GOBIERNO PRESENTÓ PROYECTO DE LEY SOBRE EL SISTEMA CARCELARIO

Con el sentido medular de abrir el cauce hacia una nueva política criminal y de combatir el hacinamiento existente en las cárceles, el Ministro Díaz anunció el envío al Parlamento de la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, a la que consideró como la norma más participativa de la historia legislativa del Uruguay.

Tras mantener el acuerdo ministerial con el Presidente Vázquez, el Ministro del Interior, José Díaz, dialogó con la prensa en el Edificio Libertad, explicando el alcance de la ley sobre las cárceles remitida por el gobierno al Parlamento, que apunta a modificar sustancialmente un sistema penitenciario cuya capacidad locativa es para 3.000 personas y hoy supera largamente los 7.000 reclusas y reclusos en todo el país, dijo.

Díaz explicó que el Proyecto de Ley deroga las normas penales inflacionarias del delito establecidas por la Administración anterior, incluye una norma sobre la redención de la pena, es decir, se cambia dos días de trabajo o estudio por un día de pena; y, en tercer lugar, se introduce el instituto del arresto domiciliario.

MINISTRO DÍAZ: Compañeras y compañeros periodistas, muy buenos días. Vamos a comparecer, o estamos compareciendo aquí, para informarles con total objetividad de tres asuntos muy importantes vinculados con el Ministerio del Interior, alguno de los cuales ha tenido poca difusión y nos gustaría que se recogiera en los medios de nuestro país, por su importancia.

El martes 21, aquí, en Montevideo, en la sede Ministerial se efectuó una reunión con los Jefes de Policía de todo el país, que vinieron con representantes de los Patronatos Departamentales.

Y después de un acto inicial conjunto se hizo una división de aguas, para que funcionaran simultáneamente las dos reuniones; la de Jefes de Policía presidida por nosotros, las autoridades ministeriales, y la reunión de Patronato presidida por esa gran ciudadana que es doña Jacinta Balbela, Vicepresidente del Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados.

Respecto de la reunión con los Jefes de Policía, tenía por objetivo central hacer un balance de los cuatro primeros meses, en un ámbito de horizontalidad democrática, para balancear entre todos, para ver todas las cosas que se habían hecho en el interior de la República y aquí en Montevideo; y luego abrir también un tiempo de opiniones, donde también en forma democrática, horizontal, los señores Jefes de Policía dieron su punto de vista, ayudando a construir el plan de actividades y de desarrollo de los servicios policiales en todo el país, en el segundo semestre del año, o sea, a partir del próximo 1º de julio.

En síntesis, les quiero decir que fue una reunión extraordinariamente útil, que fortalecerá al Ministerio del Interior, la verticalidad del desarrollo de la política policial a lo largo y ancho del país.

Yo les expresé mi conformidad, por un lado, en lo que hace al relacionamiento realmente muy fecundo, muy fluido, muy respetuoso, entre las autoridades ministeriales, los jerarcas policiales y todos los demás integrantes de los distintos subescalafones del Ministerio del Interior.

Y además les manifesté nuestra conformidad con el comportamiento, con el relanzamiento de una política de creciente entusiasmo en la ejecución de las importantísimas labores de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana en la plena vigencia de los Derechos Humanos; y les dije algo más: siempre se puede más, y este segundo semestre será un semestre en donde iremos mejorando la policía, incorporando más policías ejecutivos, cubriendo todas las vacantes del personal ejecutivo que hace falta en muchos lugares, a través de un nuevo reglamento de ingreso por concurso, que por primera vez con objetividad se llevará adelante en nuestro país y así sucesivamente los demás subescalafones del Ministerio del Interior.

Respecto de la reunión de los Patronatos Departamentales, con el Patronato Nacional, esa fue una jornada de formación, de información y de ajuste de lo que va a ser el trabajo inmediato futuro de estos Patronatos, en mucho de los cuales habrá que reciclar, incorporar gente más joven, más valida para este trabajo, centrarlo en la atención y vigilancia de los encarcelados y liberados, reasumiendo la función típica de esta institución del Misterio del Interior, que, como dice el maestro Oscar Ravecca, es la parte más humana y más social del Ministerio.

En segundo lugar, informarles de la visita que dos días después, el jueves 23, realizamos al departamento de Maldonado, acompañado con esa gran Jefe de Policía que es la doctora Graciela López, ante su pueblo, ante su departamento ratifiqué la confianza en esta funcionaria ejemplar que tiene el Ministerio del Interior.

Visitamos Piriápolis, Pan de Azúcar, San Carlos y la capital, Maldonado; sobre todo hicimos hincapié en algunos barrios densamente poblados como Cerro Pelado, por ejemplo; allí visitamos no solo las comisarías, visitamos los Cuartelillos, la Comisaría de la Familia y la Mujer recientemente inaugurada en San Carlo; dialogamos con los vecinos, a veces en reuniones improvisadas frente a las Seccionales Policiales.

Hicimos una reunión, hacia el final, con el nuevo Intendente Municipal, el compañero De los Santos; con el que ratificamos la colaboración de la Intendencia Municipal al Plan Verano Azul, donde la Intendencia dispone de muchos recursos para el pago de horas de trabajo de los policías y avanzamos en otras medidas de cooperación entre la Intendencia Municipal de Maldonado y la Jefatura de Policía de Maldonado.

En resumen, fue una jornada extraordinariamente positiva; donde constaté, hablando con las comisiones de seguridad en una reunión; hablando con las fuerzas vivas al final ya, en el salón de la Jefatura de Policía, allí estuvieron las instituciones empresariales de todo tipo, el PIT-CNT, los jueces, los fiscales y otras autoridades nacionales y departamentales; en esas reuniones constaté el grado de preocupación que la ciudadanía tiene por los problemas que existen en materia de seguridad y que recorre todo el país, y que son también el centro de las propias preocupaciones ministeriales.

Pero les puedo decir que constate, en esa visita a cuatro importantes localidades de Maldonado, una actitud extraordinariamente positiva de los funcionarios policiales, de los Comisarios, de los encargados de las Comisarías, un entusiasmo extraordinario para cumplir a veces con pocos recursos humanos, las responsabilidades que tiene y no sentí de la población ninguna crítica hacia el servicio policial y al contrario recibí muestras de beneplácito por la labor que vienen desarrollando, encabezados -repito- por esa gran Jefe de Policía que es la doctora Graciela López.

Y ahora paso al tercer punto. Yo les había dicho que cuando la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, una de las tantas medidas para combatir la crisis humanitaria brutal que hemos recibido –y que aún estamos lejos de superar- lo iba a hacer en una rueda de prensa para que la información fuera vertida en forma igualitaria, para evitar que ustedes trabajen muchas veces con informaciones parciales, equivocadas, a veces comiéndose algún garrón, alguna chatarra informativa.

Aquí mismo se les va a entregar ese Proyecto de Ley que, como yo lo he venido sosteniendo, es la ley más participativa de la historia parlamentaria del Uruguay, porque la empezamos a construir entre operadores penitenciarios y asociaciones humanitarias, ya en el hotel Presidente, naturalmente invitamos a compañeros de nuestra fuerza política.

Pero ya al asumir y avanzar en un primer borrador, consultamos a todos los operadores ya en forma institucional, desde la Suprema Corte de Justicia hasta nuestro Patronato de Liberados y Encarcelados; asociaciones, profesionales, magistrados, fiscales; en fin, las instituciones de la Universidad de la República, el Instituto Uruguayo de Derecho Penal, y de todos ellos recibimos el beneplácito general, con algunas diferencias, y sobre todo lo más rico, con sugerencias para mejorar ese borrador.

Y el Proyecto de Ley que acabamos de firmar en el Consejo de Ministros, recoge muchas de esas sugerencias, sugerencias coherentes con el espíritu del primer borrador de Proyecto de Ley.

¿Cuál es el sentido que tiene esta ley? Esta Ley procura abrir el cauce hacia una nueva política criminal en el Uruguay que apueste al tratamiento, a la rehabilitación, a la educación y al trabajo y no que apueste a la función, sobre todo a la política punitiva contra los pobres, que ha generado esta situación de violación de los derechos humanos de la que no nos ha sido fácil salir.

Sabíamos que nos iba a costar mucho tiempo de trabajo y esta Ley es un pedacito así de todo lo que el Ministerio viene haciendo en las múltiples actividades que tenemos que acometer, soluciones concretas, actos de administración y de gobierno concreto, para ir rompiendo la estructura inhumanitaria que hoy rige en nuestras cárceles, combatiendo el hacinamiento con más alojamiento, entre otras cosas; trabajando para crear un hospital penitenciario que hoy no existe; trabajando para que las instituciones de la enseñanza, en una comisión especial en el Ministerio, comiencen a gestar la nueva política de educación dentro de las cárceles.

El trabajo virtuoso con el Ministerio de Salud Pública y todas las instancias de salud, incluido las estudiantiles, para que cooperen con el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Cárceles para lograr tener un tratamiento de salud adecuado, etcétera, etcétera.

Pero vayamos a la ley. La ley tiene como sentido medular el abrir el cauce hacia una nueva política criminal y ha llevar a combatir el hacinamiento infernal que heredamos, en donde un sistema que tiene capacidad –yo lo he dicho muchas veces- para 3.000 personas alojadas, hoy supera largamente los 7.000 reclusas y reclusos que hay en el país; y con eso va dicho de la tremenda situación en que se encuentra y en la imposibilidad de poder aplicar políticas de tratamiento, de rehabilitación, como manda la Constitución de la República hace añares y que nadie ha cumplido, lejos de haberlo cumplido crearon las condiciones para hacer imposible el cumplimiento del propio mandato constitucional.

¿Cuáles son los aspectos fundamentales de esta ley? Yo lo divido en dos capítulos.

Primero, el que apunta a responder al propio sentido de la ley; decimos que la Ley abre cauces para una nueva política criminal, de la siguiente manera: se deroga las normas penales inflacionarias del delito de la Administración anterior y que tienen una cuota de responsabilidad muy amplia en el hacinamiento brutal que hoy tenemos.

En segundo lugar, incluimos el moderno instituto de la redención de la pena, por trabajo y estudio, con lo que se logra una doble virtud: por un lado, estimular que el recluso realmente estudie y trabaje y naturalmente que eso será mérito para irle reduciendo la pena, dos días de trabajo o estudio por un día menos de pena.

En tercer lugar, incorporamos un instituto, el del arresto domiciliario, que ya se aplica en muchos países del mundo, Argentina incluido, no sólo los países avanzados de Europa; aquellas personas con más de 70 años, aquellos que tengan enfermedades tales como la enfermedad del SIDA u otras enfermedades terminales; las mujeres embarazadas, etcétera, estarán comprendidas en este beneficio aunque estén procesadas, aunque tengan condenas, puedan cumplirla en su casa mediante el sistema del arresto domiciliario.

Por otro lado, en cuarto lugar, esta Ley le da mayores cometidos al Patronato Nacional y a los Patronatos Departamentales, algo ya les dije; los que salgan en libertad provisional o anticipada serán atendidos antes de salir y durante la primera etapa de su liberación por el Patronato, para que les de programas de asistencia, vigile el cumplimiento de los programas de asistencia, incluido lo que les va a tocar seguramente del Plan de Emergencia Social, que nos permita que un mayor número de liberados, de procesados, no vuelvan a delinquir porque la bondad de un sistema penitenciario es la de aquel que cuando sale la persona en libertad salga mejor, no reincida, y no salga peor -como ahora- porque las cárceles en las condiciones actuales son una verdadera universidad del crimen.

También, por esta Ley, se establece que los contratos que haga el Estado de obras públicas, en las concesiones de obras públicas, una exigencia para el oferente sea que el 5% del personal obrero que tome debe sacarlo de la bolsa de trabajo del Patronato; el Patronato tiene una bolsa de trabajo, el problema que tiene poco trabajo que ofrecer y por esta vía también le vamos a dar una posibilidad virtuosa al Patronato, para que aquellos que salen con oficios, que salen con estudio, puedan tener un lugar útil y presentado que sea por el propio Patronato Nacional, para darle todas las garantías al empleador y al empleado –en este caso un liberado- de que la relación de trabajo va a funcionar.

Algo se ha hecho ya con algunos Centros Comunales en esta materia y los resultados del personal propuesto por el Patronato en esas unidades de trabajo de algunos Centros Comunales, ha sido realmente excepcional.

Y, por último, en este mismo camino de modernizar y humanizar el sistema criminal uruguayo, se integran por esta Ley dos comisiones: una comisión para la reforma del Código de Proceso Penal, del que siempre se habla y del que se ha hecho nada; y también la reforma del Código Penal que ya tiene más de 70 años de vida.

En el primer caso, aspiraríamos -desde el Ministerio del Interior- de que rápidamente se promulgue una ley minimalista en materia de Proceso Penal, en el camino de una reforma mayor, porque efectivamente el sistema procesal penal uruguayo es una rémora, es un atraso; impide que muchas veces gente, que están en condiciones de ser libres, aún el sistema las mantenga en cautiverio.

Vale decir, que el Estado es infractor en esta materia, tan grave, de no darle libertad por problemas procesales penales a aquellos que ya deberían estar en libertad.

La segunda parte justamente de la Ley, es la que trata del tema más difundido y más desinformado de todos que es el tema de las libertades anticipadas y las excarcelaciones provisionales.

Lo que dije hace un momento, esta Ley lo que trata es de remover los obstáculos que hacen imposible todavía, por los atascos del sistema procesal uruguayo, de que personas que ya deberían estar en libertad no están, se mueven esos obstáculos para que la persona realmente pueda salir en libertad.

¿Qué precedentes tiene esta idea? Yo cuando vine al Parlamento, por primera vez, expliqué que en ese borrador habíamos incluido textualmente el antecedente de una Ley del año 85, primera Administración de Sanguinetti, que votamos casi todos; yo pensé que lo habíamos votado todos los parlamentarios de entonces, pero además tiene precedentes internacionales.

Yo acá les voy a leer dos líneas nada más, no se asusten, para decirles que la liberación anticipada -como mecanismo para enfrentar el hacinamiento carcelario y disminuir la sobrepoblación- ha sido recomendada por el grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y fue en el grupo de trabajo en ocasión de la visita Argentina año 2003 y por el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, del King’s Collage de Londres, entidad especializada en temas penitenciarios de amplio reconocimiento a nivel internacional.

Asimismo, en la Argentina, concretamente en la Provincia de La Plata, se han iniciado acciones frente a la Corte Suprema de Justicia por la violación del cupo legal en los establecimientos penitenciarios.

¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue el criterio que nosotros establecimos en este Proyecto de Ley que hoy hemos firmado?

Ahí también recogimos sugerencias útiles, coherentes de los operadores penitenciarios.

Por ejemplo, de los fiscales establecimos una división de aguas entre delitos de menor entidad, aquellos que llegan a tres años de penas de penitenciaría, de los delitos de mayor entidad, los que tienen una pena más allá de los tres años de penitenciaría.

A los primeros, más leves, se hace receptiva su libertad si han cumplido la mitad de la pena; aquellos que tiene delitos mayores se les exige más tiempo de cumplimiento de la pena, las dos terceras partes.

Pero no todos salen al mismo tiempo; ahí aceptamos una propuesta de la Suprema Corte de Justicia que establecía la salida de todos, naturalmente, pero de forma gradual, de forma que el Patronato no se viera desbordado de responsabilidades de contención, de asistencia y de vigilancia de cada uno de los reclusos que obtengan por esta vía la libertad.

Serán, números más números menos, un diez por ciento de los que actualmente están privados de libertad, algo así como setecientas personas.

Hemos reforzado los Patronatos, para eso hicimos la reunión, le hemos dado más recursos, les seguiremos dando más recursos para que puedan cumplir a cabalidad sus funciones.

Y ustedes van a ver, cómo esa tasa infernal, impresentable, del cincuenta por ciento de reincidentes que hoy tiene el país, porque todos los días están saliendo por libertad anticipada o provisional, muchos, muchas personas, muchos compatriotas, pero el grueso, el cincuenta por ciento, vuelve a reincidir; ustedes van a ver que por este procedimiento más humanitario, más moderno, más de participación de la ciudadanía en la temática de carácter penitenciario y en la temática de la seguridad pública, ustedes van a ver que ese porcentaje lo vamos a abatir significativamente.

Porque de lo que se trata, para defender la seguridad ciudadana, es que haya cada vez menos delincuentes y que aquellos que tienen que entrar como última razón en las cárceles, salgan mejores y no salgan peores como ahora.

Esta Ley, además, establece excepciones; no todos los que tengan la mitad de la pena, o las dos terceras partes, van a salir en libertad porque hay excepciones a esa regla y en ellos están los delitos contra las personas; hemos privilegiado los delitos, los encontramos más graves cuando le hacen perder la vida a un ciudadano, o cuando le dejan una lesión grave o muy grave. Entonces, los delitos con estas características no se verán beneficiados de estas liberaciones excepcionales, que por una sola vez se van aplicar.

Y también aquellos delitos que son graves para la sociedad, que han creado alarma pública en la sociedad; muchas veces vinculados a los delitos contra la Hacienda Pública y como es público y notorio en los últimos tiempos, en forma periódica, un núcleo reducido de grandes capitalistas saqueaban al país a través del sistema financiero y bancario; estos no tendrán el beneficio ni de la liberación anticipada ni de la excarcelación provisional.

Ahora, como ustedes comprenderán, el proyecto ya no nos pertenece; ahora le pertenece al Poder Legislativo, allí se hará el debate que yo deseo fecundo, participativo, plural, en donde finalmente pueda salir esa gran Ley que un país moderno y progresista como el nuestro se merece.

Y decirles un apuntecito más: hoy firmamos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dos convenios importantes en esta misma dirección, el convenio para poner a punto, para terminar la cárcel de San José, la actual está en condiciones impresentables, y otro convenio para reciclar el carcelaje semidestruido de Libertad, que nos permitirá con un millón de pesos de nuestro rubro de inversiones conseguir 700 alojamientos más decentes, para las reclusas y los reclusos de nuestro país.

Y subrayo esta cantidad y este resultado, porque no hace mucho tiempo -y esto está sujeto a investigación- para tener 500 plazas en esos container, de un metal todavía no bien definido, se gastaron cuatro millones de pesos en el mismo recinto de la cárcel de Libertad. Muchas gracias.

MINISTRO DIAZ: Yo esta mañana, antes de venir, no recibí información nueva. De tardecita noche, el Director Nacional de Cárceles nos informaba que la situación estaba bajo control; que por razones de seguridad, ante pequeñas incidencias que habían ocurrido, se suprimieron las visitas del día domingo; se estaba parlamentando con los familiares explicándoles las razones de lo que allí había ocurrido; de tal forma, que yo me pude acostar con la tranquilidad de que Libertad estaba en orden. Esperemos que en las próximas horas se restablezca totalmente la normalidad.

MINISTRO DIAZ: Para nada. La firma de este proyecto ya se determinó en una reunión que yo mantuve con el señor Presidente de la República. No había ningún indicio de ninguna situación en ningún lado. Naturalmente, esperamos al día de hoy para que los demás Ministros firmaran el Decreto y darlo a conocer aquí, como lo estoy haciendo ahora, en un régimen de total igualdad ante todos los medios de comunicación del país.

MINISTRO DIAZ: En principio sale así; es una disposición además facultativa del Poder Judicial, no es preceptiva. Son los jueces actuantes los que determinarán si corresponde o no la aplicación de esta modalidad de reclusión, porque las personas con esa edad o con esa característica si son procesadas son procesadas y si son condenadas serán condenadas; simplemente, en lugar de reclusión a partir de esas condiciones -más de setenta años de edad, etcétera- el juez podrá permitirles cumplir la reclusión en su propia casa.

MINISTRO DÍAZ: No; eso ocurre en todos los países. Aquí mismo, en Argentina, ustedes han visto que esto se practica normalmente y está asumido por la propia sociedad argentina sin ningún problema.

MINISTRO DÍAZ: De ninguna manera. Nosotros, con los operadores penitenciarios pensamos en perspectiva digamos científica de mejoramiento, de modernización del sistema penitenciario; nunca se piensa en nombres propios, más allá de que a la hora de reclamarse como se reclamaba que no todos los que estaban comprendidos en los dos tercios, o en la mitad de la pena y demás, salieran. La ley del 85 fue general, o sea, no puso excepciones; pero ustedes recordarán que muchos sectores parlamentarios, incluso algunos sectores parlamentarios de nuestro Frente decían que ese beneficio así general no era totalmente justo, que había que poner excepciones; que había que impedir, aunque fuera por una sola ve z como es en este caso el beneficio, lo pudieran de alguna manera utilizar, disfrutar, aquellos que había cometido delitos muy graves o contra las personas, o contra la sociedad.

Y es en ese sentido de que hay una cantidad -yo no los memorizo a todos- de delitos que los que lo han cometido no van a poder salir por este mecanismo preceptivo de la Ley, por estas liberaciones anticipadas y provisionales, preceptivas, que marca el Proyecto de Ley.

MINISTRO DÍAZ: Yo lo expliqué, léalo señor periodista con tranquilidad. Aquellos que han cometido delitos de menor entidad, con penas de tres años de penitenciaría hacia atrás, digamos, a esos sólo se le requerirá la mitad de la pena cumplida; y los que han cometido delitos de más de tres años de penitenciaría se les exigirá, para otorgarles esta libertad excepcional, por una sola vez, las dos terceras partes.

Es una combinatoria de los criterios que, si mal no recuerdo, nos arrimó la respuesta, el comentario, de la Asociación de Magistrados Fiscales, adecuados naturalmente al sentido ese de la Ley que queríamos que cumpliera esa doble finalidad tan importante de modernizar y ayudar a combatir el brutal hacinamiento que hoy aun tenemos en nuestro país.

MINISTRO DÍAZ: No hay; uno de cada diez saldrá.

27/06/05 - PODER EJECUTIVO ENVÍA CONJUNTO DE MEDIDAS SOBRE SISTEMA PENITENCIARIO