Con el objetivo de brindarle al consumidor un acceso a bienes y servicios al mejor precio y con las condiciones básicas de calidad e innovación aseguradas, el Gobierno implementará la nueva Ley Nº 18159 de “Promoción y Defensa de la Competencia”, que busca encarar y corregir conductas anticompetitivas que puedan perjudicar al ciudadano.

Con motivo del lanzamiento de la nueva Ley de Promoción y Defensa de la Competencia Nº 18159, se realizó un seminario denominado “Elementos para el análisis de la nueva legislación de Promoción y Defensa de la Competencia en Uruguay”, en el marco de las actividades del Programa BID-FOMIN de apoyo a la defensa de la competencia y al consumidor.

El Ministro de Economía Danilo Astori, inauguró el evento enfatizando en la importancia que tiene el tema, en la gestión de este  Gobierno, al punto de que se incluyó esta iniciativa entre las reformas estructurales que necesita la economía uruguaya.

Astori comentó que este tema no es nuevo en el país y esta Ley se inspiró en los esfuerzos realizados en la Legislatura XLV donde ya se había iniciado un análisis al respecto.

A continuación, el Ministro se introdujo en el tema, partiendo de la necesidad imperiosa que tiene el país de alcanzar niveles de inversión muy superiores a los que muestra la historia. Señaló que Uruguay, durante muchos años, llegó a ocupar el último lugar en Latinoamérica en materia de inversión. Actualmente, a pesar de haber mejorado en porcentajes –se llegó al 16% de inversión bruta interna en relación al Producto- , aún se aspira a alcanzar el 25% de inversión bruta interna en relación al producto. Este desafío es doble,  ya que se pretende alcanzar niveles superiores pero también es necesario hacer que sean sostenibles.

Teniendo en cuenta la relación indisoluble que debe existir entre inversión, innovación y competitividad –camino excluyente que debe seguir Uruguay-  y el papel de interacción que deben jugar los distintos actores involucrados en este proceso –sector público y privado-, este gobierno sigue  tres caminos desde marzo del 2005, dijo Astori.  Y señaló que  se propone seguir haciéndolo,  caminos que son: en primer lugar, superar las vulnerabilidades que el país exhibía y exhibe actualmente; en segundo lugar, tener una estructura de incentivos y en tercer lugar, establecer reglas de juego claras y creíbles y apoyadas en renovación y fortalecimiento de la estructura institucional vinculada a la inversión. La vulnerabilidad se atacó en cuatro campos: fiscal, financiero, externo -comercial o desde la capacidad para captar inversiones desde el exterior- y social, atacando el empobrecimiento existente. La segunda línea,  consistió en construir estructuras adecuadas al primer sentido y la tercera línea,  fue la de trabajar para construir un clima de negocios adecuado para obtener un crecimiento significativo y sustancial de la inversión bruta interna.

Por otro lado, Astori recordó que el Ministerio de Economía trabaja en dos direcciones: promoción y fortalecimiento de la competencia –que es la Ley Nº 18159 presentada hoy- y en la modernización de la legislación concursal considerada obsoleta, porque es incapaz de encontrarle alternativa a las empresas en dificultades, que no sea la quiebra. En este sentido, informó que el Parlamento trabaja actualmente para concretar en breve una nueva sanción de esta norma.

Con relación  a la Ley Nº 18159  presentada hoy, el Ministro dijo que considerando  que el país tiene una economía de mercado, promover condiciones de competencia significa acercarse al mayor beneficio con que pueda contar un consumidor, que es tener acceso a  bienes o servicios al mejor precio posible, con condiciones básicas fundamentales de calidad e innovación, aseguradas. En este sentido, el gobierno debe intervenir con diferentes instrumentos cuando se detectan conductas anticompetitivas y esta ley que hoy se presenta, es una de esas herramienta que tiene el gobierno para intentar encarar y corregir conductas que están reñidas con el objetivo de la competencia en los mercados. La ley tiene herramientas de control y de educación, por medio de asesoramiento o divulgación de conceptos fundamentales, apuntando a generar y hacer crecer en el país la conciencia de la importancia que tiene una herramienta institucional de estas características y de lo que significa competir en una economía de mercado. Esta ordenanza cuenta con una mejor definición del alcance y de los objetivos generales que están en juego, un mejor análisis de las conductas anticompetitivas, se adecua al proceso administrativo mejorando el diligenciamiento de los trámites y profundiza la transparencia, ingrediente esencial para llevar adelante las denuncias de forma eficaz.