Fernández Galeano
El Gobierno cumple con controles y no delega en
privados los derechos de toda la población
La Reforma de la Salud incorpora la
Ley orgánica de Salud Pública de 1934 y normas
posteriores, recordó el subsecretario Fernández Galeano,
quien agregó que la Ley de las Instituciones de
Asistencia Médica Colectiva (IAMC), que rige en
Montevideo e interior, establece la necesidad de
regular su funcionamiento en la prestación de sus
servicios a la población.
El proceso de fortalecimiento del
sistema de salud y el funcionamiento de las IAMC., se
vuelve imprescindible para que la normativa se cumpla,
dijo Fernández Galeano. Reafirmó que el derecho de los
usuarios está garantizado y que ese respaldo se da a
través de un órgano regulador como lo es la Junta
Nacional de Salud, radicada en el Ministerio de Salud
Pública, integrada también por usuarios, trabajadores e
instituciones prestadoras.
El Sistema integra actividad privada
y pública, y la norma avanza en el sentido de integrar
al sector privado en la prestación de los servicios
dentro de un sistema que incorpora todo, debiendo
garantizar el cumplimiento para garantizar los derechos
a la población.
En relación a la creación de una
rectoría por parte del Sistema de Salud sobre el Fondo
Nacional de Salud, el Subsecretario puntualizó que no
tendría sentido que el sistema de salud creciera, que
el FNS incorporara mas personal para su funcionamiento,
y que no hubiese controles.
Si la población hace un esfuerzo, a
través del aporte al Fondo Nacional de Salud, así como
el Estado, se deben efectuar los controles que
garanticen sus derechos y el cumplimento de las
obligaciones contraídas por los prestarios del
servicio, en este caso de salud.
Fernández Galeano, dijo que se trata
de una ley integral que diseña un sistema y plantea
exigencias de regulación y control. Fernández Galeano
explicó que si se manejan 1.700 millones de dólares en
salud, no se puede admitir que no existan controles del
Estado, en el marco de una integración de otros
actores.
El MSP tiene competencias de policía
sanitaria, tiene competencias en los aspectos de salud
colectiva, epidemiológicos y en regular las
obligaciones, los requisitos, las acreditaciones y las
habilitaciones que tienen los prestadores públicos y
privados, recordó el Subsecretario.
Añadió que el Fondo Nacional de
Recursos ya financia medicamentos de alto costo, bajo
un estricto y riguroso protocolo y bajo una estricta
evaluación de su efectividad clínica.
Las prestaciones dadas en salud
deben garantizar que lo que se incorpora en materia
sanitaria, asegure derechos y sea sustentable, en base
a medicina basada en evidencias y al hecho incorporar
medicación con resultados en la salud de las personas.
En relación a la prestación de
servicios por parte de los anestesistas, agregó que
comenzaron a reincorporarse paulatinamente. La
dirección general de ASSE garantiza la cobertura de los
servicios y se planteó garantizar todas guardias. El
jerarca dijo que la cantidad de anestesiólogos es baja
y se trabaja con la Facultad de Medicina para resolver
ese punto.
Fernández Galeano anunció que el
Senado aprobó una ley por la cual el Estado integra a
todos los servicios de salud, por la cual asume su
competencia inherente de controlar el funcionamiento
del sistema.
Los sistemas de salud son muy
complejos y con los avances tecnológicos se han vuelto
más complejos todavía. Es impensable tener un sistema
de salud que no tenga regulación y controles que
garanticen los derechos de los usuarios. Ese control
debe ser ajustado a normas técnicas, principios
sanitarios y principios éticos. La mejor manera de
garantizar los derechos a la población es con la
regulación por parte del Estado, dijo el viceministro.
Finalmente, indicó que el
Ministerio, evalúa todas las nuevas prestaciones, donde
hay que realizar estudios relativos a su impacto
sanitario y costos de actividad. Todos los sistemas de
salud que funcionan hoy día, tienen mecanismos de
regulación para garantizar derechos y sustentabilidad
del sistema. Reafirmó que es imprescindible que el
Estado tenga una rectoría, al cumplir el papel que la
sociedad le otorga y puntualizó que el gobierno no
puede delegar en privados, responsabilidades y derechos
que son de toda la población. |