Educar en seguridad vial

Plan Nacional de Seguridad Vial: salvar vidas en acción mancomunada

En el marco de la presentación del programa de trabajo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el "Plan Nacional 2008 de Políticas de Seguridad Vial", se insistió en el hecho de que es necesario contar con una política única y en forma coordinada, para revertir una realidad que golpea duramente a nuestro país. En el Cono Sur, Uruguay comparte con Argentina las mayores cifras de siniestralidad a nivel mundial.

La Comisión Directiva de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) instó a los medios de comunicación a ser educadores en seguridad vial, informando con mensajes claros desde la vida y no desde la muerte.

La UNASEV, con sede en la Presidencia de la República, se creó con el objetivo de regular y controlar todas las actividades relativas al tránsito y la seguridad vial en el territorio nacional. Busca homogeneizar las normas generales de tránsito con miras a poder contar con una única Política Nacional de Seguridad Vial. En tal sentido, procura interactuar con todos los actores de la educación, públicos y privados, presentando programas de trabajo. El cuerpo de autoridades de la UNASEV está integrado por un presidente, Gerardo Barrios y dos directores: Omar Rodríguez y Alejandro Draper.

Entre las vastas competencias de esta Unidad, se destacan asesorar a las personas públicas y privadas; supervisar los registros, entre los que figuran: Registro Único de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infracciones; el Registro Nacional de Vehículos Automotores y el Registro Obligatorio de Fallecidos y Lesionados.

Recientemente se crearon Unidades Departamentales de Seguridad Vial, que estarán integradas por personas y autoridades públicas, entidades civiles, culturales y empresariales. Ya existen dos Unidades constituidas en Colonia y Florida y la perteneciente a Maldonado, está muy próxima a concretarse.

El nuevo plan de trabajo presentado en la jornada, implica acciones de largo aliento a llevarse adelante en cinco años, por lo que en este momento se presenta la Fase 1 de iniciación.

La Ley 18.113, dio origen a la UNASEV, como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, vinculado al mismo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También, la Ley 18.191 de Tránsito y Seguridad Vial, sancionada y promulgada en 2007. Ambas leyes se constituyeron en un hito histórico para nuestro país en referencia a la disminución de los accidentes de tránsito y sus consecuencias. Antes, nuestro país no contaba con una política nacional en la materia; no existían Leyes nacionales, lo que se tradujo en una carencia de estrategias que permitieran desarrollar acciones eficaces en seguridad vial. Estas carencias se reflejan hoy en la cantidad de siniestros y sus consecuencias más visibles que son los lesionados y fallecidos.

Los siniestros en el tránsito constituyen un problema que debe ser atendido como cualquier enfermedad que ataca a la sociedad y que tiene sus costos. Como tal, se busca desarrollar una política de prevención para evitar que esto suceda. Una vez que ocurre, se procura actuar en forma sistematizada, hasta que la víctima se rehabilite y se reinserte en la sociedad.

Se han establecido las Cámaras Asesoras, rescatando la experiencia científica nacional, ya que no cabe especulación alguna en este tema.

Para ello, se han designado cuatro áreas con sus respectivas Cámaras Asesoras Permanentes: Medicina y Sicología en el Tránsito; Educación Vial, Investigación y Comunicaciones; Ingeniería Vial y Jurídica.

Las referidas leyes establecen la creación de las Unidades Departamentales de Seguridad Vial, fundamentales para realizar acciones en conjunto a nivel nacional, puesto que la realidad de cada departamento es sustancialmente diferente. Un ejemplo de ello es que, paradójicamente, Montevideo no es como se podría pensar, el departamento donde se registran la mayor cantidad de siniestros, sino Río Negro, seguramente a consecuencia del explosivo crecimiento registrado tras la instalación de la empresa Botnia.

Las nuevas normas apuntan a tres conceptos fundamentales que cambian el carácter de lo que ha sido el tránsito históricamente en nuestro país: "proteger la vida humana" (fundamental); "seguridad pública" (seguridad ciudadana) y "en todo el territorio nacional" (erradicando la acción descoordinada y la falta de estrategia global).

Éste no es un problema que se resuelva en 20 o 30 años. Si bien es cierto que requiere un cambio cultura que puede llevar tiempo, existen medidas a corto plazo que rápidamente que una vez establecidas, permiten bajar la tasa de siniestralidad y lesiones, aseguró el presidente de la UNASEV.

Gerardo Barrios se refirió también al consumo de alcohol. Aventuró que en un período no mayor a tres años, la tasa de alcohol se reducirá de 0.8 a 0.3. Esto supone establecer una campaña educativa que integra el programa, a los efectos de llegar, en menos tiempo, a esa meta.

Barrios instó a promover la participación ciudadana. La comunidad ha estado detrás del problema, ahora es parte de la solución del mismo.

La estrategia de "Comunidades Seguras" impulsada por la OMS y la OPS, ha dado resultado y se implementará en nuestro país este año, informó Barrios.

Melo, en el departamento de Cerro Largo, será la primera ciudad declarada "Comunidad Segura" a nivel internacional, crédito que tiene sólo una ciudad en América Latina y es Peñaflor en Chile.

También se desarrollará el Programa de Agentes Comunitarios en Seguridad Vial, que viene siendo impulsado desde hace muchos años por el Sindicato Médico. Asimismo se trabajará en la Educación para la Seguridad de la Escuela.

Se pretende que en el Plan Ceibal - proyecto pionero en el país- exista un icono sobre seguridad vial, donde los niños y docentes puedan acceder a materiales, previamente chequeados por los técnicos de la Cámara Asesora, para trabajar desde la tecnología en estos temas.

El Director Omar Rodríguez, por su parte, brindó una detallada síntesis sobre las acciones de la UNASEV en los casi tres meses de labor, desde su creación el 23 de octubre de 2007.

Rodríguez explicó que se diseñó la estructura de la Unidad, las Cámaras y se posicionó el trabajo hacia el futuro, lo que supuso diversas entrevistas con técnicos, instituciones públicas y privadas, entre otras tareas.

Señaló que se planifica para el mes de abril, la realización del primer Congreso Nacional de Unidades Departamentales de Seguridad Vial y que además se trabajará en investigación y análisis.

Ya se vienen coordinando acciones con la Universidad de la República a los efectos de contar con un diagnóstico claro, realizado por docentes y estudiantes, que permita "apuntar con la vacuna en el lugar exacto".

En cuanto a la gestión jurídica, Rodríguez dijo que es necesario profundizar en la legislación y las normativas. Se trabaja con los Directores de Tránsito para conformar grupos de trabajo con Policía Caminera y de Tránsito para definir criterios únicos, tanto en la fiscalización como en la aplicación de las normas.

Las Leyes deben aplicarse, para ello es necesario preparar a los cuerpos fiscalizadores para que, además de fiscalizar, sean equipos de prevención en la calle.

En otro orden, puntualizó que se avanzó en la creación de los Juzgados Nacionales de Tránsito, donde el Poder Judicial tenga especialistas en materia de tránsito y seguridad vial.

En lo que respecta al área de medicina preventiva, se dispuso que en 2008 los exámenes de aptitud psicofísica deban ser uniformes a nivel nacional. Asimismo, se introdujo la medicina del tránsito como una nueva disciplina médica dentro de la formación curricular en la Facultad de Medicina, así como el desarrollo, dentro del programa Atención Primaria en Salud, del Sistema Nacional Integrado de Salud, de acciones específicas vinculadas a la detección de factores de riesgo de siniestralidad vial.

La Cámara de Ingeniería de Tránsito, aún no está conformada, pero se cuenta con el apoyo técnico de Policía Caminera y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya que la propia Ley 18.191 establece que se debe racionalizar las señales de tránsito y ubicarlas en aquellos lugares donde sea necesario.

"Si no cambiamos esta cultura instalada en el país, que es desastrosa, no es solidaria, ni respetuosa de las normas, no vamos a lograr nada", sostuvo Rodríguez.

En materia de costos económicos, en el año 2000 –según un estudio nacional de la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes de Tránsito- representaba el 4.5% del PBI, algo así como 900 millones de dólares. Al momento actual, es una cifra que estaría muy próxima a lo que nuestro país malgasta en algo evitable, aseguró Rodríguez quien aclaró que la OMS en el Informe 2004 establece que si no se atiende este problema, es capaz de hipotecar el futuro.

Como forma de incentivar a los comunicadores a trabajar en pro de la prevención, la UNASEV anunció la resolución de entregar en forma anual, una distinción denominada "Premio Nacional al Periodista Destacado en Seguridad Vial", porque sin la colaboración de los medios de comunicación, es imposible llegar a la población.

El paradigma de los accidentes de tránsito en la actualidad, responde a un profundo matrizado cultural que existe desde hace décadas, aseguró uno de los técnicos que acompañaba a las autoridades de la Unidad.

El siniestro se ha visto alimentado por imágenes, fotos y conversaciones, como un símbolo negativo. Esto es un grave error, porque detrás de una tragedia existe una vida que se cortó. Desde la comunicación masiva, es necesario abrir un debate sobre cómo se comunican estos accidentes a la comunidad y de qué forma se realiza, aseguraron las autoridades.

Para cambiar esta matriz de la "cultura trágica", se debe trabajar en la destrucción de la simbología negativa y transformarla en positiva.

Además, es necesario realizar una campaña nacional que reúna todos los contenidos alusivos y que se perpetúe en el tiempo, porque si se pasa raya, se comprueba que todas las iniciativas publicitarias que se concretaron en forma individual en los últimos años, no dieron los resultados esperados.

La UNASEV, órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo que se comunica con él mediante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, funciona en la órbita de Presidencia, pero con autonomía técnica, pudiendo comunicarse directamente con los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás órganos del Estado.

Sus representantes –elegidos, dos de ellos, por el Congreso de Intendentes y el restante por el Poder Ejecutivo- permanecen en el cargo por cinco años con opción a ser nuevamente designados, únicamente por un período consecutivo, pudiendo ser removidos por el Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros.