El Ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, subrayó este martes que Uruguay se encuentra “ante el desafío y la responsabilidad” de implementar el Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tanto a nivel nacional como internacional.

El jerarca sostuvo que en ese cometido existe la voluntad desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, de continuar facilitando espacios de encuentro y reflexión como las Jornadas de Trabajo sobre dicho Protocolo, que  comenzaron este martes.

Los encargados de la  apertura de las Jornadas -que fueron organizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación para la Prevención de la Tortura- fueron el Canciller Reinaldo Gargano; el Ministro del Interior, José Díaz; el Subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini; el Secretario General de la Asociación para la Prevención de la Tortura; Mark Thomson; la representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; María Elena Martinez y el Embajador de España en Uruguay; Fernando Valderrama.

Gargano comentó que nuestro país en su condición que le asigna la constitución del Subcomité de Prevención ha querido contribuir presentando un candidato uruguayo a las selecciones que tendrán lugar el próximo 18 de diciembre en Ginebra,  el Dr.  Wilder Tyler.

Además mostró la preocupación que existe desde Cancillería por un alto número de casos en que los expertos internacionales de Naciones Unidas no reciben cooperación y pidió  que se haga.

Por su parte, Díaz recordó lo que se viene haciendo  desde su cartera desde el año pasado respecto a los derechos humanos con la Ley de Humanización,  agregando que con esto se apunta a incorporar modernos institutos, como el de la prevención de la pena mediante estudio y trabajo,

También precisó que se vienen cumpliendo tres grandes fases en este proceso de cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de trato de las personas privadas de libertad. Indicó que la primera fue la ley de Humanización y que se busca crear un  Instituto Nacional de Rehabilitación.

En tanto, el Embajador de España manifestó que en su país se están poniendo en marcha los mecanismos nacionales de prevención, aunque aclaró que aún se está en un estadio preliminar de la discusión.

Por su parte, Michelini indicó que con este Protocolo se crea una línea distinta de trabajo y se va a tratar un problema endémico de nuestra sociedad como lo fue la tortura agregando que se va a crear un diálogo entre la sociedad y el Estado.

A todo esto, la representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos manifestó que Uruguay  es un buen ejemplo en los esfuerzos para el tratamiento de estos temas sobre los Derechos Humanos.

Mientras que Thomson dijo que es muy significativo que en Uruguay se realicen reuniones para la aplicación de este Protocolo “en detalle ya que Uruguay es una inspiración y uno de los primeros en aplicar tempranamente dicho protocolo.

Cabe señalar que el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes  fue aprobado por Uruguay por ley 17.914 del 21 de octubre de 2005, constituyendo un acontecimiento trascendental en la protección internacional de los Derechos Humanos, en tanto el mismo permite la realización de visitas periódicas a los lugares de detención de los Estados Partes a cargo de órganos nacionales e internacionales independientes. El objetivo de estas visitas consiste en evaluar las condiciones de reclusión y el tratamiento que reciben las personas privadas de libertad.

Asimismo, dijo, el Protocolo se centra en técnicas preventivas en lugar de las que se activan a posteriori y establece una relación de complementariedad entre los mecanismos nacionales e internacionales de inspección; constituyendo una importante herramienta para la eliminación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

PALABRAS DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, REINALDO GARGANO

MINISTRO GARGANO: Señor Ministro del Interior, José Díaz, señor Subsecretario de Cultura, Felipe Michelini, señor Embajador de España, Fernando Valderrama, señora representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, María Elena Martínez, señores oficiales, distinguidos panelistas, señores representantes de organizaciones de Derechos Humanos, señoras y señores.

Yo quisiera comenzar mis palabras agradeciendo la presencia de ustedes y además subrayando un hecho muy especial para mi país, que es que Uruguay ha logrado en poco tiempo, algo así como dos años, estar suscribiendo convenios internacionales, no sólo para la prevención de la tortura, sino instrumentando a nivel nacional medidas que garanticen los derechos humanos de todas las personas, inclusive de aquellas que han cometido delitos y que han sido penadas por la Justicia, porque también son ellos seres humanos y el objetivo que marca la Constitución es que las cárceles deben servir para recuperar a los reclusos y no para agravar su situación.

Es realmente un honor para nosotros recibirlos en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la sesión de apertura de estas primeras jornadas de trabajo, sobre la aplicación en el Uruguay del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Esta actividad ha sido organizada por la Cancillería conjuntamente con los amigos de la Asociación para la Prevención de la Tortura, con el apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y con la financiación del gobierno de España y de la Organización de Estados Americanos, a quienes quisiéramos agradecer públicamente la colaboración brindada. No es la primera vez que trabajamos en forma conjunta con la Asociación para la Prevención de la Tortura y es siempre un placer que nos visiten en Montevideo. 

En nuestro carácter de ejecutores de la política exterior del Estado uruguayo hemos impulsado las condiciones para el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Uno de los claros avances de ese desarrollo lo constituye el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, iniciativa que Uruguay apoyó firmemente tanto en el proceso de negociación que por cierto fue extenso y complejo, como a través de una pronta ratificación.

La tortura, así como los tratos inhumanos y degradantes, constituyen una de las más graves violaciones de los derechos fundamentales de los seres humanos y a pesar del marco jurídico que dio la convención contra la tortura y los esfuerzos que desde hace tanto tiempo vienen desarrollando Estados, organizaciones sociales, organismos internacionales y órganos de Tratados, se trata de un fenómeno que no se ha eliminado en el mundo.

Como ustedes saben, el 21 de octubre de 2005 Uruguay aprobó por ley 17.914 el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y de los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tal aprobación constituye un acontecimiento trascendental en tanto el mismo permite la realización de visitas periódicas a los lugares de detención con el objetivo de evaluar las condiciones de reclusión y el tratamiento que reciben las personas privadas de libertad.

El Protocolo Facultativo ha de instalar un sistema de visitas periódicas a los lugares de detención. Se centra en técnicas preventivas en lugar de técnicas que activan a posteriori. Yo quisiera subrayar que esto es lo más significativo de lo nuevo ¿verdad?: actuar antes de que los hechos se produzcan para prevenir que los mismos acontezcan. Y establece una relación de complementariedad contra mecanismos nacionales e internacionales de inspección, todo lo cual lo convierte en una importante herramienta para la eliminación de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. Uruguay, como estado parte del instrumento, se encuentra hoy ante el desafío y la responsabilidad de implementar el Protocolo, tanto a nivel nacional como internacional, es decir, de implementar este doble pilar de prevención.

A nivel nacional Uruguay ha asumido el compromiso de designar crear o en su caso mantener uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura. Es por ello que, para una mejora difusión del instrumento y para dejar instalado en nuestro país el debate sobre el mecanismo nacional de prevención, la Cancillería y la APT hemos creído conveniente realizar estas jornadas de trabajo y reunir a todos actores nacionales competentes en esta temática para realizar todos juntos un ejercicio de reflexión.

En ese sentido para esta próxima etapa que debemos transitar de constitución del mecanismo nacional de prevención quisiera reiterar la voluntad del Ministerio de Relaciones Exteriores, de continuar facilitando estos espacios de encuentro y reflexión cada vez que se estimen necesarios.

En lo que tiene que ver con la fase internacional igual importancia tiene la constitución del Subcomité de Prevención. En efecto es una complementariedad que se dará entre los mecanismos nacionales y el Subcomité Internacional, en el que tenemos puestas nuestras esperanzas de éxito del Protocolo. Para ello es necesario que dos países nombremos expertos calificados, expertos con experiencia en el terreno y expertos provenientes en diferentes áreas y disciplinas, que hagan que el Subcomité un equipo multidisciplinario con una visión global de la prevención de la tortura.

En opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores en la forma en que se integre este Subcomité y la metodología de trabajo que emplee son elementos clave que determinarán el éxito o el fracaso de su mandato. Uruguay ha querido demostrar la prioridad que le asigna la constitución del Subcomité de Prevención y ha querido contribuir el inicio a este proceso internacional presentando un candidato uruguayo a las selecciones que tendrán lugar el próximo 18 de diciembre en Ginebra. Nos referimos al señor Wilder Tyler, un profesional por todos ustedes conocido, amigo de esta casa y con una muy amplia trayectoria internacional en esta materia. Es para nosotros un honor que el Dr. Tyler pueda representar a nuestro país en el Subcomité de Prevención.

Para finalizar y en relación a las facultades que tendrá Subcomité de Prevención de visitar a los países miembros quiero mencionar que preocupa a la Cancillería no es un número de casos en que los expertos internacionales de Naciones Unidas no reciben cooperación de los Estados o que ella es mínima, afectando gravemente el desempeño en su mandato.

Es necesario que en los países brinden cooperación y también que apliquen las recomendaciones realizadas por los procedimientos especiales. Es por eso que  estimamos necesario que nuevos consejos de Derechos Humanos, donde en nuestro país está representado -ha sido electo por una mayoría primaria de votos- y la Alta Comisionada en su Oficina para los Derechos Humanos fortalezcan los medios de cooperación y de asistencia técnica con los países concernidos para la aplicación de las recomendaciones.

Yo agradezco al Departamento de Derechos Humanos el Ministerio de Relaciones Exteriores por haber trabajado junto a al Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura y a las organizaciones sociales y a la Embajada de España en la preparación de este evento, que, espero, nos permita avanzar en la defensa de los Derechos Humanos. Yo tengo a mi lado al Dr. José Díaz, con quien casi me he criado en la adolescencia y que creo ha realizado en este aspecto de trabajo de defender los Derechos Humanos, especialmente de los que están sometidos a prisión, una de las tareas fundamentales. Hay que prevenir el delito y luego tratar a quienes han violado la ley de tal forma que puedan recuperarse para la sociedad. Muchas gracias por la presencia de ustedes y cedo la palabra a quien le corresponde.  

PALABRAS DEL MINISTRO DEL INTERIOR, JOSÉ DÍAZ

MINISTRO DIAZ: Para empezar, con el dueño de casa, compañero Ministro de Relaciones Exteriores, demás amigas y amigos de esta mesa, organizaciones que han llevado adelante esta importante Jornada de Prevención de la Tortura en la práctica; señores Jefes de Policía -tenemos varios Jefes de Policía dentro de los invitados- y demás integrantes del personal penitenciario de prácticamente de todo el país se han hecho representar en estas Jornadas- integrantes del Patronato, del Instituto de Criminología y otras Instituciones de nuestro Ministerio del Interior, está también el Fiscal Letrado del Ministerio del Interior, señoras y señores.

Es para nosotros una gran responsabilidad, un gran honor el estar en el arranque de estas Jornadas, en donde nuestra asesora penitenciaria, entre otras, participará en este caso junto con el señor Comisionado Parlamentario –al que omití saludar en la presentación- participará en uno de los paneles de estas Jornadas.

La práctica de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes constituye una gravísima violación de los derechos humanos. Más: es una evidencia de la fragilidad de las propias democracias que toleran estas prácticas violatorias de los derechos humanos.

El Uruguay en los últimos años ha demostrado una creciente preocupación sobre el tema y, en la búsqueda de radicar la tortura y los malos tratos -en especial en el ámbito de la privación de libertad- aprobó no hace mucho tiempo -mediante ley- la creación de esta importante Institución, que es el Comisionado Parlamentario, cuyo titular, el doctor Garcé, es toda una garantía en esta materia de contralor parlamentario y además, un centro de expresión de denuncias, de sugerencias y de cambios dentro de nuestro instituto penitenciario. Podemos decir que el grueso de sus recomendaciones se han convertido en verdaderas órdenes para nosotros y hemos tomado las medidas pertinentes para satisfacer sus propuestas y sus demandas.

En nuestro Ministerio del Interior tenemos dos flancos a cuidar en esta materia. No solamente, aunque sea el más importante, el flanco de la situación de los múltiples establecimientos penitenciarios del país, muchos de los cuales no hemos podido sacar de su situación de hacinamiento, de baja calidad de atención de las personas privadas de libertad. Pero también tenemos el flanco de las comisarías. Aquí hay algún jefe que sabe la importancia que nosotros le hemos dado al trato de las personas que van a la Policía. Incluso hemos pensado en formas de controlar que ese trato sea humano, cordial y servicial, como corresponde a la Policía.

El Ministerio del Interior ha sido muy celoso en dar cumplimiento -mucho antes de los tratados internacionales, aquí en el Uruguay regía en la Constitución, creo que a partir de la Constitución  de 1916 – 1919- una norma que obligaba a la autoridad penitenciaria a convertir a las cárceles, no en un lugar de maltrato, sino de rehabilitación mediante estudio y trabajo, norma que hemos tratado de cumplir.

El año pasado se dio la batalla por una Ley de Humanización que apuntaba a incorporar modernos institutos, como el de la prevención de la pena mediante estudio y trabajo, para hacer realidad esa obligación constitucional que venía del fondo de la historia del siglo XX, pero cuyo cumplimiento brillaba por su ausencia.

Estamos en ese camino. Yo siempre explico que para el Ministerio del Interior, en la visión de medo y largo plazo del Ministerio del Interior tenemos como tres grandes fases en este proceso de cumplimiento de las normas nacionales, e internacionales en materia de trato de las personas privadas de libertad.

Al asumir la presidencia, el doctor Tabaré Vázquez declaró la emergencia humanitaria a nuestra propuesta. Tomábamos un sistema caótico, con altos índices de incumplimiento de las normas nacionales e internacionales, y nos parecía que el primer paso, la primera fase, era intentar superar esa situación mediante una política. Después se concretó en una ley que transformó la propia política penitenciaria y criminal en el Uruguay, que es la Ley de Humanización.

Esa es una fase todavía en desarrollo. Lamentablemente no podemos decir que ya tenemos un sistema humano en nuestras cárceles. Luego hay una segunda fase en este desarrollo, que es la de unificar el sistema. Nos encontramos con que teníamos más de 20 sistemas penitenciarios, o sea un caos penitenciario, no una organización, un sistema, un instituto penitenciario con políticas comunes, con prácticas penitenciarias de rehabilitación similares. Estamos en ese camino: la Ley de Presupuesto quinquenal incluyó esa posibilidad y ya hemos firmado, no hace mucho, que la cárcel de Canelones pase a formar parte también de la Dirección Nacional de Cárceles y así en forma gradual hasta tener un Sistema Único Penitenciario.

La tercera fase es crear el Instituto Nacional de Rehabilitación, seguramente fuera del Ministerio del Interior, para lo cual tenemos mucho que hacer, no sólo en transformación legislativa sino en la preparación de los cuadros penitenciarios necesarios para hacer posible que cuando este instituto sea creado –hay un proyecto de ley de nuestro común amigo que fuera diputado hasta la legislatura anterior, el doctor Daniel Díaz Maynard, sobre este Instituto Nacional de Rehabilitación-. Ley pero sobre todo condiciones materiales, de infraestructura y de recursos humanos de personal penitenciario que hagan posible el establecimiento, en el más breve plazo posible, de un Instituto Nacional de Rehabilitación.

Las autoridades penitenciarias nuestras -tan difusas en todo el país- han mostrado una total apertura para que los mecanismos de monitoreo y control de los derechos humanos pueda ingresar a los centros penitenciarios y formular las recomendaciones necesarias para el mejoramiento de la situación carcelaria.

Esto se hizo desde un comienzo. Tanto instituciones públicas como el Comisionado, como instituciones privadas de derechos humanos como SERPAJ, han tenido la mayor amplitud de la historia de nuestro país para realizar su encomiable labor de monitoreo de nuestro sistema penitenciario.

Seguiremos trabajando en esa dirección, por lo que nos congratulamos de que el Uruguay haya ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura -nosotros habíamos pretendido también incluirlo como norma en la ley de Humanización y vino desde Cancillería por vía aparte, como correspondía- y que solo reste por designar –esta es la situación en la cual estamos- el mecanismo nacional de prevención correspondiente a efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el Protocolo.

Desde ya anticipamos que la autoridad penitenciaria –todavía autoridades penitenciarias- garantizarán el acceso a todos los lugares de detención, así como a brindar toda la información relativa al trato de las personas privadas de libertad y las condiciones de reclusión, asegurando que las recomendaciones formuladas por el subcomité para la Prevención de la Tortura y por el mecanismo nacional que se designe, serán especialmente escuchadas y debidamente atendidas. Muchas gracias.