El Uruguay Productivo con "justicia social", mejorar los niveles salariales, la demanda de una Ley de negociación colectiva general, la necesidad de establecer cronogramas del diálogo social y la campaña para anular la Ley de Caducidad fueron conceptos destacados por los Representantes del PIT-CNT, luego de la reunión con el Presidente Tabaré Vázquez.

En el intercambio con la prensa de los Dirigentes de la Central Sindical Juan Castillo, Luis Puig y Fernando Pereyra, tras la reunión mantenida con el Primer Mandatario en la Residencia de Suárez, se presentaron los ejes centrales del encuentro y la necesidad de definir la agenda de demandas de los trabajadores del año 2007.

El Secretario General del PIT-CNT, Juan Castillo, explicó que los temas tratados fueron "los que está debatiendo, tanto el Gobierno en el propio Parlamento, y la opinión pública en general" y que "esto tiene que ver con el empleo, la mejora de los niveles salariales y también con los derechos de los trabajadores, particularmente la demanda de una Ley de negociación colectiva general, no solamente la convocatoria de los Consejos de Salarios o para hacer Decretos sobre ocupaciones, sino para discutir el conjunto de las relaciones laborales".

Castillo indicó que plantearon la imperiosa necesidad de que comience a cumplirse lo programado en cuanto al diálogo social, aclaró que recibieron la respuesta que en los próximos días va a ser convocado ese ámbito.

El dirigente sindical dijo que particularmente quieren profundizar y avanzar más en dónde van a estar ubicados los trabajadores y sus sindicatos en el tema reforma del Estado, y resaltó también "la preocupación manifiesta por nosotros en cuanto al proceso de la Reforma del Sistema Nacional de Salud, a los efectos de que -tal cual se había anunciado- pueda entrar en el Parlamento este mismo año y en lo posible aprobarse aspectos de esa reforma para que comience a funcionar el año que viene".

Asimismo, Castillo precisó que los Representantes del PIT-CNT le plantearon al Presidente de la República cómo valora la actuación del movimiento sindical en el capítulo derechos humanos, la importancia de los avances que se han logrado, pero, considerando que aún así, hay un escollo entre lo que es la iniciativa del Gobierno, la actuación de la Justicia y la demanda de la mayoría del pueblo uruguayo, que es la Ley de Caducidad. La Central Sindical anunció que en los próximos días van a estar realizando el lanzamiento de una Coordinadora a nivel nacional para apurar el proceso en esa campaña.

Por otra parte, informó que "por último tocamos el tema de la política de nuestro país en cuanto a las relaciones comerciales y políticas con el resto del mundo, particularmente haciendo centro en la preocupación que tenemos los trabajadores uruguayos del fortalecimiento del proceso de integración del MERCOSUR, tratando de generar las mejores condiciones para que los países iguales de América tengamos políticas de complementación productiva en todas sus esferas. Obviamente, allí tratamos con detenimiento el tema de los perjuicios que tiene para los trabajadores -que son los que luego pagan los platos rotos- los cortes de ruta y puentes del lado argentino, comunicándoles en ese aspecto los contactos que estamos haciendo con el movimiento sindical argentino, buscando un camino que nos permita ayudar, contribuir a que esos problemas no jueguen el mismo papel que jugaron el año pasado para nuestro país".

Sobre la conformación de una Comisión en virtud de que se considera la Ley de Caducidad como un escollo y al preguntarles si el objetivo es la derogación y si así le fue planteado al Presidente, Luis Puig dijo que "lo que nosotros estamos trabajando estos días es en la Coordinadora Nacional hacia la anulación de la Ley de impunidad, cuya anulación, en definitiva planteamos que debe corresponder al Parlamento, dado que es una Ley que está viciada de nulidad, que debe ser declarada nula e inexistente, no porque lo diga el movimiento sindical, sino porque los propios convenios internacionales a los que Uruguay ha adherido, y que son Ley en nuestro país -porque tienen ratificación parlamentaria- establecen que la desaparición forzada, que los crímenes, el secuestro de niños y demás, son delitos que no prescriben y que los Estados tienen la obligación de perseguirlos como tal".

Respecto a cuál había sido la respuesta del Presidente en cuando a la anulación de la Ley de Caducidad, Puig señaló que "es claro que el Presidente de la República no ha defendido el planteamiento de la anulación, pero respeta, y lo dijo expresamente, las decisiones de las organizaciones sociales y de derechos humanos que están impulsando la anulación".

Puig agregó que "otro de los aspectos que señalamos en materia de derechos humanos es que el Congreso del PIT-CNT definió un apoyo unánime a la designación de la Fiscal Mirtha Guianze como Fiscal de Corte y que entendemos que los cuestionamientos a la Fiscal no pueden tener ninguna base ética, por el contrario, lo que no se le perdona a la Fiscal Mirtha Guianze por parte de algunos sectores políticos del país es haber tenido la actitud ética de pedir el procesamiento de los terroristas de Estado y que haya logrado que la Justicia uruguaya recobre su valor ético".

Al planteárseles a los Representantes del PIT-CNT si habían hablado con el Presidente de la República de los reclamos de la Central Obrera en el sentido de que se saldara la deuda social que tiene el país antes que la que se mantiene con el Fondo Monetario Internacional, Fernando Pereyra expresó que, "nosotros lo que le preguntamos al Presidente es cuáles son las ventajas para el país de adelantarle el pago al Fondo Monetario Internacional; si estas ventajas son claras, cuál es el remanente que quedaría el año que viene para invertir en inversión pública", y explicó que "este tema pasa ahora a ser discutido con el Ministerio de Economía", enfatizando que "seguimos con la misma duda".

Por otra parte, fueron consultados sobre si el Presidente realizó algún comentario sobre el nivel de conflictividad existente, Puig respondió que "ninguno", agregando que "es obvio que el último informe de conflictividad dio una baja conflictividad en octubre" y que "se ha exagerado mucho en términos de la ocupación, ya que en todo el período hubo una decena de ocupaciones, lo que no puede ser vista como la medida principal del movimiento sindical".

Juan Castillo, por último, reveló que "en un momento el Presidente de la República estimó como muy positivo y saludó el papel del movimiento sindical" en ocasión del reciente paro de los transportistas de carga.