El Ministro Rossi anunció que, ante la observación del Tribunal de Cuentas en lo concerniente a la Terminal de Pasajeros del Puerto de Montevideo, se le solicitó a dicho órgano de contralor que se revea esa decisión y se expida expresamente sobre los términos contractuales y las consecuencias jurídicas de apartarse de los mismos, en su competencia específica de control de legalidad de la operación.

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas explicó que "antes de tomar una resolución definitiva respecto al fondo del tema, queremos tener el comentario del Tribunal de Cuentas respecto a este aspecto que surge de un artículo del contrato que no se puede analizar parcialmente".

Aclaró que no se comparte el artículo 10 del contrato que se firmó con Buquebús, afirmando que "por cierto que nos comprometemos públicamente a nunca firmar en nombre del Estado uruguayo un artículo que otorgue al tercero, al privado, la iniciativa respecto a la renovación, ampliación o no de una concesión. No lo compartimos. Es una manera de cerrar un contrato entre el Estado y particulares que nunca vamos a utilizar".

No obstante, reconoció que el artículo está, "y está firmado y tiene validez", aclarando que "puede habilitar la demanda que puede generar perjuicios al Estado uruguayo, que tenemos la obligación de prever y procurar preservar".

Rossi explicó que de esta forma se está "procurando cumplir con responsabilidad con nuestra obligación en un tema delicado, pero que es una buena oportunidad para demostrar que este gobierno quiere respetar el rol de los organismos de contralor, pero tiene la obligación de respetar la Ley porque así se ha comprometido con la ciudadanía, y tiene la obligación de respetar los contratos con los particulares, porque queremos que haya muchos particulares capaces de animarse a invertir en el país, para generar oportunidades de trabajo en el país".

MINISTRO ROSSI: Buenas tardes. Queríamos informar a los medios acerca de un tema sobre el cual me han hecho unas cuántas cientos de llamadas en las últimas hora, en los últimos, y que efectivamente nosotros estamos analizando para poder dar una respuesta seria, en función de que tenemos una responsabilidad como Ministro de Transporte de resolver en temas como éste que está en consideración, que es la renovación de la Terminal portuaria de Pasajeros de Montevideo.

Y como hemos anunciado, nuestra disposición es hacerlo evaluando todos los elementos, todos los antecedentes y atendiendo las observaciones que en forma fundada los organismos de contralor nos puedan hacer.

Por eso lo enviamos al Tribunal de Cuentas, por eso nuestra presencia ante el Poder Ejecutivo; hemos planteado que íbamos a considerar seriamente las opiniones que tuviera sobre el tema del Tribunal de Cuentas.

Y por eso frente al dictamen del Tribunal de Cuentas que, más allá de trascendidos y de especulaciones en uno y en otro sentido, terminó confirmando una observación a aspectos referidos a la ampliación, nosotros quisimos leer con mucha atención este dictamen, comprenderlo, asesorarnos recurriendo a los asesores del Ministerio; incluso, procurando asesorarnos más allá de los propios técnicos del Ministerio.

Y en este momento lo que queremos informarles a ustedes es que vamos a presentar ante el Tribunal de Cuentas una nota solicitando por un lado precisiones, profundizaciones en el dictamen del Tribunal de Cuentas y, por otro lado, pidiendo que revisen la resolución final.

Y pedimos las profundizaciones y la revisión en función de fundamentos que vamos a distribuir el escrito que vamos a presentar, que ya estamos presentando en el Tribunal de Cuentas, que ya en este momento debe estar presentado en el Tribunal de Cuentas, lo vamos a distribuir a todos los medios de prensa para que ustedes puedan analizarlo y a su vez sacar sus conclusiones. Pero lo hacemos por varios temas, puntos, que queremos por lo menos adelantar los títulos.

En primer lugar, el dictamen establece la afirmación de que no ha habido ilegalidad en el procedimiento seguido por el Ministerio de Transporte y el reconocimiento de que ha cumplido con las instancias previstas por la Ley.

En segundo lugar, nosotros creemos que no se profundiza en la consideración del contrato, fundamentalmente en el aspecto que tiene que ver con el artículo 10 del contrato.

En la resolución del Tribunal de Cuentas, en el Resultando 14 y en los Considerando 2 y 3, hace referencia a una primera parte de este artículo 10 del contrato. Pero no hace referencia a una segunda parte, donde establece justamente las condiciones, los límites en lo que se debe manejar el Ministerio de Transporte una vez que se logren acuerdos, como sucedió en este caso, entre la Administración Nacional de Puertos y el concesionario.

Y esto implica que del mismo modo que nosotros tenemos la obligación de tomar muy en cuenta y respetar los dictámenes del Tribunal de Cuentas, también tenemos la obligación de respetar la Ley en general, y también tenemos la obligación -y este gobierno lo ha anunciado- de respetar los contratos, los contratos suscritos con privados, con terceros.

Y, bueno, el asunto es que tenemos que procurar no equivocarnos en el momento de tomar una decisión que pueda incluso poner en riesgo la responsabilidad del propio Estado uruguayo y, por lo tanto, habilitar demandas. Y sobre ese particular, el Tribunal de Cuentas no ha hecho ningún comentario.

Por lo tanto, nosotros le pedimos al Tribunal de Cuentas que se expida expresamente sobre los términos contractuales y las consecuencias jurídicas de apartarse de los mismos en su competencia específica de control de legalidad de la operación. Es decir, queremos, antes de tomar una resolución definitiva respecto al fondo del tema, tener el comentario del Tribunal de Cuentas respecto a este aspecto que surge de un artículo del contrato que no se puede analizar parcialmente.

Nosotros, artículos del contrato como este artículo 10, del contrato que se firmó con Buquebús, no lo compartimos; el contenido del artículo no lo compartimos. Y por cierto que nos comprometemos públicamente a nunca firmar en nombre del Estado uruguayo un artículo que otorgue al tercero, al privado, la iniciativa respecto a la renovación, ampliación o no de una concesión.

No lo compartimos. Es una manera de cerrar un contrato entre el Estado y particulares que nunca vamos a utilizar.

Pero el artículo está, y está firmado y tiene validez. Y puede habilitar la demanda que puede generar perjuicios al Estado uruguayo, que tenemos la obligación de prever y procurar preservar.

En tercer lugar, y ya en otro orden de cosas, el dictamen del Tribunal de Cuentas se refiere a lo que se ha dado en llamar la ecuación económica del sistema que se pone en juego con lo que es el mecanismo, que por un lado hay una inversión, por otro lado un canon y por otro lado un recaudación directa de parte del Estado uruguayo, de la Administración Nacional de Puertos.

Este mecanismo, a nuestro entender, no ha sido debidamente interpretado por parte del Tribunal de Cuentas, que solo sacó la conclusión procurando analizar si la inversión era la misma o no era la misma, sin incorporar otros elementos que surgen del propio texto y que nosotros analizamos acá.

La inversión se combina con el mantenimiento necesario, para mantener la calidad de los servicios, y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el monto de inversión por un lado, y por otro lado el objeto del contrato, el objeto de la potestad de la concesión que se otorgó.

Y, en ese sentido, nosotros no compartimos y surge nítidamente del contrato, solo hace falta leerlo para poderles afirmar a ustedes que no se ampliaron de ningún modo los alcances de la concesión. De ningún modo se ampliaron.

En primer lugar, no se ampliaron porque el artículo 2 del contrato habla claramente de todos los pasajeros que lleguen a Montevideo por vía fluvial. Es decir, desde el origen de la concesión están incluidos todos los pasajeros; los que vienen de Buenos Aires, los que llegan por crucero o los que llegan de otros lugares y por otra modalidad; todos están razonablemente incorporados a los servicios que una terminal de pasajeros tiene establecido. Pero no por una decisión nuestra hoy, sino por el contrato que se firmó.

En segundo lugar, porque el área que se comprometió no solo no se amplió, sino que se redujo.

Ustedes saben que por el año 2000, 2002-2003, hubo una devolución, un acuerdo de devolución de parte del área concedida por Buquebús sin modificar el canon, sin modificar la inversión y que es el llamado Edificio Santos y toda la zona que hoy utiliza el Ministerio de Turismo y que volvió a la propiedad de la Administración Nacional de Puertos.

Por lo tanto, no se extendió la superficie original por la cual se determinó el canon, sino que se redujo. Y nada tiene que ver lo que después se menciona, que seguramente habrá recogido un comentario que se ha hecho públicamente pero que no esta avalado por los hechos.

La utilización del muelle 1 y 2 que se menciona en el informe, y yo agregaría la utilización del muelle 3, del muelle 4 y del muelle 5, que son los muelles que utilizan en realidad los cruceros cuando llegan a Montevideo, según el que esté libre y según las características del crucero; esos muelles son de la Administración Nacional de Puertos y no están comprometidos en ninguna concesión.

Y los servicios que se le ofrece a los pasajeros que llegan en esos cruceros y que elijan recibir los servicios, si no quieren recibir esos servicios seguirán siendo atendidos como son hasta ahora; esos pasajeros que elijan recibir esos servicios tendrán determinadas ventajas como es un área techada, propiedad de la Administración Nacional de Puertos, o serán servicios de buses en los muelles más lejanos, que los llevarán a esa terminal para que le ofrezcan los servicios.

Pero de ningún modo eso quiere decir –y no está dicho en ningún lado- que se haya ampliado la concesión a los muelles 1 y 2, de ningún modo que esto es así.

Nosotros, además, estamos haciendo llegar al Tribunal de Cuentas, haremos llegar al Tribunal de Cuentas junto con este documento, los estudios contables que el Tribunal de Cuentas había requerido de parte de la empresa; hemos solicitado a la Administración Nacional de Puertos para que nos hicieran llegar esos estudios contables y los hemos agregado al expediente para que el Tribunal pueda analizarlos.

Nosotros, además, tenemos constancia -y en el expediente están las constancias- de que el canon se negoció y se llegó a una conclusión, que es justamente la que avala las resoluciones de la Administración Nacional de Puertos que solicitaron al Ministerio ampliar la concesión; es decir, no es verdad que no se negoció, se negoció y se llegó a un acuerdo. Y curiosamente se llegó a un acuerdo en las distintas instancias y en distintas épocas y con distintos Directorios de la Administración Nacional de Puertos. Y en este caso, el acuerdo incluso agregaba justamente un conjunto de obras adicionales que por el contrato original de ninguna manera estaban obligadas a realizarse.

Y, por otra parte, y por último, nosotros hemos recogido algunos antecedentes de renovaciones de concesiones anteriores en el Puerto de Montevideo, unas en materia de transporte, general otras, terminales de transporte o algunas unidades, depósitos en el puerto de Montevideo.

En alguno de estos casos ha habido no mantenimiento de condiciones, sino que ha habido rebaja de condiciones y extensiones del plazo.

En algún caso, que tenemos acá como antecedente, tenemos terminales que pasaron de 20 a 30 años antes de terminar el período, o de 20 a 32 años antes de terminar el período en sus plazos, y que no fueron realizadas inversiones adicionales y que fueron rebajadas las condiciones de contratación.

Seguramente, en esos casos el Tribunal de Cuentas habrá intervenido y habrá hecho sus observaciones, habrá hecho sus consideraciones al respecto.

Lo que nosotros queremos decir es que estamos procurando cumplir con responsabilidad con nuestra obligación en un tema delicado, pero que es una buena oportunidad para demostrar que este gobierno quiere respetar el rol de los organismos de contralor, pero tiene la obligación de respetar la Ley porque así se ha comprometido con la ciudadanía, y tiene la obligación de respetar los contratos con los particulares, porque queremos que haya muchos particulares capaces de animarse a invertir en el país, para generar oportunidades de trabajo en el país.

Y, entonces, en ese compromiso que hemos asumido es que estamos. Por lo tanto, el fondo de este tema tendrá que esperar que nosotros podamos reunir la información que en esta etapa necesitamos que nos amplíe el Tribunal de Cuentas, para estar en condiciones de tomar una definición final.

Yo estoy a las órdenes para preguntas, pero además me gustaría que se repartieran las copias de esta versión que hemos presentado ante el Tribunal de Cuentas solicitando la revisión de la observación dispuesta.

MINISTRO ROSSI: Bueno, vamos a ver la fundamentación que seguramente nos va a llegar, porque ustedes habrán visto que yo hacía referencia en algunos casos a las responsabilidades que puedan resultar, que pueden ser emergentes de la decisión que tome el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si el Tribunal de Cuentas al asesorarnos nos orienta también respecto a cómo manejar esas responsabilidades, nosotros por cierto vamos a tomarlo muy en cuenta.

MINISTRO ROSSI: No; si yo dijera eso no sería consecuente con lo que recién he expresado. Nosotros creemos en el funcionamiento de las instituciones del Estado y creemos que el Tribunal de Cuentas tiene un rol muy importante que cumplir.

¿Qué pasa? El Tribunal de Cuentas se apoya en asesoramientos, en servicios técnicos que lo asesoran. Y los asesores, que son muy competentes, no en todos los casos dominan todos los temas, ni tienen el detalle de los temas; como, por suerte, tenemos quienes nos especializamos en alguna materia en particular. Por lo tanto, podría pasar -y por eso son los comentaros que nosotros acercamos con el mayor respeto al Tribunal de Cuentas- podría pasar que no se haya advertido algunos aspectos del contrato que son fundamentales para interpretar otros.

MINISTRO ROSSI: No, yo creo que se deben haber renovado según indica la Constitución y la Ley. No tengo ningún elemento que me lleve a pensar en otra cosa, porque si no, si llegara a convencerme de que la renovación de algunos contratos fue irregular, de inmediato pondría en marcha los mecanismos de investigación correspondientes para ver por qué se hicieron esas renovaciones.

MINISTRO ROSSI: ¿En qué año hizo la denuncia?

MINISTRO ROSSI: No la conozco.

MINISTRO ROSSI: Conozco denuncias incluso anteriores que se han hecho. Y en alguna oportunidad, como dirigente de la Federación Obrera del Transporte también he hecho denuncias y he procurado hacer esfuerzos para que la empresa Buquebús, como todas las empresas de este país, respeten el fuero sindical y los laudos sindicales. Es una historia anterior.

MINISTRO ROSSI: No sé a qué denuncia se refiere, porque en el Parlamento se han insistido, cuando ustedes compartieron con nosotros la comparecencia, en denuncias algunas de las cuales eran del año 2001 y resulta que los que hoy renovaban las denuncias, resulta que habían tenido la oportunidad participando en los organismos de dirección, tanto del Ministerio como de la Administración Nacional de Puertos, de haber investigado esas denuncias y no lo hicieron.

Entonces, resulta que yo no me puedo poner a recorrer los diarios para ver qué cosas se dijeron antes y para ver si las investigo. Por eso, le pongo el ejemplo de que en el año, por allá de 1986-87, me podría haber encontrado a mí haciendo declaraciones en el puerto de Colonia sobre la situación laboral de los trabajadores de Buquebús.

MINISTRO ROSSI: No sé. Ahora, habrá tenido una definición de la Justicia, seguramente; no sé.

MINISTRO ROSSI: Creemos que lo que nosotros presentamos es algo no para abrir una etapa más polémicas, sino para aportar a la profundización de un tema que nos parece importante de verdad. Y ya le digo, nos parece importante, de verdad, no solo por la forma como se ha tratado este tema y como se ha procurado presentar este tema, sino que nos parece importante porque tiene que ver sobre si efectivamente el Estado uruguayo cumple con sus obligaciones, está dispuesto ha cumplir con sus obligaciones o no está dispuesto a cumplir con sus obligaciones.

Porque la contra-cara es que los particulares que se asocian con el Estado uruguayo cumplan también con sus obligaciones y acá no podemos estar permanentemente acomodando un poquito para allá y un poquito para acá.

Lo que tenemos que efectivamente definir. Nosotros tenemos instrucciones de que en todos los casos se cumpla con los contratos cuando la contraparte cumple a su vez con sus obligaciones. Y queremos hacerlo. Por eso, ustedes van a ver en el análisis de este escrito, que nosotros no estamos abriendo una polémica, sino que lo que nosotros estamos pidiendo es que se profundicen algunos temas para tener elementos que nos permitan definir sin equivocarnos y no dejarnos llevar por quien grita más.

PERIODISTA: Entonces, esto estaría más en el marco de una política global que alcance a puertos como en Rocha, etcétera, que para corregir la situación de Buquebús.

MINISTRO ROSSI: No, no; los nuevos puertos surgirán de nuevos contratos que también firmaremos para cumplir, por eso yo les adelantaba que artículos como ese número 10, que da la prerrogativa de poner en marcha los mecanismos de ampliación al particular, renunciando a la competencia del Estado, esos no van a haber más ese tipo de artículos.

Pero los futuros emprendimientos van a haber contratos que los vamos a hacer para cumplir nosotros y para que cumplan los terceros. Pero, en este caso y en otros casos, también queremos que los contratos se cumplan y es el caso este de Buquebús; pero es el caso de otras concesiones, que algunas siguen vigentes, pero siguen con dificultades, que siguen con elementos polémicos, que siguen con la amenaza de que puedan derivan en juicios que tenga que enfrentar el Estado y que nosotros estamos procurando administrar con seriedad. Y, por lo tanto, no queremos andar a los "bandazos", queremos tener criterios firmes.

Por eso hacemos referencia a algunos ejemplos de otras renovaciones que hubo, porque no se puede medir según el momento, según las circunstancias, sino que queremos medir con la misma medida todas las circunstancias.

MINISTRO ROSSI: Claramente. Artículos como el artículo 10 dejan debilidad de parte del Estado. Porque, artículos como el artículo 10, que es la expresión en el contrato que se firmó con Buquebús en el año 94, de un pliego de Licitación que se expresaba en el artículo 22 del pliego y que se hizo en el año 93, esos artículos entregan al privado la iniciativa respecto a las ampliaciones de los contratos.

¿Y después qué sucede? Que si no se cumplen con todas las condiciones que el propio artículo establece, y el Estado resuelve en función de otra valoración, de otro interés o de otras simpatías, resulta que todos los uruguayos tienen que terminar pagando la demanda.

Bueno, entonces, nosotros queremos ser claros: si vamos encaminados a una situación de este tipo, queremos que nos den la opinión, que nos den el asesoramiento que nos permita saber que estamos haciendo lo que mejor conviene a los intereses del país. No sea cosa que después salgan diciendo: el Ministro tal es un irresponsable, tomó tal resolución y resulta que nos encajaron una demanda de tantos o cuántos millones. No; vamos a analizarlo, para tratar de hacer las cosas como corresponde, antes de tener que lamentarnos.

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