Se presentó el Proyecto de Ley para la creación del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDDHH) que tendrá como cometido la promoción y protección de los mismos, reconocidos por la Constitución y el Derecho Internacional, acompañando las políticas estatales a través de resoluciones con carácter recomendatorio.

Hasta el momento, Uruguay es uno de los tres países de América Latina que no tiene aún una institución de estas características, la cual tendrá como competencias: proponer la suscripción, adhesión, ratificación de Tratados internacionales relacionados con los derechos humanos; promover medidas para armonizar el orden jurídico y las prácticas administrativas e institucionales con los instrumentos internacionales; emitir opiniones y recomendaciones al Estado uruguayo; realizar investigaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos así como también recibir denuncias sobre presuntas violaciones y divulgar su actuación de la forma más amplia posible.

En el acto de presentación del Proyecto de Ley estuvieron presentes: el Presidente de la Asamblea General y Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin; el Presidente de la Cámara de Representantes, Julio Cardozo; la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Belela Herrera; el Representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pablo Mandeville; el Representante de la sociedad civil del grupo de trabajo, Fernando Willat, y el experto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Oscar López Goldaracena.

Nin expresó que esta instancia significa la culminación de un proceso que comenzó en abril de 2006 con la instalación del grupo de trabajo para la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos, el cual estuvo conformado por Senadores, Diputados, Integrantes del Poder Ejecutivo, Representantes de la Academia, de la sociedad civil y que contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

En ese sentido, sostuvo que la creación del INDDHH va en línea con una política de profundización del respeto y la salvaguarda de los derechos humanos y explicó que en el Parlamento hay un antecedente que es el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario que tenía como cometido principal asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de las normativas referidas a la situación de las personas privadas de libertad por decisión judicial.

En este caso, explicó que la INDDHH posee una jerarquía similar con otro ámbito de competencia y que va a estar funcionando en la órbita del Poder Legislativo donde además podrá participar la sociedad civil. En tal sentido, explicó que la misma será autónoma de los Poderes del Estado pero estará vinculada institucionalmente al Parlamento Nacional.

La INDDHH la conformarán cinco miembros -electos por dos tercios de la Asamblea General- que no pertenezcan al Parlamento ni tampoco hayan estado vinculados a cargos públicos electivos o de confianza durante los dos últimos años a su designación.

La misma funcionará como un instrumento adicional a los mecanismos existentes, que colaborará en otorgar mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las Leyes, prácticas administrativas y políticas públicas, se desarrollen en consonancia con los mismos.

Todos los integrantes de la mesa recalcaron que esta INDDH no desplazará las responsabilidades del Estado, sino que -por el contrario- supone una expansión de las salvaguardas del sistema recomendando acciones en la materia, pero que no podrá anular ninguna actuación administrativa o jurisdiccional.

En otro orden, Nin expresó su agrado que entre los Proyectos presentados ante el Parlamento Nacional se encuentre uno de tal importancia y trascendencia histórica como lo es el de la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos en el Uruguay; y anunció que el día 15 de diciembre se cerrará el segundo período de la Legislatura y que con toda seguridad el Proyecto se comenzará a estudiar en los primeros meses del 2007.

Por su parte, Julio Cardozo, destacó la importancia de la composición plural de las fuerzas sociales que conformaron el grupo de trabajo, las que se mostraron interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos en base al principio de equidad de género y no discriminación.

Sostuvo que ahora corresponde al sistema político apoyar el Proyecto y seguidamente poner en funcionamiento esta herramienta, buscando los consensos que permitan una integración con el aval suficiente para alcanzar un importante nivel de productividad.

En ese sentido, el Representante del PNUD en Uruguay, Pablo Mandeville, resaltó la necesidad de generar un debate parlamentario que seguramente enriquecerá aún más la propuesta.

A su vez, celebró que la causa de los derechos humanos -así como su protección y promoción- es la que se beneficia de tantos aportes y de tales niveles de compromiso que demostró tener toda la sociedad uruguaya.

"El 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos; lo que presenciamos hoy es uno de los más hermosos homenajes que una sociedad puede realizar para que los derechos humanos sean plenamente ejercidos y cuando se requiera, defendidos", expresó Mandeville.

Finalmente, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Belela Herrera, manifestó que este acto constituye un pilar para la construcción de una sociedad más justa y sensible, más responsable, integrada y enmarcada en el ideario colectivo de los derechos humanos.

"Somos concientes que el reto no ha sido importar modelos, sino generar una institución genuinamente nacional con una base institucional sólida que tenga en cuenta nuestras realidades y necesidades, y que resulte apropiada y eficaz para la observancia y contralor de los derechos humanos en el ámbito nacional", dijo.

Asimismo, resaltó que la participación en este proceso de elaboración de los diferentes Poderes del Estado, de los partidos políticos y la sociedad civil, aseguraron una pluralidad de visiones y la sustentabilidad, legitimidad y el respaldo social y político del Proyecto.

"Este ejemplo de representación pluralista constituye una condición necesaria para asegurar el camino hacia la promoción y protección de los derechos humanos", sostuvo.