Perspectiva de género

La discriminación contra las mujeres intercepta el desarrollo de una vida social plena

Las mujeres deben tener derecho a una vida integral, libre de violencia y de mandatos sociales que impidan participar o movilizarse. Los cambios de pautas culturales deben asegurar la igualdad de oportunidades y derechos como parte de un proceso de construcción de ciudadanía, dijo Beramendi. Asimismo, indicó que en cuanto a la participación de la mujer en la vida política, Uruguay está apenas arriba de los Países Árabes.

En la presentación del VI Informe Interamericano de la Educación en Derechos, segunda medición de desarrollo normativo de la educación en derechos y el gobierno estudiantil, la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Carmen Beramendi disertó sobre "La perspectiva de género en la educación en DDHH".

La Jerarca, en su exposición realizó un enfoque que se orientó hacia los problemas en la desigualdad de género, la violencia doméstica como una situación "natural" de la vida cotidiana, la mujeres como seres humanos para otros y la pertenencia del cuerpo femenino al colectivo social.

De esta forma, aseguró que la perspectiva de los derechos humanos constituye un abordaje que permite analizar identidades, pensar en las relaciones sociales que están fuertemente atravesadas por el poder que cruza la interacción asimétrica entre los sexos.

En una sociedad jerarquizada como la uruguaya las mujeres están discriminadas porque sus cuerpos y sus vidas se visualizan como espacios que han sido asignados por la socialización de género y que tienen que ver con la reproducción y la vida doméstica.

Beramendi, dijo que en ese mundo la mujer tiene poder, situación que afirma la idea de que "somos seres humanos para otros", perspectiva que construye el uso indiferenciado que se hace del tiempo cotidiano.

Las encuestas demuestran que las mujeres tienen una escasa participación en el mundo laboral. A pesar de que se invierte mucho en la educación de género, esa formación profesional se pierde y se desaprovecha como capital desde el punto de vista social y cultural.

Asimismo, dijo que la participación de las mujeres en la vida política coloca a Uruguay apenas arriba de los Países Árabes.

La Jerarca, afirmó que el desempleo femenino está duplicado con respecto al masculino y esto quiere decir que se continúa teniendo un problema en la desigualdad entre géneros.

Respecto a ello, agregó que en el Programa "Uruguay Trabaja", cinco de cuatro personas que se anotan son mujeres; y de los inscriptos en "Trabajo por Uruguay", el 80% son mujeres, lo cual demuestra una doble discriminación por pertenecer al género y ser pobre.

En cuanto a la violencia contra la mujer, expresó que se registran cifras que son "vergonzantes en la región y en el mundo", con muertes como resultado del uso abusivo del poder inscripto en la dicotomía entre lo público y lo privado.

Agregó, que la realidad interpela porque actualmente existen cientos de mujeres uruguayas que son sistemáticamente torturadas en el espacio doméstico, por el uso abusivo del poder legitimado por el empleo de la fuerza.

El poder se ejerce verticalmente de hombres hacia mujeres, situación que sucede en la vida cotidiana donde no existen derechos al desarrollo de un proyecto de vida individual. Asimismo, sostuvo que desarrollar aspectos de participación en otros espacios de formación o educación se realiza "pagando" un alto costo personal.

La falsa dicotomía entre los derechos humanos en los ámbitos públicos y privados es clave para reconocer la vulnerabilidad y la exigencia para que existan políticas públicas para cambiar la misma.

En ese marco, Uruguay comenzó a desarrollar una serie de medidas que están expresadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos que reconocen que son necesarios instrumentos legales para eliminar la desigualdad de géneros.

Entre las líneas estratégicas de igualdad planteadas se expresa que se debe democratizar la información y el conocimiento de los derechos de las mujeres para que ellas puedan acceder a un empoderamiento de los mismos con el objetivo de un óptimo ejercicio ciudadano.

Por otra parte, se logró que en Uruguay se haya dejado de "naturalizar" la violencia doméstica contra las mujeres, estigma que es parte de una construcción cultural y de un sistema de creencias que promueven una manera de vinculación que luego matrizan comportamientos.

Beramendi, expresó que educar para tener conocimiento de los derechos de las mujeres es clave para lograr la apropiación de un sentido de ciudadanía distinto, elemento estructurante para ejercer acciones no discriminantes porque "nadie cambia algo que no conoce".