban convirtiendo la función pública en una mala palabra, apostando a privatizaciones como salida.

Los procesos privatizadores se imponen con verdades a medias que son las peores mentiras, donde se dice que todo lo público es ineficiente y lo privado altamente eficiente. Muchos de los trabajadores desocupados de nuestro país responden a empresas quebradas por su ineficiencia.

Desde el año 1992 el Pueblo uruguayo ha dado muestras suficientes en la defensa del Patrimonio Nacional, hemos luchado en defensa de ANTEL, de UTE, del Puerto, del Gas, de AFE, de ANCAP, del AGUA.

¡Saludamos a todo el pueblo uruguayo en las victorias conseguidas!

Consideramos fundamental la regulación por parte del Estado en materia de derecho laboral.

La tendencia de los últimos años es el desmantelamiento de los relativos factores de protección social a favor de los trabajadores.

El Estado debe tomar su papel protector y regulador en materia de trabajo, recordando que los trabajadores y patrones no se encuentran en un mismo plano de igualdad y es por lo tanto el Estado que debe proporcionarlo.

La flexibilización y la desregulación pretendieron ser presentadas como posibilidades de crear mayor empleo. Esto ha demostrado ser falso, pues cuando se flexibiliza o desregula a ultranza las relaciones laborales, en general lo que ocurre es que existe mayor explotación, maximización de las ganancias, por lo cual, con la misma gente, trabajando más y cobrando porcentualmente menos, se saca la misma producción.

El Departamento de Industria, Agroindustria y Empleo, a través de su Comisión de Reforma Agraria ha avanzado en los objetivos que se plantearon para la presente etapa.

Se ha conformado la Mesa de Reforma Agraria y Soberanía Alimentaria donde, además del PIT-CNT, convergen más de 21 organizaciones relacionadas al tema y dispuestas a dar la lucha en conjunto por aquellas reivindicaciones que nos son comunes, haciendo carne nuestra siempre vigente consigna de que los cambios crecen desde el pie.

Con el aporte de estas organizaciones, aquel primer borrador para la discusión sobre una reforma agraria integral presentada el 1/5/2003 se ha enriquecido.

Pero como comisión no solo crecimos en aportes, también en propuestas.

Nos propusimos contribuir a la organización y sindicalización de los asalariados rurales, y hoy, con enorme alegría saludamos a la unión nacional de trabajadores rurales y afines. Salud, compañeros!!.

La UNATRA, que será quien represente a los asalariados rurales del país ante el Consejo Superior de Salarios rurales de reciente creación.

Saludamos también la creación de este Consejo Superior, vieja reivindicación de los compañeros asalariados rurales, pero también de toda la clase trabajadora.

Pero, ojo compañeros, la situación de los asalariados rurales no se revierte únicamente con salarios y condiciones de trabajo dignas, con libertades sindicales.

Como más de una vez lo hemos manifestado, se requiere además de un proceso de reforma agraria integral para que la tierra, finalmente, sea para quien la trabaja.

¿Y por qué una reforma agraria integral?

Porque cualquier intento de llevar adelante una reforma agraria queda rengo si no se lo ata a una reforma industrial.

No se apunta a un mero reparto de tierras, sino a la creación de procesos productivos cooperativos que permitan el auto-sustento y el ser articulados con toda la cadena agroindustrial, además de permitirnos insertarnos nacional y regionalmente.

Hemos mantenido, y lo seguimos sosteniendo, que la herramienta principal con la que contamos en la actual coyuntura, es la Ley 11.029 de creación del Instituto Nacional de Colonización.

Un instituto que deberá ser reestructurado y redinamizado a los efectos de que efectivamente cumpla con los objetivos para los cuales ha sido creado.

A nuestro entender el Poder Ejecutivo debería considerar la designación de un asalariado rural como posible integrante del Instituto Nacional de Colonización.

Los asalariados rurales, los pequeños y medianos productores que sufrieron las consecuencias de una desastrosa política económica, se inscribieron en masa como aspirantes a colonos, o sea que el reclamo de tierra para quien la trabaja lo hemos institucionalizado formalmente.

Proyectos para esas tierras existen: UTAA y Bella Unión tienen el suyo, los compañeros de la FOICA y otras fuerzas sociales tienen proyectos para montes que daría trabajo, para más de 5.000 personas.

Los compañeros del PIT-CNT Tacuarembó tienen otro que implica aproximadamente 3.000 puestos de trabajo, y todos son proyectos sustentables.

Gente, proyectos sustentables, hay.

Solo queda reunirnos con las nuevas autoridades para discutir sobre los mismos, y desde aquí hacemos un llamamiento para que definitivamente se consoliden los ámbitos de discusión a los efectos de comenzar a debatir sobre estos temas que hacen al País Productivo con Justicia Social.

Convocamos, entonces, al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a la Ministra de Desarrollo Social, a las Autoridades del Instituto Nacional de Colonización, del Instituto Nacional de Alimentación, y a todas aquellas vinculadas a esta problemática a conformar un espacio de discusión amplio donde todos los involucrados al tema puedan plantear sus inquietudes y perspectivas

En definitiva que la tierra sea para quien la trabaja y no para unos que especulan con ella.

Un largo reclamo de años podemos decir hoy que se está conquistando, estamos hablando de la negociación colectiva.

12 años sin negociación en la inmensa mayoría de los trabajadores privados uruguayos y ni que hablar de la mayoría de los trabajadores públicos y la totalidad de los asalariados rurales, que nunca jamás han tenido ámbito alguno de negociación colectiva del salario y las condiciones de trabajo.

Es enorme la satisfacción que tenemos por esto, han sido muchos años de lucha y pelea para que este derecho fundamental, consagrado en las normas internacionales de la OIT y aprobado por el país, se cumpla cabalmente.

Y porque no decirlo también es un hecho positivo y destacadísimo de esta nueva administración, que a los pocos días de instalada, convoca a los Consejos de Salarios.

La instalación en el día de mañana de todos los ámbitos de negociación privados, públicos y rurales cierra una etapa de un mes intenso de clasificación de grupos y de acordar los mecanismos formales de negociación, parecía un tema menor, pero no lo es, acordar todos estos aspectos y definir donde está ubicado cada trabajador fue y es, muy importante.

Ahora viene lo más importante y también más difícil, se trata de recuperar parte de lo perdido por todos los trabajadores en estos años.

Si, la crisis fue dura, para los miles de uruguayos que quedaron sin trabajo y los que perdieron gran parte de su poder adquisitivo, fue durísimo.

Esta difícil situación hay que atenderla y corregirla lo antes posible.

No se trata de reclamar un salariazo, pero tampoco solo se puede solicitar paciencia y espera, se trata de encontrar un equilibrio que contemple la situación comprometida de endeudamiento que tenemos como país y la difícil situación que señalábamos.

Comenzar a superar lo perdido salarialmente por lo menos en estos últimos 5 años será nuestra tarea prioritaria, se necesita acordar en las mesas de Consejos de Salarios, en que tiempo se produce esta corrección.

Se trata además de priorizar la urgencia, es decir los sectores de trabajadores mas sumergidos, no puede existir uruguayo/a que gane menos de $ 3000.- o $15.- la hora, esto hay que acordarlo ahora, ¡ya!

En mayo se debería acordar un aumento de salario que contemple lo expuesto.

Acordar en que plazo se recupera el salario real perdido en estos cinco años, subir rápidamente los salarios mínimos es prioritario, también es importante comenzar a reconstruir una nueva relación laboral convenida y no unilateral.

Se trata de actualizar categorías y laudos mínimos recuperar condiciones de trabajo determinadas y de crear una cultura de negociación en sectores desde hace años que no existen o nunca existieron.

Pero todo esto tan necesario e imprescindible solo será posible si el gobierno garantiza la actividad sindical, la promueve y protege a todos los delegados sindicales. Debe cesar totalmente la persecución sindical.

No se puede castigar a un trabajador con el despido o cercenando su carrera funcional por el solo hecho de hacer uso de un derecho constitucional.

El gobierno tiene hoy mecanismos legales para garantizar esto y si considera que le falta completarlo con alguna norma legal más, que la complete y rápidamente en acuerdo con el Poder Legislativo.

Pero el flagelo del atropello y persecución sindical debe ser extirpado ya, ahora y sin miramientos.

En esta nueva instancia, con los vientos de cambios que recorren el país queremos hacer un especial llamado a todas las trabajadoras y trabajadores del país, estén donde estén, sean públicos o privados a sindicalizarse, a acercarse a su sindicato o al PIT-CNT.

Agremiarse es un derecho y una obligación con lo colectivo.

La Negociación Colectiva, los Consejos de Salarios, son en última instancia un instrumento, son grandes posibilidades, pero como en todos los órdenes de la vida, nada puede sustituir el protagonismo individual y colectivo.

Recuperar tanto tiempo perdido y de postergaciones, solo se recupera con la participación de todas las compañeras y compañeros trabajadores.

TU SINDICATO TE ESPERA... ES TU LUGAR

Saludamos entonces, desde esta tribuna, dos hechos de enorme significancia para la tan fundamentada profundización democrática.

El primero tiene que ver con la aprobación por parte del gobierno de la Cadena de Radio y Televisión, que implica que el conjunto de los uruguayos, a lo largo y ancho del país, cuenten con la posibilidad de acceder al mensaje de la clase trabajadora organizada,..... a la sociedad.

Saludamos la decisión del Poder Ejecutivo, la sensibilidad para entender que en el día que se recuerda a los mártires de Chicago, no existe otro actor más privilegiado para dar el mensaje que los trabajadores organizados en nuestro PIT-CNT.

Saludamos también con el mismo fervor, que mañana 2 de mayo será un día de festejo para los trabajadores/as uruguayos/as, en función que recomenzarán a funcionar los Consejos de Salarios.

Que a partir de mañana la inmensa mayoría de los/as trabajadores/as tendrán derecho a la negociación!!

Estos dos hechos merecen sin duda destaque, dado que tienen que ver con la democratización de los medios de comunicación y la democratización de las Relaciones Laborales.

Sin dudas son hechos que saludamos con mucho fervor, lo que parece mentira, es que tengamos que saludar la aplicación de medidas democráticas.

Por que las reivindicaciones de los trabajadores están más vigentes que nunca.

Por que es tiempo de continuar con la campaña de afiliación sindical, que seguramente en poco tiempo arrojara el ingreso a nuestras filas de decenas, de miles de trabajadores/as.

Por que es tiempo de crear fuentes de trabajo para los uruguayos/as, Porque es tiempo de pueblos soberanos e integrados.

Ahora es tiempo... de verdad y justicia, de trabajo y salarios dignos, de Sindicatos fuertes.

" Para que los más infelices, sean los más privilegiados".

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA, VIVA EL PIT-CNT!