Basta de Abusos

El gobierno instrumentó un plan para erradicar la explotación sexual de menores

Dos años de labor del Comité integrado por actores de gobierno, sociedad civil y organismos internacionales, permitió instalar el "Plan Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes", para que los pequeños recuperen sus derechos. Además, se instó a la sociedad a colaborar en un tema de todos, en un país que tiene instrumentos humanos para evitar estas prácticas deleznables.

El Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, dijo que es un tema de enorme sensibilidad social y escasísima visibilidad pública.

Rubio, destacó que el trabajo de este Comité es trascendente ya que brinda aportes significativos para trazar caminos claros y definidos en el combate a este tipo de prácticas.

Agregó que el combate a la explotación sexual comercial de niños y adolescentes, requiere instrumentos y líneas de acción con una coordinación interinstitucional para convertirlo en un tema de interés nacional.

El Presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, Víctor Giorgi, aseguró que es un momento de mucha gratificación, por la sensación de haber concluido una etapa fundamental de la tarea.

Destacó el trabajo serio, responsable y comprometido del Comité Nacional y aseguró que la redacción y publicación de este Plan, es una señal clara de que la sociedad uruguaya comenzó a romper el silencio, a desestructurar la invisibilidad que se construyó en torno a éste y otros que durante años se prefirió no ver.

Para el INAU, la concreción de este Plan marca un punto de quiebre en el cual los discursos y las institucionalidades se plasman en líneas de acción claras, con un cronograma a seguir.

Giorgi se refirió al compromiso del gobierno nacional de trabajar en forma sistemática y organizada para la erradicación de ésta y toda forma de mercantilización de las personas.

Los uruguayos percibimos que el comercio sexual de niñas, niños y adolescentes está más cerca de lo que creemos, dijo Giorgi y sus causas son múltiples. No admite simplificaciones, no se trata de un tema de precocidad de las nuevas generaciones, sino de un entramado muy complejo en donde confluyen aspectos sociales, económicos, culturales y éticos que generan asimetrías de poder a través de las cuales se instalan relaciones de explotación, colocando a estos niños en la categoría de mercancías comerciables y despojándolos de su condición de personas.

Asimismo, Giorgi reconoció que las condiciones sociales, económicas sobretodo la infantilización de la pobreza, generan el terreno propicio para que se den este tipo de situaciones.

Estas transacciones no se toman de manera aislada, sino inscriptas en una cultura que mantiene vigentes sistemas de creencias y valores que justifican las relaciones de dominación de clase, etnia, género o condición sexual.

Estos sistemas naturalizan la explotación sexual, vanalizan el problema y minimizan su carácter delictivo. Avanzar en su erradicación, implica desestructurar y transformar esa creencia, dijo.

Las líneas de acción contenidas en este Plan, articulan la sensibilización de la comunidad con la formación de los operadores de organismos que están en contacto con estas situaciones. No se trata de convertirlos en especialistas, sino de brindarle los instrumentos mínimos necesarios para detectar e intervenir desde sus respectivos lugares, siguiendo los pasos definidos desde una perspectiva de derechos.

A la necesaria represión y sanción de los adultos responsables, debe sumarse la implementación de estrategias de atención de las víctimas, generando los sistemas de protección necesarios para reducir su vulnerabilidad y ponerlos en condiciones de ejercer sus derechos.

Lo que se quiere lograr con esta iniciativa, es generar protocolos de intervención que puedan, no sólo tratar la experiencia traumática que el niño pueda vivir, sino generar oportunidades reales para que pueda tener un proyecto de vida diferente.

Giorgi, dijo que es llamativo el poco número de denuncias que hay en algunas localidades donde los testimonios de los vecinos dicen que el fenómeno existe.

Asimismo, el representante del Comité, Edgar Marzarini, dijo que la explotación sexual comercial infantil es un delito y una violación simultánea de múltiples derechos humanos en una sola persona y que por darse en ese período de la vida, genera efectos nefastos, perdurables para siempre.

Es una obligación detenerla, dijo, porque en este país no hacen falta educadores sexuales, maestros, abogados, policías, psicólogos, jueces, médicos, padres, madres ni vecinos.

Es un tema que afecta a todos los uruguayos, porque todos pueden ser víctimas de este mal, bien denominado "esclavitud del siglo XXI" dijo Marzarini.

Esta explotación afecta a los más frágiles, por eso la importancia de definir cambios para erradicar sus múltiples causas y restituir todos los derechos vulnerados, porque los niños y adolescentes son patrimonio de la sociedad uruguaya, por lo que es su deber moral y político ocuparse.

Sin una infancia y adolescencia sana y con derechos, es impensable un Uruguay mejor, dijo. Ese período de la vida es la gran oportunidad de la sociedad para mejorarse a sí misma en lo biológico, en lo cultural, en lo económico y en lo político. Es el terreno más fértil para sembrar inteligencia, valores, responsabilidad, creatividad, justicia y democracia, aseguró el representante del Comité, quien entiende que atacar este flagelo, es una verdadera inversión.

Este Plan –que cumple con los compromisos internacionales que tiene el país en la materia- se enmarca en un contexto de preocupación y compromiso generalizado de la sociedad actual y del INAU hacia la defensa de los derechos de los niños.

Es necesario implementar estructuras institucionales capaces de prevenir, atender, restituir, proteger a las víctimas y denunciar a los victimarios.

Las puertas del Comité están abiertas a todos, tanto para recepcionar denuncias, como para buscar soluciones nuevas o mejorar las existentes.

Junto a Rubio, Giorgi y Marzarini, participaron la Ministra de Turismo y Deporte, Lilián Kechichián y la Directora del Área de DDHH del MEC, María Elena Martínez.