En el marco de la misión de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior, y de las pautas de estrategia dadas por la Junta Nacional de Drogas acerca del tráfico internacional, se desbarató una empresa uruguaya exportadora de botellas de vino conteniendo diluido en el líquido interior clorhidrato de cocaína.

La policía holandesa informó en febrero de 2006 a las autoridades nacionales competentes, que la empresa uruguaya Universal Electrics SRL, exportadora de naranjas, no enviaba su producto a Holanda con ese fin.

En base a estos datos se comenzó en Uruguay un control, sobre el dueño de la empresa y sus actividades, que aportó un relacionamiento de este individuo con ciudadanos colombianos a los que también se controló.

En coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas se comenzó un seguimiento de los contenedores que salían del país. El 8 de agosto este empresario hizo una exportación a los Países Bajos de mil cajas de vinos, conteniendo cada una seis botellas. Llamó la atención a las autoridades uruguayas el cambio de rubro y, por lo tanto, cuando ese cargamento llegó al puerto de Amberes en Bélgica se hizo una inspección del contenedor y constataron que algunas de las botellas de vino iban con cocaína diluida en su interior.

A partir de esto, se hicieron ocho allanamientos en Uruguay con detención de ciudadanos ecuatorianos, colombianos y uruguayos.

En el interrogatorio primario, el uruguayo aceptó haber exportado las botellas de vino en forma adulterada, haciendo la cocaína líquida para incluirla en las botellas y después de un proceso en reversa, por cada botella quedarían unos 300 gramos de cocaína.

Hasta el 26 de setiembre, los belgas analizaron 1.700 botellas, de las cuales 168 contenían en total unos 50 kilos de cocaína.

Finalmente, la Jueza Letrada interviniente procesó con prisión al empresario uruguayo, dos ciudadanos colombianos, una ciudadana ecuatoriana y otra uruguaya.