El Ministro Arana anunció que el Presidente Vázquez había firmado este lunes el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, definido por el titular de Vivienda como “una clara apuesta del Gobierno a la descentralización nacional” y agregó que permitirá una reestructuración que el país se debe de ordenamiento y desarrollo territorial sostenible.

Al hablar con los medios de comunicación luego del Acuerdo semanal en la Residencia de la avenida Suárez, el Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, destacó también que OSE acaba de rebajar las tarifas del servicio de agua potable en toda la zona de Maldonado que antes administraba la empresa Aguas de la Costa.

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, MARIANO ARANA, LUEGO DEL ACUERDO SEMANAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

MINISTRO ARANA: Con mucha satisfacción quiero reiterar una noticia que fue divulgada por lo menos en el departamento de Maldonado -y creo que tuvo resonancias a nivel nacional el último viernes- en donde conjuntamente con las autoridades de OSE se firmó (justamente en la capital del departamento de Maldonado) la compra del 60% de todo cuanto tiene que ver con “Aguas de la Costa”. Esto significa que el Estado, cumpliendo todo el proceso de acatamiento a la Reforma Constitucional y fundamentalmente del artículo 47, pasa ahora a estar controlando el 99.7% del suministro de agua potable en el territorio nacional.

No solamente eso sino que, con mucha emoción por parte de mucha gente en Maldonado, fundamentalmente de aquella que se encuentra hacía el este del Arroyo, tenemos la oportunidad de decirles que en el mismo momento en el que se firmó esta adquisición, las autoridades de OSE rebajaron las tarifas poniéndolas al mismo nivel que los vecinos que están en esa zona balnearia.

Otro anuncio, creo que trascendente para el presente y sobre todo para el futuro del Uruguay, es el hecho de que el Presidente acaba de firmar el proyecto articulado de Ley de Ordenamiento Territorial que le acabamos de presentar ahora a todo el gabinete.

Estamos hablando de una Ley de Ordenamiento Territorial que genera instrumentos importantes que refuerzan o que pueden reforzar las actuaciones de los gobiernos departamentales y los gobiernos locales a nivel de todo el país en una apuesta clara a la descentralización nacional, buscando coordinaciones entre lo nacional y lo local, también buscando o posibilitando las coordinaciones entre distintos departamentos o con microrregiones que involucren distintos gobiernos departamentales.

Es importante entonces, como afirmación entre esas coordinaciones entre lo público y lo privado también, señalar que lo que se busca con este plan, con esta apuesta, a una reestructuración que el Uruguay se debe, de ordenamiento y desarrollo territorial sostenible.

Tengamos en cuenta que, desde hace ya unos ocho años aproximadamente, tan sólo el departamento de Montevideo contó con un Plan de Ordenamiento Territorial oportunamente aprobado con una amplia mayoría de la Junta Departamental. Hoy, a partir de ahora, comenzará el estudio, la etapa de análisis, de discusión amplia, como aspiramos a que se dé el país y se dé nuestra ciudadanía.

Se procura la priorización de los instrumentos de desarrollo local -como les dije- y, tratando de que se sustente la idea de un desarrollo económico productivo con equidad e inclusión social. La Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible procuramos que sea un proceso que permita el impulso hacia una política de desarrollo con base territorial y acorde con la calidad ambiental que nuestro país y nuestra ciudadanía merecen.

Tenemos también que señalar que mediante estos lineamientos se procura que exista una forma equitativa de conjugar -digamos- costos y beneficios de todo aquello que es introducido como mejoramientos o como transformaciones, tanto por el Gobierno Nacional o los Gobiernos Departamentales, a nivel de la propiedad territorial de todo el Uruguay.

Estamos hablando no solamente de la propiedad urbana sino también de la propiedad rural. Entendemos que siguiendo los lineamientos constitucionales que tienen que ver con el interés general, son algunos de los aspectos que van a ser discutidos en la órbita parlamentaria, van a ser considerados por toda la ciudadanía. Nosotros entendemos que vale la pena que procuremos una amplia difusión; una amplia discusión, un amplio conocimiento de las oportunidades que permite esta propuesta, para que todos los Gobiernos Departamentales puedan utilizarlos –si así lo creen conveniente- para impulsar sus propios planes de desarrollo en consonancia con los lineamientos de “Uruguay Productivo con Justicia Social”. De manera que me congratulo, en hacer, en fin, pública esta noticia.

PERIODISTA: Ministro, ¿exactamente en qué consiste y qué busca esta ley? ¿Cuáles son los objetivos? No lo entendí bien.

MINISTRO ARANA: Justamente, darle más y mejores instrumentos...

PERIODISTA: ¿Qué instrumentos?

MINISTRO ARANA: Instrumentos que tienen que ver con la creación -por ejemplo- de planes de ordenamiento y de desarrollo  a nivel territorial. Insisto en que es a nivel territorial no solamente urbano. Creo que vale la pena señalar que esto se encuadra dentro de los 60 años. Se están cumpliendo ahora, en este año, 2006, 60 años de la ley de centros poblados en el país, una ley realmente impulsada por una de las grandes figuras, el arquitecto Horacio Terra Arocena, que oportunamente puso de relieve la  necesidad de actuar con responsabilidad, conjugando el interés privado con el interés público, poniendo facilidades pero también acotamientos al puro interés de lucro por parte de quienes son poseedores de determinados predios. En aquel caso, señalado exclusivamente todo cuanto tiene que ver con los centros urbanizados, los centros poblados.

En este caso la ley pretende extenderse más allá de lo puramente urbano para comprometerse con  todo aquello que tiene que ver con la tenencia y la producción, señalando también las posibilidades y las obligaciones que deben tener las personas que actúan en el ámbito rural en todo lo que tiene que ver con la producción, con un destino importante para todos los habitantes del país y también con todo aquello que tiene que ver con la estructuración territorial en materia urbana para tratar de ser congruentes con todo aquello que genere una posibilidad de formas de desarrollo equilibrado y sostenible para beneficio de la comunidad.

PERIODISTA: Ministro, discúlpeme que le reitere pero básicamente a modo de síntesis le pido. ¿Cuáles son las medidas principales para otorgar esos instrumentos para la inclusión social en base al desarrollo del territorio como usted mencionaba?

MINISTRO ARANA: Son algunas posibilidades para que los municipios puedan encuadrar su forma de gestión con mayor fluidez de lo que hoy mismo la legislación vigente permite. De manera que si lo creen conveniente, pueden actuar  en consecuencia. Y además, sabido es que muchas de las inversiones que a nivel público se hacen pueden beneficiar sin que, de pronto, sus titulares hayan hecho ningún esfuerzo personal e individual pero puedan beneficiarse largamente o en forma muy sustantiva con las resoluciones que administrativamente puedan adoptar, tanto los municipios como el gobierno central. Parece, entonces, razonable que se tenga en cuenta ese reparto, como dije, equitativo entre costos y beneficios de todo aquello que pueda impulsar desde el interés general el desarrollo sostenible del país.