La DGI mantiene su posición firme respecto a que los problemas encontrados en Tienda Inglesa ameritan la presunción de defraudación, que es lo que establece el Código Tributario, por lo cual se debe proceder a la clausura de la empresa, porque "cuando se cometen errores y no se paga lo que se debe, es necesario corregirlos", expresó Zaidensztat.

El Director Nacional de la DGI dijo que en estos momentos están esperando que la Justicia determine si el pedido de clausura de la empresa es o no inconstitucional.

Asimismo, recordó que la misión de la DGI es corregir los errores cometidos por las empresas, sin mirar tamaños o nombres, porque "somos todos iguales ante la Ley". A través de los técnicos, la DGI cobra los impuestos que no se pagaron, más las multas e intereses que correspondan en cada caso.

Zaindesztat también se refirió a la situación de La Pasiva, diciendo que ante todo le preocupa la preservación de las fuentes laborales de todos los trabajadores, pero no puede dejar de ver la actitud "desleal de la gente de esta cadena que no pagaba sus impuestos, se guardaba la plata de la sociedad en sus bolsillos y cometió -lo que se llama desde el punto de vista tributario- una defraudación".

En ese sentido, recordó que las cajas de la DGI están abiertas para aquel que tiene voluntad de pago y "los empresarios de La Pasiva tienen la oportunidad, como cualquier otro empresario que tenga realmente voluntad de pagar, de acercarse a la DGI, ir a las cajas y pagar".

Zaidensztat anunció que existe la idea de crear una bolsa de trabajo para que, a medida que surjan nuevos emprendimientos gastronómicos, los trabajadores que "no tienen la responsabilidad que sus patrones, dueños o accionistas hayan evadido y defraudado" puedan conseguir otro empleo en esos nuevos emprendimientos.

Finalmente, el Jerarca informó que la DGI trabaja como Auxiliar de la Justicia conjuntamente con el Ministerio del Interior, investigando varios departamentos como Colonia, San José, Canelones y Montevideo. Hasta el momento se procesaron 23 personas que participaron en una maniobra de clonación de facturas, de venta de bienes y servicios inexistentes en el departamento de Rivera. Dicha maniobra, según lo detectado por los equipos técnicos de la DGI y por los inspectores que vienen trabajando al servicio del Juez de Rivera, involucran varios millones de dólares.

ZAIDENSZTAT: La DGI tiene lo que le impone la Ley, que es el secreto tributario y el secreto de las actuaciones. Pero, en forma general lo que le podemos trasmitir a la gente, es que la DGI no mira tamaño, no mira nombres, y somos todos iguales ante la Ley. Y por tanto, cuando una empresa -lo que le decimos a la gente en forma general- comete errores y no paga lo que debió pagar a la DGI, -le damos la tranquilidad a la ciudadanía-, que cuando participa a través de sus técnicos, lo que hace es corregir esos errores, volver a cobrar el impuesto que no se pagó, más las multas correspondientes, más los intereses que correspondan.

Todos se pueden equivocar, y cuando se produce un error del punto de vista tributario; lo que le decimos a la gente que una vez que los equipos de la DGI ingresan a cualquier tipo de empresa, chica, mediana, grande o muy grande, se le cobra ese impuesto a la gente, y además cuando se financia ese impuesto lo que se establece es un sistema de garantías y de responsabilidades también de las partes.

ZAIDENSZTAT: Hablamos en forma general, no podemos hablar del caso específico de ninguna empresa.

ZAIDENSZTAT: En Rivera la DGI está actuando como Auxiliar de la Justicia conjuntamente con el Ministerio del Interior, en un trabajo conjunto que estamos desarrollando con Inteligencia, y hasta el momento trabajando como Auxiliares de Justicia podemos adelantar que ya se encuentran procesados y en prisión 23 personas que participaron en esta maniobra de clonación de facturas, de venta de bienes y servicios inexistentes. Las actuaciones continúan, seguimos trabajando como Auxiliares de la Justicia conjuntamente con el Departamento de Inteligencia.

ZAIDENSZTAT: No, esto puede tener derivaciones y de hecho estamos investigando otros departamentos del interior del país y también Montevideo. Están relacionados gente de otros departamentos pero fundamentalmente la venta de facturas clonadas se desarrolló en Rivera, por lo que hasta el momento se ha visto. Se han realizado actuaciones en Colonia, en San José, en Canelones y Montevideo.

ZAIDENSZTAT: Es difícil estimar, porque cuando los "empresarios" que utilizaron este tipo de servicio son detenidos a solicitud de la justicia por el Ministerio del Interior el Juez tiene 48 horas para actuar, la DGI es una herramienta del Poder Judicial y como actuar en 48 horas tenemos que determinar en primer lugar el concepto, si fue utilizadas facturas, en este caso clonadas y después las investigaciones se profundizan. Estamos hablando de una maniobra que es de varios millones de dólares, difícil de cuantificar al momento, pero ya lo detectado por los equipos técnicos de la DGI, por los inspectores que vienen trabajando al servicio del Juez de Rivera, involucran varios millones de dólares.

ZAIDENSZTAT: El tema del cierre de Tienda Inglesa vamos a recordárselo a la gente, la DGI entendió que lo encontrado en Tienda Inglesa ameritaba habilitar el procedimiento de clausura de un establecimiento comercial, y en tal sentido, del punto de vista de la administración tributaria, le solicitamos a un sistema que necesita sí o sí pasar por el Poder Judicial, la Justicia Civil, la autorización para clausurarlo por seis días. El Juez Civil que actuó en este caso entendió pertinente la solicitud de la DGI y falló a favor de la DGI, determinando una clausura de seis días de la empresa, dentro del debido proceso y las garantías que tiene cualquier empresa, presentó un recurso esta empresa, un recurso de inconstitucionalidad de la ley que en estos momentos se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia.

Por otro lado, la empresa presentó un recurso administrativo, que tanto en primera instancia la DGI como nuestro superior jerarca, el Ministerio de Economía, confirmó el fallo; por lo tanto del punto de vista de la administración tributaria del Ministerio de Economía, mantiene la posición que la empresa debemos clausurarla y estamos a la espera –ambas partes- de que la Justicia determine. Si el fallo de inconstitucionalidad es a favor de la DGI, como pasó en otros casos –para que la gente nos entienda- no es nuevo que se solicite, que se diga "mire, en lo que se basan ustedes es inconstitucional". Le pedimos a la Suprema Corte de Justicia, ya en casos muy similares la Justicia falló a favor de la DGI diciendo que esto era constitucional. Si fuera así, volvería el expediente al juzgado y bueno, existen otras etapas para cumplir, pero la DGI mantiene su posición firme que en este caso, los problemas encontrados en la empresa ameritarían la presunción de defraudación que es lo que establece el Código Tributario, por lo cual, en esta empresa –como en otras empresas que ya pasó- se clausuraron almacenes de barrio, se clausuraron tiendas, se clausuraron ferreterías, se clausuraron negocios de comidas, salas y empresas gastronómicas, se clausuraron empresas de distintos giros. Chicas, medianas, grandes, la Ley no hace diferencia para el tamaño; por tanto la DGI lo mantiene y la Justicia determinará si tiene razón o no.

ZAIDENSZTAT: Tema La Pasiva; en primer lugar, a nosotros también nos preocupa el mantenimiento de las fuentes laborales de todos los trabajadores; y cuando hablamos de todos los trabajadores, nos preocupan también aquellos negocios de comidas –restaurantes, bares, pizzerías- que en distintos puntos del país, en momentos de crisis, o en cualquier momento, tuvieron que cerrar sus puertas, mandar sus trabajadores al seguro de paro, o achicarse. Nos preocupan también esos empresarios porque hay una competencia desleal de la gente de esta cadena que no pagaba sus impuestos, se guardaba la plata de la sociedad en sus bolsillos y cometió -lo que se llama desde el punto de vista tributaria- una defraudación. Hemos puesto en conocimiento esto, en un proceso judicial, a la Justicia. La Justicia Penal finalmente determinó que haya ocho o nueve directores de La Pasiva presos. Se presentó también a la Justicia Civil para salvaguardar y recuperar el dinero evadido, defraudado, sacado a toda la sociedad; porque lo que no paga uno lo termina pagando la gente a través de impuestos más altos, a través de aportes a la seguridad social, y bueno, eso que no pagó esa gente, dijimos "tenemos que recuperarlo".

Entonces fuimos a la Justicia Civil y le pedimos embargos genéricos, fue accedido por la Justicia Civil; embargos específicos, fue accedido por la Justicia Civil. Le dijimos también que queríamos una retención de lo que se vende con tarjeta de crédito, fue accedido por la Justicia Civil. Y también pedimos a la Justicia Civil que se pongan interventores de caja en cada una de estas casas, y también la Justicia Civil lo aceptó.

Por tanto, esta es una empresa que tiene empresarios, resumiendo, en la cárcel, responsable de este delito de defraudación, y el delito penal establecido por la Justicia el delito correspondiente; empresarios que están embargados en sus cuentas, embargados en una cuota parte de lo que venden y que esas estafas que le hicieron a la sociedad ha hecho que mucha gente haya quedado en la calle por competencia desleal, empresarios que se fundieron, trabajadores que fueron al seguro de paro, fueron despedidos cuando otros negocios fueron cerrados.

Nos preocupa todas las fuentes de trabajo, pero esto no es nada nuevo. La inspección fue hecha en abril de 2003, estamos a fines de octubre del 2006, lo que yo siempre digo es que las cajas de la DGI están abiertas para aquel que tiene voluntad de pago. Y los empresarios de La Pasiva tienen la oportunidad, como cualquier otro empresario que tenga realmente voluntad de pagar, de acercarse a la DGI, ir a las cajas y pagar. Y en caso de necesitar un convenio de pago, se analiza caso por caso, y estableciendo las garantías que hay. Porque mire que los accionistas de estas empresas no son ningunos indigentes, ¿y sabe por qué? porque la plata que defraudaron no está en manos de la sociedad, no volvió a través de los impuestos al sistema, a la sociedad, para que los uruguayos tengamos mayor seguridad, mayor dinero por ejemplo para educación en convenio que tenemos, mayor dinero para salud, mayor dinero para la gente necesitada.

Este dinero defraudado ¿dónde terminó? Todos lo sabemos. Y bueno, la Justicia actuó.

El país viene creciendo y todos los días se observan que en el área gastronómica se crean negocios nuevos en distintas zonas como es Ciudad Vieja, los boliches de Ciudad Vieja, en Pocitos, en Punta Carretas, en Carrasco, en distintos puntos de Montevideo y de todo el país.

Y por tanto en reuniones mantenidas con otras partes la sugerencia realizada es realizar bueno ¿por qué no se crea una bolsa de trabajo? Una bolsa de trabajo donde se toma la gente que lamentablemente es utilizada -a veces- como un escudo humano para proteger intereses de los accionistas y no los trabajadores.

Y por tanto la idea que aportamos nosotros es decir, creemos una bolsa de trabajo donde cuando alguien necesite un pizzero, un planchero, un mozo, un limpiador, se tome de la gente que lamentablemente no tiene la responsabilidad ni la culpa de nada, que sus patrones, los dueños, los accionistas hayan evadido y hayan defraudado.

Por tanto la idea que aportamos nosotros es: creemos una bolsa de trabajo y a medida que se van creando nuevos emprendimientos gastronómicos éstos trabajadores tienen el conocimiento y podrán aportar.

ZAIDENSZTAT: Hay un dicho que dice que hay mucho ruido y pocas nueces. Las únicas nueces concretas que tenemos importantes son las que se obtuvieron a través de las retenciones de caja, retención de tarjetas de crédito, dispuesta por la Justicia Civil.

Las cajas de la DGI las mantenemos abiertas para aquel que quiera venga a pagar.

ZAIDENSZTAT: Mucho ruido y pocas nueces.

ZAIDENSZTAT: Vamos a esperar que se vote en la plena Comisión de Diputados y luego seguimos, porque se viene dilatando.

ZAIDENSZTAT: No, no. La idea del Ejecutivo que esto ya a esta altura hubiera estado votado hace tiempo, pero estamos esperando y se decide democráticamente en un país como el nuestro por el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo está tomando el tiempo que él entienda necesario.

Obviamente mientras más se demore la aprobación de esta Ley, menos tiempo queda para implementar con eficacia y con buen resultado, el mejor resultado una reforma tan importante de todo el sistema tributario.