El Informe Anual de la Asamblea General de la OEA –aprobado unánimemente- destaca la buena fe con la que actuó el Gobierno uruguayo en materia de Derechos Humanos, dando cumplimiento irrestricto a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, calificando al país como un "ejemplo" por su apego a las normas de derecho.

Esto surge tras el reclamo del militar Tomás Cirio ante la Comisión Interamericana de DDHH y contra Uruguay –iniciado en el año 1993-, planteando la necesidad de ser reparado y restituido por las violaciones a sus derechos al ser destituido durante la dictadura.

Tras varios planteos, el Mayor Cirio fue resarcido económicamente y reparado en su honor, con todo lo que eso supone a nivel militar, en el marco de una solución genérica que se definió tiempo atrás.

En virtud de lo acontecido, la Comisión decidió que dicho militar había sido resarcido, incluso reparado en su grado, ascendiendo a General, por lo que no dio lugar a ningún otro planteo. En este sentido, la Comisión Interamericana entendió que Uruguay había actuado de acuerdo a derecho, cumpliendo con la normativa.

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