GOBIERNO REGLAMENTÓ EL INGRESO A LA POLICÍA POR CONCURSO

Con el fin de fortalecer el papel de la policía como custodia del orden público, de la tranquilidad ciudadana y de la vigencia de los derechos humanos, el Presidente Vázquez -en acuerdo con el Ministro Díaz- firmó un Decreto que reglamenta el ingreso mediante concurso a los cuadros de la Policía Ejecutiva en nuestro país.

"Queremos una policía cercana a las ciudadanas y a los ciudadanos, querida por ella y al mismo tiempo servidora de esa sociedad", dijo el Ministro del Interior, José Díaz, al explicar el alcance del acuerdo ministerial firmado con el Presidente de la República.

Díaz señaló que dicha iniciativa comprende también una mejor distribución de los cuadros policiales, que "por distintas modalidades del prebendalismo político partidario fueron ubicándose en lugares superpoblados de funcionarios, que nadie controlaba y dejaban muchas veces desmanteladas a las Comisarías como ocurrió en el último período en la zona Metropolitana, especialmente en la ciudad de Montevideo".

Según explicó, el nuevo reglamento de ingreso de la Policía Ejecutiva, mediante concurso, significará que "se acabará definitivamente en este Subescalafón -y así sucesivamente en los demás Subescalafones- el ingreso clienteral y que será sustituido por el ingreso por concurso, con pruebas no sólo física de aptitud para el trabajo policial, que sí lo requiere, sino también una mayor exigencia y oposición en materia cultural".

Díaz también realizado algunas precisiones respecto al Proyecto de Ley sobre Humanización y Democratización del Sistema Penitenciario Nacional, que ahora está a estudio en el Parlamento.

MINISTRO DÍAZ: Bien, compañeras y compañeros periodistas, muy buenos días. He venido básicamente para informarles, a todos por igual, de una nueva primicia del Ministerio del Interior respecto de un tema doblemente significativo para la población, para las vecinas y para los vecinos, y para el desarrollo futuro de esa Policía Nacional que todos queremos no sólo más eficiente, sino modernizada, democratizada, ganada por el espíritu civil que prestigió a la vieja Policía Nacional; una policía cercana a las ciudadanas y a los ciudadanos, querida por ella y al mismo tiempo servidora de esa sociedad.

Acabamos de dejar a punto, y ya firmado, debidamente controlado por los departamentos jurídicos del Ministerio y de la Presidencia de la República, el Decreto con un nuevo reglamento de ingreso de la Policía Ejecutiva en nuestro país, mediante concurso; con lo que se acabará definitivamente en este Subescalafón, y así sucesivamente en los demás Subescalafones, el ingreso clienteral que será sustituido por el ingreso por concurso, con pruebas no sólo físicas de aptitud para el trabajo policial que sí lo requiere, sino también una mayor exigencia y oposición en materia cultural.

A partir de ahora el Agente de 2ª que es por donde se ingresa, por el grado más bajo se ingresa a la policía, se hará por concurso entonces; con pruebas físicas y con pruebas culturales.

En esto también quiero decirles que para inscribirse ahora se exigirá también para este personal, para el Agente de 2ª, tener el ciclo completo de Enseñanza Secundaria; con lo que también aseguramos que, luego de pasar todas las pruebas, se ubicarán por un orden de precedencia según el puntaje de la prueba física y de la prueba cultural y, el Decreto así lo determina, se hará finalmente la prueba sicológica y médica. Habrá una Comisión también, aparte del Tribunal de Concurso, finalmente una Comisión de Selección que podrá hacer sugerencias al Ministerio; pero allí habrá una lista de precedencia en función de los méritos, producto de ese concurso objetivo, única manera a partir de ahora de ingresar a la Policía Nacional.

Luego haremos otros decretos para los otros Subescalafones del Ministerio del Interior.

Pero ahora lo que queríamos proveer, porque hay una necesidad pública de ello, es de más personal ejecutivo.

O sea, aquí no ingresará personal administrativo ni personal especializado, ni personal técnico por esta vía, sino que solamente el concurso será para cubrir las vacantes del personal ejecutivo y nosotros somos concientes de que en algunas Jefaturas hay necesidad de más personal ejecutivo.

Y esta no es la única manera que venimos reforzando la presencia policial en las distintas dependencias y en las distintas jefaturas de policía, sino que también desde el comienzo estamos en una estrategia de racionalizar el personal del Ministerio del Interior.

Nosotros que empezamos con un casco ministerial -yo lo he dicho más de una vez- con 1200 funcionarios, hoy quedarán 500/600 funcionarios; eso quiere decir que los demás fueron a cubrir los destinos correspondientes.

O sea, que también fortaleceremos el papel de la policía como custodia del orden público, de la tranquilidad ciudadana, de la vigencia de los derechos humanos, también distribuyendo mejor a la policía que, por distintas modalidades del prebendalismo político partidario, fueron ubicándose en lugares superpoblados de funcionarios que nadie controlaba y dejaban muchas veces desmanteladas a las comisarías como ocurrió en el último período en la zona Metropolitana, especialmente en la ciudad de Montevideo.

Además decir dos o tres cosas respecto de una ley, de un Proyecto de Ley, el de Humanización y Democratización del Sistema Penitenciario Nacional, que ahora ya está en poder del Parlamento y por consiguiente serán los parlamentarios los encargados de discutirla, ajustarla y finalmente, espero yo, sancionarla.

Decir que esta Ley es la ley más participativa de la historia parlamentaría parece que es decir algo indiscutible, porque la empezamos a preparar con el contenido fundamental que sigue teniendo en el Hotel Presidente, convocando a todos los operadores penitenciarios, los conocedores del tema, de nuestra filiación partidaria.

Pero cuando asumimos el Ministerio, entonces, llegamos a un primer borrador que no comprometía a la opinión final del Ministerio, eso decía la carta que acompañaba el borrador para consulta de la Suprema Corte de Justicia, de las organizaciones de Magistrados, de Fiscales, Patronato, Instituto Uruguayo de Derecho Penal, etcétera, etcétera.

Ese borrador fue enviado para consulta, pero nosotros no consultamos para después hacer lo que queramos, sino consultamos para recoger las mejores sugerencias; que fueron llegando en distintos tiempos y que nos fueron permitiendo pausadamente llegar al proyecto final, que no tuvo ningún párate ni siquiera acá en la Casa de Gobierno, porque cuando aquí llegó, cuando hace dos tres semanas el Ministerio lo puso a punto, aquí también se trabajó, aquí también se buscó el asesoramiento debido.

Y cuando el Proyecto de Ley fue firmado el lunes pasado y yo lo di cuenta en una conferencia como ésta, estábamos presentando un Proyecto al Parlamento que no tuvo paréntesis, que no tuvo parate, que no tuvo cajoneo ninguno, sino un trabajo de elaboración conciente que nos permite decir que este Proyecto, realmente de humanización y modernización del sistema carcelario, aporta un avance de una nueva política criminal en el Uruguay que apuesta a la rehabilitación y no a la conversión entre las cárceles, como hoy ocurre, en un depósito inhumano de seres humanos que por su hacinamiento no están en condiciones de ser rehabilitados.

Lo fundamental de esta Ley, lo permanente de la Ley son las formas que crean la redención de la pena por trabajo y estudio, que cuenta con la amplia mayoría de la opinión pública, incluso en la reciente encuesta de Equipos Consultores.

Cuenta también con la potenciación de un Patronato, a quien le estamos ya dando los funcionarios de más que nos piden, psicólogos y asistentes sociales, algún personal administrativo, algún abogado más, sino que también estamos en condiciones de decir que los recursos que ellos nos han solicitado serán satisfechos con rubros que tiene el Ministerio.

Esta Ley también trae una deflación punitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que se derogan normas que son las responsables de la suba de la curva de reclusos inhumanamente alojados en depósitos inhumanos que son las cárceles.

Esta Ley, entonces, va a volver a un sistema de nuestro Derecho Penal equilibrado, con un buen equilibrio punitivo; en donde las cosas, sobre todo los delitos contra la propiedad, no tienen una baja penalidad, sino una severa penalidad.

Nosotros volvemos a ese sistema equilibrado de los tiempos anteriores, a las leyes que se jugaron al encarcelamiento como solución a los problemas de la seguridad y eso creó aún más inseguridad, como lo sabe la población que hoy nos está escuchando.

Y también esa Ley trae otras normas de carácter permanente, yo voy a citar sólo una más: la creación de un centro de atención a las víctimas del delito y de la violencia.

Muchas veces la gente dice "se preocupan de los derechos humanos de los presos y no de los derechos humanos de las víctimas".

Por primera vez en el Uruguay se legisla en la materia y esto está incluido en esta Ley; pero no sólo la creación como un saludo a la bandera, sino que se dispone en esta Ley que una Dirección Nacional, que tiende a ser suplida por este centro, desde ya tendrá el cometido de cumplir las funciones de este centro de atención a las víctimas de la violencia y del delito, como es la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito que era una Dirección Nacional del Ministerio del Interior, que es todavía una Dirección Nacional.

Y que empieza a no tener sentido cuando este gobierno crea un Ministerio de Desarrollo Social, que es el encargado precisamente de aplicar políticas de prevención social en el Uruguay, en términos generales.

De forma, entonces, que esta dirección del Ministerio del Interior, que tiene equipos de psicólogos, de asistentes sociales, sociólogos, abogados, etcétera, etcétera; desde la promulgación de la Ley ya está preparada para cumplir las funciones del centro de atención a las víctimas del delito y la violencia.

Eso era, lo que tenía que decirles a ustedes, para señalar lo principal y no lo secundario.

MINISTRO DIAZ: Sin duda, que el reciclaje, la formación permanente está en la óptica de la nueva política formativa del Ministerio del Interior. Y a través de la Escuela Nacional de Policía y de las escuelas departamentales que seguramente las haremos regionales para hacerlas mejores, así se planteará la formación de las personas que han egresado de la Escuela Nacional y de las escuelas departamentales; para que en lo físico, en lo cultural también, en cada etapa –no sólo en los ascensos de grados que también son un impulso a la formación del policía- vayan mejorando la capacitación del policía, porque más que en la cantidad tenemos que confiar en la calidad del servicio policial y eso es lo que debe ser objeto de preparación y de mejoramiento permanente; formación permanente, también en la Policía nacional.

MINISTRO DIAZ: A nosotros siempre nos parece que una ley cuanto más respaldo tenga, es mejo y nos hemos jugado al respaldo de esta Ley. Y yo puedo decir, con satisfacción, que la inmensa mayoría de la Cátedra, la inmensa mayoría de los operadores penitenciarios, apoyan esta Ley.

Yo lamento mucho, naturalmente, que nuestros adversarios políticos a nivel parlamentario estén haciendo manifestaciones en forma pertinaz contra la ley. Y lamento que no tengan en cuenta la capacidad de diálogo, de flexibilidad, de oídos abiertos a todas las demandas de la sociedad que nosotros hemos tenido en esta materia.

Incluso, algunas cosas que a ellos les preocupaban cuando nos convocaron a nosotros a la Comisión de Constitución y Código integrada con Derechos Humanos, inmediatamente después de Semana de Turismo, de Semana Santa, allí se hicieron manifestaciones críticas, muchas de las cuales nosotros recogimos; como por ejemplo en materia de definir una cantidad importante de delitos que quedaban excluidos de este beneficio excepcional, por una sola vez, que otorga esta ley en materia de libertades anticipadas y de libertades provisionales; repito, por una sola vez, en aquellas situaciones anteriores al 1º de marzo de 2005.

Esta no es una ley, o estas normas no son permanentes; es una norma absolutamente excepcional, accidental.

Lo permanente son las normas a las que yo me referí: redención de la pena, centro de asistencia a las víctimas del delito y de la violencia, etcétera, etcétera; esas son normas permanentes, en cambio ésta es una norma totalmente accidental.

MINISTRO DIAZ: Mire, nosotros creamos -como también he tenido oportunidad de informar- muchas comisiones asesoras honorarias en materia de seguridad y una de ellas es la Comisión de Seguridad en los Deportes; incluso ha salido una publicidad de ese punto de vista: "No a la violencia en el deporte".

Y la primera prueba, digamos, del trabajo de esta Comisión la dimos cuando el último clásico de fútbol, en donde se desarrolló a pesar de la afluencia importante de público con total normalidad. Han ocurrido episodios menores en algunas contiendas deportivas últimas que no generaron mayores problemas, más allá de que esta Comisión de Asesoramiento es la encargada, justamente, de poner a punto todas las iniciativas que hay en esta materia.

Y, naturalmente, nuestros parlamentarios -que están trabajando muy intensamente- son los encargados de impulsar todas aquellas medidas legislativas que puedan mejorar realmente la seguridad en los deportes.

Pero nosotros sí estamos persuadidos de que nuestra muy competente Dirección de Seguridad, encargada justamente de coordinar a la policía Metropolitana, está en condiciones de poder llevar adelante -sobre todo en los mega-espectáculos- una política de servicio policial acorde con las necesidades de un momento especialmente complicado no sólo aquí en nuestro país en materia de violencia deportiva, sino en otras partes del mundo.

MINISTRO DÍAZ: Bueno, eso no me corresponde a mí juzgar. Yo simplemente ratifico esta posición en el sentido de que, a pesar de que nosotros hicimos los máximos esfuerzos por dialogar con todos los sectores no sólo los operadores penitenciarios, sino los operadores políticos, lamento que aún estén en una posición resistente.

Pero también estoy convencido de que en el ámbito en donde se pueden lograr los más amplios acuerdos, los mayores niveles de aprobación de una ley, están en el Parlamento; no están fuera del Parlamento, no están en el Poder Ejecutivo, más allá del esfuerzo que este Poder Ejecutivo hizo en torno a esta gran Ley, pero está el Parlamento y no podemos desconsiderar esa posibilidad de que nuestros parlamentarios en el debate fecundo, desprejuiciado, artículo por artículo, puedan lograr -si no en todos en buena parte del articulado- un respaldo mayor de otros parlamentarios.

Yo todavía tengo la confianza, apelo a la sensatez de todos para lograr una gran ley, como es esta, con el mayor respaldo posible.

Y si después hay sectores de la sociedad que puedan utilizar el mecanismo de la democracia directa, en este caso cómo nosotros que desde toda la vida, desde el primer proyecto de reforma constitucional que se presentó al país en la Constituyente del 17-19, nuestros constituyentes -encabezados nada menos que por el doctor Emilio Frugoni- defendieron a capa y espada esta forma de ejercicio de la democracia a través del referéndum; incluso oponiéndola como forma de que la soberanía popular pueda rectificar a los representantes de esa soberanía en materia de ley, opuso la ventaja de este principio de democracia directa al veto que es la oportunidad que tiene el Poder Ejecutivo, o una sola persona, de poder dejar sin efecto lo que los representantes de la soberanía popular -es decir, los legisladores-hubieran aprobado en torno a la sanción de una ley.

¡Si le daremos importancia nosotros al principio de la democracia directa! Respetaremos, naturalmente, a los sectores de la sociedad que puedan ejercer contra un proyecto de ley aprobado por nuestro Parlamento, o promulgado por nuestro gobierno; ¡cómo no vamos a ser respetuosos del ejercicio de este principio tan importante de la democracia, de este instrumento tan importante de la democracia directa, como es el referéndum y el ulterior plebiscito.