El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, recibió en la Residencia de Suárez a los representantes de CRYSOL, la Asociación de ex Pres@s Políticos, quienes le presentaron un Proyecto de Ley para la modificación de la actual Ley Jubilatoria, para que ampare a todos los ex presos políticos, a los exiliados y a los que estuvieron en la clandestinidad.

La delegación estuvo integrada por: Silvia Yaport, Chela Fontora, Gastón Grizoni, Jorge Barboza y Alberto Lorier.

FONTORA: Bueno, el motivo de la reunión con nuestro Presidente, fue la entrega de un Proyecto de Ley que ampare a todos los ex presos políticos, también a los exiliados y a los que estuvieron en la clandestinidad.

Este Proyecto va en sustitución de la Ley 17.449 que había sido designada por el gobierno del doctor Batlle.

FONTORA: Bueno, en realidad fue bárbaro porque lo tuvo muy en cuenta y va a reunirse en breve, en un par de días con las autoridades del BPS y del Ministerio de Trabajo para empezar a discutir y resolver sobre esta Ley.

GRIZONI: El Proyecto de Ley que nosotros hemos presentado al compañero Presidente, refleja las aspiraciones que tenemos quienes fuimos presas políticas y presos políticos durante la dictadura. Implica una modificación sustancial de la Ley 17.449, que omitía considerar básicamente que quienes padecimos la prisión política, fuimos víctimas directas del terrorismo de Estado, entre otras cosas. La Ley 17.449 era un Proyecto sumamente limitativo y mezquino, en la medida que no contemplaba a todos aquellos que eran jóvenes, que eran estudiantes, que fueron detenidos mientras trabajaban en forma informal, etcétera, etcétera.

Entre otras cosas, proponemos en nuestro Proyecto que se contemple esta situación, de que se reconozcan ampliamente los años en los cuales nos vimos impedidos de aportar previsionalmente, que se contemple y se tenga en cuenta toda la realidad de lo que significó la prisión política en el Uruguay, que significó no realizar aportes, pero también fue una detención ilegal, fue una detención en donde primó la tortura y los tormentos síquicos, donde primaron condiciones de detención degradantes, y donde hubo 20 años de omisiones por parte del Estado, en reconocer esta situación que se pretende ahora modificar.

GRIZONI: Según las declaraciones que en su momento hizo el presidente del Supremo Tribunal Militar, el Coronel Ernesto Silva Ledesma, hubo 4.933 personas procesadas por la Justicia Militar, desde el ámbito de lo que fue la prisión política, pero este Proyecto incluye también a quienes estuvieron exiliados y a quienes sobrevivieron en la clandestinidad durante el período del terrorismo de Estado.

GRIZONI: No, a las 14:00 horas nos vamos a concentrar y vamos a hacer entrega formal del Proyecto de Ley al Prosecretario de la Presidencia.

FONTORA: Y además, vamos a informar a los compañeros que están allí esperándonos.

GRIZONI: Bueno, eso es imposible de determinar, nosotros lo que podemos definir con precisión es los que fueron procesados por la Justicia Militar.

Si no hay más preguntas les damos las gracias a todos.

LORIER: Ya fueron reparados por los sectores públicos, la Enseñanza, eso hay que restarlo, eso ya está resuelto su problema, a ese número que se dijo.

Y yo quisiera agregar una cuestión: el compañero ha expresado muy bien las condiciones que normalmente no tendrían por qué tipificarse como causal jubilatoria, pero en este caso sí, porque nosotros perdimos nuestros oficios, mientras estábamos presos perdimos años de vida ahí, mientras nosotros estábamos presos la tecnología avanzó, y cuando salimos muchos de nosotros quedamos imposibilitados de trabajar, por lesiones físicas o síquicas, y otros salimos con el estigma, y fueron reales las dificultades para poder tener un empleo con aportes jubilatorios que nos permitieran haber tenido una situación normal. Es decir, como que se nos obliga a correr una carrera saliendo de 10 kilómetros de atrás.

Y la mayoría de los compañeros tuvo que trabajar en negro, y nadie, ni aún los compañeros que le fue mejor -salvo algunas excepciones- puede llegar a los 35 años que exige la actual Ley Jubilatoria. Por eso nosotros pedimos que el solo hecho de haber estado preso, independiente de la edad que tengamos y de los años que hayamos estado, configure la causal jubilatoria y eso sea una jubilación que nosotros no le ponemos cifra, sino que sea justa y digna.