MINISTRO ARANA: Amigos, hoy como ya se ha afirmado se celebra el Día Mundial del Hábitat. Como todos los años el primer lunes del mes de octubre esta consagrado a reflexionar sobre la situación de los asentamientos humanos y el derecho de todos a una vivienda adecuada así como a reflexionar acerca de la responsabilidad colectiva sobre este problema en el mundo presente. El lema adoptado para este año refiere a los objetivos de hace cinco años atrás, el desarrollo del milenio y la ciudad, este lema ha sido elegido para recordarnos que en el año 2000 los dirigentes de todo el planeta, reunidos al inicio del nuevo milenio se comprometieron a lanzar un ataque concertado contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, contra el agua contaminada, contra la enfermedad y contra la degradación urbana y la contaminación ambiental al tiempo que adoptaron un conjunto muy importante de propósitos. El lema elegido para este año subraya el papel asumido por nuestro Ministerio de procurar el mejoramiento de la calidad de vida de las uruguayas y los uruguayos de todo el país. Desde esa perspectiva el Ministerio aspira a constituirse en el organismo generador de políticas públicas democráticas transparentes, participativas en materia de habitad que contribuyan a un desarrollo económico y social ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado y al mismo impulsar acciones que faciliten no solamente el acceso sino además la permanencia en una vivienda digna. Nuestro Ministerio hace suyo el propósito expresado en el año 2000 por los Jefes de Estado de todo el mundo de no escatimar esfuerzos para liberar a nuestros semejantes y es una cita textual "hombres y mujeres y niños de las condiciones adyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema" y a empeñarnos en hacer realidad para todos aquellos el derecho al desarrollo y a ponerlos al abrigo de la necesidad propósitos sin duda ambiciosos, pero insistimos, perfectamente alcanzables y si somos capaces de convocar con amplitud de miras la participación de todos para actuar en conjunto, con un criterio sensible y solidario. Estamos sentados en esta mesa, y también aquí en esta Asamblea que hoy nos reúne, estamos sentados quienes tenemos una alta responsabilidad: actuar para construir, proteger y mejorar el hábitat de los uruguayos, desde la óptica del ordenamiento territorial, la vivienda decorosa, el medio ambiente, el saneamiento y el acceso al agua potable.

Qué mejor ocasión para rendir cuentas a todos de las tareas realizadas en estos pocos meses y por qué no señalar algunos de nuestros compromisos en el futuro. Analicemos primero el área de la vivienda: el actual marco político y económico del país, en ese marco, el centro de nuestras preocupaciones es cómo dar respuesta a una profunda crisis habitacional no solamente en el acceso -insistamos nuevamente- sino también en la permanencia de la familia en su vivienda.

El Plan Quinquenal de Vivienda 2005-2009, actualmente en distinción en el Parlamento, analiza especialmente esta problemática y pauta algunas líneas básicas para dar respuesta.

Existen -según la fase 1ª del Censo del año 2004- 100.000 viviendas vacías en el país; esta cifra es similar al déficit de viviendas calculados para este quinquenio, por ello nos proponemos al respecto generar las políticas activas para poner en juego este stock de viviendas al alcance de las familias uruguayas, particularmente de las 45 mil, 45 mil familias que están esperando acceder el mercado de alquileres.

En este sentido estamos definiendo conjuntamente con la Contaduría General de la Nación aquellos instrumentos legales y administrativos que aseguren y den confianza al contrato de arrendamiento, y que faciliten el acceso a un sistema de garantías de alquiler para los sectores de medios y bajos recursos.

Ya el proyecto de Presupuesto Quinquenal establece la posibilidad de otorgar subsidios parciales al menos, para aquellas familias que no puedan por sí solas acceder.

Estas medidas forman parte -por cierto- de un conjunto más amplio de políticas preventivas, de la generación de asentamientos precarios, en la medida que un sector importante de las familias que los habitaban anteriormente, podían arrendar una vivienda modesta.

Este Gobierno cree que no se debe absolutizar ningún sistema de producción de viviendas.

Nuestro Plan Quinquenal trasciende la vieja y, a nuestro modo de ver, falsa oposición sobre cuál es el sistema más apto en la producción de viviendas, sí la producción pública por licitación a empresas o las cooperativas de vivienda como organización social de la vivienda.

El cooperativismo ha probado a todas luces, ser un sistema que satisface ampliamente y en muy aceptable medida la difícil ecuación de recursos, participación, apropiación, producto, demanda y ciudad.

Esto no significa, claro está, que no sea también un sistema perfectible.

Este Gobierno se siente consustanciado con el modelo de producción cooperativo y, por lo mismo, va a retomar el camino original de la Ley de Vivienda de 1968, evitando las perversiones del sistema mediante el control de las cooperativas o los institutos de asistencia técnica, mediante la definición de reglamentos y estructuras indispensables para tal fin.

Esperamos que en los próximos días, habrá de ser aprobados, por otra parte, los Decretos correspondientes por parte del Poder Ejecutivo.

Ahora bien: no existe política habitacional posible, si no se construye la cadena solidaria del pago de los préstamos, los préstamos por cierto otorgados por el Estado y por la sociedad toda, a las familias que hoy felizmente poseen una vivienda.

Este reclamo es de evidente equidad; aquellos que accedieron a la vivienda mediante un préstamo público deben contribuir para que otros puedan acceder a ese derecho, lamentablemente no es esto lo que sucede, por lo menos en todos los casos, por diversos y complejos motivos, pero esencialmente motivados por la caída abrupta de los ingresos de las familias, producto de la crisis que atraviesa aún hoy nuestra sociedad.

La morosidad de los préstamos otorgados por el Ministerio de Vivienda alcanza alrededor del 90%, y al 63% aproximadamente en el caso de los préstamos del BHU en su cartera social. Con tales índices de incumplimiento y de morosidad no existe plan quinquenal ni política sustentable de vivienda posible. En el presupuesto quinquenal hemos realizado la propuesta de destinar parte de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, que no fueron vertidos por los gobiernos anteriores, para ayudar a las familias a reintegrarse al circuito del pago, ayudando a quienes tienen dificultades pero también exigiendo que quienes pueden pagar deban hacerlo. Miles de familias amigos esperan de nosotros una solución a su situación habitacional, darles una respuesta implica la generación de nuevas inversiones y los fondos públicos son insuficientes para atender de inmediato a la totalidad de necesidades de la población. Nuestro Poder Ejecutivo ha reconocido que los fondos recaudados con destino al Fondo Nacional de Vivienda no fueron destinados o ejecutados por el Ministerio de Vivienda y ellos suman más de 2.300 millones de pesos. El Presupuesto Quinquenal propuesto, y que está ahora a estudios del Parlamento, autoriza a nuestro Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a realizar con ellos colocaciones financieras e inversiones en activos en consulta con el Ministerio de Economía y Finanzas. Es nuestra intención ahora es utilizar dichos fondos a los efectos de promover inversiones en el sector de la vivienda, especialmente para aquellos sectores prioritarios para nuestra secretaría de Estado. Estamos anunciando hoy la constitución de un Comité de Inversión en el sector Vivienda, que será presidido por el Director Nacional de Vivienda, y al cual se invitará a participar a representantes de las cámaras y organizaciones empresariales del sector, a representantes del sistema financiero público y privado, a representantes de las AFAP y a un delegado del grupo asesor del INAVE, donde participan –como se sabe- distintos representantes de los ámbitos políticos, académicos, sociales y sindicales.

Esperamos que este Comité, en los próximos meses culmine una tarea de creación y propuesta de aquellos instrumentos financieros y de diseño de posibles emprendimientos que permitan movilizar los activos excedentes, por decirlo así, del Fondo Nacional de Vivienda, en pos de multiplicar la inversión en el sector, con sus consecuencias de creación, no sólo de viviendas sino también de aquellas fuentes de trabajo tan necesarias y tan anheladas por todos los uruguayos.

No podemos dejar de resaltar hoy dos buenas noticias: el pasado sábado MEVIR, en la localidad de San Marcos, en Florida, inauguró la vivienda Nº 20.000, por cierto, una buena noticia. Y otra buena noticia es que la Asociación de la Vivienda de Japón, así como lo manifestó el Presidente de la Comisión Honoraria que aquí nos acompaña, el Arq. Beltrame, ha distinguido a MEVIR por su actuación en el campo del habitad. Felicitaciones. Creo que MEVIR tiene una larga tradición en el problema de dar respuesta a la vivienda en el medio rural a los asalariados.

Y últimamente también a los pequeños productores en sus propios predios. Siguiendo la línea de promover el Uruguay productivo en todos los terrenos y en todos los rincones del país. Como ustedes saben amigos MEVIR cuenta con fondos propios que se derivan de varios impuestos vinculados al sector agropecuario el aporte de mano de obra y los repagos que realizan los beneficiarios de MEVIR y los subsidios que se otorgan por parte del ministerio de vivienda. En los próximos días estaremos firmando un convenio marco con MEVIR que establece que en los próximos cuatro años, entre tres y cuatro años recibirá una suma de casi quinientos millones de pesos por dicho concepto, a los que deben sumarse una cifra cercana a los cien millones con destino al programa de desarrollo local y unidades productivas. Seguramente en los próximos días confiamos en poder anunciar un convenio especial que permitirá resolver la situación habitacional de uno de los asentamientos más precarios del interior del país. Tanto el área metropolitana como buena parte de las mayores ciudades del Uruguay, registran fenómenos de creciente precarización urbana, comúnmente señalada por la denominación de asentamientos irregulares. Al respecto nuestro Ministerio esta formulando e implementando un programa transversal de institución social en su expresión territorial en tanto impulsa la agenda nacional de habitas para el asentamiento humano en las ciudades, solidario, integrado y con equidad. Este programa de contención para los fenómenos de incontrolada invasión urbana y precarización de las periferias urbanas con vaciamiento de las áreas centrales e intermedias, comprende la atención a zonas de pobreza urbana y asentamientos precarios e irregulares para su mejoramiento estructural e integración socio espacial en áreas críticas, al tiempo que apoya acciones de rehabilitación y densificación residencial, en áreas centrales e intermedias de las ciudades bien servidas y equipadas.

Las políticas a implementar procurarán contener el crecimiento en el número de familias en situación precaria o en situación irregular y su gradual reversión, apostando a la mejora de los ingresos de la población, aumento del empleo y elevación de salario real, que acompaña al crecimiento económico y la incorporación de las familias a mejores soluciones de alojamiento; y convivencia.

El Ministerio aporta al enfrentamiento de la precariedad urbana, acciones de mejora del hábitat, que comprenden la mejora física de las infraestructuras y los espacios colectivos, con particular atención, respecto al deterioro ambiental, en un marco de apoyo a la mejora de las capacidades locales y el facilitamiento de las redes de protección social.

Formas de enfrentar las acciones necesarias, supone una muy fuerte articulación con los gobiernos municipales. Con todos los gobiernos municipales, sin discriminar a ni uno solo. Al tiempo que se apoya a las organizaciones de pobladores en sus demandas y acciones concretas de mejoramiento del hábitat.

Todo ello, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social.

Para esto, será imprescindible amigos, una eficaz transversalización de las políticas y las acciones del gobierno nacional, en formas de coordinación público-público, la obtención de formas de cooperación de lo público con lo privado y la canalización de la corporación también internacional.

Se trata pues, de la construcción social de la inclusión también en lo espacial, en el territorio urbanizado involucrando al ciudadano en todas sus acciones.

El gobierno actual entendió prioritario que el programa de integración de asentamientos irregulares, conocido habitualmente como PIAI, pasara a gestionarse desde nuestro Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ya que es el organismo natural desde donde se aborda el hábitat como tal. Esperamos poder ejecutar en los cuatro, en los tres o cuatro primeros años de gobierno casi el 70% del programa original, tengamos en cuenta que en todo el resto del periodo anterior solamente se pudo ejecutar alrededor de un 30%.

Pese a los anuncios y compromisos del anterior gobierno no se destinaron los dineros nacionales, ni se ejecutó el préstamo con el BID con niveles aceptables durante los cinco años anteriores. Los asentamientos son una de las caras visibles de ese 34% de la población de este país que se encuentra desgraciadamente bajo la línea de pobreza. Nos hemos propuesto realizar un abordaje integral que trascienda la regularización física y jurídica reforzando el trabajo social, generando corresponsabilidad para que los recursos que todos los uruguayos destinamos para su atención den los mejores resultados posibles.

Con la población alentando organización y capacitación para micro- emprendimientos que permitan la generación de empleos genuino y permanente y los incorpore al mercado laboral formal sacándolos de la precarización hoy existente. Tengamos en cuenta que muchos de quiénes habitan en asentamientos irregulares poseen un oficio en el que trabajaron durante años en distintas fábricas, desgraciadamente hoy cerradas en nuestro país o en la industria de la construcción. El derecho a la ciudad, es el derecho acceder a los servicios, en este sentido queremos destacar la resolución del directorio de OSE disponiendo que los protagonistas del Plan de Emergencia, que sean o hayan sido usuarios de OSE, tendrán una tarifa de 50 pesos mensuales por un cierto monto de consumo por el suministro de agua potable y de 80 pesos en caso de existir servicios de saneamiento. Es una de las maneras amigos de tratar de considerar en forma prioritaria aquellos sectores, que han sido más vulnerados por la situación crítica de las que por cierto ellos no fueron los directamente responsables. Asimismo, dentro de las metas que nos hemos planteado para este quinquenio se encuentra la vinculada con el sistema de saneamiento de la Ciudad de la Costa. Si recorremos las calles de la Ciudad de la Costa veremos seguramente algunos de los cinco equipos de topografía que se encuentran ya trabajando en los proyectos. Tengamos en cuenta que hoy no solamente es el Día Mundial del Hábitat, sino como ya se ha señalado, el Día Interamericano del Agua. Dentro de unos pocos minutos en la sede de OSE con sus directos responsables, seguramente nuestros compañeros podrán explayarse sobre estos temas y detallar otras importantes noticias. El desarrollo del hábitat también implica la construcción de nuevos relacionamientos de los ciudadanos con su medio y por tanto, las políticas ambientales son instrumentos necesarios para la construcción de ciudades sostenibles.

La semana pasada el Poder Ejecutivo ha decretado las nuevas modalidades por las cuales se transitará en materia de habilitación y monitoreo de los emprendimientos del más variado tipo en el país; una nueva reglamentación que sustituyó aquella que sorpresivamente fue decretada el último día del gobierno anterior, permitirá justamente una forma de habilitación y monitoreo necesario -y creo que más ajustado- a las necesidades del Uruguay de hoy. Habilitación y monitoreo de los emprendimientos del más variado tipo como decíamos, desde las industrias hasta las explotaciones agropecuarias pasando por todos los ámbitos turísticos y recreativos.

Con este marco esperamos no sólo ser ágiles en la tramitación de aquellas inversiones que el país requiere, sino también otorgar las garantías de probidad, transparencia y seriedad y participación de todos los gobiernos locales así como también de la propia población, de esa población que los requiere y que los necesita.

Tenemos por delante un enorme desafío, permitir que nuestro país crezca en un marco de respeto y preservación de nuestros recursos naturales y nuestro ambiente; y a ello vamos a dedicar nuestros más fuertes esfuerzos para lograrlo y darle en plenitud, las garantías necesarias, a nuestros conciudadanos y a todos los conciudadanos de América del Sur y porqué no decirlo también, del planeta todo.

En este contexto, es que proponemos la implantación en el país, de agendas 21 en todas las ciudades y en todos los departamentos.

Los invito entonces amigos, a colaborar en la construcción de un nuevo Uruguay, un nuevo Uruguay que aspiramos más próspero, más justo, más humano.