El Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Felipe Michelini, destacó el papel del Estado como promotor del derecho constitucional a la asociación. Por su parte, la Directora de DDHH, María Elena Martínez, dijo que la transparencia y la evaluación permanente es clave para la cooperación entre la comunidad organizada y las instituciones estatales, con el fin de alcanzar objetivos de interés mutuo.

Para el Subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini, la promoción y desarrollo del goce del derecho de asociación es una obligación del Estado, consagrado en nuestra Constitución. Para garantizar el debido impulso a estas actividades, propias de la organización de la sociedad y para adecuarlas a la nueva realidad tributaria, se reglamentaron los decretos Nº 166/008 y 183/008, en los cuales se detallan las exoneraciones a las sociedades civiles.

Para la Directora de Derechos Humanos del MEC, María Elena Martínez, el Estado tiene la obligación de exigir los más elevados índices de transparencia sobre las sociedades civiles. En ese sentido, la evaluación permanente es clave para conocer el desenvolvimiento de los objetivos de estos centros de encuentro social, en especial con aquellos cuyo papel el Estado trabaja junto a las organizaciones sociales, detrás de los mismos objetivos.

Sobre la importancia de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en materias de interés estatal, Martínez recordó que en función de la problemática de las asociaciones civiles, la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, destacó que la sociedad civil organizada es uno de los factores clave para el éxito de las políticas que desarrolla su Cartera.

Martínez, señaló que en materia de impulso a las asociaciones sin fines de lucro, el decreto Nº 166/008, firmado el 14 de marzo de este año, permite clarificar la situación impositiva de todas las organizaciones sociales, en especial, sobre las exoneraciones que posibilitan un mejor desarrollo de las actividades de estos centros de la sociedad civil.

El papel del Ministerio de Educación y Cultura en este nuevo marco normativo, es el de vigilar, a través de la creación de un registro de centros sociales, que las asociaciones civiles no tengan fines de lucro, tanto para las que difundan las prácticas culturales en forma no curricular, como también instituciones académicas, o deportivas.

María Elena Martínez, expresó que esta clase de controles ya se ejercen sobre otras asociaciones, en especial las fundaciones, centros que están obligados a presentar sus balances anuales al Estado. Agregó que las disposiciones de los nuevos decretos, que brindan un mayor control a las asociaciones sin fines de lucro, era un paso natural y necesario.