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4 de junio, 2008
Discurso del Canciller Gonzalo Fernández, ante la Asamblea General de la OEA
El Canciller participó de la XXXVIII Reunión del periodo ordinario de la sesión de la asamblea general de la OEA. Uruguay presidió la XXV Reunión de Consulta de Cancilleres, cuyo propósito fue tratar el informe de la OEA respecto al conflicto Colombia-Ecuador.

Señor Presidente,  Señor Secretario General, Señores Cancilleres, Señores Representantes:

 

En primer lugar, Señor  Presidente, la delegación del Uruguay quiere agradecer al Gobierno y al pueblo de Colombia la calida y hospitalaria acogida que nos ha brindado, a la par que expresar sus más hondas y sentidas condolencias por las victimas del alud y de la catástrofe climática que ha asolado a Medellín.

 

El tema central que nos convoca es el de la juventud y los valores democráticos cuya vigencia si bien es universal adquiere particular trascendencia en un continente como el americano donde un veinte por ciento de la población se ubica entre los 15 y 24 años. En una fecha de honda significación como lo es el del sexagésimo aniversario de la Carta de la OEA adquiere particular relevancia el haber elegido como centro de nuestros trabajos el de la juventud y los valores democráticos, desafío que implica el reconocimiento explícito de la responsabilidad intra e intergeneracional que debe inspirar la elaboración de políticas públicas en nuestro hemisferio.

 

El Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos supone una  forma política común aceptada, que es el producto de una tradición jurídica de los Estados Parte del Sistema. La proclamación de una democracia común solidaria en América fue la instancia previa y necesaria para la búsqueda de la promoción internacional de los derechos humanos en el hemisferio. Y  en la Conferencia de Bogotá,  la relación entre democracia y derechos humanos se desarrolló plenamente a través de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales y de la Carta de la OEA. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969 consagró en forma definitiva y con claridad el vínculo entre los derechos humanos y el ejercicio efectivo de la democracia.  Con posterioridad la Carta Democrática Interamericana sistematiza y armoniza estos elementos. Ella recoge un amplio debate que se dio en el seno de nuestra Organización al afirmar que la Democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía y que esa participación en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad de todos los americanos.

 

Señor Presidente, la democracia como forma de vida y gobierno a través de sus diferentes formas de avances y retrocesos vivió durante siglos en el interior de los Estados. En los últimos tiempos pasó a ser un concepto y un principio que incluye la democratización de la comunidad internacional. Es un fenómeno de retroalimentación, la comunidad internacional influye en los procesos de democratización internos y la expansión de la democracia entre los Estados simultáneamente impulsa la democratización internacional. El continente americano es parte de este proceso y nuestra Organización a través de su acción y apoyo constante a los procesos electorales cumple una encomiable labor.

 

Pero la democracia no es sólo la realización de elecciones libres, justas, transparentes sino también la búsqueda permanente del fortalecimiento de las instituciones, búsqueda incesante que sólo puede hacerse realidad a través de la promoción de la justicia social. Se ha señalado que existen continentes más pobres que el americano aunque es en él en el que se dan las más grandes desigualdades. Hay una evidente relación entre desigualdad y gobernabilidad, entre pobreza e injusticia y sostenimiento y viabilidad de la democracia política. El Estado de Derecho es indispensable para la existencia de una democracia, pero sin justicia social no es posible concebir una democracia verdadera y estable. Por otra parte, los Derechos Humanos constituyen un complejo integral indivisible e interdependiente que tiene como fundamento común la dignidad de la persona humana. Sólo el reconocimiento integral de todos estos derechos puede asegurar la existencia real de cada uno de ellos. La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son propios al desarrollo integral, al crecimiento con equidad y a la  consolidación de la democracia en el continente. El Uruguay al reiterar su profundo compromiso con la democracia lo hace concomitantemente con la promoción y protección de los derechos humanos y con  un desarrollo social con equidad.

 

La concepción de ciudadanía no se detiene en la consideración exclusiva de los derechos, sino que incorpora también la noción de responsabilidad en el sentido de una solidaridad activa y efectiva, considerando a los jóvenes como actores protagónicos del proceso de construcción ciudadana.

 

La universalización de la salud, una educación emancipadora, el trabajo decente, el acceso a la vivienda y a servicios públicos de calidad, la equidad e igualdad de oportunidades entre géneros son aspiraciones legitimas de nuestros pueblos y en particular de los jóvenes. De allí la importancia de continuar realizando esfuerzos para contar lo antes posible con una Carta Social de las Américas cuyos principios y objetivos estarán dirigidos al logro de sociedades que ofrezcan a todos nuestros pueblos mayores oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social.

 

El derecho a la identidad es un derecho humano y como tal se basa en la dignidad de la persona. Participa por tanto de todos los atributos inherentes a los derechos humanos y los Estados se encuentran obligados a garantizar su ejercicio pues es condición previa e indispensable para la participación ciudadana y la construcción de la democracia.

 

El incremento incesante de nuevas corrientes migratorias esta vinculado al déficit de múltiples derechos económicos, sociales y culturales, así como civiles y políticos y el derecho al desarrollo; elementos todos que constituyen la base de la migración.  Los migrantes en situación irregular son particularmente vulnerables a las redes de delincuencia organizada que pueden aprovechar factores sociales y económicos para lograr su explotación terriblemente inhumana. 

 

Creemos que la mejor forma de contener los procesos migratorios esta en cooperar con los países que tienen las mayores corrientes migratorias para evitar la fuga a otros países, con la consiguiente desestabilización personal y humana.  Porque nadie emigra por su propio deseo, sino obligado por las circunstancias que lo rodea.  Para el mundo desarrollado, una contribución seria y responsable en esas subregiones y países pobres, seria evitar el diario  aumento de la migración.

 

Nuestra delegación ha venido promoviendo con marcado interés el tema migratorio. De allí que ve con satisfacción la creación de la Comisión Especial para Asuntos Migratorios en el marco de esta Organización cuya labor deberá proyectarse en el futuro.  La importancia y complejidad de este  fenómeno que afecta por igual a niños, jóvenes y adultos es un desafío creciente que requiere ser analizado desde una perspectiva integral que considere tanto sus causas como sus efectos sobre la base del pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes y sus familias. La migración es un reflejo de los procesos de integración y globalización y su examen debe abordarse con perspectiva de género. Todos los Estados Miembros de la Organización son países de origen, tránsito y destino de migrantes, por lo tanto es un tema que nos interesa a todos.

 

En otro orden de cosas, Señor Presidente, la carta de la OEA  establece claramente la necesidad que nuestra institución enfoque con responsabilidad y seriedad los distintos desafíos que puedan afectar el continente, y que eventualmente pueden perjudicar su estabilidad democrática y estado de derecho y comprometer la paz y la seguridad de la región.

 

En el mundo actual se presentan graves y nuevos desafíos, que son tratados en diversos ámbitos internacionales, y que  nuestra organización  debe analizar y aportar sus ideas e iniciativas que son de trascendencia universal y que pueden golpear directamente nuestro ámbito regional.

 

La actual crisis alimentaria, energética, intensificación de los procesos migratorios, así como el cambio climático, exigen compromisos internacionales, y porque no regionales, para mitigar dichas disfunciones.

 

Nuestra región, y especialmente nuestra subregión, es una gran productora de alimentos de una inmensa variedad, lo que evidentemente da una responsabilidad ante las actuales hambrunas que se producen en algunas regiones, sea por cambios climáticos o por falta de conocimiento para realizar una explotación agrícola más productiva.

 

Pero para poder intensificar esa ayuda, nuestra región necesita que los países desarrollados contribuyan y aseguren mercados abiertos y no proteccionistas para que nuestros agricultores puedan aumentar sus producciones con mercados futuros seguros. Asimismo, se requiere del mundo industrializado, una cooperación mayor en materia tecnológica para contribuir en un aumento de nuestra productividad agrícola.

 

Es decir, nuestros países pueden contribuir para ayudar a solucionar la crisis alimentaria, pero requerimos del resto del mundo desarrollado acciones claras de cooperación y compromiso relevantes para atacar la plaga de la hambruna.

 

En otro orden de desafíos como la crisis energética, América cuenta con grandes reservas de energía, no renovable, así como con recursos energéticos renovables que podrían contribuir a cubrir parcialmente la actual escasez de energía mundial, que afecta la economía mundial por el impacto inflacionario, pero muy especialmente a los menos desarrollados.

 

Al igual que en la agricultura, la región requiere de una cooperación tecnológica de los países desarrollados y el principio que debería ser aceptado es que los sacrificios para la defensa del medio ambiente, no lo han de hacer por igual los desarrollados que los países emergentes, dado que la mayor contaminación la produjeron aquellos que más crecieron en el pasado.  Por lo que en el presente, estos países desarrollados deben asumir una mayor cuota de responsabilidad.

 

A su vez, Señor Presidente, no debemos perder de vista que uno de los mayores logros que alcanza la OEA  en momentos en que llega a seis décadas de vida es la creciente consolidación  del multilateralismo, cimentado en la exigencia  del respeto estricto a las normas del Derecho Internacional.

 

La igualdad jurídica de los Estados, el deber de no intervención, el respeto a sus derechos y deberes fundamentales  y todo ese  conjunto de reglas sobre los cuales buscamos hacer reposar la libre convivencia entre naciones soberanas,  han convertido  a los principios  de la Carta de la OEA  en una verdadera Constitución de las relaciones interamericanas.

 

Los países latinoamericanos y del Caribe han adquirido una gravitación fundamental y  se abre un cauce para el manejo protagónico y compartido  de situaciones inesperadamente críticas y los conflictos que irrumpen en el continente.

 

En ese marco multilateral  que ofrece este ámbito, resulta determinante  la voluntad conjunta de abordar situaciones que afectan a Naciones hermanas, interponiendo  esfuerzos, agotando  los recursos para su solución pacífica y multiplicando gestiones en procura de la convergencia de las posiciones, todo ello sobre la base de esos principios fundamentales.

Por obra de la extensión de las democracias, nuestro continente se viene convirtiendo  en una inmensa  zona de paz, quizá la más extendida del planeta, y en esa tarea la OEA debe seguir cumpliendo el rol jurídico-institucional que le compete por atribuciones naturales y que, en gran medida, ha sido el factor coadyuvante de ese proceso de consolidación democrática y del restablecimiento del Estado constitucional de derecho en los países de la región, que es el modelo de Estado Social y Democrático; o sea, el Estado de la justicia social y de la dignidad del hombre y de los pueblos, el cual debe continuar siendo el objeto primordial de todos nuestros desvelos.