MANDEVILLE: Señor Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia, Rodolfo Nin Novoa; señores miembros del cuerpo diplomático representantes de organismos internacionales; señor representante regional de Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los servicios humanos, Roberto Garretón; señor Subsecretario de Educación y Cultura Felipe Michellini; señores miembros del cuerpo judicial; señora Directora Ejecutiva del Observatorio de Políticas Públicas, Margarita Navarrete, señoras y señores, representantes de la sociedad civil y los medios, amigas y amigos todos.

Es un gusto recibirles hoy y es un honor para mí elaborar junto con los demás miembros de la mesa principal esta conferencia sobre Políticas Públicas de Acceso a la Justicia, ante una representación tan amplia de autoridades del gobierno de Uruguay y del Poder Judicial, del Poder Legislativo, sociedad civil y expertos de los países del MERCOSUR.

En las últimas semanas el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha llevado adelante una serie de actividades centradas en la promoción y en la defensa de los derechos humanos. En varias de ellas nos hemos enriquecido con los aportes y la experiencia de actores expertos, colegas del sistema de las Naciones Unidas, defensores del pueblo y juristas de varios países de América Latina.

Hace dos semanas tuvimos en esta misma sala a representantes de todos los sectores y áreas de actividades vinculados a la educación para iniciar el camino hacia un plan nacional de educación en derechos humanos. Fue la primera convocatoria de un proceso ampliamente inclusivo, que apunta a cubrir un déficit importante en materia de educación en un área de tanto valor y sensibilidad, como lo es los derechos humanos.

En esa área, la de elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, estamos dando un primer paso fundamental gracias a la iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura.

Hace tan sólo una semana tuvimos el honor de recibir a los Defensores del Pueblo de cuatro países de América Latina, junto a Roberto Garretón, representante regional de la Oficina Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien nuevamente nos honra con su presencia en este evento.

Realizamos en el Parlamento un seminario que reunió a diputados y senadores de todas las fuerzas políticas y a representantes de la Suprema Corte de Justicia y de la sociedad civil. El resultado fue un pronunciamiento unánime confirmando la voluntad de todos los sectores para que Uruguay cuente próximamente con una institución nacional de defensa de los derechos humanos, pronunciamiento que tuvo como sus principales voceros a los señores Presidente y Vicepresidente de la República y en presencia de esta mesa, es un nuevo testimonio del compromiso del Poder Ejecutivo.

Hoy tenemos el honor de ser nuevamente anfitriones de un encuentro regional para discutir un tema central en materia de derechos humanos. La capacidad real de acceso a la justicia por parte de sujetos cuyos derechos son desconocidos, postergados o atropellados.

El propósito es, otra vez, compartir las experiencias de quienes se enfrentan a los viejos problemas de aprender de sus éxitos o de sus fracasos.

El objetivo es ayudar a diseñar indicadores claves para monitorear, medir, evaluar el acceso a la justicia y en particular de los sectores de la sociedad más vulnerables. Estos indicadores permitirán también incluir, en el sistema de implementación de políticas públicas, pautas que hagan más efectivo y universal el acceso a la justicia.

Esperamos que se utilicen como herramientas de trabajo en un proceso de seguimiento continuo en el que con toda seguridad , continuaremos quienes estamos hoy aquí y muchos más.

Hemos incursionado en tres áreas de trabajo: el Plan Nacional de Educación con el objetivo de promover y generar una cultura de Derechos Humanos desde los primeros años a lo largo de toda la formación de una persona. La institución nacional de promoción y protección de los Derechos Humanos como forma de abrir canales ejecutivos de control, reclamo y protección de los derechos ciudadanos, aportando además recomendaciones a las políticas públicas en este tema. Y, el Observatorio. El Observatorio como recurso técnico capaz de monitorear el estado y desarrollo de este tema con el fin de potenciar a los titulares de derechos y obligaciones, identificando las brechas existentes para un ejercicio pleno y la plena vigencia de estos derechos.

En estas tres áreas -Plan Nacional de Educación, Institución Nacional Promoción y Protección de los Derechos Humanos y el Observatorio- y de estas tres áreas partimos de la conciencia en que los Derechos Humanos sólo son una realidad si su promoción es asumida y garantizada por una población informada, organizada y activa.

Tenemos una responsabilidad común de hacer que los Derechos Humanos sean una realidad en todas las unidades. En este contexto la justicia juega un papel central. No se pueden ejercer ni se pueden garantizar los Derechos Humanos sin justicia.

Y en un país en el cual el 4% de la población vive en la indigencia y más del 30% vive en una situación de pobreza los Derechos Humanos tienen que ser un tema de discusión permanente si queremos fomentar el accionar de todos. En línea con las directrices de integración de los Derechos Humanos en las estrategias de remoción de la pobreza elaboradas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, creemos que si buscamos un verdadero empoderamiento de los pobres -para que puedan ejercer sus derechos- habrá políticas de reducción de la pobreza. Que no es solo un imperativo moral, es un imperativo jurídico. Es el imperativo de tener un derecho y tener el poder de ejercerlo.

Por ultimo quisiéramos destacar que estamos frente a una iniciativa que cuenta con serie de aspectos que la hacen particularmente relevante desde nuestro punto de vista. En primer lugar su carácter regional. Hoy más que nunca la perspectiva regional toma una gran importancia fortaleciendo y brindando al sistema de protección y promoción de los derechos humanos un marco amplio e integral que posibilita la construcción de una agenda común.

En segundo lugar la iniciativa proviene de la sociedad civil. Una sociedad civil que se encuentra en Uruguay transitando un proceso de resignificación de su propio rol, del lugar que le toca jugar en esta coyuntura. No se concibe una democracia plena, una sociedad civil desarrollada fortalecida y cumpliendo sin el rol de participar, criticar e incidir en las políticas públicas.

En tercer lugar, nos brinda la posibilidad de pensar las políticas públicas, desde la perspectivas de derechos, lo que permite avanzar en términos de calidad de la democracia. El desafío es el de impregnar con el enfoque derechos y todas sus circunstancias, las políticas publicas, tanto en su ingenio como en su implementación. Es volver a expresar el vínculo entre política y derechos humanos, o dicho de otra forma como bien lo hace nuestro amigo Roberto Garretón, pensar que los derechos humanos no son justamente esencialmente políticos. Gracias.

SUBSECRETARIO MICHELINI: Señor Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia de la República, Rodolfo Nin Novoa, señor Representante Permanente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pablo Mandeville, señora Directora Ejecutiva del Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, amigos, amigas, todos.

En nombre del Ministerio de Educación y Cultura, del titular de la cartera el Ing. Químico Jorge Brovetto y del mío propio, estamos aquí realmente gustosos en el sentido de poder dar inicio a esta jornada, para debatir y analizar el acceso a la justicia y el desafío a los estados, en el marco del MERCOSUR para garantizar el derecho humano.

Yo quiero resaltar tres aspectos brevemente, que para mí son centrales de los aciertos de esta actividad.

En primer lugar, es una actividad que está impulsada y desarrollada desde una sociedad civil en gestación del MERCOSUR, porque nosotros que sostenemos que el MERCOSUR es un acuerdo que va más allá de los aspectos comerciales, estamos convencidos que habrá un MERCOSUR de pueblos si hay un MERCOSUR que tiene una sociedad civil que lo respalde activamente. Y por lo tanto, esta iniciativa del Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR, de las organizaciones que la integran, en el marco de la cooperación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos parece realmente importante.

El segundo aspecto para resaltar, la de identificar acceso a la justicia con políticas públicas y desterrar ese sentido de que los derechos civiles y el acceso a la justicia es uno de ellos, en definitiva no necesitan una actitud y una conducta del Estado para su garantía y su promoción.

Una vieja tradición decía, que solamente en estos derechos, alcanzaba que el Estado no hiciera nada. Y nosotros decimos y me parece bien interesante, que el Estado tiene que hacer cosas para que el derecho a tener un juicio justo, el derecho a tener acceso a la justicia, tenga los respaldos materiales y personales y los esquemas institucionales adecuados al efecto de que ese derecho pueda estar garantizado.

Y el tercer aspecto a resaltar es la lógica de que los problemas de los habitantes de esta parte del mundo, no se terminan en la frontera, hay toda una serie de elementos que naturalmente están vinculados entre sí y por lo tanto estamos convencidos que el esfuerzo en conjunto de los Estados para la promoción de respeto de derechos humanos, es un tema central. Estamos convencidos que estas jornadas serán un espacio de debate y de reflexión que mucho ayudarán a generar la conciencia y la sensibilidad para identificar donde están los problemas y aportar a las soluciones. Estamos convencidos que las soluciones no vendrán simultáneamente de un día para el otro. Este gobierno que tiene en materia de derechos humanos un claro compromiso para su respeto y promoción, está convencido que iniciativas como estas realmente van en la buena dirección. Los convocamos entonces a reflexionar; a pensar; a trabajar; a criticar, para que entre todos podamos entonces avanzar un poco más el pleno respeto y la plena vigencia de los derechos humanos, que en definitiva es la dignidad de todos nosotros. Muchas gracias.

VICEPRESIDENTE NIN NOVOA: La verdad es que al gobierno de la República, las políticas de derechos humanos son políticas que tienen una centralidad fundamental. A lo largo de estos tiempos, hemos diseñados algunas acciones que nos han permitido ubicar al Uruguay en un camino del que nunca debió apartarse.

Entendiendo conceptualmente la definición de derechos humanos como una globalidad que atañe en primer lugar a la libertad, y paralelamente a esa definición también equivale a la equidad. Entonces los conceptos de libertad y equidad son conceptos que se entrelazan, se mimetizan, se concatenan y marchan juntos por ese sendero que el gobierno quiere transitar, el respeto a los derechos humanos en el sentido más lato que se le pueda dar al significado de la palabra.

Y desde ese punto de vista hemos estado participando, y el Uruguay ha vivido no solamente acciones concretas en esta materia, sino que también hemos promovido, desde diversos ámbitos, la discusión con la sociedad civil de estos temas, porque si en una sociedad civil que nosotros reconocemos en el Uruguay absolutamente activa y comprometida con las causas del desarrollo nacional, donde estos conceptos están involucrados, difícilmente podríamos llevar adelante con los resultados esperados las cosas que nosotros diseñamos. En consecuencia tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo han habido acciones concretas que tienden a formalizar y a cristalizar estas aspiraciones que el gobierno tiene sobre estos temas.

Hace pocos días como decía Pablo, estuvimos participando también de una actividad que es una materia vieja y pendiente en el Uruguay, que es en primer lugar, la creación de un Instituto Nacional para la defensa de los Derechos Humanos y también la creación del defensor del pueblo u "ombudsman", que siempre tiene una discusión que en una sociedad como la uruguaya está teñida con cierto grado de política partidaria. Y entonces eso a veces nos obnubila en la fijación de los objetivos y nos imaginamos cosas que en realidad quizás nunca van a suceder porque a veces no confiamos como deberíamos confiar en los métodos de selección y de designación de estos verdaderos representantes de la sociedad para la atención de los derechos humanos. Por lo menos en un tratamiento de lo que significa los malos tratos y la segregación racial, por ejemplo, porque sin ningún lugar a dudas, que como dicen algunos no hay derechos humanos con "las barrigas vacías".

Desde el Parlamento nosotros estamos comprometidos en llevar adelante estas iniciativas y desde el Parlamento hemos dado cumplimiento a algunas otras iniciativas como la creación del Comisionado parlamentario para las cárceles que hace una semana exactamente lo presentábamos al Poder Ejecutivo.

El Comisionado Parlamentario para las cárceles es un observador que pretende que se cumplan precisamente los derechos humanos que tienen los presos, que el único derecho que se les quita es su libertad ambulatoria y el derecho al voto porque pierden la ciudadanía pero que todos los otros derechos tienen que ser respetados, en la búsqueda de un equilibrio fundamental también para aplicación de los derechos de los ciudadanos que tienen también, esa necesidad inalienable e intransferible de tener seguridad ciudadana. Y estos temas que felizmente estamos discutiendo en el Uruguay, en este marco regional, también se discutieron hace pocos días en la Cumbre de Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones en Brasilia y hubo un capítulo específico a los temas de la libertad, de la democracia, de la seguridad ciudadana, de los derechos humanos.

Entonces aplicando estas definiciones conceptuales y estas acciones concretas podemos decir, sin ningún lugar a dudas que no hay democracia sin libertad y no hay libertad sin justicia.

En consecuencia, como quizás aquí también no vamos a eludir este tema, que también debe ser necesariamente analizado, que es el tema de la asignación de los recursos para la Justicia, en un país donde quizás tengamos esa discusión pendiente porque naturalmente en la elaboración de la asignación de los recursos en un presupuesto, no todas las cosas se pueden satisfacer de acuerdo a lo que uno desearía atender, sobre todo en virtud de la situación con la cual el país se encuentra desde varios puntos de vista y no es del caso discutir acá.