UNICEF PROMUEVE ANÁLISIS DE SITUACIÓN INFANTIL EN
URUGUAY
"La actividad de hoy es el resultado del trabajo de
representantes de instituciones tanto públicas como privadas y esperemos
que la instrumentación de los acuerdos alcanzados en estas Jornadas sean
una realidad tangible para el Código de la Niñez y la Adolescencia",
dijo Tom Bergmann-Harris, representante de UNICEF en Uruguay.
Este lunes 21 de agosto, en la sala Paulina Luisi del
Edificio Anexo del Palacio Legislativo, UNICEF y la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento presentaron el documento con las conclusiones y
recomendaciones de las Jornadas de Análisis de la Situación de la
Infancia del Uruguay en relación al Código de la Niñez y Adolescencia.
En este evento hicieron uso de la palabra el
Presidente de la Cámara de Representantes, Julio Cardozo, la Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes,
Daniela Payseé; y el Representante de UNICEFF – Uruguay, Tom Bergmann-Harris;
estuvieron presentes además por la Suprema Corte de Justicia, Ricardo
Peréz Manrique; el Presidente del Instituto de la Niñez y la
Adolescencia, Víctor Giorgi; los representantes nacionales: Washington
Abdala, Beatriz Argimón, Margarita Percovich y miembros de la sociedad
civil.
El Presidente de la Cámara de Diputados, Julio
Cardozo, destacó que "es un día de conclusiones y de aportes en un tema
tan delicado para todos los uruguayos y la meta es lograr conclusiones
que sirvan para todos, ya que es un tema que trasciende a los Gobiernos
ya que está cercano a la familia y a la sociedad".
Por su parte, la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Daniela Payseé, sostuvo
que "esta actividad tiene por cometido analizar las conclusiones a los
que arribamos en los grupos de trabajo y constituyen un mojón en el
camino y uno una meta" señalando además que "los ámbitos de reflexión
fueron convocados por UNICEF".
Tom Bergmann-Harris, representante de UNICEF, dijo
que "la actividad de hoy es el resultado del trabajo de representantes
de instituciones públicas y privadas", agregando que "en aspectos
sustanciales el Código no ha podido ser aplicado aún, y esperemos que la
instrumentación de los acuerdos alcanzados en estas jornadas para el
Código de la Niñez y de la Adolescencia sea una realidad tangible".
En la síntesis de los encuentros sobre la situación
de los derechos de la infancia en el país y el Código de la Niñez y de
la Adolescencia, cuenta entre sus principales recomendaciones y acuerdos
alcanzados la creación de una comisión técnica de integración
multidisciplinaria que se expida sobre las eventuales reformas al Código
de la Niñez y de la Adolescencia, la cual sería convocada por el Poder
Ejecutivo; solicitar al Poder Ejecutivo la instalación del Consejo
Honorario Consultivo de los Derechos del Niño y del Adolescente;
solicitar al Poder Ejecutivo la designación del tercer miembro del
Directorio del INAU; investigar y recabar información acerca de la
aplicación actual del CNA como insumo para guiar su reforma; revisar las
políticas sociales dirigidas a la infancia y la adolescencia con el fin
de proporcionar alternativas a las situaciones sociales de riesgo que
viven ciertos adolescentes y que son causa de vulneración de sus
derechos; mejorar los vínculos interinstitucionales; eliminar los
obstáculos que influyen negativamente en la percepción de la
adolescencia por parte de algunos sectores de determinadas
instituciones; capacitar a operadores sobre la normativa del CNA;
impulsar el diálogo Estado-sociedad civil; potenciar la participación de
la sociedad civil en la discusión, diseño y ejecución de las políticas
públicas; fomentar un cambio de comportamiento en los medios de
comunicación para el abordaje de los temas relacionados con la infancia
y la adolescencia y que incorporen la perspectiva de derechos;
identificar voceros para el contacto con los medios de comunicación y
asegurar que la información a difundir contemple el enfoque de derechos;
y monitorear el tratamiento informativo que se da a las noticias sobre
infancia y adolescencia.
El primer encuentro de reflexión se realizó el 28 de
abril de este año, y concurrieron al mismo representantes del Ministerio
del Interior, de la Suprema Corte de Justicia, del INAU y de diferentes
organizaciones de la sociedad civil. Luego de realizar un análisis claro
de la situación actual los participantes acordaron que el objetivo de la
reunión no era la reforma del Código ya que no se podía hablar de
reforma sin antes conocer cual era el grado de implementación del mismo.
Se aprobó una agenda de trabajo que contempló la
formación de cuatro grupos para abordar diferentes temáticas. El Grupo 1
trató el tema de la necesidad de la articulación entre autoridades
competentes en la implementación del CNA; el Grupo 2 vislumbró la
necesidad de la articulación entre ONGs y autoridades en la
implementación del CNA; el Grupo 3 la estrategia a seguir; y el Grupo 4
las estrategias de comunicación de las políticas de la infancia.
El segundo encuentro efectuado el 19 de mayo de este
año tuvo por objetivo la concreción de mínimos acuerdos que accionaran
los mecanismos de articulación de las políticas sociales y coordinación
de esfuerzos interinstitucionales que permitieran una correcta
aplicación del CNA y también acordar criterios sobre la necesidad de una
reforma legislativa y definir sobre qué aspectos.
En el Grupo 1 el objetivo fue acordar criterios para
instrumentar las herramientas consagradas en el CNA, en temas como
promoción de derechos, prevención y control punitivo.
En esta mesa se abordaron principalmente temas que
hacen a la concreción de las políticas sociales y de política criminal.
La preocupación de los participantes por la falta de respuestas
institucionales acordes al Código y la Convención estuvieron presentes
en cada una de las intervenciones.
No se relacionó en forma genérica a la pobreza con
los delitos, y esto quedó claro cuando se dijo que los menores
infractores son o constituyen un pequeño núcleo, por lo tanto, se trata
de una situación abordable. En cuanto al Código, el Presidente del INAU
señaló que: "antes de plantearnos la reforma del Código hay que
investigar si efectivamente se está aplicando. INAU está muy lejos de
haber ajustado sus procedimientos".
El Grupo 2 tuvo entre su objetivo principal los
acuerdos para implementar la articulación de políticas sociales que den
contenido a las soluciones previstas por el Código.
El debate estuvo centrado en la situación actual de
la relación entre Estado y sociedad civil organizada, especialmente en
el relacionamiento INAU-ONG; en la participación de las organizaciones
sociales en el diseño de las políticas sociales y programas y en la
etapa de ejecución, así como en la necesidad de la articulación entre
ambas para optimizar el resultado.
También en este Grupo se habló de las dificultades
que enfrentó el INAU en los últimos dos años: el cambio de autoridades,
el cambio de legislación y la inadecuación de las prácticas de sus
operadores. Esta necesidad de poner la casa en orden habla claramente de
las intenciones de las nuevas autoridades de INAU de comenzar a
transitar el camino de la adecuación institucional a la nueva
legislación y de establecer un nuevo vínculo con la sociedad civil,
según lo expresado en documentos de UNICEF.
En el Grupo 3 se trabajó sobre acordar criterios para
fijar una estrategia común respecto a la necesidad de reformas al CNA.
Los participantes manifestaron que las dificultades
que presenta la aplicación del CNA provienen de la insuficiencia de
herramientas consagradas y de su interpretación inadecuada; la no
aplicación directa por parte de algunos operadores del sistema judicial
y policial; la necesidad de reformar algunos aspectos del Código que
tienen que ver con los temas adopción; protección de derechos
vulnerados; infracciones a la Ley penal y trabajo infantil; la no
vigencia de las garantías en el debido procedimiento policial de
detención de los adolescentes y en el ámbito judicial, donde se pierde
la finalidad educativa del proceso.
Finalmente el Grupo 4 trató la temática de acordar
una estrategia de comunicación de las políticas de la infancia y
fortalecer el discurso de promoción de derechos.
El Código es considerado por los medios de
comunicación como un Código penal y no en su integralidad. Es colocado
como un Código que responde a intereses sectoriales y es preocupante la
terminología que utilizan los medios para transmitir noticias referentes
al tema, según el resumen de las Jornadas elaborado por UNICEF.
A través del Programa de Cooperación 2005-2009 y del
subprograma Movilización social y Reforma Legal e institucional, UNICEF
en cumplimiento con su rol promotor de la Convención sobre los Derechos
del Niño, otorga asistencia al Gobierno del Uruguay y a organizaciones
de la sociedad civil para adecuar el marco legislativo y las prácticas
institucionales al tratado internacional.
La propuesta de organizar esta serie de encuentros
surgió de los reiterados planteos recibidos por parte de diferentes
actores de ámbitos gubernamentales y de la sociedad civil organizada,
sobre las dificultades de implementación del Código de la Niñez y la
Adolescencia.
El Código entró en vigencia en setiembre de 2004, con
la promulgación de la Ley 17.823 y tiene valiosos avances respecto del
marco jurídico vigente anteriormente en el país. Se reconoce en el
espíritu del Código, materializado en los principios generales que
recoge, el objetivo de sentar las bases para el establecimiento de un
sistema de protección integral de los derechos de la infancia y la
adolescencia y de establecer los lineamientos generales para los cambios
institucionales que deben producirse.
El aporte de UNICEF para concretar estos espacios de
reflexión y análisis, fue generar el ámbito adecuado para que actores
calificados pudieran reunirse a reflexionar sobre la situación actual y
la eventual necesidad de una reforma legal acorde a los principios de la
convención sobre los Derechos del Niño.
INTEGRANTES DE LAS JORNADAS DE ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA DEL URUGUAY. 28/ABR Y 19/MAY |