Según el informe "Panorama Social 2006", de la CEPAL el desempleo ha disminuido y ha aumentado la creación de puestos de trabajo en zonas urbanas de América Latina. Sin embargo, la actual cobertura  de los sistemas de seguridad social entre los asalariados se mantiene por debajo
de la que prevalecía a comienzos de la década pasada.

Después de más de una década de aumento persistente del desempleo, la tasa de desocupación urbana se redujo en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en el último cuatrienio (2002-2005). Además, esta caída fue acompañada por un aumento en la creación de puestos de trabajo en las zonas urbanas de la región, factores que contribuyeron a la reducción de la pobreza en el último período.
Así lo sostiene el informe Panorama social de América Latina 2006, dado a conocer ayer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Según el documento, el desempleo abierto ha tenido un cambio de tendencia desde 2002, año a partir del cual ha bajado sostenidamente en numerosos países, luego de las alzas persistentes anotadas durante la década anterior.
Según las cifras oficiales de los países, entre 2002 y 2005 la tasa de desempleo regional pasó de un 11,0% a un 9,1%, y se espera que en 2006 se reduzca más.
Por otro lado, entre los años 2003 y 2005 se aceleró el ritmo anual de creación de puestos de trabajo en América Latina, en comparación con el período 1991-2002. Entre 2003 y 2005 el total de ocupados en las zonas urbanas aumentó poco más de 5,3 millones por año.

Las disminuciones más pronunciadas del desempleo se produjeron en aquellos países cuyas economías se expandieron a un ritmo más acelerado en el último trienio, como Argentina, Uruguay, Panamá, Venezuela y Colombia (en ese orden).
En tanto, si bien el desempleo de los jóvenes mostró las bajas más pronunciadas, éste sigue siendo muy superior al promedio. Asimismo, a pesar de los avances, la reducción del desempleo urbano no modificó las diferencias que existen entre hombres y mujeres: las tasas de desempleo entre estas últimas son más altas.
En su informe la CEPAL advierte que, si bien los avances son notorios, el desempleo en América Latina sigue siendo elevado y supera en poco más de tres puntos porcentuales el nivel de 1990. Esto se debe en parte al aumento de la participación en la actividad económica, principalmente por la cada vez mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral: entre 2002 y 2005 se incorporaron 2,8 millones de mujeres y 2,5 millones de varones, lo que se compara con 2,2 y 2,0 millones, respectivamente, en el período 1990-2002.
Si bien en los últimos años hubo una importante recuperación del empleo asalariado, ésta no se complementó con un cambio significativo de la calidad de los puestos de trabajo. El Panorama social señala que entre 2002 y 2005 del total de ocupados en las zonas urbanas un 77% consiguió un empleo asalariado y cerca del 91% se incorporó al sector formal, aunque cerca de uno de cada cuatro de estos últimos lo hizo en empleos sin afiliación a los sistemas de previsión social. En la región dos de cada tres asalariados están cubiertos por dichos sistemas.
Tal como destacó la CEPAL en el documento principal presentado en su Trigésimo primer período de sesiones (realizado en Montevideo, en marzo de 2006), la actual cobertura  de los sistemas de seguridad social contributivos basados en el empleo y los bajos niveles salariales de los trabajadores que aún no están cubiertos (en promedio 226 dólares mensuales a precios de 2000), no permiten avanzar hacia una modalidad universal de jubilaciones y pensiones que otorgue prestaciones mínimas con un financiamiento suficiente a largo plazo.
Por este motivo es preciso que los países adapten los sistemas de protección social al contexto actual de los mercados de trabajo latinoamericanos, dice el informe. Para eso se requieren aportes no contributivos, sistemas que integren el financiamiento contributivo y no contributivo y una definición clara de las prestaciones garantizadas por los sistemas. Sólo así se podrá avanzar en la cobertura de la protección social de los trabajadores y sus familias.