Institucionalidad en construcción

Gobierno acciona labor intersectorial para combatir maltrato infantil

El INAU ya cuenta con un Protocolo de Intervenciones para actuar ante situaciones de violencia infantil, que continúa la tarea mancomunada de los distintos actores gubernamentales y sociales. Con modelos de intervención, como éste, los procedimientos no se dejan librados a la discrecionalidad. Según Giorgi, es la primera vez que el Estado uruguayo genera un espacio de articulación para racionalizar y potencializar recursos.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Maltrato Infantil y a un año de su creación, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) presentó su informe de gestión 2007 y un Protocolo de Intervención ante estas situaciones.

Del acto participaron: las Ministras de Desarrollo Social y del Interior, Marina Arismendi y Daisy Tourné, respectivamente; el Subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano; el Presidente del INAU, Víctor Giorgi; la Consejera de Primaria, María Inés Gil y representantes de Infamilia, así como de organizaciones sociales vinculadas a la temática.

El presidente del INAU explicó que la violencia infantil es producto del abuso del poder adulto y que el silencio es cómplice, tanto el del niño como el del resto de la sociedad.

Por eso, la importancia de formar a los actores del entorno y de articular una labor interinstitucional.

Giorgi se refirió al nuevo protocolo o mapa de ruta, como un instrumento vital para avanzar en la materia, para que se conozca cómo proceder.

En la jornada se presentó el del INAU, pero Primaria ya cuenta con el suyo y tanto Salud Pública como Interior trabajan en el diseño del propio.

Con todas las iniciativas que se vienen llevando adelante -como son la instalación de siete nuevos servicios de atención en Montevideo y Canelones o la aprobación de la Ley que prohíbe utilizar el apremio físico para reprender a un niño- se avanzó sensiblemente a abrir el debate y a hacer público el problema.

Actualmente se está a un año de "una institucionalidad en construcción", indicó. Según sostuvo Giorgi, es la primera vez que el Estado uruguayo genera un espacio de articulación que permite racionalizar recursos y potencializar lo que se tiene para responder a este problema.

Giorgi explicó que las cifras que se manejan son de situaciones que trascienden y se denuncian, pero no de las situaciones reales.

La Línea Azul está recibiendo aproximadamente cuatro llamadas por día, de las cuales tres tienden a confirmarse, con distintos grados de gravedad.

En hospitales como el Pereira Rossell están entre las tres primeras causas de internación.

En hogares de INAU, la internación por maltrato se encuentra entre los primeros motivos, ya no la situación de pobreza crítica como hace cinco años atrás, teniendo en cuenta que eso se está resolviendo con otro tipo de apoyos y manteniendo a los chicos en su familia. La sociedad uruguaya ha dado pasos importantes en ese sentido, aseguró el jerarca.

En cuanto al protocolo, Giorgi explicó que tiende a que, quienes tienen contacto con niños, cuenten con indicadores para detectar las situaciones de maltrato y así dar los primeros pasos en torno a ella y generar las conexiones interinstitucionales eficientes y responsables como para que la situación sea trabajada.

Estos protocolos son parte de un trabajo en equipo, donde se sintetiza experiencia de años de los operadores.

La Ministra Arismendi se refirió a esta tarea como un trabajo a varias puntas, pero "principalmente el que se batalla contra los valores y la conducta que se va instalando en la sociedad."

Muchas veces el tema es visto como de "las puertas del hogar hacia adentro" y así se desperdician los recursos del Estado, dijo.

Arismendi se mostró conforme con esta modalidad de "construir juntos", transformando al Estado que estaba estructurado para que cada uno defendiera su chacra.

Se procura entre todos, construir una nueva red de protección social y para ello, cada paso que se da es estratégico.

El Subsecretario de Salud, Miguel Fernández Galeano, destacó la importancia de la evaluación, de que exista una rendición de cuentas a la ciudadanía. Felicitó que esta modalidad se haya vuelto una práctica naturalizada de este Gobierno, porque es su obligación democrática.

Asimismo, sostuvo que se debe resolver la articulación de políticas públicas sociales, con un abordaje de temática integral, potenciando lo sectorial.

Fernández Galeano dijo que se apuesta a ir construyendo progresivamente una red intergubernamental.

Tomar partido en este tema, es una obligación de los gobiernos como garantes de derechos.

Muchas veces en los centros de atención de primer nivel, como el Hospital Pereira Rossell, es donde se detectan estos problemas, indicó.

En cuanto a cifras, el Subsecretario aseguró que no es que aumenten los casos, sino que como existe un sistema de protección social, se conocen más casos, lo que demuestra que se está actuando sobre el tema, se está diagnosticando e interviniendo.

En otro orden, Fernández Galeano explicó que los médicos cuentan con un marco legal para hacer la denuncia en caso que detecte situaciones de violencia en alguno de sus pacientes. Este marco, parte de la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente y de Leyes en el Código Civil y sobre todo en la Justicia Penal.

La Ministra Tourné, por su parte, calificó como positiva la nueva cultura existente para abordar los temas con integralidad, evitando que el Estado sea ineficaz, ineficiente y por sobre todas las cosas omiso.

Aún resta mucho por hacer, pero romper esa cultura es contradecir con esa fuerza que se embandera con el concepto de que "cada maestro con su librito" o "hacé la tuya", aseguró.

Un gobierno con defensa irrestricta de los DDHH no puede mirar para un costado en este tema, sería imperdonable, agregó.

Tourné sostuvo que no es poco haber desnaturalizado el tema de la violencia en general. En este sentido, se logró mucho en materia de violencia doméstica, explicó.

Se trata de una tarea titánica sobre la sociedad y las instituciones que muchas veces solucionan los problemas de forma violenta. De ahí la importancia de contar con modelos de intervención o protocolos, que no dejen librado a la discrecionalidad las definiciones en el tema.

"Queremos cambios sin retrocesos", dijo la Ministra, quien se mostró conforme con la gestión de su Cartera en este tema.

Por otra parte, la Consejera de Primaria ratificó la importancia del trabajo interinstitucional. Desde el área de la educación, es trascendente este año de trabajo conjunto, para que docentes e instituciones puedan dar pasos firmes ante estos hechos, porque no hay que olvidar que "un niño maltratado es un niño que no está en condiciones de aprender", enfatizó Gil.

La Coordinadora del SIPIAV, María Elena Mizrahi, realizó un balance del primer año de gestión, que se basó en tres lineamientos: el modelo de atención, la capacitación y la revisión legislativa.

Se logró la articulación de los organismos gubernamentales y no gubernamentales y modificar los modelos de atención, pasando de un abordaje individual a uno comunitario y familiar para comenzar a detectar los casos desde el lugar de la prevención, en la comunidad y no cuando el daño está instalado a partir de la denuncia.

Se procura que la denuncia se empiece a accionar: en un club de niños, en una escuela, en un centro de salud o donde se sospeche una situación de maltrato o violencia y así poner en práctica los mecanismos de articulación existentes, para poder aplicar los mencionados mapas de ruta.

Hasta ahora se tomaron como muestreo 267 casos con la forma de abordaje individual. Existe mayores niveles de deserción en los tratamientos o en los abordajes terapéuticos y por eso se plantea que si bien puede haber deserción, se requiere articular redes de sostenes en la comunidad, con todos los órganos sociales, centros de referencia, CAIF, club de niños, etcétera, donde los chicos queden insertos en instituciones para así lograr la protección que se merecen.

Como vía para denunciar posibles casos, la SIPIAV promueve la Línea Azul 0800 5050 o mediante un centro educativo o Casa Amiga de INAU, un SOCAP del MIDES, cualquier lugar que cuente con servicios técnicos de las instituciones y de las ONGs. A partir de esa sospecha, los equipos comienzan a trabajar y convalidan o no la situación de violencia. Si no se convalida, lo bueno es que estos equipos ya registraron la situación, entonces van a articular la forma para brindarle un sostén a ese niño o adolescente en algún lugar donde puedan estar referenciados, para que si en otro momento se ven envueltos en una situación, se comience a operar inmediatamente sobre el acto de violencia.

Una vez detectado y confirmado un caso, se procede de dos maneras: en el caso de las situaciones de urgencia, que es cuando hay abuso sexual o violencia física, se debe dar parte a la Justicia. Los equipos tienen 24 horas para plantear esa situación a la Justicia, quien resuelve qué es lo mejor. A veces se obliga a la familia a estar en tratamiento o si el daño es importante, se plantea a INAU la protección del niño, que supone que por un plazo determinado son retirados de su domicilio.

Si son situaciones de violencia que no ameritan la judicialización, lo que se hace es que los equipos comiencen a trabajar con la evaluación, luego son derivados a ONGs, equipos de INAU o MSP que realizan los abordajes específicos y se empieza a trabajar con esa familia, que es lo ideal para que se generen mejores vínculos.

La idea es que la familia pueda ser el sostén de ese niño y si en alguna medida hay algo disfuncional, trabajar con ella para que pase a ser funcional, sostuvo Mizrahi.

El SIPIAV -presidido por el INAU y cuenta con la participación de los Ministerios de Desarrollo Social, Interior y Salud Pública, la ANEP y las organizaciones de la sociedad civil que abordan la temática. Además cuenta con el apoyo de Naciones Unidas y UNICEF- contempla las recomendaciones que se enmarcan en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, específicamente en lo referente al maltrato físico y el abuso sexual. Por otra parte, toma en cuenta la normativa internacional y nacional que establece que los Estados deben proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación sexual.

En Uruguay, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Violencia Doméstica, definen las situaciones en las cuales son maltratados o abusados sexualmente, estableciendo además que los receptores de denuncias de estas situaciones deberán comunicárselo de inmediato al Juez competente.