"Para el Ministerio del Interior, las recomendaciones que arroja este informe van a ser un poco la hoja de ruta que nos permitirá seguir trabajando en la humanización del sistema carcelario", dijo la representante de esa cartera en la presentación del informe sobre las condiciones de reclusión de las mujeres privadas de libertad.

En la oportunidad, estuvieron presentes el Director Nacional de Cárceles, Julián Rodríguez; la Asesora en Políticas Carcelarias del Ministerio del Interior, María Noel Rodríguez; la Directora General del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, Cristina Gil; la Vicepresidenta del Patronato Departamental de Canelones, Rosa Quintana; por el Instituto Nacional de la Mujer, Cristina Beramendi y por el Comisionado Parlamentario, Alvaro Garcé.

En representación del Ministerio del Interior, Rodríguez expresó que desde el inicio dicha cartera ha identificado como una de sus prioridades la humanización del sistema carcelario y la dignificación de los funcionarios que trabajan en el sistema, agregando que dicho informe va a permitir esto.

También precisó que "hemos notado una profunda invisibilización sobre la situación de las mujeres presas, lo que motivó que se conformara un grupo interdisciplinario e interinstitucional para abordar la temática, el cual luego de varios meses de trabajo finalmente presenta el informe donde se establecen las principales características en cuanto a la situación de las mujeres privadas de libertad y una serie de recomendaciones que son posibles de implementar a corto plazo, en principio con bajos montos presupuestales".

La encargada de dar a conocer el informe fue Rosa Quintana, quien explicó que desde el mes de abril del 2006 se constituyó una Mesa de Trabajo en la cual se acordó la realización conjunta de un estudio sobre las condiciones de las mujeres en prisión en Uruguay, con énfasis en aquellas reclusas que están con sus hijos en los lugares de detención.

La Mesa se constituyó con representantes del Consejo de Educación Secundaria; la ONG Ánima; el Comisionado Parlamentario; el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados; el Patronato Departamental de Canelones; la organización SERPAJ; el Instituto Nacional de la Mujer; la Dirección Nacional de Cárceles; así como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública; la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Canelones, entre otros.

Dicho trabajo tuvo por objetivo el conocimiento de esta problemática y que se permitiera a su vez determinar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en esta materia.

Se dio mucha importancia a la observancia en materia de Derechos Humanos como insumo al fortalecimiento del sistema penitenciario y mejoramiento de la situación de las mujeres que se encuentran privadas de libertad.

Como segundo objetivo se identificó los principales problemas con el objetivo ulterior de realizar un taller para la canalización de las recomendaciones y las acciones que surgen de este documento.

En tercer lugar, sirvió para establecer coordinaciones entre la Dirección Nacional de Cárceles y las Jefaturas de Policías y demás organismos, públicos y/o privados, para la superación de las situaciones más urgentes y la implementación de una política penitenciaria con perspectiva de género.

Como cuarto objetivo, se menciona como importante que se olvidó la situación de urgencia humanitaria que vive la población masculina, pero conocer la situación de la mujer -que representa en 5.6% del total de la población carcelaria- le pareció relevante a este grupo de trabajo.

Es de destacar que la metodología de trabajo usada fue la de un estudio que abordara la situación carcelaria nacional, desde una perspectiva de género, que implicó un análisis del referido tema.

Las fuentes de información utilizadas fueron: la legislación nacional e internacional en materia constitucional, penal, procesal, penitenciaria; de Derechos Humanos y de Género; estadísticas nacionales e internacionales, así como de visitas a los centros penitenciarios, informes de los directores de dichos centros, etcétera.

La información solicitada consistió en 48 preguntas apoyadas en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

El informe presenta datos oficiales al mes de mayo de este año en lo que hace referencia al número de mujeres privadas de libertad y de su situación: 370 mujeres, con 33 niños. Al respecto, cabe recordar, que la Cárcel Cabildo es la única en el país destinada a mujeres; mientras que el Centro de Reclusión de Canelones y establecimientos de Reclusión Departamentales se encuentran en su gran mayoría en anexos a cárceles de hombres.

En cuanto a las recomendaciones, se señala lo siguiente: efectivizar los estándares nacionales e internacionales de las mujeres privadas de libertad; unificar la política penitenciaria a nivel nacional, a efectos de garantizar el derecho y la igualdad.

Otro punto a considerar es el promover la regionalización de los centros femeninos de reclusión para evitar el desarraigo; implementar convenios con las empresas de transporte departamentales para el traslado de los familiares; como también implementar el derecho a la visita íntima.

Y en el aspecto de la salud se sugiere incorporar ginecólogos, pediatras y otros especialistas.

Además, se recomienda también otros puntos para mejorar las posibilidades de las reclusas, tanto en el aspecto laboral como en la educación. Finalmente, se hace hincapié en la elaboración de un manual informativo para personas privadas de libertad que incluya la perspectiva de género.

Por último, cabe indicar que se informó que en la Cárcel Cabildo el INAU implementará la instalación de una guardería que permitirá atender a los hijos de las reclusas.

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