ONU: URUGUAY RATIFICÓ CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

El pasado 8 de diciembre, Uruguay depositó ante las Naciones Unidas en Nueva York, el instrumento de ratificación de un Nuevo tratado protector de los derechos humanos: Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; texto internacional que fuera ratificado en nuestro país el 21 de octubre de este año.

El gobierno uruguayo otorgó poder al Embajador Alejandro Artucio, Representante Permanente del Uruguay ante la ONU, para proceder en nombre de la República al depósito del respectivo instrumento.

El texto actual es complemento de un documento inicial que se redactó hace 20 años en Ginebra, Suiza, por un pequeño grupo integrado por representantes de la iglesia y de organismos no gubernamentales, entre ellos el Embajador Artucio como miembro de la Comisión Internacional de Juristas y quien informa sobre la nueva redacción del Tratado.

Algunos gobiernos europeos se interesaron por el sistema de visitas como medida de prevención y pidieron al pequeño grupo que ya había pasado a convertirse en el "Comité Suizo contra la Tortura", que elaborara un texto a la intención de la Comunidad Europea teniendo en cuenta el contexto europeo. Artucio integra la Directiva de dicho Comité Suizo.

Se aprobó entonces un Tratado Europeo para prevenir la tortura, basado en un régimen de visita a las prisiones, que funciona en Europa hace ya diez años. El Comité Suizo se transformó en la "Asociación para la prevención de la tortura". Uruguay lo apoyó siempre en la Comisión de Derechos Humanos y luego de que las Naciones Unidas lo adoptaran como un instrumento de proyección de los derechos humanos, el gobierno uruguayo lo convirtió en Ley Nacional 17.914 en octubre de 2005. Y quiso el destino que uno de aquellos funcionarios de la ONG e iniciador de esa entonces utopía es hoy el representante de Uruguay ante la Organización Mundial.

¿Cómo se aplicaría el Tratado en Uruguay?

Se crea un Comité por un pequeño grupo de expertos honorarios de distintas nacionalidades, que visitarán con cierta periodicidad las prisiones de cualquier punto de Uruguay. Sean establecimientos de detención, correccionales, o penitenciarias, sean cárceles, jefaturas de policía o comisarías. Es decir, todo lugar donde pueda estar privada de su libertad una persona, fuera cual fuera la causa de su prisión.

Este sistema no tiene consecuencias financieras especificas para el país, ya que se financia con fondos de las Naciones Unidas.

Los expertos a cargo de las visitas no podrán analizar ni opinar sobre las causas con la justicia o la policía de Uruguay, o de cualquier otro país. Opinarán si sobre la manera en que los presos son tratados: sus condiciones de vida, su alimentación, el control de su salud, los tipos de sanción o castigos penitenciarios e informarán confidencialmente a las autoridades uruguayas, y si fuera el caso, aconsejarán los correctivos que a su juicio se imponen. A menudo las malas condiciones en que viven los privados de libertad no dependen de la pobreza o de las carencias de un país, sino de cómo se los trata.

Recordando la Constitución uruguaya, ésta señala que las cárceles no deben ser un lugar para castigar a los presos por los delitos, aun atroces, que hubieran cometido, sino que el objetivo será perseguir su re-educación, la aptitud para el trabajo y si es posible, y muchas veces lo es, particularmente en crímenes pasionales, reintegrarlos a la sociedad y a su familia.

El gobierno de Uruguay y particularmente sus Ministros de Relaciones Exteriores y del Interior, vinculados al tema, han dado un paso en las buenas direcciones: mejorar la protección de sus habitantes contra eventuales excesos de poder.