El Ministerio del Interior determinó que el organismo encargado de brindar, periódicamente, la información sobre liberaciones provisionales y anticipadas, reincidencias y gestiones vinculadas al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, sea el recientemente creado Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, dependiente del Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis del Ministerio.

En los últimos días, a partir de su promulgación, comenzó la aplicación de la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario. Su puesta en marcha, que establece incentivos para el trabajo y el estudio de los reclusos y genera condiciones para la reinserción en la sociedad de los liberados, permitirá alcanzar el doble objetivo de humanizar un sistema en crisis y mejorar la seguridad pública con estas y otras medidas para reducir los índices de reincidencia.

Toda la población conoce las condiciones de hacinamiento y carencia extrema en las cárceles del Uruguay. Estas condiciones alcanzan también al personal policial que trabaja en los establecimientos de reclusión, pero se trata de una situación que a la postre perjudica al conjunto de la sociedad. Y es bien sabido, también, que el grado de respeto a los Derechos Humanos de todos y todas, se mide en función de cómo esa sociedad trata a los menos favorecidos. Una sociedad que contempla conceptos como la humanización y el respeto a los derechos humanos o la modernización del un sistema de acuerdo a valores propios del siglo XXI será, así lo esperamos, una sociedad más segura.

La Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario ha sido la primera de una serie de iniciativas del Gobierno para alcanzar grados más avanzados para enfrentar y disminuir el delito. Experiencias internacionales demuestran que medidas similares reducen los índices de violencia y criminalidad. Sin embargo, el Ministerio del Interior sabe que ha sido una Ley controvertida. Afortunadamente. El debate democrático es vital, y ésta ha sido, sobre todo, una Ley que buscó la participación de los involucrados, muchos de cuyos aportes fueron incorporados al texto final. Que la sociedad uruguaya procesara una amplia discusión -principalmente a través de los medios de comunicación- sobre un problema que debía considerarse con urgencia, ha sido profundamente provechoso, pues sirvió para sensibilizar a la sociedad sobre un grave problema del país, más allá del alarmismo generado.

Por tal motivo, y para que la información necesaria contemple los requisitos de rigurosidad y veracidad, el Ministerio del Interior determinó que el organismo encargado de brindar, periódicamente, la información sobre liberaciones provisionales y anticipadas, reincidencias y gestiones vinculadas al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, sea el recientemente creado Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, dependiente del Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis del Ministerio, que tiene por objetivo procesar datos confiables y reales -elaborados mediante una metodología rigurosa respecto al tratamiento de los indicadores- sobre cómo evoluciona la criminalidad y la gestión policial de prevención y represión del delito en nuestro país.

El Ministerio del Interior, por lo tanto, confía en que ha contribuido al conocimiento de una Ley compleja con variadas disposiciones, que incluyen desde normas para promover el trabajo y el estudio de los reclusos, hasta la creación de un Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, que ya se encuentra en funcionamiento.