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12 de octubre, 2007

Fernández Galeano

El Gobierno cumple con controles y no delega en privados los derechos de toda la población
La Reforma de la Salud incorpora la Ley orgánica de Salud Pública de 1934 y normas posteriores, recordó el subsecretario Fernández Galeano, quien agregó que la Ley de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), que rige en Montevideo e interior, establece la necesidad de regular su funcionamiento en la prestación de sus servicios a la población.

El proceso de fortalecimiento del sistema de salud y el funcionamiento de las IAMC., se vuelve imprescindible para que la normativa se cumpla, dijo Fernández Galeano. Reafirmó que el derecho de los usuarios está garantizado y que ese respaldo se da a través de un órgano regulador como lo es la Junta Nacional de Salud, radicada en el Ministerio de Salud Pública, integrada también por usuarios, trabajadores e instituciones prestadoras.

El Sistema integra actividad privada y pública, y la norma avanza en el sentido de integrar al sector privado en la prestación de los servicios dentro de un sistema que incorpora todo, debiendo garantizar el cumplimiento para garantizar los derechos a la población.

En relación a la creación de una rectoría por parte del Sistema de Salud sobre el Fondo Nacional de Salud, el Subsecretario puntualizó que no tendría sentido que el sistema de salud creciera, que el FNS incorporara mas personal para su funcionamiento, y que no hubiese controles.

Si la población hace un esfuerzo, a través del aporte al Fondo Nacional de Salud, así como el Estado, se deben efectuar los controles que garanticen sus derechos y el cumplimento de las obligaciones contraídas por los prestarios del servicio, en este caso de salud.

Fernández Galeano, dijo que se trata de una ley integral que diseña un sistema y plantea exigencias de regulación y control. Fernández Galeano explicó que si se manejan 1.700 millones de dólares en salud, no se puede admitir que no existan controles del Estado, en el marco de una integración de otros actores.

El MSP tiene competencias de policía sanitaria, tiene competencias en los aspectos de salud colectiva, epidemiológicos y en regular las obligaciones, los requisitos, las acreditaciones y las habilitaciones que tienen los prestadores públicos y privados, recordó el Subsecretario.

Añadió que el Fondo Nacional de Recursos ya financia medicamentos de alto costo, bajo un estricto y riguroso protocolo y bajo una estricta evaluación de su efectividad clínica.

Las prestaciones dadas en salud deben garantizar que lo que se incorpora en materia sanitaria, asegure derechos y sea sustentable, en base a medicina basada en evidencias y al hecho incorporar medicación con resultados en la salud de las personas.

En relación a la prestación de servicios por parte de los anestesistas, agregó que comenzaron a reincorporarse paulatinamente. La dirección general de ASSE garantiza la cobertura de los servicios y se planteó garantizar todas guardias. El jerarca dijo que la cantidad de anestesiólogos es baja y se trabaja con la Facultad de Medicina para resolver ese punto.

Fernández Galeano anunció que el Senado aprobó una ley por la cual el Estado integra a todos los servicios de salud, por la cual asume su competencia inherente de controlar el funcionamiento del sistema.

Los sistemas de salud son muy complejos y con los avances tecnológicos se han vuelto más complejos todavía. Es impensable tener un sistema de salud que no tenga regulación y controles que garanticen los derechos de los usuarios. Ese control debe ser ajustado a normas técnicas, principios sanitarios y principios éticos. La mejor manera de garantizar los derechos a la población es con la regulación por parte del Estado, dijo el viceministro.

Finalmente, indicó que el Ministerio, evalúa todas las nuevas prestaciones, donde hay que realizar estudios relativos a su impacto sanitario y costos de actividad. Todos los sistemas de salud que funcionan hoy día, tienen mecanismos de regulación para garantizar derechos y sustentabilidad del sistema. Reafirmó que es imprescindible que el Estado tenga una rectoría, al cumplir el papel que la sociedad le otorga y puntualizó que el gobierno no puede delegar en privados, responsabilidades y derechos que son de toda la población.

   
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