Pasividades recuperaron el 22%

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, anunció que su Cartera estudia otorgar un incremento del 25% a las jubilaciones más bajas. Además, señaló que la gran diferencia del IRP, con respecto al IRPF, es que ahora pagan más los que más tienen y menos, los más desfavorecidos. En relación al tema, el Presidente Vázquez dijo que el Gobierno defenderá los intereses de 670 mil jubilados que pagan menos impuestos.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, realizó un raconto sobre la evolución de su Cartera a lo largo de esta Administración. En primer lugar, manifestó que el aumento del presupuesto otorgado por el Gobierno, señala la importancia que el derecho al trabajo tiene para esta gestión gubernamental. Por eso, indicó que el incremento de los recursos del MTSS es de un 42%, cifra que comprende el período 2005-2008.

Para el Ministro Bonomi, el papel que tuvo el MTSS en la década pasada y durante el gobierno anterior, contribuyó a la precarización laboral y al desempleo. Cuanto más se flexibilizó el mercado de trabajo, el desempleo trepó a cifras récord, señaló el Ministro.

Prosiguió su discurso subrayando que el MTSS fue un mero testigo de los acontecimientos y no se ocupó de su papel en materia de regulación del mercado laboral, transitando el camino inverso frente a los compromisos asumidos frente a los organismos internacionales.

A la hora de enfrentar las reformas, habló sobre la reestructura de la Dirección Nacional de Trabajo. Comentó la precaria situación de personal especializado en derecho laboral, frente a los tres pilares que esta gestión se propuso: ser órgano de conciliación en conflictos individuales, en conflictos colectivos y también, convocar a los Consejos de Salarios.

A pesar de contar con doce abogados, la primera medida de la nueva Administración fue convocar a los Consejos de Salarios, herramienta que Bonomi entiende como fundamental en la redistribución de la riqueza y la equidad social a pesar de que, en el primer período de gobierno posterior al golpe institucional que comenzó en 1985, el MTSS contaba con una cartera de 120 abogados.

Incluso con esta dificultad, el Ministro dijo que se impulsaron dos rondas del Consejo de Salarios, con 20 grupos y más de 200 sub grupos, medida que llevó a los guarismos de conflictividad laboral a una expresión mínima, con más de 400 convenios colectivos firmados y de ellos, más de 90% votados por consenso, pactándose además, licencias sindicales y beneficios salariales. Este mecanismo permite negociar antes de llegar a la huelga, sentenció Bonomi.

También destacó las reformas sobre la Inspección Nacional de Trabajo y Seguridad Social. Para el Ministro, esta oficina estuvo ausente de los presupuestos de los últimos 20 años. Además, señaló la pauperización de los cuadros inspectivos, con cargos vacantes durante diez años o sin la adecuada actualización y especialización de los mismos.

Otra de las medidas que contribuyó a este proceso, fue la eliminación del régimen de exclusividad de los Inspectores de Trabajo. Esta medida, contribuyó a empañar la labor de inspección y también, el desarrollo de situaciones con notorias faltas a la transparencia, según Bonomi.

"Atrás de los proyectos van los recursos. Y los recursos que uno asigna indican la importancia del proyecto", explicó el Ministro de Trabajo. Para sostener este concepto, Bonomi dijo que se definieron los objetivos estratégicos del quinquenio. Incremento del número de inspecciones, control de la informalidad y prevención de riesgos laborales, con mayor énfasis en aquellos sectores de la actividad productiva, son las principales medidas tomadas por esta Administración.

En materia presupuestal, Bonomi dijo que el MTSS obtuvo 33 inspectores, 7 abogados, un ingeniero químico y un especialista en estadísticas, además de nuevos vehículos y presupuesto para viáticos, indispensables para continuar las inspecciones a nivel nacional.

Además de las comisiones integradas por actores empresariales, sindicatos y el MTSS, se creó una Dirección de Seguridad Social. Subrayó que los gobiernos desde 1967 a la fecha, omitían su papel directriz en materia de seguridad social, tal como mandata la Constitución, situación que este gobierno corrigió.

El Ministro Bonomi también reflexionó sobre la evolución del salario mínimo nacional. Informó sobre la evolución del mismo durante el gobierno anterior y dijo que actualmente el SMN está en $ 3.416, cuando en el año 2000, estaba en $ 1.060.

En materia de pasividades, sostuvo que éstas crecieron a la par de los salarios. Recordó que entre los años 2000 y 2004, las pasividades cayeron un 26% en términos reales. Los resultados, según Bonomi, impulsaron la recuperación del poder adquisitivo de todas las pasividades durante los años 2005 y 2006, que se incrementaron un 9 % en términos reales, mientras que en las pasividades más sumergidas el aumento fue de un 15%. Además, el ajuste de enero de este año fue de casi el 13%. Bonomi aseguró que las pasividades aumentaron, en promedio, un 13,5% y las más bajas, un 22%.

A pesar de estos incrementos, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social reconoció que no es suficiente. Estamos en camino, dijo, pero los ingresos de pasividades, al comenzar la actual gestión, eran muy bajos. Hay que recorrer un largo camino y alcanzarlo lleva su tiempo, expresó Bonomi.

Sin embargo, puntualizó algunas medidas tomadas con respecto a las mejoras de las condiciones y la calidad de vida de los pensionistas. Recordó la restauración de beneficios y reparación de daños, la prima por edad, los topes, el cese de descuentos y el Plan de Equidad.

También señaló la evolución de los impuestos hacia los ingresos de los pasivos. Dijo que en su momento, el IRP enviado al Parlamento por la administración de los años 1990-1995, no fue señalada como inconstitucional. Actualmente, el vicepresidente de la república de aquel período de gobierno, promueve a los pasivos que se sienten afectados en sus derechos.

Señaló que la discusión sobre la constitucionalidad siempre se mantuvo sobre la base de si las jubilaciones pueden ser pasivas de impuestos y no la actual discusión. Dijo que la gran diferencia radica en que ahora pagan más los que más tienen y menos, los más desfavorecidos.

PALABRAS DEL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EDUARDO BONOMI:

MINISTRO BONOMI: Vecinas, vecinos. Compañeros, compañeras. Yo no tengo la duda del señor Presidente, de cómo voy a hablar. Voy a hablar parado acá, porque estuve horas sintetizando lo que podría decir sobre el Ministerio. Sintetizando cada vez más, para tratar de ajustarme al tiempo, que afortunadamente el señor Presidente me dio una bonificación porque sino no podría cumplir con esto.

Yo voy a empezar esta rendición diciendo que atrás de las ideas, va la organización y atrás de los proyectos van los recursos. Cuánto recurso ponga uno atrás de un proyecto, mide la importancia que le da al proyecto. Por eso, yo quiero evaluar la importancia que se le dio y la importancia que le damos.

La importancia dada por el Gobierno actual al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se expresa en un aumento del presupuesto, en el período 2005-2008 de un 42%, pasando de 849 millones en 2005 a 1.205 millones en 2008. El proceso de descentralización emprendido en el Ministerio de Trabajo, se expresa en el presupuesto interno de cada Dirección del Ministerio.

La Dirección General de Secretaría, una Dirección interna sin impacto externo, disminuyó sustancialmente su presupuesto, permitiendo crecer a las Unidades vinculadas al trabajo hacia afuera. Pero para entender la evolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hay que analizar por lo menos alguna de sus Direcciones, las más afectadas anteriormente.

Veamos, por ejemplo, la Dirección Nacional de Trabajo. Esta Unidad, tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la paz en el sistema de relaciones laborales. Algunos expertos han sostenido que a partir de 1985, el papel de esta Dirección se ha dirigido a mediar u orientar hacia soluciones concretas a los interlocutores sociales, con el objetivo final de fomentar -a través del rol mediador- la fluidez y estabilidad de relaciones colectivas que consoliden la paz social.

Sin embargo, desde el año 1991 a 2005, los partidos que hoy son oposición optaron por la opción de no intervenir y sumarse a las corrientes flexibilizadoras y desrreguladoras de las leyes laborales. Así, lograron el desmantelamiento del sindicalismo e indirectamente, la rebaja del derecho protector del trabajo humano. Se promocionó la creación de empresas unipersonales, la desformalización del mercado de trabajo, con la consiguiente falta de cobertura de seguridad social. Se precarizó de hecho el empleo nacional con el pretexto que la mano de obra nacional era la más cara, pero lo que sucedió realmente fue que cuanto más barata era la mano de obra, el desempleo -paradójicamente- subió a los guarismos más altos, récord en nuestro país. El desempleo y la precarización tuvieron una sola consecuencia: bajar el estándar de vida del país, restarles derechos.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que recibimos, estuvo fuertemente determinado por estos conceptos y estas consecuencias. Desde 1991 a 2005 se transformó en mero testigo de los acontecimientos, sin intervenir en ellos y por lo tanto, tuvo un profundo deterioro de las relaciones laborales, tanto a nivel individual como colectivo, siendo su papel relativamente mediatizado con respecto a las obligaciones ante la Organización Internacional del Trabajo.

Con este panorama nos encontramos en la Dirección General del Trabajo cuando asumimos el gobierno. Teníamos que actuar como órgano de conciliación en materia de conflictos individuales de trabajo y por otra parte, actuar como órgano de conciliación de conflictos colectivos. Y a ello, sumamos la convocatoria de los consejos de salario nacionales, los consejos de salarios rurales y la negociación colectiva de los públicos.

Hay que subrayar que cuando el Dr. Julio María Sanguinetti, en su primer gobierno convocó nuevamente los consejos de salarios, llegó a contar con 120 abogados. Nosotros teníamos solamente 12 cuando llegamos al Ministerio de Trabajo y a los seis días convocamos a los distintos ámbitos de negociación que vengo mencionando para esa tarea, que significaba tres funciones muy trascendentes para la sociedad.

En primer lugar, cumplía un papel en la redistribución de la riqueza y el equilibrio social. En segundo lugar, era estimulante del sistema económico nacional y en tercer lugar, era un mecanismo de democracia casi directa entre grupos sociales que mantienen intereses diferentes. Reitero, para cumplir estas tres funciones teníamos lo que nos habían dejado, doce abogados en negociación colectiva.

De todas maneras, en el período realizamos dos rondas del consejo de salarios, con 20 grupos y más de 200 sub grupos, alcanzando en las dos rondas, más de 400 convenios colectivos, más del 90 % de ellos por consenso. Se pactaron otros beneficios de naturaleza salarial y se otorgaron licencias sindicales.

Desde el punto de vista cuantitativo, hubo un aumento aparente de la conflictividad. Mitigado mediante altos resultados de acuerdos que van desde el 93 al 96 %. Por otra parte, muchas de las audiencias o intervenciones no se refieren a lo que se denomina conflicto abierto, donde se expresa públicamente, el fenómeno de la huelga sino en una actividad de prevención, que cada día gana más lugar. Esto es negociar antes del conflicto para evitar su manifestación pública.

Veamos la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, puesto que siempre, y hoy mismo en las entrevistas que tuvimos, nos reclaman más inspecciones. Al asumir la dirección en marzo de 2005, la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social venía de un largo proceso de fuerte deterioro de las capacidades operativas. En efecto, la inspección estuvo ausente de los presupuestos quinquenales y las veces de rendición de cuentas de los últimos 20 años. Tanto en materia de proyectos de inversión, incrementos de sus cuadros o asignaciones de recursos para su gestionamiento. No existió ni siquiera un proyecto tendiente a revertir dicha situación. Tampoco hubo orientación ni planificación en materia de políticas inspectivas relacionadas con las competencias asignadas en convenios internacionales que el país se obligó a cumplir.

Los cargos de dirección de dos divisiones creadas en 1996 quedaron vacantes hasta los años 2003 y 2004. Por otra parte, existían numerosas vacantes en distintos grados del escalafón inspectivo. En el año 1992, se dispuso la posibilidad del doble empleo de los Inspectores de Trabajo, eliminando el régimen de exclusividad, dispuesto en el año 1987.

Ello determinó, no sólo que muchos inspectores tengan otro empleo en la actividad privada, sino también situaciones de falta de transparencia que derivaron en varias investigaciones administrativas.

La Inspección contaba sólo con tres vehículos. Era una constante la ausencia de combustible y de viáticos, para las salidas al interior del país para controlar las condiciones de trabajo en el ámbito nacional.

Atrás de los proyectos van los recursos. Y los recursos que uno asigna indican la importancia del proyecto. A partir de 2005 definimos los objetivos estratégicos para cinco años. Entendimos necesario incrementar el número de inspecciones para control de la informalidad y prevención de riesgos laborales, con mayor énfasis en aquellos sectores de la actividad productiva, en los que destaca la vulneración de los derechos de los trabajadores. Tuvo un fuerte impacto en la accidentabilidad laboral.

Cumplimos mucho de lo que solicitamos en el mensaje presupuestal de 2005, aunque no todo lo necesario. Treinta y tres nuevos inspectores, siete abogados, un ingeniero químico y un estadígrafo. En marzo de 2007 se puso en marcha el Régimen de exclusividad de los Inspectores. Solamente dos no optaron por el mismo. Los vehículos de la Inspección, pasaron de tres a ocho. Todos ellos disponibles para las situaciones inspectivas.

En materia organizativa, se dispuso la creación de una oficina de atención a trabajadores para recepcionar denuncias y brindar asesoramiento a los interesados.

En materia de diálogo tripartito, la Inspección ha puesto en marcha las siguientes comisiones de trabajo: Consejo Consultivo Asesor de Infracción, integrado por las cámaras empresariales más representativas y el PIT CNT;

Comisión Tripartita Rural, que está realizando una reglamentación de convenio de la organización internacional del trabajo sobre trabajo rural; Comisión tripartita de la industria de la construcción; Comisión tripartita del sector astilleros, diques y varaderos, instalada en fecha reciente e integrada por las máximas jerarquías del Ministerio de Salud Publica, el Ministerio de Trabajo, el Banco de Previsión Social, Banco de Seguros del Estado, Cámara de Industria y Comercio y PIT CNT; Comisión de igualdad de oportunidades y género.

Vayamos a la seguridad social. Llegamos al Gobierno con los siguientes antecedentes. No teníamos Dirección de Seguridad Social. El Gobierno desde 1967 no cumplía con fijar las políticas de seguridad social como lo mandata la Constitución. Hoy tenemos una Dirección Nacional de Seguridad Social que se encarga del tema.

En el periodo anterior, el Salario Mínimo Nacional, en el 2000, estaba a $1.060. Durante tres años consecutivos, pasados los tres años, evolucionó un 8%, llegando a enero de 2003, a $1.145. En tres años, aumentó $85 el salario mínimo nacional, entre el 2000 al 2003. En julio de 2004 llegó a $1303 pesos, con un aumento de 13 % en un año y medio. Luego, pero en 2005, dos meses antes de que asumiéramos el gobierno y que ya habíamos anunciado aumentos sustanciales del salario mínimo nacional, tuvo el salto más espectacular, 56% y llegó a $2056. Esto trató de mitigar el impacto que íbamos a provocar nosotros, que lo anunciamos, así que nuestros anuncios adelantaron algunos meses estos aumentos. Hoy está a $3416 y aumenta cada seis meses.

Políticas de seguridad social. En el período anterior, las pasividades de 2000-2004 tuvieron una disminución real del 26%, aproximadamente. Bajaron las pasividades reales, aproximadamente un 26% en 5 años. Resulta imposible desligar pasividades del salario, por lo cual, la mejora de éste último, que en lo que va de la nueva administración, consecuencia de la negociación colectiva, consejo de salarios, e incremento de salario mínimo nacional, impactó directamente en las pasividades al mejorar el índice medio de salarios que sirve de base para el aumento de las jubilaciones y pensiones. Resultados, la recuperación del poder adquisitivo de todas las pasividades durante los años 2005, 2006 fue de un 9 % real, para las pasividades más sumergidas fue de un 15%. El ajuste de enero de este año fue de casi el 13%.

Para las más sumergidas el aumento fue del 15.96%. En los tres años, por lo tanto, la recuperación real fue del 13,5% para todas las pasividades y del 22% para las más sumergidas.

Recuérdese que la pérdida de los años 2000-04 fue entre 25 y 26%. En lo que va del gobierno, en las más sumergidas, superaron el 22,5%. Eso sí, estoy hablando de porcentajes, arrancamos de muy abajo, de jubilaciones muy bajas. Entonces porcentajes altos sobre números bajos no nos dan estos saltos. Siguen siendo bajas, hay que remontar mucho, demora remontar mucho. Pero estamos en camino. Cuando a la mejora de la formalización del BPS se ha llegado a una cifra histórica de inscripción récord, 1.200.000 nuevos inscriptos en el BPS. Yo tendría que hablar acá en mi anteúltima síntesis, de la restauración de beneficios y reparación de daños, tendría que referirme a la prima por edad, los topes, al cese de descuentos, al plan de Equidad, pero me extiendo demasiado. Por lo tanto sólo voy a mencionar dentro de esto a las jubilaciones mínimas.

Existían jubilaciones de 800 pesos. A partir de diciembre del 2007 se estableció la jubilación mínima en $ 1.636. el 1º de enero, pasó a $1.365. Para el próximo primero de junio, se analiza un aumento del 25%. No de todas las jubilaciones, de las mínimas. Comparen las cifras, uno puede decir: "esto es insuficiente". Sin duda. Pero también, sin duda que es diferente a lo que se venía haciendo con anterioridad. Ahora por favor déjenme hacer ciertas comparaciones entre el IRP y el IRPF. Tengo que hacerlas, necesariamente, porque cuando asumimos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la mayor parte de la población pagaba IRP.

Y hoy no se paga, sino que se paga IRPF. El IRP fue creado por decreto- Ley el 23 junio de 1982, en la dictadura, reglamentado el 8 de julio de 1982. Es un gravamen a las retribuciones y prestaciones personales en efectivo o en especias. Y a todas las jubilaciones servidas por instituciones estatales y no estatales de Seguridad Social. Esto es la definición de este proyecto ley.

Las personas que recibían retribuciones, los jubilados y pensionistas, pagaban una tasa del uno por ciento, si cobraban un equivalente a tres salarios mínimos nacionales. Una tasa del 2%, si percibían un monto mayor a tres salarios mínimos nacionales. Durante la Presidencia del Doctor Luis Alberto Lacalle, se aprobó la Ley conocida popularmente como Ley de Ajuste Fiscal, modificándose por Ley las tasas del impuesto. Para los trabajadores activos, públicos o privados, autónomos o dependientes, los beneficiarios del subsidio correspondiente a titulares de cargos políticos y de confianza, se aplicaron tasas que iban del 1 al 6%, en función de franjas de ingreso, hasta superar seis salarios mínimos nacionales.

Para quienes percibían jubilaciones y pensiones, las tasas iban del 1% al 6%. Le dieron tramos de salario mínimo nacional. esto se estableció por Ley. El Vicepresidente de la República, de ese entonces, el Doctor Gonzalo Aguirre, trasmitido, enviado al Poder Ejecutivo y firmado por la Presidencia de la República, la ley aprobada, en Diputados y en el Senado, era constitucional

Gonzalo Aguirre, promociona a la mayor parte de los que hacen Recursos de Inconstitucionalidad del IRPF.

En la Presidencia del Doctor Jorge Batlle, se modificó la Ley en mayo de 2002 y se establecieron cuatro categorías y un incremento sustantivo de las tasas.

Funcionarios públicos: las tasas iban desde 0 hasta el 20% según tramos de ingresos de 0 hasta 35 salarios mínimos nacionales; retribuciones de actividad privada, tasas de 0 18% según diez franjas de ingreso de vida, salario mínimo nacional. Para las jubilaciones y pensiones se fijaron tasas de 0% a 20%, según 14 franjas de ingresos medidas en Salarios Mínimos Nacionales.

Magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y otros magistrados, tasas de 0% a 10%, según tramos de ingresos y según cuatro franjas diferenciadas.

El Poder Ejecutivo, estaba facultado para rebajar las tasas y lo hizo, cuando faltaban unos pocos meses para las elecciones de 2004. Parece que estaban muy preocupados por todo lo que tenían que pagar las uruguayas y uruguayos, cuatro meses antes de las elecciones.

Déjenme hacer una digresión. Ustedes saben que hoy está cuestionado el IRPF, declarado inconstitucional por parte de los Ministros de la Corte. A diferencia del IRP, que fue declarado constitucional en su momento por la unanimidad de los Ministros de la Corte.

Sin embargo, no está en juego un impuesto a las pasividades, sino si las pasividades deben ser computadas como parte de los ingresos y nosotros entendemos que sí, que son parte de los ingresos, como lo hacía el constitucional IRP. Eso sí, la diferencia está en que nosotros aplicamos lo que siempre dijimos, que paguen más los que tienen más y que paguen menos los que tienen menos.

Vayamos al IRPF: es un impuesto anual, personal y directo. Grava las rentas, ingresos –porque rentas son ingresos- de fuente uruguaya, obtenidas por personas físicas y rendimiento de capital, incrementos patrimoniales, rentas del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones.

Las tasas son, no progresivas, progresionales, conforme a tramos de ingreso que son públicos. No se paga por el conjunto del ingreso, sino por tramos de ese ingreso. No se paga el 20% del total del ingreso, sino por un tramo y se suman tramos.

De acuerdo a datos del Banco de Previsión Social, de un total de 751.722 contribuyentes, 511.749 no pagan IRPF; 154.682 pagan menos IRPF que el IRP anterior y 85.287 pagan más IRPF que IRP. En otras palabras: 666.431 personas no pagan o pagan menos IRPF que el IRP anterior. 666.431 personas, de un total de 751.000.

Y algo más, esta cifra da casi el 89% no pagan o pagan menos de IRPF que de IRP anterior. Y algo más, el 11% paga más IRPF que IRP.

Finalmente, quiero comentar que acá tengo una Ley aprobada en noviembre de 1989: Ley de Comunicaciones e Informaciones, número 16.099, conocida como Ley de Prensa, está firmada por Julio María Sanguinetti y todos sus Ministros. El artículo 33 de la ley fue declarado inconstitucional por los Ministros de la Suprema Corte. Nadie derogó ni modificó la ley. Hubo juicios a partir de la consecuencia de la ley que estaba declarada inconstitucional, pero ningún diputado o senador del Partido Nacional o del Partido Colorado pidió la derogación o cuestionó el gobierno de la época por no derogarla, ni puso el grito en el cielo ni dijo nada. Años después cambió la integración de la Corte. Declararon constitucional el artículo 33 y ahí sigue la ley, tan campante. Es el libre juego, señor Presidente. Pero cualquier diferencia entre quienes estaban en el gobierno de entonces y hoy están en la oposición no es pura coincidencia. Muchas Gracias.

Gracias, por todo y hasta siempre.