En un informe presentado recientemente por la CEPAL se pretende crear conciencia entre los gobiernos democráticos de América Latina la importancia de las políticas públicas para promover y garantizar los derechos de los pueblos indígenas eliminando la inequidad. El tema es singularmente trascendente habida cuenta de que la población indígena de la región supera los 30 millones de personas y presenta una gran diversidad en términos de volumen y distribución territorial.

América Latina es una región claramente pluriétnica y pluricultural. En la actualidad existen 671 pueblos indígenas, reconocidos por los Estados, bajo diversidad de realidades territoriales y demográficas, y poseen diferentes estatus sociopolíticos dentro de los países donde se asientan.

La irrupción de los pueblos indígenas como activos actores sociales y políticos se ha constituido en uno de los fenómenos más sobresalientes de los últimos veinte años en América Latina y en el mundo, y tendrá impactos de larga duración en las democracias de la región. Sin embargo, el común denominador es la discriminación estructural que les afecta, que se expresa en marginalidad, exclusión y pobreza.

De acuerdo con el informe de la CEPAL “Panorama social de América Latina 2006”, dado a conocer recientemente, se estima que la población indígena de la región supera los 30 millones de personas según censos de 2000. Perú, México, Bolivia y Guatemala son los países que tienen más población indígena, fluctuando entre los 4,5 y 8,5 millones, mientras que en Nicaragua, Honduras, Argentina, El Salvador, Panamá, Paraguay, Costa Rica y Uruguay no supera los 500.000 habitantes.

Asimismo, si bien las poblaciones indígenas son en su mayoría rurales, actualmente es posible encontrar desde pueblos en aislamiento voluntario hasta asentamientos mayoritariamente urbanos, e inclusive transnacionales. En su informe, la CEPAL presenta un panorama sociodemográfico de los pueblos indígenas, con un análisis inédito en la región, que considera las inequidades en términos de la violación a los derechos humanos individuales y colectivos. Estos últimos se agrupan en las siguientes categorías: derecho de no-discriminación; derecho a integridad cultural; derechos de propiedad, uso, control y acceso a las tierras y recursos; derecho al desarrollo y bienestar social; derechos de participación política, consentimiento libre, previo e informado.

Además se constata que son poblaciones con estructuras por edades más “jóvenes” que los promedios nacionales, con mayores niveles de fecundidad y tasas más elevadas de mortalidad en la infancia y en la niñez, lo cual conlleva la necesidad de que las políticas públicas se diseñen a partir de las especificidades demográficas, culturales y territoriales de los pueblos, dice la CEPAL.

Como parte de este proceso, se ha llegado a un estándar internacional de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, generando nuevas obligaciones para los Estados, como: reconocer, promover y garantizar estos derechos; y, diseñar las políticas públicas atendiendo a este nuevo estándar, estableciendo mecanismos de evaluación que permitan determinar su cumplimiento.

La información disponible también demuestra el vínculo indisoluble de los pueblos indígenas con el territorio, dado que sus asentamientos se encuentran principalmente en las regiones de sus tierras ancestrales. Sin embargo, la pobreza, la invasión de colonos y las presiones de empresas nacionales e internacionales sobre sus tierras, los lleva a migrar fuera de ellas, inclusive traspasando fronteras nacionales.

Finalmente la CEPAL recalca que, a inicios del siglo XXI, el desafío para la construcción de democracias pluriculturales consiste no sólo en la eliminación de las inequidades sino también en reconocer efectivamente el aporte de identidad, cosmovisiones, raíces y humanidad de los pueblos indígenas de la región.

La Síntesis del Panorama social de América Latina 2006 está disponible en formato electrónico, en español, en el sitio web de la CEPAL.