La Directora del Instituto de Donación y Trasplante, Inés Álvarez, enfatizó que en nuestro país el comercio de órganos y tejidos está tipificado como delito, cuya sanción puede ir de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría, tanto para el vendedor como para el que adquiere el órgano por esta vía.

Asimismo, Álvarez, explicó que las leyes 14.005/1971, 17.688/2003 y el Decreto 160/2006 que regulan la donación y trasplante de órganos, células y tejidos humanos, también prevén sanciones para los profesionales médicos y el personal técnico auxiliar, que se encuentren involucrados en este tipo de intervenciones médicas, quienes podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones desde seis meses a cinco años, sin perjuicio de otras responsabilidades penales.

Frente a versiones periodísticas sobre el ofrecimiento realizado por una persona a través de Internet para comercializar uno de sus riñones, mediante el pago de una suma de dinero, para la Directora del INDT, se trata de una instancia que viola el marco normativo en esta materia y determina que ese hecho, se configura como delito el cual está sancionado y por el que incluso se establece pena de prisión.