El Subsecretario Bruni, junto a la nueva Comisión que trata el tema de los destituidos privados durante la dictadura, informó sobre la realización de una investigación Administrativa en torno a los anteriores integrantes de dicha comisión, anunciando también la elaboración de un Proyecto de Ley referido a este tema.

Entre los pasos que esta dando el gobierno con respecto a los destituidos privados, el Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Bruni precisó que "este es un tema muy sensible y que lleva muchos años sin una auténtica y verdadera resolución, si bien en el año 2002 se sancionó la Ley 17.449, es notorio que el tema fue muy criticado porque se entendió que la solución de la Ley no era la adecuada, conteniendo la misma una serie de carencias".

En estas declaraciones el Subsecretario fue acompañado por integrantes actuales de la Comisión el doctor Juan Díaz, la doctora María Ruggiero y la doctora Rosario Fraga los cuales analizan la situación de quienes se presentaron a ser amparados. El doctor Juan Díaz sostuvo que "la nueva Comisión se abocó a un relevamiento y a la confección de una base de datos con las 2.881 solicitudes presentadas, estos datos eran desconocidos por las autoridades del Ministerio de Trabajo, centrándose en un estudio pormenorizado de cada expediente que fue realizado en 45 días".

"Nosotros tenemos interés en denunciar la situación de la anterior Comisión que trataba este tema, antes de vencer el período de inscripción se presentaron 2.881 personas a solicitar amparo por la Ley 17.449, el 75 % de esas solicitudes estaba prácticamente paralizado o sin trámite los expedientes y hablo del 75% de las solicitudes de ciudadanos uruguayos que se entendían perjudicados y que esperaban una solución por parte del Estado a una situación que en muchos casos el paso del tiempo iba agudizando, lo crítico de la situación de esos ciudadanos, solamente se habían resuelto de esas 2881 solicitudes, el 25% de los expedientes, estamos hablando de 860 expedientes que fueron tratados, de un total de 2881 solicitudes que se habían presentado" explicó el Subsecretario Bruni.

Esto revela una gran dilación, "por lo cual el Ministerio de Trabajo inició una investigación administrativa porque entendió que no era posible que de tres años recién se hubieran resuelto el 25 % y el 75% no se había tramitado, la falta de procedimientos y en algunos casos la irresponsabilidad eso lo dictaminará la investigación administrativa", luego de la misma se determinará si habrá sumario administrativo o eventuales medidas disciplinarias, con las garantías debidas para todo aquel que se vea perjudicado con la investigación administrativa.

Esta situación ha determinado que el Ministerio de Trabajo iniciara una investigación administrativa e iniciara las denuncias pertinentes, además de comunicar fundamentalmente al Banco de Previsión Social la situación de referencia. La Comisión a ser investigada estaba integrada por representantes de la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía.

"El Ministerio esta trabajando como gobierno en un proyecto sustitutivo, derogatorio de la Ley 17.449, es un proyecto que se trabajó en consulta con las organizaciones, con el PIT-CNT, con la Comisión de Reencuentro, con CRISOL y con CEDU que nos presentaron un Proyecto ya hace un tiempo atrás, el gobierno lo estudió, le hizo las modificaciones que consideró pertinentes y en este momento estamos en análisis de ese proyecto con el Ministerio de Economía", precisó Bruni.

El contenido del nuevo proyecto se dará a publicidad cuando haya sido finalmente analizado en profundidad por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo.

Uno de los temas más sensibles de la Ley actual son los medios probatorios, hay que probar la clandestinidad que es uno de los hechos que puede generar amparo, y es difícil probar la clandestinidad mediante documentos, por tanto ahora en el nuevo proyecto serán tenidas en cuenta las pruebas testimoniales, los dos elementos son medios probatorios que rigen en el derecho uruguayo.

El Subsecretario manifestó: "Nosotros estimamos que en pocos días más este proyecto va a estar pronto, y de inmediato se enviará al Parlamento porque creemos que ya no se puede dilatar, porque es un tema de alta sensibilidad, se trata de gente perjudicada por la dictadura, gente que se tuvo que exiliar que dejó de trabajar, que estuvo en el exilio".