Los representantes de la OPP, ONSC y de trabajadores del Estado explicaron que llegaron a un acuerdo, que tiene elementos que hacen a la negociación colectiva, a la discusión y que van mas allá de la regularización de lo que hoy es imprescindible regular en el Estado que es la contratación de personal, poniendo de alguna manera la casa en orden.

Los representantes de la OPP, ONSC y de trabajadores del Estado explicaron en conferencia de prensa que de la Comisión que integran, surgió un informe, que cumple con las aspiraciones de los trabajadores, de iniciar un camino de regularización de aquellos que tienen un régimen de contratación diferente al de funcionario público presupuestado o contratado permanente, con la novedad de que llegaron a un primer acuerdo en conjunto, que contiene elementos que hacen a la negociación colectiva, a la discusión y que van mas allá de la regularización de lo que hoy es imprescindible regular en el Estado que es la contratación de personal, aseguran.

Destacaron la importancia de este acuerdo, que de alguna manera pone la casa en orden en lo que tiene que ver con cómo tiene que encarar el Estado la mano de obra, la fuerza de trabajo.

Participaron de la conferencia: el Subdirector de la OPP, Daniel Mesa; Humberto Ruocco, Subdirector de la ONSC; Carlos Moreira, Jefe de Área de la ONSC; Sergio Villanueva, Director del Instituto de Formación; Gabriel Portillo del sindicato de UTE; Juan Gómez de la Federación ANCAP; Marita Pebaqué de COFE; Oscar López del SUAMP y Augusto Larrosa de SUTEL

RUOCCO: Bueno, muchas gracias por la presencia.

Nosotros hoy queremos hacer una información acerca del avance de dos trabajos común, que hemos realizado entre la delegación negociadora del gobierno, con los trabajadores nucleados en la Mesa Sindical Coordinadora y en COFE.

Los trabajos se refieren al análisis de las diversas formas de contratación en el Estado, y tambien se refiere a un trabajo común vinculado a un avance de lo que debe ser la capacitación de los trabajadores del Estado y su trabajo para elevar la profesionalización de los mismos.

Nuestro primer acuerdo -por decirlo de manera concreta- estuvo en el diagnóstico que hemos realizado de la situación en que hemos encontrado el Estado; cuestión que nos parece absolutamente sustantiva, porque difícil es ir encontrando soluciones comunes cuando tenemos un diagnóstico diferente.

En este sentido nosotros hicimos en conjunto, porque esto fue parte también de la negociación, no es que hayamos hecho análisis por separado, sino que hemos hecho este diagnóstico en conjunto, más allá de quien pueda decir una palabra u otra, tenemos que decir que son nuestras palabras. Entonces hemos hecho un análisis histórico del sistema de recursos humanos en el Estado uruguayo; analizamos con claridad el papel preponderante en la historia que se jugó en determinado momento con la asunción del Batllismo al gobierno, y posteriormente la evolución que fue sufriendo, con todo lo que significa las virtudes y las patologías que este proceso, en las diferentes etapas históricas, fue acumulando.

Desde un inicio el Estado enfrentó como un desafío la formación de una burocracia weberiana, es decir un cuerpo de funcionarios estables, con un sistema de reglas meritocrático, jerárquico y centralizado.

Las virtudes de la estabilidad, la estabilidad de los trabajadores, son un factor que nosotros valoramos como fundamental en la administración de cualquier empresa, pero que además es proporcionalmente más necesaria cuando de mayor volumen es la empresa y cuando mayor complejidad adquieren las tareas que esas empresas llevan adelante. Y la misma -o sea ese volumen- no puede confundirse con las patologías que posteriormente se fueron dando desde el Estado, alguna de ellas planteadas equivocadamente, como que la estabilidad del funcionario pasaba a ser una de las patologías mencionadas.

Para nosotros por el contrario esta estabilidad es la condición que permite desarrollar una carrera funcional, lo que permite y significa un incentivo para la capacitación, lo que lleva a generar la necesidad de un proyecto de futuro por el cual trabajar desde el punto de vista de la gente y desde el punto de vista del Estado, proporciona la estabilidad funcional que implica captar trabajadores con una capacidad de evolución que tengan entre sus objetivos de vida, de su futuro, de su familia, la capacidad de evolucionar adentro de la empresa, o adentro del Estado, que liguen su futuro al desarrollo de la tarea y que por lo tanto tengan una disposición superior para aprender y contribuir a la mejora de gestión, independientemente del área en la cual desarrollen sus actividades.

Ya en la Constitución del 52 quedó consagrada originalmente la carrera administrativa, y al mismo tiempo este esfuerzo se vio atravesado por el ya incipiente clientelismo político en el Estado, tanto en los aspectos vinculados con los ingresos como en el vinculado con los ascensos.

Y el Estado que ya ha entrado en jaque por las crisis crecientes, comenzó a golpear de alguna manera a los trabajadores por igual, con una reducción sustantiva de los salarios y de esa manera todos hemos sentido como se comenzó a agitar la presupuestación y la inamovilidad de los funcionarios como uno de los males a eliminar dentro del Estado.

Y de esta manera se fueron confundiendo las virtudes de la estabilidad de la carrera administrativa, con las patologías de la estabilidad funcional alimentada por el clientelismo.

En síntesis, en los años 90 en adelante se promulgaron una serie de normas y se llevaron adelante una serie de políticas, de reformas que operando conjuntamente provocaron diversos efectos sobre el sistema del empleo publico nacional. Hubo una reducción paulatina de los recursos humanos estables de Estado, hubo un paulatino y constante envejecimiento de la plantilla funcional, una sustitución del personal estable con personal precario, sin expectativas de crecimiento en la organización, así como nuevas formas de clientelismo para tratar de renovar adhesiones ya perdidas.

En consecuencia, se generó un sistema caótico, sin organicidad, ni fundamento más allá de la declarada ocasión de la reducción de costos, sin meditar en precio alguno.

Con esta situación el Estado en parte pasó a la vanguardia del desconocimiento de algunos derechos laborales, inclusive de algunas garantías constitucionales creando una bolsa de trabajadores precarios, en franca inferioridad frente a muchos de los trabajadores públicos y privados. O sea, el Estado en realidad ha mostrado una verdadera vocación de permanencia en esta sistemática campaña de desguase a la cual fue sometido.

Y la existencia de este Estado de cosas tan alarmantes impone y nos impuso en el diálogo de la negociación colectiva, una reflexión seguida inmediatamente de la acción. Por ello el gobierno, los servidores públicos y sus organizaciones sindicales, con la expectativa natural de la ciudadanía, estamos abocados a trabajar para generar cambios sustanciales en este diagnóstico que hemos realizado.

Lo que hoy presentamos forma parte sustantiva de una batería de soluciones que ya estamos preparando para la instancia presupuestal, y para analizar como un factor permanente de la preparación de un Estado activo, de un Estado no ausentista del quehacer nacional al servicio de la ciudadanía.

Me gustaría que el compañero Portillo nos hablara en profundidad del trabajo que hemos realizado.

PORTILLO: Bien, gracias. Bueno primero que nada para nosotros los sindicatos, venimos hace ya algunos años planteando la necesidad de regularizar a trabajadores que cumplen función en el Estado y que desde hace muchísimos años están en forma irregular cumpliendo esas funciones.

El pico más alto de estas reclamaciones fueron el año pasado cuando organizamos varias movilizaciones y además presentamos un Proyecto de Ley, un Proyecto de Ley que finalmente quedó en el Parlamento en un camino que no era el deseado por nosotros y quedó en la nada, y que básicamente a la opinión pública figuran estas cuestiones como becarios y pasantes.

Así es como de alguna manera instalado el nuevo gobierno e instalado el Consejo de Salarios por el nuevo gobierno, es que se abre una instancia única hasta ese momento –tenemos que decir que fue única hasta este momento- la posibilidad de discutir en una comisión de igual a igual con el gobierno, las posibilidades de regularizar a un conjunto de trabajadores que nosotros ya sabíamos y que venían cumpliendo funciones en el Estado desde hacía muchísimo tiempo. Y es así como después de un largo trabajo, estuvimos todo el mes de mayo trabajando en esa Comisión; se generó un informe, que parte del informe comentaba recién Humberto, un informe que nos parece que cumple con las aspiraciones de los trabajadores, cumple de alguna manera con el cometido de iniciar un camino de regularización de ese conjunto de trabajadores. La novedad es que lo hemos hecho en conjunto, la novedad es que hemos llegado a un acuerdo, a un primer acuerdo en esta apertura de Consejo de Salarios, y que ese acuerdo además contiene elementos que hacen a la negociación colectiva, que hace a la discusión, que van mas allá de la regularización de lo que hoy es imprescindible regular en el Estado que es la contratación de personal. Es decir, el propio Estado durante años contrató, y mantuvo, en forma absolutamente irregular; primero se vota una Ley que impide el ingreso de funcionarios públicos y luego, por varios vericuetos, los propios que votan esa Ley la incumplen permanentemente contratando en forma irregular trabajadores para cumplir funciones en el Estado, llegando a una flexibilidad laboral el propio Estado en forma insólita.

Por lo tanto, ¿por qué la importancia de este acuerdo? Porque de alguna manera ponemos la casa en orden en lo que tiene que ver con cómo tiene que encarar el Estado la mano de obra, la fuerza de trabajo.

En lo concreto, finalizando el informe, hay una serie de recomendaciones, la Comisión no hace otra cosa que hacer una serie de recomendaciones que el Consejo de Salarios aprobó y que como decía aquí Humberto, y son nuestras aspiraciones, formen parte de la Ley de Presupuesto a los efectos de terminar esto de una vez por todas y en este año.

Por lo tanto, esas recomendaciones, entre otras cosas, dicen cómo ordenar aquellas contrataciones del 2001 para atrás, cómo ordenar las contrataciones del 2001 para adelante, siempre en ámbitos paritarios, y establece también la imprescindible necesidad de ver una discusión de cómo tiene el Estado que volver a abrir a la función pública por las franjas etárias, por las necesidades de personal, por potenciar a las empresas, en fin, hay todo una serie que allí en el informe se recoge que son muy importantes, que para nosotros son reivindicaciones de hace muchísimo tiempo y que hoy las vemos reflejadas en un papel y que obviamente que esto esté reflejado en una Ley de Presupuesto, eleva aún más las expectativas que nosotros teníamos. Para nosotros fue muy importante culminar esta Comisión en un acuerdo de partes, en donde –repito- estamos dando solución a políticas, es decir, a nosotros nos tocó en esa Comisión, discutir sobre políticas de hechos consumados, nosotros agarramos políticas de hechos consumados. Cantidad de trabajadores que pasan los 15, 16, 17, 18 años en el Estado trabajando en forma irregular, y sobre eso teníamos que conversar y discutir y ponernos de acuerdo.

Es decir, no habíamos sido nosotros los que estábamos en esa mesa los que habíamos aprobado esa forma de ingreso y esa forma de trabajo, pero tenemos la responsabilidad de darle solución y arribamos a una solución concreta, y yo creo que satisfactoria para ambas partes en este caso.

Por lo tanto, lo dejo por aquí.

Los demás compañeros que han trabajado en la Comisión pueden contestar perfectamente cualquier pregunta que se haga, así que yo dejo por acá.

RUOCCO: Estamos abiertos a cualquier tipo de interrogante. Los que nos acompañan en la mesa son los que han trabajado intensamente en la Comisión. Por lo tanto, ellos responderán de acuerdo al tema que ustedes tengan inquietudes. Adelante.

VILLANUEVA: En materia de formación y capacitación nosotros también trabajamos en una Comisión que tuvo carácter paritario y elaboramos un avance del plan estratégico de formación y capacitación de la Escuela de Funcionarios Públicos.

Si yo digo que para nosotros la capacitación es un tema muy importante en lo que tiene que ver con la reforma del Estado, no estaré siendo demasiado novedoso. Seguramente esta frase la han escuchado a lo largo de décadas.

Quizás lo inédito pueda estar en que decimos que no habrá un largo trecho entre el dicho y el hecho, me parece que esa va a ser la novedad. A mí me gustaría hablar de la historia y probablemente podamos hablar dentro de uno o de dos años aquí de lo que hemos hecho como forma de comprobar lo que estoy diciendo.

Pero en todo caso, quisiera decirles que hemos trabajado en dos niveles distintos. Uno podríamos llamar el de aquellas cosas que "tenemos" que hacer -el tenemos entre comillas- porque no es lo que queremos hacer, que es el otro andarivel, en lo que tenemos que hacer está esta etapa de transición que tenemos que yo diría que va a ser el transcurso de este año, donde a vía de ejemplo, estamos trabajando en los cursos que tienen que ver con el régimen de ascensos, seguramente es una normativa que merece ser estudiada, en fin, pero que hoy existe y por lo tanto nosotros tenemos que dar respuesta a las expectativas que los funcionarios tienen en esa materia hoy que están esperando esos cursos para la posibilidad de ascender. En eso y en otros temas venimos trabajando.

Pero para resumir en este año también definimos cuáles son los caminos para nosotros poder instrumentar a partir del año 2006, lo que queremos hacer. Y en este sentido tres cosas -y termino para que me puedan en todo caso seguir preguntando- en primer lugar un programa de formación para los cargos de conducción de la Administración Pública; en segundo lugar un programa que tiene que ver con aquellas políticas consideradas de prioridad por la Administración o por el gobierno, que también a título de ejemplo, temas vinculados a equidad de género, a derechos humanos, a transparencia y ética de la gestión, por poner algunos ejemplos. Y un gran paquete, un tercer gran paquete, que no por tercero es el menos importante, que tiene que ver con la atención de las necesidades específicas de las diversas instituciones del Estado, que creemos que esas necesidades tenemos que atenderlas en su especificidad. También a vía de ejemplo y para ser gráficos, no es lo mismo un curso de atención al público para quien trabaja en una policlínica municipal, para quien trabaja en una policlínica de Salud Pública, para quien trabaja en el mostrador del Banco Central o para quien trabaja en una Seccional Policial de Guichón.

Estamos dispuestos a fomentar la presentación de necesidad de formación, y a atenderlas.

Y como síntesis de todo esto, lo que nos proponemos es aunar dos cosas que hasta ahora han estado separadas, que son, que la Escuela de Funcionarios Públicos sea un instrumento para mejorar la eficacia y la eficiencia en las organizaciones del Estado, y simultáneamente que sea vista como una posibilidad de desarrollo personal de los funcionarios del Estado.

Hasta aquí, y ahora si tienen más preguntas.

MOREIRA: Buenas tardes, respecto a eso –ahora le paso a Marita también el micrófono- no es posible tener una estimación única sobre la cantidad de personas que estarían comprendidas en este trabajo.

Manejamos en la Comisión tres fuentes de información, y como nos daban cifras distintas, por eso decimos que no podemos llegar a una estimación única. Una fuente es, fue la información que los organismos enviaron a requerimiento de esta Comisión durante el mes de mayo. Eso nos dio una cifra. Allí contamos con el déficit de que solamente un tercio de los organismos contestó al requerimiento y a la planilla que oportunamente le fue enviada.

La segunda fuente que utilizamos fue el Registro de Becarios y Pasantes de la Oficina Nacional de Servicio Civil, registro que se forma a partir de la información que los propios organismos vuelcan vía Internet en ese registro, pero eso solamente es para becarios y pasantes, por lo cual quedaba afuera otras formas de contratación. Y la fuente más cercana a la realidad que es a veces el Registro de Funcionarios Públicos que también lleva la Oficina Nacional de Servicio Civil y que se conforma con la información que los organismos públicos envían por nota escrita a la Oficina. Allí pudimos entonces tener una cifra más cercana a la realidad sobre el total de no funcionarios públicos, incluyendo becarios, pasantes, contratos de obra y de servicios, "cachet", etcétera, y por allí entonces llegamos a una estimación, recordando que el estudio se hizo sobre 23 organismos de la Administración Pública, los 14 Incisos más el grupo de empresas públicas y el BPS, llegamos a una estimación cercana a las ocho mil personas que estarían comprendidas dentro de este universo. Algo así como el 7% del total de funcionarios públicos, de esos 23 organismos.

Bueno esas son las cifras que quería informar.

PEBAQUÉ: No, no, correcto. Yo creo que lo que decía el doctor Moreira forma parte de las irregularidades y de la falta de información adecuada que se cuenta en más de una instancia dentro de la Administración, y que no es una cuestión casual, que formó parte de las desprolijidades, en la política de recursos humanos que habilitaron a que se deteriorara de la manera que se deterioró la calidad de ser servidores públicos que somos todos nosotros.

Eso por un lado, y por otro lado sí, la cifra a la que se arriba es esa, por eso decimos nosotros que son más de 10 mil contando la totalidad de la Administración.

PORTILLO: En realidad establecemos por escrito dos formas de regularizar a esos funcionarios: todos aquellos que ingresaron antes del 2001, y establecemos el 2001 como fecha a partir de que se aprueba en el año 2000, una Rendición de Cuentas que establece una nueva forma de contratar, pero como hemos constatado que esa nueva forma votada en el 2000, también se reiteró, se volvió a violar, es por eso que establecemos dos formas de revisar esas contrataciones. Del 2001 para atrás establecemos básicamente para regularizar algunas cuestiones generales para cumplir, que no tengo ahora textual pero podemos después leer en forma textual lo que establecemos a los efectos de que se cumpla para poder regularizar. Y del 2001 para adelante la propuesta es revisar caso a caso. Bien, me dice acá la compañera del 2001 para atrás que esté en actividad y que esté sujeto a jerarquía. Y del 2001 en adelante revisar caso a caso.

Lo importante para nosotros, también, además de esto, de que es una forma de avanzar en la regularización, es que esto se establece a través de una paritaria, lo cual nos permite opinar -como hemos opinado hasta el momento- de igual a igual, en lo que tiene que ver en cada uno de los organismos; que no es menor.

PORTILLO: Y lo más probable. Es decir, yo no conozco todos los caso a caso. Es decir, por eso como no conocemos todos los caso a caso, decimos: establezcamos un método, caso a caso y organismo por organismo como forma de establecer claramente de qué estamos hablando.

MOREIRA: No, no.

MOREIRA: Hoy nosotros no vamos a hacer ninguna, no está previsto en esta conferencia hablar de ese tema. No está resuelto, se está negociando.

PEBAQUÉ: Tiene un punto de desacuerdo, pero no es ninguna novedad para ninguno de los que estamos acá. Sigue siendo uno de los puntos pendientes.

MOREIRA: Si me podes repetir la pregunta, porque no la entendí.

MOREIRA: El criterio que aconseja, porque esta es una Comisión que hace una serie de recomendaciones, es el que se ha dicho acá por parte de Gabriel. Por un lado, que esté la persona cumpliendo actualmente las funciones, y en segundo lugar que esté en relación de dependencia o jerarca, que no sea alguien que estuvo antes y ahora no está y tampoco que sea el caso de alguien que está en la casa, sino que se den esas dos condiciones, la comisión paritaria va a tomar en cuenta eso. Después, para los casos posteriores al 2001, hay que hacer la aclaración de que hay muchos que están en regla, es decir, la Ley establece que se puede tener, por ejemplo para el caso de becarios y pasantes, estar un año y con un año de prorroga, quienes estén en esa situación están en regla, son regulares. Se va a considerar los casos que ya están vencidos, que hay algunos casos, que como decía hoy, no hay una estimación única, entonces eso se considerará caso a caso y siguiendo este doble criterio.

RUOCCO: Esto lo contestaría una abogada mejor, pero no vamos a hablar de violar, vamos a hablar de que si llegamos a acuerdos para encontrar los caminos de la integración como funcionarios, vamos a tener que tomar una opción, que puede ser un levantamiento circunstancial, que puede ser un levantamiento permanente. O sea, son cosas que no tenemos discutidas, pero naturalmente no vamos a hacer nada violentando nada, vamos a hacer todo lo que hagamos y vamos a poner las normas al servicio de las decisiones que tomemos.

RUOCCO: No, te aclaro que en las recomendaciones que llegamos a acuerdo en la Comisión, hay un Artículo claro que establece justamente, que se recomienda, concretamente, hacer un levantamiento circunstancial de la prohibición que hay -creo que es hasta el 2015, me corregirán acá- para atender justamente la situación de las irregularidades constatadas. Y en el Artículo siguiente lo que sí se recomienda es la apertura, o el levantamiento de la prohibición existente, teniendo en cuenta la experiencia anterior, donde se constató que hay lugares en el Estado donde se podría decir que hay abultamiento de funcionarios, y otros sectores del Estado que están realmente en una situación critica con respecto al personal. Entonces, la segunda recomendación que se plantea al Poder Ejecutivo es justamente trabajar también en esos casos en forma paritaria, para llegar con absoluta claridad a cuáles son las verdaderas necesidades que existen en cada uno de los organismos para proceder al levantamiento de la prohibición. Es decir, acá no esta planteado violar la Constitución ni mucho menos. Se plantean las soluciones y en ese marco establecer, en primer lugar el levantamiento en forma personal para estos casos que estamos hablando, y en segundo lugar el levantamiento para ver el resto del Estado y ver cómo se regulariza.

RUOCCO: Lo que está planteado es que en forma provisional sean contratados en función publica como un paso intermedio teniendo en el horizonte el objetivo de la presupuestacion de todos aquellos que estén efectivamente desarrollando tareas en el Estado, desarrollando tareas en el rol, y teniendo en cuenta los dos requisitos que acá anteriormente ya se han mencionado.

PORTILLO: Bueno, si estamos hablando de que va a ir en la Ley de Presupuesto, se supone que se vota este año y se aplica a partir de enero de 2006, en caso de ser aprobado así como estamos planteando las recomendaciones.

PORTILLO: Contrato para la función pública.

PORTILLO: Son funcionarios públicos...

RUOCCO: No, hay una diferencia entre funcionarios públicos y contratados.

PORTILLO: Claro.

MOREIRA: Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si estamos estudiando una parte, es que no estamos estudiando el todo, pero que cuando tengamos que tomar soluciones vamos a tener que tomar el todo, para que lo que resolvamos de esa parte no afecte al resto, o sea son cosas que todavía no las tenemos ordenadas pero tenemos claridad. O sea, es como una fila que alguien llegó primero y el otro va a llegar después y así sucesivamente de acuerdo a las posibilidades presupuestales, iremos tendiendo hacia lo que queremos, hacia la presupuestación lentamente, pero ustedes comprenderán que si hoy hay gente que hace años que está en el status de funcionario contratado, no vamos a ingresar funcionarios para contratarlos ahora que les violenten los derechos a quienes ya están, pero paulatinamente van adquiriendo derechos de acuerdo a normas que iremos viendo y lentamente iremos poniendo en práctica. Los tiempos siempre pueden parecer cortos, y de repente comparativamente con cómo se construyen las destrucciones, en realidad no se hicieron tan lentos. O sea, aquí estamos hablando que desde el año 90 no hay ingresos en la función publica, y en consecuencia toda esta parafernalia se viene generando desde esos momentos, con toda la diversidad que los compañeros han estudiado en profundidad y que naturalmente es muy costoso trasladar lo diverso de todo esto.

Pero hay claridad de que cada pieza que vamos a mover no va a ser violentando al que ya tiene un derecho; estamos tratando de que los que no tienen derecho comiencen a asumirlos.

RUOCCO: Podría hacer una aclaración respecto a la consulta anterior de si son o no son funcionarios públicos. Hay tres categorías de funcionarios públicos: están los funcionarios que son presupuestados, están los funcionarios contratados de manera permanente, y están aquellos que son contratados zafralmente o para tareas eventuales, como suele suceder en el caso del Ministerio de Transporte.

En este caso la forma que recomendamos es que se les haga contrato de función pública, es decir, que pasarían a ser funcionarios públicos dentro de la categoría de los contratados; la diferencia con los presupuestados es que los contratados no tienen derecho a la carrera administrativa, que esa sí la tienen los presupuestados.

Eso porque una de las recomendaciones también del informe. es analizar la carrera administrativa que creemos que es una cosa que hay que analizar el tema de los escalafones y los grados.

Entonces sí son funcionarios públicos -quiero aclarar- sí se recomienda que sean incluidos dentro de la categoría funcionarios públicos, dentro de la forma, de la modalidad de contratados.

RUOCCO: Se garantiza, recomendamos que se garantice la permanencia en la contratación. La inamovilidad constitucional solamente -como lo prevé la Constitución- es para aquellos presupuestados que además viene ligado a la carrera administrativa.

Sin embargo la recomendación es que se les pase a forma de contrato de función pública, garantizando la permanencia de estas personas en el cargo, o sea que adquieran de manera permanente los derechos de funcionarios públicos.

PORTILLO: Una pequeña aclaración sobre el tema inamovilidad. El concepto inamovilidad -no lo digo yo, lo dice el constitucionalista José Korzeniak- es un concepto impropio, porque en realidad la inamovilidad no existe en el Estado. El Estado tiene la forma de darse los mecanismos para despedir aquellos funcionarios públicos por determinadas razones: omisión, delito, ineptitud, son los tres elementos que se manejan para poder hacer despidos en el tema de los funcionarios públicos. Quiero aclarar esto porque en realidad el concepto es impropio el que se maneja. Y si se mira el Diario Oficial año a año, se verá allí que hay varios funcionarios públicos que son despedidos justamente producto de estas cuestiones que yo acabo de mencionar.

RUOCCO: No, son permanentes.