El Ministro Rossi confirmó que se resolvió dejar sin efecto la autorización, concesión y los permisos otorgados a la empresa Cerro Free Port S.A., por incumplimiento grave respecto al no inicio de las obras portuarias y marítimas, así como la no explotación comercial del puerto "Puntas de Sayago".

En el año 2001 se aprobaron por parte de la Dirección Nacional de Puertos las bases administrativas y técnicas para la construcción, conservación y explotación comercial del puerto "Puntas de Sayago", permisos otorgados en el año 2002.

El Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, informó que "por resolución ministerial del 26 de enero de 2005 se resolvió prorrogar el plazo de comienzo de las obras de construcción del mencionado puerto por el término de 12 meses, venciendo el mismo el 22 de marzo de este año".

Se constataron por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas incumplimientos graves de la empresa Cerro Free Port S.A., lo cual confirma que existe certeza objetiva de que no será posible el cumplimiento de sus obligaciones de iniciar las obras portuarias y marítimas el 22 de marzo de este año, además de la apresurada interposición de demanda contra el Estado por parte de la mencionada empresa, acto que confirma que no se dará cumplimiento a la obligación principal de construir el puerto de Punta de Sayago.

Rossi manifestó que "estos elementos demuestran que el relacionamiento entre Cerro Free Port y el Ministerio de Transporte no se desarrolló en un marco acorde al que eran los objetivos del contrato, y además nos lleva a nosotros a sacar la conclusión de que ya no es posible el cumplimiento de esos plazos, algunos de los cuales ya están vencidos, y otros que no dan los márgenes, los días que restan para poder cumplir en plazo".

Rossi explicó que "el Poder Ejecutivo tiene la obligación, por un lado de aclarar la situación, y desde luego, de participar con las respuestas que correspondan a la demanda que hemos recibido".

El Ministro dijo que "recibimos el 22 de diciembre del 2005, plazo máximo en el cual la empresa tenía que comunicar cuál era la empresa constructora que iba a iniciar la obra, en vez de recibir eso recibimos una nueva propuesta de prórroga y pregunta donde nos pedía que confirmáramos que ellos habían cumplido con sus obligaciones. Desde luego, estudiamos la respuesta, y el 5 de enero, respondimos diciéndoles que no había elementos que justificaran la prórroga y que, por otra parte, nosotros registrábamos determinados incumplimientos. Convocamos a los directores de la empresa, en una primera instancia no pudieron venir, posteriormente tuvimos una entrevista con ellos, dijimos cuál era nuestra posición, respecto al documento que habíamos recibido y a la respuesta que habíamos dado. Y bueno, a partir de ahí, rápidamente lo que recibimos como comentario fue la demanda".

La demanda presentado por Cerro Free Port es por 133 millones de dólares.

Rossi explicó que la empresa fue notificada por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a partir de hoy se abren diez días de vista, que según la Ley tiene la empresa para hacer llegar sus descargos. "Nosotros vamos a hacer llegar esta resolución a consideración del Tribunal de Cuentas, para cumplir con las disposiciones internas del propio Tribunal, y cumplidas estas instancias, vamos a promover la resolución definitiva por parte del Presidente de la República, de caducidad de las autorizaciones".

MINISTRO ROSSI: Del 12 de setiembre del 2001, por el cual se autorizaba la instalación de un puerto, su forma de funcionamiento y a partir de ahí –también- se habilitaba la utilización del espejo de agua respectivo y el dragado y demás.

El motivo de la decisión es coherente con lo que ha sido la posición del Poder Ejecutivo y de este Ministerio respecto a las relaciones con los particulares, los privados, que invierten en el país o hacen usufructo de concesiones en el país.

En este caso, existía un contrato que surgía de la resolución que había tomado el Poder Ejecutivo que establecía, a su vez, una serie de obligaciones para que la empresa tuviera que cumplir, en determinadas fechas, como contrapartida.

Nosotros procuramos, durante el lapso que estuvimos en el Ministerio de Transporte respetar las resoluciones que habían sido adoptadas en el período anterior. Incluso la prórroga de los plazos que se había resuelto el 26 de enero del 2005, a pesar de que el vencimiento era del 22 de marzo del 2005, es decir 22 días después que nosotros llegamos al Ministerio y nos encontramos que se había prorrogado las fechas con anterioridad; pero de la misma forma que nosotros nos imponemos a respetar los contratos, también queremos ser consecuentes y exigentes en el cumplimiento de las obligaciones que los concesionarios tienen con el Estado uruguayo.

En ese sentido, este plazo que se prorrogo para el inicio de las construcciones que estaban comprometidas en el proyecto, hasta el 22 de marzo del 2006, por esa resolución del 26 de enero del 2005, unos días antes de nuestro ingreso. Establecía, además, una serie de plazos, 90 días antes, 45 días antes, 15 días antes del vencimiento de esta fecha, y hoy nos encontramos con que muchas de esas metas han pasado, muchas de estas fechas han pasado y objetivamente hemos evaluado que es imposible que se cumpla con el compromiso de iniciar las obras el 22 de marzo de 2006.

En primer lugar, porque todavía no se han completado los informes topográficos que era una obligación que había asumido la empresa para proporcionar los elementos imprescindibles para realizar las expropiaciones que pudieran habilitar la construcción de los accesos que el proyecto incluía, tanto desde el punto de vista carretero como ferroviario, es decir, había un compromiso de que la información necesaria fuera proporcionada por la propia empresa Cerro Free Port que debía contratar técnicos para proporcionar esa información con la cual el Ministerio de Transporte iba a trabajar para promover las expropiaciones correspondientes, y la empresa ha sido en dos oportunidades notificada de insuficiencia de esa información, desvío de esa información, errores de esa información que prácticamente era una traba para que el Ministerio pudiera cumplir con su cuota-parte.

Y en segundo lugar, no se han iniciado las gestiones de autorización ambiental que debían llevarse como condición previa al inicio de estas obras, tramitándose en el Ministerio correspondiente.

En tercer lugar, no se ha presentado la documentación requerida 90 días antes del 22 de marzo, comunicando la empresa que había sido designada para la ejecución de las obras. Incluso en esta materia tenemos información de documentación que nos permite afirmar que se ha manejado esta designación de la empresa responsable de la construcción con criterios, según fuera para la relación de Cerro Free Port con el Ministerio de Transporte, según fuera para la relación de Cerro Free Port con las propias empresas.

Estos elementos demuestran que el relacionamiento entre Cerro Free Port y el Ministerio de Transporte no se desarrolló en un marco acorde a lo que eran los objetivos del contrato, y además nos lleva a nosotros a sacar la conclusión de que ya no es posible el cumplimiento de esos plazos, algunos de los cuales ya están vencidos, y otros que no dan los márgenes, los días que restan no dan los márgenes para poder cumplir en plazo.

Por último, el Ministerio de Transporte ha recibido, hace unos días, no tengo exactamente la fecha en este momento, a lo mejor me pueden ayudar, una demanda por parte de Cerro Free Port, por 133 millones de dólares de perjuicio. La empresa se considera perjudicada en 133 millones de dólares, entre los que incluye 109 millones de dólares por lucro cesante, es decir por lo que podría empezar a suceder una vez que ellos terminaran de cumplir con sus obligaciones. Lo que pone de manifiesto que si a menos de 90 días del vencimiento de ese plazo del 22 de marzo nos están presentando una demanda de este monto, con estas características, y que incluye un lucro cesante de esta importancia, lo que sacamos como conclusión es que no existe la voluntad de realizar realmente el emprendimiento y de iniciar las obras, sino que existe la voluntad, o se ha optado por el camino de litigar contra el Poder Ejecutivo, contra el Ministerio de Transporte.

Como lo que estaba en discusión era la construcción de un puerto, y no la discusión de una demanda, nosotros llegamos a la conclusión de que, independientemente de que el Ministerio de Transporte se presentará en los plazos, contestando la demanda y dando detallada fundamentación de sus razones, a la vez entendemos que los elementos que se han acumulado son razón suficiente para iniciar el proceso de caducidad de las autorizaciones que hasta ahora han estado vigentes a través de resoluciones del propio Poder Ejecutivo.

En ese sentido, la empresa ha sido notificada, hoy, creo que a las 12 horas 50; a partir de ese momento se abre diez días de vista, que según la Ley tiene la empresa para hacer llegar sus descargos. Nosotros vamos a hacer llegar esta resolución a consideración del Tribunal de Cuentas, para cumplir con las disposiciones internas del propio Tribunal, y cumplidas estas instancias, vamos a promover la resolución definitiva por parte del Presidente de la República, de caducidad de las autorizaciones. Y a partir de ahí, van a caer todas las autorizaciones que justamente, habilitaban la posibilidad de realizar las construcciones y poner en funcionamiento un puerto en la zona de Puntas de Sayago.

Así que es ésta la información que queríamos compartir con ustedes. Se está repartiendo la resolución, ya entre todos los periodistas y si hay alguna precisión, algún comentario con gusto.

MINISTRO ROSSI: En primer lugar, los predios fueron adquiridos por personas vinculadas a este emprendimiento y por lo tanto hoy por hoy son de su propiedad. En segundo lugar, nosotros creemos que Montevideo necesita desarrollar una actividad portuaria que tiene enormes posibilidades de desarrollo, pero la Administración Nacional de Puertos que ha sostenido durante mucho tiempo y ha incrementado su prestigio y su aporte económico a la actividad del país incluso en momentos de muchas dificultades para el país. La Administración Nacional de Puertos siguió siendo una de las actividades más importantes que el país tiene y que incluso su actividad económica va más allá del propio país, influyen en el conjunto de la región, tienen por cierto objetivos, desarrolla estrategias, tiene un plan de líneas de dirección, su desarrollo, y está en condiciones por cierto de llevar adelante la actividad fortaleciendo la actividad portuaria en el país, tanto como sea necesaria, y esto no quiere decir que la intención sea prescindir de la posibilidad de participar de privados que por los mecanismos de concesión actualmente trabajan en el Puerto de Montevideo, y seguirán trabajando y podrán incluso ampliarse las áreas concesionadas para el desarrollo de otras actividades portuarias necesarias, lo que no necesariamente esto pasa por el proyecto que promovía Cerro Free Port y que nosotros entendemos que es un proyecto que estaba pensado en competencia con el Puerto de Montevideo y los actuales operadores del Puerto de Montevideo, pero en realidad acá de lo que se trata es de si ese emprendimiento que tiene las autorizaciones correspondientes y que pasado por una serie de obligaciones, se lleva adelante y se cumple con las obligaciones, o si solo se pretenden los derechos y no las obligaciones que emergen de las obligaciones del Poder Ejecutivo.

Nosotros al comprobar de que esto no solo no avanza sino que se va complicando al punto que terminamos recibiendo una demanda que realmente nos ha sorprendido, y que incluye ni más ni menos que 109 millones de dólares como lucro cesante de una actividad que en los hechos todavía no se inició, entonces claramente nosotros no tenemos interés en recorrer el camino de estar discutiendo en forma interminable un proyecto que en realidad no tenemos claro si existía en algún momento voluntad de llevar adelante.

MINISTRO ROSSI: Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es contestar la demanda. De alguna manera esta resolución que hoy estamos adelantando, lo consideramos que es parte de nuestra posición frente a la demanda recibida y es parte de la respuesta. ¿Por qué? porque no queremos que se siga discutiendo un presunto puerto que a lo mejor, alguna vez, tendremos.

Esta historia se termina acá y a partir de aquí vamos a contestar la demanda y la vamos a contestar con todos los fundamentos que creemos que –por cierto- respalda con mucha fuerza nuestra posición.

Y si de esa respuesta a la demanda surge que existen elementos suficientes para, a su vez, reclamar por los daños que pueda haber sufrido el Estado, desde luego que no vamos a vacilar a hacerlo. Pero en principio lo primero que tenemos que hacer es contestar la demanda que está planteada y que tiene una fecha, una fecha.

La presentación de la demanda por parte de Cerro Free Port fue el 10 de febrero del 2006 y la fecha de respuesta es y la fecha que tenemos como limite, para la respuesta va a ser el 13 de marzo, el 13 de marzo, por lo tanto antes del 13 de marzo nosotros vamos a estar presentando un alegato fundamentado.

MINISTRO ROSSI: A ver si terminamos este tema y después paseamos por ahí.

MINISTRO ROSSI: Y sí, cuando nosotros cuando llegamos al Ministerio, en los primeros días, vivimos en este país, sabíamos que había planteado una situación compleja, con dificultades que se expresaban en distintos terrenos y con trámites que se estaban llevando adelante en distintos lugares del Estado. Entonces designamos un grupos de técnicos, de profesionales, para que hiciera un relevamiento que con colaboración de las demás Instituciones y Intendencia de Montevideo, Dirección de Medio Ambiente, Administración Nacional de Puertos, nos permitiera reunir el conjunto de la documentación, todos los expedientes de modo de poder saber exactamente como se había desarrollado los hechos, qué era lo que estaba pendiente, qué era lo que no estaba pendiente, cuáles eran los plazos que había que recorrer.

Y habíamos venido siguiendo con bastante preocupación una serie de notificaciones que había promovido la empresa, en determinado momento, hacia distintas dependencias, de alguna manera presentándose como perjudicada cuando de la documentación nosotros entendíamos que en muchos casos ellos eran los omisos.

Bueno, esto era un elemento que estábamos manejando, era notorio que el 22 de marzo del 2006 se acercaba. Y entonces recibimos el 22 de diciembre del 2005, la fecha en que la empresa tenía que comunicar cuál era la empresa constructora que iba a iniciar la obra, la fecha máximo. En vez de recibir eso recibimos una nueva propuesta de prórroga y pregunta donde nos pedía que confirmáramos que ellos habían cumplido con sus obligaciones. Desde luego, estudiamos la respuesta, y el 5 de enero, respondimos diciéndoles que no había elementos que justificaran la prórroga y que, por otra parte, nosotros registrábamos determinados incumplimientos.

Convocamos a los directores de la empresa, en una primera instancia no pudieron venir, posteriormente tuvimos una entrevista con ellos, les dijimos cuál era nuestra posición, respecto al documento que habíamos recibido y a la respuesta que habíamos dado. Y bueno, a parir de ahí, rápidamente lo que recibimos como comentario fue la demanda, por lo que la demanda es un elemento que nos saca toda duda. Acá si alguna vez existía la voluntad de llevar adelante una obra, un emprendimiento portuario, ahora lo que está realizándose por parte de los representantes del sector empresarial en nuestra opinión es otra cosa, entonces el Poder Ejecutivo tiene la obligación, por un lado de aclarar la situación, y por otro lado desde luego, de participar con las respuestas que correspondan a la demanda que hemos recibido.

MINSITRO ROSSI: Yo no debo entrar a presumir, no puedo hacer presunciones. No le niego a usted que puedo tener una opinión, pero mi opinión no importa, importan los hechos, y estamos acá en esta situación que estamos.