CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE
ACCESO A LA JUSTICIA
Este jueves 13, a las 8:45 horas, en el Edificio de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (Javier Barrios
Amorín 870), se realizará la conferencia "Políticas Públicas de Acceso a
la Justicia. Un desafío estatal para la promoción y protección de los
derechos humanos".
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La misma contará con la presencia de autoridades
nacionales, operadores del sistema judicial y especialistas en derechos
humanos de la región.
El evento es organizado por el Observatorio de
Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR y el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La actividad se desarrollará con entrada libre y está
dirigida entre otros a: operadores del sistema judicial, integrantes de
organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y comunicadores.
La conferencia pretende generar un ámbito de
reflexión e intercambio de experiencias sobre los desafíos para la
universalización del acceso a la justicia como un derecho humano, lo que
implica asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de lograr
soluciones legales a sus conflictos. También se buscará establecer
criterios que permitan la formulación por parte de los Estados de
políticas públicas que hagan efectivo este derecho, y la elaboración de
indicadores que permitan monitorear dichas estrategias.
La inauguración de la jornada que se desarrollará en
el marco de la presidencia Pro Témpore del MERCOSUR a cargo de Uruguay,
estará a cargo del Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa,
junto a Felipe Michelini (Subsecretario de Educación y Cultura), Pablo
Mandeville (Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas y
representante del PNUD en Uruguay), y Margarita Navarrete (Directora
ejecutiva del Observatorio).
Los paneles estarán integrados por Roberto Garreton,
(Representante regional de la Oficina de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos), Jacinta Balbela de Delgue
(Ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay), Cristián
Hernández (Coordinador del Área de Gestión e Información del Centro de
Estudios de Justicia de las Américas de la OEA), Hoenir Sarthou
(Coordinador del "Espacio de estudio normativo" en el Área de Asuntos
Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y
Cultura), Celina Gutiérrez (Consultora del Observatorio de Políticas
Públicas de Derechos humanos en el MERCOSUR), y Virginia Feix (
Especialista en Sociología jurídica y Derechos Humanos. Coordinadora de
CLADEM-Brasil. Coordinadora del programa promotoras legales populares de
Themis).
Se entregará certificado de asistencia.
El acceso a la justicia como un derecho humano
Los objetivos de todo Estado moderno necesariamente
incluyen componentes de cómo manejar eficazmente los conflictos entre
las personas, de cómo asegurarse que todos los individuos tengan acceso
a soluciones legales a dichos conflictos, y de cómo afrontar las
diferencias entre las personas, procurando evitar privilegios de algunos
en detrimento de sectores sociales más desventajados o vulnerables.
Si se persigue una sociedad más igualitaria tanto
nacional como regional, el desafío de todo gobierno es lograr que todos
tengan la posibilidad real de llevar sus conflictos ante un tribunal,
una corte, un árbitro. El acceso a la Justicia es un derecho humano
fundamental. Sin él no hay democracia y el desarrollo sustentable no es
posible.
Hoy día hay consenso en cuanto a reducir la pobreza
mundial. Pero, según palabras de Amartya Sen, "pobreza no es únicamente
billeteras vacías", es mucho más que eso. Hoy día resulta impensable
alcanzar ese objetivo sin procurar la igualdad social y económica,
entendida como capacidad de acceso, como derecho real a optar sin
restricciones. La administración y el acceso a la Justicia son parte de
ella, no pueden quedar de espaldas a cualquier política que se precie de
combatir ese flagelo social. El acceso universal a la justicia trae por
consecuencia la confianza en el sistema y, por ende, es sinónimo de
seguridad ciudadana.
Resulta entonces básico y fundamental dialogar,
intercambiar experiencias, hacer uso de las lecciones de todas las
instituciones involucradas (gubernamentales o no, nacionales o
internacionales), a los efectos de diagnosticar fallas en las formas ya
establecidas de impartir justicia, de revisar las reformas diseñadas
para resolver problemas detectados anteriormente, de establecer nuevas
políticas tendientes a mejorar el sistema, de proponer soluciones
alternativas a las tradicionalmente en uso, en fin, usar el intercambio
de ideas y de los aspectos positivos y negativos vivenciados por todos
los agentes vinculados al tema para perfeccionar los sistemas de
resolución de conflictos en los países del MERCOSUR.
Presentación del problema:
Si bien el acceso a la Justicia es un problema
universalmente percibido hace ya mucho tiempo, poco se ha avanzado al
respecto quizás porque se ha intentado resolver en forma no-cooperativa,
cada quien desde su disciplina o institución. Es por eso que el
Observatorio entiende que se hace menester juntar a todos los
protagonistas en torno a una mesa, a los efectos de coordinar esfuerzos
y lograr mejores resultados.
Como señala el Centro de Estudios de Justicia de las
Américas "los países del continente, casi sin excepción, han impulsado
durante los últimos veinte años, profundos programas de reforma a sus
sistemas de justicia, donde las principales áreas abordadas han sido la
justicia criminal, el gobierno, el acceso y la gestión del sistema. Sin
embargo, existe una extendida percepción de que las reformas emprendidas
no han dado todos los frutos esperados."
Algunas personas consultadas han referido "que en
Uruguay no haya acceso a la justicia para todos no es ninguna novedad",
trasuntando que hay situaciones que se naturalizan. Consideramos que el
campo de la formulación de las políticas públicas es lo que permite
sacarle trivialidad a algunas preguntas, como ¿Qué Justicia queremos?
¿Qué entendemos por una justicia buena, una justicia de calidad? ¿Por
qué es importante evaluar, medir?
Para ello, la mirada podrá posicionarse no solamente
en los instrumentos y medios para la solución de conflictos, sino
también en los sujetos. Entonces, a partir de su asunción como titulares
de derechos, surgirá por tanto la exigencia de su cumplimiento, es
decir, la posibilidad de exigir su garantía, restauración y reparación
en un estado de derecho.
Observatorio de Políticas Públicas
de Derechos Humanos en el MERCOSUR
www.observatorio-mercosur.org.uy
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