GOBIERNO ASEGURA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO; RESCINDEN CONTRATO CON URAGUA

En cumplimiento de la Constitución, el Ministro Arana anunció que la OSE rescindió el contrato de la empresa URAGUA y que en breve el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un Proyecto de Ley que permitirá al ente estatal reasumir la prestación de los servicios en Maldonado.

Según explicó Arana con esta decisión el Estado pasa a controlar el 99.71 por ciento de las conexiones en los servicios de agua potable y de saneamiento del país.

Arana indicó además que en dicha iniciativa gubernamental, que pronto remitirá al ámbito legislativo, se establece la creación de una Unidad Desconcentrada de Gestión, cuya dirección recaerá sobre los miembros del Directorio de OSE y un representante de la Intendencia Municipal de Maldonado, y donde se prevé la incorporación de la actual plantilla de personal de URAGUA en régimen de contratos a términos.

Durante los casi 45 minutos de la conferencia de prensa realizada en el Edificio Libertad, el Ministro Arana, junto a Presidente y Vicepresidente del Directorio de la OSE, Carlos Colacce y Fernando Nopitsch, junto con el Secretario General de dicho organismo, Daoiz Uriarte, explicaron el alcance de las decisiones adoptadas por el gobierno en torno al tema del agua y el saneamiento.

En cuanto a Aguas de la Costa, se señaló que este contrato quedaría momentáneamente en vigencia, pero que se establecerán los estrictos controles para garantizar los servicios que viene cumpliendo esta empresa.

MINISTRO ARANA: Muchas gracias a todos, bienvenidos a esta reunión, para informarles a todos ustedes y a la ciudadanía, y recordar que el 31 de octubre próximo pasado, la ciudadanía resolvió que el agua debe ser el bien común, un patrimonio de todos.

El 31 de octubre los uruguayos hemos asentado las bases que pautarán el comportamiento del Estado uruguayo y replanteando funciones de las distintas instituciones estatales, destinando inversiones para conocer la verdadera magnitud de los recursos, su disponibilidad y su calidad.

La reforma ha sido la más clara expresión de un acuerdo social para desarrollar una política estratégica de Estado.

Llevamos apenas tres meses en el gobierno, tiempo absolutamente insuficiente para procesar los cambios que la ciudadanía reclama, en lo que tiene que ver con las estructuras políticas y condiciones generadas en decenas, durante decenas de años.

Sin embargo, en estos tres meses hemos comenzado a asentar las bases de un Uruguay diferente, en lo que a este tema refiere, y señalemos algunos puntos.

El Decreto del 20 de mayo, estableció el mandato al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para que conjuntamente con OSE y con la URSEA -la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y de Agua- se tomen las medidas conducentes para asumir en forma directa y exclusiva la prestación del servicio público de agua y saneamiento, que al presente están siendo prestados por operadores no estatales; sin plazo contractual, o con carácter precario.

Hemos solicitado la información básica para comenzar a recuperar las 7.667 conexiones, o sea, un 0,89% del total que existen en el país y en los próximos días se diseñará un programa de trabajo que permita reasumir los servicios a cargo del Estado.

Segundo punto, hemos encomendado a los técnicos del Ministerio elaborar un proyecto para la creación de una Unidad Ejecutora que tenga los cometidos específicos de diseño, vigilancia y regulación, de acuerdo con los reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo de la política nacional de agua y saneamiento, entre ellos, el de vigilar y regular todas las actividades y obras públicas o privadas relativas al estudio, captación, uso, conservación y la evacuación de las aguas, tanto del dominio público como del privado; establecer las especificaciones técnicas y los registros de personas y empresas que realicen dichas actividades; establecer las prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, así como coordinar con los demás organismos públicos competentes el inventario actualizado de los recursos hídricos del país y asesorar al Poder Ejecutivo y a los gobiernos departamentales sobre los planes de saneamiento.

Un tercer punto, esta Unidad Ejecutora -que requerirá el establecimiento de normas legales que serán incluidas posiblemente en el Presupuesto Quinquenal a presentar al Poder Legislativo el próximo mes de agosto- tendrá además el cometido prioritario de revisar y proponer el ajuste del denominado Código de Aguas, que viene con pequeñas variantes de la época de la dictadura, de acuerdo a lo establecido en el nuevo artículo 47 reformado de nuestra Constitución Nacional.

Un cuarto punto, es señalar que pese a los inaceptables retrasos que ha tenido la anterior Administración de OSE y el gobierno anterior en configurar firmemente los incumplimientos de la empresa URAGUA S.A., que opera como ustedes saben en el departamento de Maldonado, operadora de los servicios de agua y saneamiento en parte de ese departamento, el actual Directorio de OSE ha resuelto en el día de hoy rescindir el contrato por causal de incumplimiento de dicha empresa.

Esta medida significa recuperar para el sector público casi 51 mil conexiones, o sea, el 6.37% del total del país, y a eso con más detalle se referirá seguramente el Presidente de OSE, aquí presente.

Un quinto punto, amigos, en los próximos días el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un Proyecto de Ley que permitirá a OSE reasumir la prestación de los servicios mediante la creación de una Unidad Desconcentrada de Gestión, cuya dirección recaerá sobre los miembros del Directorio de OSE y un representante de la Intendencia Municipal de Maldonado; se prevé la incorporación de la actual plantilla de personal de URAGUA en régimen de contrato a términos, cuyos detalles seguramente les proporcionará el Presidente de la OSE, el Vicepresidente, y el Secretario General de la empresa pública.

Un sexto punto, la puesta en práctica de estos aspectos significará que el Estado tendrá el 99.71% de las conexiones del agua, repito 99.71% de las conexiones de agua y un porcentaje aún mayor de las conexiones de saneamiento a su cargo. Pero lo que es más importante, estará asentando las bases materiales de lo que el pueblo uruguayo resolvió el 31 de octubre pasado, que los recursos hídricos son uruguayos y su gestión debe ser sustentable y solidaria con las generaciones futuras, tal como lo establece claramente el artículo 47 de nuestra Constitución.

Un séptimo punto, es señalar que el 11 de diciembre de 1992, a dos días del plebiscito en defensa de las empresas públicas, el Directorio de OSE de ese entonces aprobó la concesión por 25 años a Aguas de la Costa.

De esta manera el 0.27% de las conexiones, todas ellas al este del arroyo Maldonado, quedarán por imperio de las normas básicas del Estado de derecho operadas por una empresa privada.

Esta aventura privatizadora del gobierno nacional y del gobierno departamental de Maldonado de la época, nos obligará todavía a variados esfuerzos que estamos dispuestos a llevarlos adelante.

¿Qué tipo de esfuerzos? A controlar exhaustivamente y vigilar el estricto cumplimiento del contrato tal como lo viene haciendo ya en estos últimos días el propio Directorio de OSE; a conocer exactamente el perfil socioeconómico de los residentes en el departamento de Maldonado que actualmente reciben el servicio a costos muy superiores a los que pueden asumir, para poder establecer las medidas adecuadas de mitigación, con un criterio de equidad, y sin que esto signifique recargar aún más los hombros de los uruguayos.

Analizar, además, nos obliga a analizar detenidamente todos los aspectos que regulan la concesión y los costos que en el marco del contrato vigente pueda permitir la eventualidad de que el Estado se haga cargo de las infraestructuras ya construidas.

Reiteramos, en pocos días, en 90 días de gobierno hemos adoptado las medidas adecuadas para que en el más breve plazo el 99.71% de todos los servicios de agua potable y saneamiento pase a manos estatales, y lo que es aún más importante que el Uruguay comience a gestionar en forma sustentable el más valioso de los recursos naturales que poseemos.

Les doy las gracias y voy a dejar en uso de la palabra al presidente de OSE, el ingeniero Carlos Colacce.

COLACCE: Buenas tardes. Tal cual adelantó el Ministro en el día de hoy, el Directorio de OSE aprobó por resolución 760/05, la rescisión del contrato con la concesionaria URAGUA. En su Resuelve dice expresamente, numeral 1: rescindir por culpa del concesionario el contrato de concesión otorgado entre OSE y URAGUA con fecha 4 de agosto de 2000, por incumplimiento contractual de la concesionaria. Notifíquese, remitir oficios, notifíquese, etcétera.

Esto sucede luego de un proceso, hay una Comisión de Contralor de Concesiones encargada del control de estos contratos de concesión donde ya con fecha 13 de noviembre de 2003 había informado sobre los motivos de rescisión del contrato, dados los atrasos en las obras de infraestructura fijadas contractualmente; especialmente obras de saneamiento donde prácticamente el año 2002 quedaron interrumpidas.

En ese sentido, el anterior Directorio notificó unos cuántos meses después a la empresa URAGUA, estamos hablando del 2 de agosto de 2004 y la empresa URAGUA solicitó una prórroga, en el período visto de este informe, que le fue otorgada y por tanto la respuesta de la empresa URAGUA fue posterior al acto eleccionario del 31 de octubre y su argumento fundamental, entonces, fue de que su contrato había devenido ilegal, haciendo descargos mínimos con respecto al incumplimiento referido al atraso de obras.

La Comisión de Contralor ratificó su posición y a solicitud en ese momento el Ministro de Vivienda, Mariano Arana, en el mes de marzo volvió a emitir un informe actualizando la situación de los atrasos; informe que ya asumido el actual directorio de OSE se notificó otra vez a la empresa URAGUA.

La respuesta de la empresa URAGUA no motivó cambios en la posición del directorio respecto a este tema, verificándose entonces los motivos de rescisión que ahora se lleva a cabo, y bueno, va a ser entonces notificada la empresa de esta decisión.

Como dijo el ministro, con esta situación y aquellos contratos que están en condiciones de concesiones precarias, sin fecha de término, y que próximamente también va a asumir el Estado en su gestión, el Estado tendrá una totalidad de un de un 99,7% de todos los servicios de agua y saneamiento del país, y el 0,3% restante con un contrato con fecha de término, sin posibilidades de prórroga ni extensión.

De esta forma, bueno, tenemos una situación única como país a nivel mundial en lo que es la gestión del agua en poder del Estado, tal cual como ha resultado incluso de lo que fue el plebiscito de la reforma de la Constitución el pasado 31 de octubre, con un 65% de aprobación del mismo.

En este momento, entonces, comenzamos un período, estamos abocados a hacernos cargo del servicio con todo lo que implica técnicamente, funcionalmente en todo lo que es el servicio y la gestión del mismo. En ese sentido, estamos elaborando y remitiendo al Poder Ejecutivo un Proyecto de Ley que para mayor detalle le pediría al Secretario General que nos defina el alcance del mismo.

URIARTE: Sí, buenas tardes. Nosotros vamos a solicitar ese Proyecto de Ley que esperamos tenga rápida aprobación dada la urgencia de asumir estos servicios, en base a que nuestra propuesta de la creación de la Unidad Ejecutora dentro de OSE, con un alto grado de concentración, implica la asunción tal como nos habíamos en cierta forma comprometido de la totalidad del personal de URAGUA, y para eso nosotros precisamos alguna excepción a la Ley 16.197 y a la 16.556 que, como ustedes saben, tienen determinadas condiciones para la contratación de personal por las empresas públicas.

Por otra parte, también es necesario para asegurar la continuidad de los servicios, mantener ciertos niveles de subcontratación que tiene en estos momentos URAGUA y por ello pedimos que en ese caso concreto se nos habilite para no correr el riesgo de entrar en algún tipo de incumplimiento con las previsiones legales en torno al TOCAF y a los requerimientos del Tribunal de Cuentas.

Es una ley muy sencilla, son unos pocos artículos, pero que nos permitirían el marco para asumir la totalidad de la estructura de URAGUA sin que esto generara ningún tipo de distorsión en la gestión comercial, ni tampoco por supuesto en la prestación de los servicios.

De todas formas, nosotros estamos preparados para asumir la parte operativa sin ningún problema, pero queremos tener todas las herramientas para que a nivel de usuarios no se sienta en absoluto este traspaso de servicio.

MINISTRO ARANA: Independientemente que los compañeros puedan contribuir a dar las respuestas a las preguntas formuladas por ustedes, quiero decir que hemos estado en la mañana de hoy en la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, justamente tratando de explicitar que estamos cumpliendo -y ese es el propósito inequívoco no solamente de nosotros como Ministro, sino de nuestra fuerza política y ciertamente del Poder Ejecutivo- de cumplir escrupulosamente con la Constitución nacional, que nuestra fuerza política, además, con tanto esfuerzo trató de sustentar en épocas de quebranto institucional en nuestro país.

Perfectamente compatible con ello, de acuerdo a todos los requerimientos desde el punto de vista jurídico que han obrado en nuestras manos y que han obrado también entre las nuevas autoridades de OSE. Y así vamos a actuar, estrictamente.

También quiero decir, y creo haberlo formulado en la exposición inicial, que tendremos mucho cuidado en que la situación de Aguas de la Costa, que sería un contrato que quedaría momentáneamente en vigencia, en la medida que la interpretación de esta norma constitucional no tiene efecto retroactivo y para eso nos hemos basado en importantísimas opiniones jurídicas, tanto del doctor Casignone como del doctor José Pedro Ramírez, como incluso en el texto ya clásico de un muy importantísimo jurista como Jiménez de Aréchaga, queremos expresar que vamos a actuar exigiendo el fiel cumplimiento a esta empresa, haciendo los controles respectivos, pero además poniéndonos en contacto con los usuarios de los servicios que presta Aguas de la Costa y que se brindan contra costos de tarifas extraordinariamente elevados y costos de conexión también igualmente elevados, que están afectando ya no digamos de pronto a personas propietarias de elevadas posibilidades económicas, sino que pueden estar afectando también a vecinos que residen en forma permanente en el departamento y que no tienen posibilidades de hacer los pagos tan diferenciales respecto a los que el resto de la ciudadanía uruguaya debe abonar, para obtener los servicios similares a los que se reciben a través de esta compañía.

URIARTE: Bien, efectivamente, una vez finalizado el contrato con Aguas de la Costa, la gestión va a quedar en un cien por ciento en manos del Estado en un cien por ciento. El contrato vigente que tiene Aguas de la Costa vence en el 2018. Insisto, aquí en el porcentaje del 0.3% en lo que es el servicio que brinda esa concesión.

Hoy poníamos como ejemplo de que seguramente y entre los cuales me encuentro, estamos muy atentos en la protección del recurso y en la gestión de este vital elemento como es el agua para la población. Estamos claramente con una situación ejemplar a nivel mundial en la protección de lo que es el agua en manos del Estado.

Con respecto a lo que puedan ser los costos que incurren hay que tener presente que son todas empresas, incluso las trece concesionarias precarias, que dan beneficio. Es decir, que actualmente el asumir esas empresas en principio aumenta el ingreso del organismo, más allá de los costos asociados son todas empresas que son viables.

Hay un tema particular en ese punto a analizar que son las obras de saneamiento implícitas en el departamento de Maldonado, donde claramente la concesionaria URAGUA no pudo cumplir y el organismo OSE está garantizando de que esas obras se van a retomar.

Es decir, que aquí no solo tenemos el traspaso de un servicio de una empresa privada al Estado, sino lo que quizás sea más importante la garantía de que se van a hacer las obras que la concesionaria no pudo cumplir.

Y respecto a cuántos funcionarios ingresan al Estado, bueno, en este momento la plantilla de los funcionarios de URAGUA son 115 personas; bueno, después tienen algunos contratos unipersonales, pero que no serían funcionarios del organismo. Y por supuesto que un tema que habrá que analizar, como dice el Decreto del 20 de mayo, junto con el Ministerio y junto con URSEA, es la situación de las otras trece empresas concesionarias con contratos sin término o precarias, que eventualmente habrá que analizar la situación específica de esas empresas y si de ahí demanda algún ingreso adicional, son situaciones que habrá que analizar caso a caso.

COLACCE: Quería dejar claro que el personal de URAGUA no ingresaría al Estado en situación de funcionarios presupuestados o de carrera. Son contratos de acuerdo a lo que estipula la Ley 17.556, que establece que si bien son contratos de carácter público no confieren a esas personas la calidad de funcionarios públicos.

COLACCE: Con la primera pregunta, vuelvo a repetir, de acuerdo con lo que dice el texto de la 17.556, no adquieren esas personas la calidad de funcionarios públicos. Pero tomemos en cuenta que esas personas, cuando se acogieron a los incentivos eran funcionarios de carrera, eran funcionarios presupuestados.

En este caso, van a ser contratados pero no bajo esa situación. Por otra parte, de acuerdo a las normas en vigencia transcurrido determinado plazo esas personas podrían ser perfectamente funcionarios públicos y bueno, ahí podemos tener una discusión sobre cuando vence el plazo digamos, en donde existían posibilidades que podrían ser cuatro años, cuyo caso estarían vencidos.

En cuanto al segundo aspecto, por supuesto que es inherente al régimen democrático poder impugnar todas las resoluciones de gobierno. Y todos los actos administrativos. Creo que es claro que a nuestro criterio, al criterio del Poder Ejecutivo, se este interpretando correctamente la Constitución. Obviamente que eso admite que exista otra interpretación al contrario, y por eso existen los Tribunales.

No tengo la menor duda que siguiendo adelante con el recurso y en eventualidad de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tomara una resolución contraria anulando el Decreto, bueno, habría que replantearse toda la situación sobre otro marco. En el momento, los actos se presumen legítimos y es una interpretación que realiza el poder administrador, para eso están las vías legales de impugnar y me parece perfecto que se usen por quienes se sienten lesionados.

NOPITSCH: Respecto a la rescisión, la rescisión opera quedándose OSE con la garantía que está depositada, garantía que originalmente era de 20 millones de dólares y que la administración anterior aceptó que cambiara los 20 millones de dólares por bonos de deuda pública; es decir, que hoy hay unos 15 millones de los originalmente 20 que había.

OSE se queda con el depósito en garantía y le tiene que devolver a la empresa el 85 por ciento de las inversiones realizadas, que ese es un tema que va a ser motivo de discusión; es decir, en lo que opina OSE y en lo que opina la empresa posiblemente haya diferencias y será un tema que habrá que resolver. Pero eso es lo que dice el pliego de la licitación y así se liquida el tema URAGUA.

A su vez, URAGUA paga un canon, que esto es importante que la población lo tenga claro; es decir, cuando URAGUA se privatiza con anterioridad OSE hizo una inversión cercana a los 80 millones de dólares en Maldonado, donde se hizo toda nueva la instalación de agua de Maldonado y Punta del Este.

Esto es importante, porque muchas veces la gente relaciona la mejora del servicio de agua de Maldonado con la concesión privada y en realidad la mejora del servicio de Maldonado está vinculado a los 80 millones que todos nosotros pusimos en la licitación 1008 donde se hizo toda la instalación nueva de agua de Maldonado.

Y, como fruto de eso lo que hizo fue fijar un canon en dólares equivalente a la amortización de este préstamo que asumió OSE en la licitación 1008, que actualmente andaba cerca de los 600 mil dólares mensuales.

Lo que nosotros opinamos es que cuando vayamos a asumir el servicio de agua, digamos, vamos a cobrar nosotros mismos este mismo canon porque el servicio de Maldonado es superavitario; ustedes tienen que tener claro que el Área Metropolitana, Montevideo más Maldonado, subsidian el agua de todo el resto del país; la tarifa es única en el país, pero no hay duda que Montevideo y Maldonado subsidiamos a todo el resto, que es mucho más caro que lo que es el costo del servicio en Montevideo y Maldonado.

Con respecto a las obras que se iniciarían en Maldonado, estaba previsto un plan de obras con un monto que sobrepasaba ampliamente los 100 millones de dólares; eran obras que pedían un desagüe a través de un emisario subacuático y actualmente el tema está en análisis; hay alternativas, entendemos que hay alternativas mucho más económicas en el monto de la inversión y se está planteando la posibilidad de una planta de tratamiento en la zona noroeste de la conurbación. Pero, obviamente, el tema a que ahora vamos a abocarnos es el tema técnico, sobre la solución técnica; el monto asociado a la inversión, esto va a llevar un proceso de proyectos y ajustes de proyectos, aprobación de impacto ambiental y posteriormente un proceso de licitaciones; el inicio de las obras difícilmente pueda comenzar antes de fines del 2006.

Así que, es un aspecto a tener presente.

NOPITSCH: La tarifa está unificada en todos los servicios de OSE, e incluso la tarifa actualmente de URAGUA era la misma tarifa de OSE.

COLACCE: Hay una diferencia de un 20 por ciento de la tarifa balneario que tiene URAGUA y que es una diferencia pero, digamos, está dentro del pliego tarifario igual que tiene la OSE.

NOPITSCH: Bien. Lo que estamos diciendo es que URAGUA recauda, creo que a esta altura está en un millón y medio de dólares por mes, es decir, ahí tiene los costos operativos y el pago del canon a la OSE, que por cierto es el segundo mes que no nos paga; es decir que ya va el segundo mes que está atrasado URAGUA en el pago del canon, el mes anterior y este que está venciendo.

En la medida que asumimos el servicio, del millón y medio que cobra por mes por los servicios de agua, tendremos plata para pagar el préstamo este 1008, que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros bancos.

Respecto al tema de las conversaciones con URAGUA, por supuesto que hemos conversado con URAGUA, venimos haciéndolo, es decir, sin desmedro de que nos pongamos o no de acuerdo en las dos posiciones jurídicas, pretendemos hacer una transición civilizada, porque acá ya sea por la rescisión de contrato o porque ellos no quieren entregar la concesión, porque dicen que la reforma constitucional opera, lo que está claro es que OSE va a agarrar el servicio de cualquier forma, y por tanto nosotros pretendemos hacerlo de la mejor forma civilizada y que no se resienta para nada el servicio que está realizando URAGUA y que pasaría a realizar OSE.

Respecto al tema de la inversión, la inversión como decía Colacce, no son los 100 millones de dólares que originalmente se planteaban, hoy con 45, 48 millones de dólares se hace el saneamiento. Lo acabo de decir en el Parlamento, lo voy a decir acá también: yo creo que se habla de 100 millones de dólares porque para privatizar se justificaban los costos de mayor cantidad para decir que era justificado privatizarlo.

Como ustedes habrán visto, cuando hubo un debate acá por la reforma constitucional, que las propias autoridades de OSE hablaban que el saneamiento del Uruguay eran 700 millones de dólares. Entonces ojo no dejemos que no entren los privados, porque sino no se puede hacer el saneamiento.

Yo creo que también estaba exagerada esa cantidad para argumentar a favor de que no se votara el plebiscito.

Lo que tiene previsto OSE es esta Unidad Ejecutiva que va a estar integrada por el presidente y el vicepresidente por la OSE, el Intendente Municipal o quien designe el Intendente Municipal de Maldonado como Dirección de esta Unidad Ejecutora, y la idea es que tenga cierta autonomía financiera y que pueda usar mecanismos que tiene el Estado para conseguir recursos para hacer el saneamiento, en el entendido de que en Maldonado también es rentable hacer saneamiento, y hay mecanismos jurídicos que nos permiten hacer uso de por ejemplo poner la recaudación del organismo de Maldonado como garantía para conseguir un préstamo para hacer el saneamiento, es decir que no lo vemos con dramatismo el tema y sí lo vemos como una obligación porque todos acá entendemos de que si Maldonado no tiene saneamiento, el día que la calidad de agua de Maldonado de mal, es una tragedia para el país, y por tanto nos parece que es una de las prioridades que tenemos que encarar y vamos a encarar, cumplir que Maldonado y Punta del Este puedan tener saneamiento.

NOPITSCH: No, no gana la empresa 900 mil dólares, la empresa tiene que pagar también los salarios, tiene que pagar...

NOPITSCH: Perdón, lo que pasa es que esa es una hipótesis, que no haga las obras que tiene que hacer.

NOPITSCH: Si hace las obras que tiene que hacer no le alcanza ni siquiera el millón y medio para hacerlas, como lo constató con los números.

NOPITSCH: Bueno, formalmente nosotros todavía no hemos recibido la comunicación, sabemos que está. Pero en principio nosotros estudiamos profundamente todo el informe que realizara la Comisión de Contralor de Concesiones, donde se nos aconsejara la rescisión.

Desde mi punto de vista no cabe la menor duda que existen todos los elementos, es más, la empresa en todo momento no ha negado la existencia de los incumplimientos, se ha tratado de justificarlos, pero no ha negado que no ha incumplido con los cronogramas de obras. Y el otro punto adicional es que en realidad todos los incumplimientos -por si alguna duda cabe- están constatados en forma muy anterior al 31 de octubre. Es decir, ya desde el 13 de noviembre del 2003, se empiezan a verificar incumplimientos claros que pueden habilitar a la rescisión tal cual lo constató la Comisión de Contralor de Concesiones en su momento.

NOPITSCH: De ninguna forma. No, de ninguna forma. Lo que estamos dispuestos, primero controlar es una obligación. Es decir, lo que ha pasado con URAGUA en la Administración anterior justamente es una omisión; tenía que haber controlado y esto que estamos haciendo, la rescisión actual son incumplimiento del 2002, 2003 y 2004, es decir que tenía que haber rescindido la Administración anterior; que no lo hizo porque estaba el plebiscito y por motivaciones de orden político, pero la verdad es que esto que estamos haciendo ahora habría que haberlo hecho antes.

Respecto al tema de Aguas de la Costa. Hoy yo lo decía en el Parlamento, parece una ironía esto, es decir, quienes no estuvimos de acuerdo con la privatización de Aguas de la Costa, hoy estamos defendiendo Aguas de la Costa, y la estamos defendiendo porque estamos defendiendo la Constitución y el tema de respetar los contratos. Pero en todo caso, hay un compromiso asumido por las Administraciones anteriores en la cual, se hacía una inversión en saneamiento, una inversión en agua, y daba una tarifa, y la tarifa fue aceptada como parte de la licitación pública.

Lo que nosotros estamos dispuestos es a abrir una instancia, ver las dificultades que tienen los vecinos que están en la zona de Aguas de la Costa y negociar con la empresa, pero tiene que haber un acuerdo con la empresa, no puede haber voluntad propia de OSE de tomar ninguna decisión; tenemos que acordar con la empresa mecanismos de subsidio. Hoy ya hay algunos mecanismos de subsidio aplicados por la empresa, es decir, en algunos casos gente que tiene única vivienda, viviendas menores de 70 mil dólares e ingresos menores de 30 mil pesos, que son bastante amplios, tienen subsidiada la cuota. Bueno, vamos a estudiar y si habría otra gente que no está contemplada en eso, tenemos que indefectiblemente negociarlo con la empresa y no puede ser nunca una decisión unilateral de la OSE.

NOPITSCH: Bueno, nosotros vamos a tratar de arbitrar alguna formar de rebaja para los que tengan necesidad de subsidio, porque la cuota no es posible de pagar. Pero insisto, no hay otra forma que negociarla con la empresa y que la empresa lo acepte.

NOPITSCH: Las fuentes de financiamiento de las obras es un tema justamente al que estaremos abocados inmediatamente. Pueden ser por organismos internacionales, puede ser por un fideicomiso de la facturación propia del servicio en la localidad, y en definitiva también va a haber una fuente genuina de fondos propios, generada por la facturación e incluso el préstamo de lo que está debiendo OSE ahora, de la Licitación 1008, lo que fue toda la nueva red de agua potable en Maldonado termina de pagarse en el año 2006. Es decir que también por ese lado va a haber ingreso, o por lo menos se va a dejar de pagar, va a poderse destinar dineros frescos a esas obras.

URIARTE: Si me permiten, es decir, somos parte de un equipo de gobierno, el endeudamiento externo es un tema que define el Ministerio de Economía, por tanto OSE en el marco de la discusión del Plan Quinquenal, planteará las necesidades de financiamiento que tiene para el saneamiento y será una decisión conjunta del equipo de gobierno que definirá cuál es el endeudamiento que pueda tener OSE como organismo y a él nos vamos a abocar. Por tanto, esto está en el marco de la discusión del Plan Quinquenal que se empieza a discutir ahora en el gobierno nacional.

NOPITSCH: Bueno, nosotros tenemos la información porque estas empresas están registradas en la URSEA, y no tenemos conocimiento de la existencia de contratos con plazo vigente, o con plazo; es decir, el Decreto del 20 de mayo establece que se respetan aquellos contratos que tienen un plazo de vigencia y que estaban vigentes al momento de aprobación de la Reforma Constitucional. Por lo tanto, si alguna empresa de estas tres tuviera algún contrato vigente con una fecha posterior al 31 de diciembre del 2004 que hubiera que respetar, sería respetado. Pero reitero, no conocemos de la existencia de esos contratos, en todo caso no hay ninguna concesión otorgada por OSE; no conocemos de algún otro organismo del Estado que haya otorgado una concesión de ese tipo.

COLACCE: Sí, en este momento está vigente una Ley del año 2002, que hay que perfeccionar, en el sentido de que tenemos pensado trabajar en el tema, dado que obliga a la conexión de saneamiento, da un plazo de dos años para que el vecino que tiene servicios de saneamiento que pasa por delante de su casa se conecte, eventualmente adaptando las obras de la sanitaria interna, que muchas veces es el problema de fondo que hay para el tema de la conexión. De todas formas, esa Ley incluso habla de un reglamento que no existe. Quiere decir que es un tema que existe la Ley pero hay que trabajar sobre ella.

COLACCE: Exactamente. Es un tema que tenemos bien identificado, pero además esto es un problema que es mucho más grave, si se quiere, a nivel del resto del país, más allá de lo que es el tema especifico que estamos hablando, concentrándonos en Maldonado.

OSE tiene ejecutadas obras millonarias de redes de saneamiento y en algunas localidades con tasas de conexión del orden del 10%, 20%. Eso es realmente inadmisible, pero eso sí que sería enterrar dinero sin que se logre el beneficio de salubridad para la localidad, para la población.

COLACCE: Exactamente.

NOPITSCH: En la zona de la costa es peor todavía, porque en la zona donde hay arena no es pozo con barométrica, es pozo filtrado en la propia arena y robador. Entonces a mí me parece lo decía Carlos, es disparatado que el país haga el esfuerzo que hace de infraestructura en materia de saneamiento y después no haya una obligación para conectarse. Pero la zona que tu hablabas, Lussich, hay saneamiento, es decir, entre el Arroyo Maldonado y José Ignacio que está Aguas de la Costa, hay saneamiento en todos lados. Es decir, lo que no hay es una obligación de conectarse. Y hay un complejo muy grande en Manantiales que no tiene conexión ni de agua ni de saneamiento. Un complejo que está al lado de la playa.

COLACCE: La Ley esta que yo hacía mención, especialmente deja fuera lo que está dentro de la jurisdicción del contrato de Aguas de la Costas, porque habla de que no es obligatorio para aquellos servicios que no tengan la tarifa de OSE. Evidentemente quienes legislaron pensaron justamente en este aso. En pocas palabras, es un tema que tenemos identificado claramente como un tema en el cual hay que trabajar y seguramente legislar.

VISTO: las actuaciones de la Comisión de Contralor de Concesiones sobre atrasos e incumplimientos en obras de la empresa Concesionaria URAGUA S.A. en el Departamento de Maldonado.

RESULTANDO I: que con fecha 13/XI/03 la Comisión de Contralor de Concesiones elaboró por mayoría de sus integrantes, un informe en el que se constatan incumplimientos y atrasos en obras del tipo 1 y concluye aconsejando la rescisión del Contrato de Concesión, de conformidad con el Art. 6.3 del Pliego. Dicho informe se limitó a detallar atrasos e incumplimientos detectados hasta el mes de noviembre del año 2003.

RESULTANDO II: que con fecha 2/VIII/04 la referida Comisión le otorga al Concesionario la vista prevista en el Pliego que rige el contrato por el término reglamentario correspondiente.

RESULTANDO III: que con fecha 12/VIII/04 la Concesionaria solicita una prórroga de 30 días, que es concedida por el Directorio por R/D N° 1304/04 de fecha 29/IX/04, por 30 días hábiles.

RESULTANDO IV: que con fecha 22/XI/04 la Empresa evacua la vista dentro del plazo otorgado, sosteniendo que el Contrato se ha extinguido de pleno derecho en mérito a la Reforma Constitucional aprobada en octubre de ese año, haciendo algunas consideraciones de índole formal sobre la tramitación de las actuaciones, no compartiendo las conclusiones de la Comisión en cuanto a la culpabilidad de los atrasos e incumplimientos contractuales.

RESULTANDO V: que previo informe de las diversas áreas técnicas, la Comisión de Contralor de Concesiones en informe de fecha 18/III/05 desarrolla

el comportamiento contractual de la Concesionaria y concluye estableciendo:

1) que se han constatado atrasos en las obras a cargo de URAGUA S.A., expresando cuáles han sido las obras en que los mismos se verificaron, 2) que los descargos de la Concesionaria no introducen nuevos elementos de juicio que modifiquen aquella conclusión; 3) que conforme al Art. 6.3.4.3 del Pliego de Condiciones que rige la Concesión, los incumplimientos constatados generan una multa por cada día de atraso que debe pagar el Concesionario, sanción económica que al superar en su monto las U.R. 30.000 da lugar a la rescisión del Contrato por culpa del Concesionario.

RESULTANDO VI: que a instancias de la Jefatura de la Oficina Jurídica Notarial, el Directorio decide otorgar una nueva vista de todas las actuaciones con fecha 1°/IV/05.

RESULTANDO VII: que con fecha 13/IV/05 URAGUA S.A. al evacuar la vista no contradijo los incumplimientos que se le imputan, limitándose nuevamente a

señalar que según su interpretación y conforme al Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 17/XI/04 el Contrato de Concesión cayó por mandato Constitucional al haber sido aprobada la Reforma de la Carta en el Referéndum de fecha 31/X/04 y por tanto desde entonces no tiene vigencia.

CONSIDERANDO I: que el Directorio entiende que se han agotado todas las instancias procedimentales de las actuaciones y que la Empresa Concesionaria ha contado con todas las garantías del debido proceso a los efectos de defender sus derechos, de conformidad con la legislación y las disposiciones contractuales.

CONSIDERANDO II: que el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 17/XI/04 fue derogado expresamente por el reciente Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 20/V/05 y el Contrato de Concesión entre O.S.E. y URAGUA S.A. continúa vigente.

CONSIDERANDO III: que está plenamente comprobado el incumplimiento culpable de la Concesionaria, al grado que se ha configurado la causal de rescisión prevista en los recaudos de la Concesión, de conformidad con los Arts. 6.2.1.3.1 y 6.3.3 del Pliego que rige el Contrato.

ATENTO: a lo establecido en el mencionado Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 20/V/05 y en el Art. 6.3.4.3 de los recaudos de la Concesión.

1°) RESCINDIR por culpa del Concesionario el Contrato de Concesión otorgado entre O.S.E. y URAGUA S.A. en fecha 4/VIII/00 por incumplimiento contractual de la Concesionaria.

2°) NOTIFÍQUESE por parte de Secretaría General a URAGUA S.A. de la presente Resolución.

3°) REMITIR Oficios al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Tribunal de Cuentas de la República con copia de la presente Resolución.

4°) CUMPLIDO, pase a la Comisión de Contralor de Concesiones.

POR EL DIRECTORIO: