Aduanas detecta y sanciona subfacturación de productos informáticos por 1:300.000 dólares

Investigaciones efectuadas por la Dirección Nacional de Aduanas, a fin de evitar acciones de competencia desleal, dejaron al descubierto maniobras de subfacturación con productos importados por empresas uruguayas del rubro informático.

Una de las investigaciones desarrollada por el Grupo de Represión y Control del Tránsito de Mercaderías, permitió constatar diferencias importantes en los montos de la facturación realizada por una empresa importadora de accesorios para computación.

El análisis documental comprendió un período de tres años, lapso durante el cual, el volumen de venta no era acorde a los costos de importación que figuraban en las facturas de la firma.

Esa circunstancia, además de generar posiciones de privilegio en el mercado para la empresa local con casa matriz en Estados Unidos, determinó incumplimientos con otras dependencias del Estado que iniciaron sus propias investigaciones, aún en trámite, a partir de la acción desarrollada por la Aduana.

Por las infracciones relacionadas a la subfacturación detectada, la firma suscribió un convenio de pago por un total de U$S 1:096.000, el que fue refrendado judicialmente.

Asimismo, funcionarios de la Administración de Aduanas de Montevideo realizaron un allanamiento al local de una empresa de plaza perteneciente al rubro de productos informáticos, a fin de controlar la importación de insumos ya efectuada.

A través de la inspección a los documentos que poseía la empresa y el control de los expedientes tramitados ante Aduana, se pudo establecer que las operaciones de vinculación, entre la sede que la firma posee en Estados Unidos y la investigada en Uruguay, existían notorias diferencias en los valores de facturación de los productos.

Al respecto se comprobó la existencia de un mecanismo de doble facturación para la mercadería involucrada en la investigación que, con los montos de los tributos evadidos y las multas aplicables por la infracción cometida, superará los U$S 200.000.

Los funcionarios actuantes formularon la correspondiente denuncia judicial y dispusieron el inicio de acciones administrativas para con la empresa en presunta infracción.