Transformación y eficiencia

Rubio: fuerte avance hacia un Estado más ágil, moderno y transparente

El Gobierno avanza hacia la modernización del Estado, desburocratizando, mostrando la transparencia en su gestión y acercándose a la gente a través de un conjunto de decisiones, decretos y leyes, tendientes a lograr una Administración más sencilla, eficaz y eficiente, dijo el Director de OPP, Enrique Rubio, luego de la sesión del Consejo de Ministros realizada en la residencia de Suárez.

En ese sentido, Rubio, sostuvo que se avanzó en la conformación del Decreto sobre la creación de Centros de Atención al Ciudadano y en el Decreto 500 sobre los casos de incumplimiento grave de tareas e irregularidades, para que el trámite de sanciones también se agilice. A su vez, se contempla un sistema de estímulos para los funcionarios que ejercen su labor correctamente.

Los Centros de Atención al Ciudadano, forman parte de un Programa que establece que en todas las localidades del país, exista un lugar donde se encuentren representadas todas las empresas públicas, intendencias y otras instituciones, con el objetivo de facilitar la gestión de trámites.

Rubio señaló que, además, se busca un Estado más racional, con menos funcionarios, más capacitados y que perciban mejores salarios, a la vez que se busca un Estado más austero, que no gaste más del 27% del Producto Bruto Interno y que por sobre todas las cosas, sea un Estado sencillo para la gente que se acerca a él.

Para disminuir la cantidad de funcionarios, Rubio, explicó que se estudiarán sistemas de estímulos e incentivos para el egreso de funcionarios que por su edad, puedan acceder al sistema jubilatorio y hasta el momento no lo han hecho. Se busca que el egreso de funcionarios sea superior al ingreso, produciendo un rejuvenecimiento en el personal del Estado.

Asimismo, dijo que se busca que los funcionarios perciban mejores salarios y agregó que este tema ya está en consideración para beneficiar a los sectores más deprimidos salarialmente, como educación, salud y seguridad pública.

Rubio, sostuvo que esta idea, permite tener una plantilla con menos funcionarios, más jóvenes y por ende más eficaces, combatiendo de esta forma el agudo envejecimiento del promedio de los funcionarios públicos.

La Administración Central, cuenta con más de tres mil funcionarios mayores de 60 años, además de 3.237 funcionarios que tienen entre 65 y 70 años, de los cuales 700 ocupan cargos de importancia jerárquica. Rubio, explicó que este envejecimiento es producto de políticas de topes en materia jubilatoria que llevan a que mucha gente no quiera retirarse porque significaría una disminución drástica en sus salarios.

En referencia al régimen de carrera pública, la cual es considerada la columna vertebral del Estado uruguayo, se buscará que los mandos gerenciales y los Ministros, cumplan con los compromisos de gestión que mejoren la eficiencia de la función pública.

Además, con miras a un Estado más transparente, se estableció un Decreto por el cual se regulan todo los contratos, los que estarán supervisados, controlados, centralizados y colgados en el sitio web de cada dependencia, para que su conocimiento sea de libre acceso de toda la población, al tiempo en que se continuará profundizando la simplificación de los trámites.

Rubio, enfatizó que se busca un Estado más dinámico, más transparente, más ágil, más cercano a la gente y que desempeñe funciones para un Uruguay productivo y social. Un Estado conductor de la actividad económica, social y cultural del país.

A la vez, manifestó que también se busca lograr un Estado emprendedor a través de sus empresas públicas, las cuales realizan una gestión económica muy importante para el país. Asimismo, se espera que el Estado regule las áreas de competencia que impiden monopolios y el control de parte de minorías.

Rubio explicó que la actividad monopólico no es mucha, salvo la que procede de la decisión popular, como es el caso del agua, donde hubo un pronunciamiento colectivo, pero buena parte de las empresas públicas están en régimen de competencia.

En tal sentido, dijo que se está analizado de qué manera mejorar por la vía de la transformación del Estado y de la gestión, la competitividad de las empresas públicas.

Rubio informó que el 26 de diciembre, el Gabinete continuará estudiando este tema, en particular en lo que se refiere a la transformación política y a la creación de autoridades locales, tendientes a la descentralización del Estado.

Ese mismo día, también se fijará cómo será presentado el tema a los diferentes referentes sociales, tanto del sistema político, la fuerza política de Gobierno y la sociedad en su conjunto. Asimismo, se determinará cómo se instrumentará la ejecución, seguimiento y control, por parte del Consejo de Ministros.

Recordó que la Reforma del Estado forma parte de un proceso de transformación que se viene desarrollando desde varios puntos como lo es la Reforma de la Salud, Reforma Tributaria o el Plan de Equidad, entre otras iniciativas. Forma parte de un proyecto de Gobierno que estará compuesto por una serie de leyes, decretos y decisiones tendientes a mejorar en eficacia y eficiencia la acción del Estado, lo cual, requerirá de más acciones a realizar en el próximo período de Gobierno, aseguró el Director de OPP.

Por otra parte, Rubio, subrayó que las decisiones del Gabinete Ministerial se separarán de los puntos de vista que tenga la fuerza política, y explicó que existen debates que en relación con el programa futuro, correspondiente al próximo período de Gobierno, que le compete a la fuerza política y no al Gabinete.

Afirmó que este Gobierno llegó con un compromiso en torno a cinco ejes sobre el Uruguay democrático, productivo, social, innovador y el Uruguay integrado a la región y al mundo.

Entre los cambios que deberían tener una continuidad en el próximo Gobierno, Rubio señaló la reestructuras de los Ministerios, así como también la disminución de las brechas salariales dentro del Estado, porque no se aplica el principio de que a igual función, igual remuneración; lo cual sólo podrá ser posible de manera gradual, ya que es muy costoso y el Estado no puede afrontar un gasto público mayor al 27% del PBI. Liquidar la brecha en dos años, implicaría un costo muy grande que pagaría toda la sociedad.