Ley de inversiones

Astori: instrumento de política activa para impulsar el crecimiento con justicia social

El Ministro de Economía, Danilo Astori, presentó una metodología de política activa para impulsar el crecimiento productivo del Uruguay, la cual permitirá derramar los beneficios de las empresas en la sociedad porque premiará los objetivos del sector privado según el impacto en la sociedad: generación de empleo, de valor agregado nacional, de divisas, de conocimiento e innovación y descentralización.

El Ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que con esta nueva reglamentación, el Ministerio de Economía y Finanzas, procura una mejor aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones del año 1998, la cual mostró dificultades en su aplicación en la práctica en aquella instancia.

Astori, aseguró que existe una total coherencia entre esta nueva reglamentación y el nuevo Sistema Tributario, el cual contiene los mayores estímulos a la inversión en la historia tributaria del país.

Del mismo modo, el Ministro de Economía, manifestó la necesidad de impulsar todas las inversiones, tanto las nacionales como las extranjeras, y agregó que se está realizando un gran esfuerzo en materia de inversión pública pero que no es tan notorio porque éstas no se encuentran dentro del presupuesto nacional, por razones contables. Entre estas inversiones públicas, se destacan la interconexión eléctrica con Brasil, la inversión anual de la Administración Nacional de Puertos con un promedio de 50 millones de dólares y la inversión en fibra óptica de Antel.

Como novedad esta reglamentación de la Ley de Inversiones se basa en la presunción de la buena fe en los en la información presentada por la empresa para los procedimientos administrativos que deben realizar y amplía la accesibilidad de las pequeñas y medianas empresas en el acceso al beneficio de la inversión –hasta ahora solo podían acceder sociedades anónimas-.

Los beneficios a otorgar son la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas de hasta el 100% del monto invertido, en un plazo de 3 a 25 años a partir del año en que se obtenga renta neta fiscal, dependiendo de la categorización de la inversión. Tasas y tributos a la importación de bienes de activo fijo no competitivos, Impuesto al Valor Agregado, plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil –se incorporan servicios y además no se pone tope de inversión de 15%-, honorarios y salarios en desarrollo tecnológico de áreas prioritarias.

El Ministro Astori, explicó que el Gobierno busca fomenta el país productivo en base a altos niveles de calidad y la propuesta de cambio reglamentario de la Ley de Inversiones tiene por objetivo ampliar la base de beneficiarios, mejorar el acceso a los beneficios para pequeñas y medianas empresas, asignar beneficios de acuerdo a los criterios de la conducción económica –mayor impacto en la economía, mayores beneficios-, mayor control de desempeño para asegurar la estructura y la transparencia de las inversiones con esta reglamentación.

El objetivo, agregó, es incrementar la relación inversión bruta interna con el producto bruto de forma de incrementar la productividad total de factores y la relación capital trabajo.

Astori dijo que la tasa de inversión bruta interna del país, si bien estructuralmente en la historia del Uruguay fue insuficiente -10%-, en el año 2006 alcanzó el 16% -lo cual se puede superar- porque el objetivo es alcanzar el 25%.

Con esta reglamentación se pretende atraer inversiones que aporten objetivos de desarrollo, incremento de empleo, incremento de exportaciones, incorporación de tecnología, fortalecimiento de encadenamientos y valor agregado nacional, desarrollo de regiones y descentralización, cuidado del medio ambiente y fomento de las pequeñas y medianas empresas.

Astori, dijo que el proceso de desarrollo económico social del Uruguay, es una obra en construcción cuya base se encuentran reformas estructurales, relaciones socio-laborales equilibradas y políticas macroeconómicas consistentes.

El Secretario de Estado manifestó que esto se relaciona con la superación de vulnerabilidades en el plano fiscal, financiero, externo y social con las que encaró el Gobierno para dar consolidación al Uruguay, lo cual se logró mediante reformas estructurales, relaciones laborales equilibradas y políticas macroeconómicas consistentes.

Pero para lograr mayores niveles de bienestar con justicia social además se necesita estabilidad social con reglas de juego creíble y políticas productivas y sociales activas, dijo Astori.

Los criterios para impulsar el Uruguay productivo se base en la importancia de: aumentar la productividad de las empresas; aumento de las fuentes de trabajo; elevación de calificación de los trabajadores; impulso a la formación empresarial; incentivar la aplicación de avances tecnológicos; la innovación y la calidad; favorecer la descentralización geográfica; contribuir a la disponibilidad de infraestructura; preservar el medio ambiente; promover las micro, pequeñas y medianas empresas.

El Ministro Danilo Astori, dijo que en el marco de la creación de la Unidad de Apoyo al Sector Privado, se anunció la voluntad de adecuar, modernizar y fortaleciendo los estímulos a la inversión productiva en el país. Objetivos estratégicos de la conducción económica por su impacto decisivo en la sostenibilidad del crecimiento económico del Uruguay y como piedra angular para fomentar el crecimiento económico y social.

Las prioridades trazadas por el Gobierno incluyen: prioridad presupuestal para la educación pública –con un incremento previsto de más del 120%-, inversión en infraestructura, reorganización del sistema financiero, fondo de garantía de crédito y programas de micro crédito, nuevo marco legal para mercado de valores modernizando el existente, procurando transparencia corporativa.

Astori dijo que se trabajó sobre el clima de negocios, mediante el sistema tributario y de aportes patronales para las empresas.

En este sentido la reforma de la administración tributaria –en el marco de la reforma de la Dirección General Impositiva-y la Dirección Nacional de Aduanas –que está en proceso- y el trabajo que mancomunadamente realizan estos organismos con el Banco de Previsión Social, son la base para alcanzar los objetivos trazados.

En este sentido la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia y la Ley de Concursos y Organización Empresarial tratan de una modernización importante de la legislación en la atención al sector privado, mediante la revisión de regímenes especiales y el enfoque de inserción externa sobre todo fuera de la región que el Uruguay tiene que tener para no confiar su futuro a la sola carta de la región.

Astori, dijo que otros instrumentos se relacionan con la atención al sector privado, mediante los clúster y conglomerados –PACC Y PACPYMES –y el fortalecimiento del desarrollo de capacidades, mediante el Instituto Nacional de Calidad la Agencia de la Innovación, la estrategia nacional de exportaciones trazado y esto se refleja en el trabajo que 43 programas en 7 Ministerios realizan para aumentar el nivel de calidad en el desarrollo productivo del país.

Por su parte el Coordinador de apoyo del sector privado, Luis Porto, explicó los criterios para la elegibilidad de los proyectos de inversión y el procedimiento para acceder a estos beneficios.

Explicó, además, que el decreto da la posibilidad que por razones ajenas a la empresa, claramente fundadas y no previsibles a la hora de presentación del proyecto podrán ser mérito de suspensión en el cronograma de cumplimiento de las metas trazadas para la reliquidación de los impuestos.

Los proyectos de inversión se clasifican en: pequeños – menor a 3,5 millones de UI-, medianos – 3,5 a 70 millones de UI- y grandes – de 70 millones a 7.000 millones de UI- y de gran significación económica – más de 7.000 millones de UI-.

Los empresarios podrán realizar e cálculo de los beneficios mediante una planilla Excel, pero el Banco Interamericano de Desarrollo, que mediante el Fondo Multilateral de Inversiones, otorgó recursos para desarrollar un software que permitirá evaluar los proyectos de inversión.