Discurso del Canciller Gonzalo
Fernández, ante la Asamblea General de la OEA
El Canciller participó de la
XXXVIII Reunión del periodo ordinario de la sesión de
la asamblea general de la OEA. Uruguay presidió la XXV
Reunión de Consulta de Cancilleres, cuyo propósito fue
tratar el informe de la OEA respecto al conflicto
Colombia-Ecuador.
Señor Presidente, Señor Secretario
General, Señores Cancilleres, Señores Representantes:
En primer lugar, Señor Presidente,
la delegación del Uruguay quiere agradecer al Gobierno
y al pueblo de Colombia la calida y hospitalaria
acogida que nos ha brindado, a la par que expresar sus
más hondas y sentidas condolencias por las victimas del
alud y de la catástrofe climática que ha asolado a
Medellín.
El tema central que nos convoca es el de la juventud y
los valores democráticos cuya vigencia si bien es
universal adquiere particular trascendencia en un
continente como el americano donde un veinte por ciento
de la población se ubica entre los 15 y 24 años. En una
fecha de honda significación como lo es el del
sexagésimo aniversario de la Carta de la OEA adquiere
particular relevancia el haber elegido como centro de
nuestros trabajos el de la juventud y los valores
democráticos, desafío que implica el reconocimiento
explícito de la responsabilidad intra e
intergeneracional que debe inspirar la elaboración de
políticas públicas en nuestro hemisferio.
El Sistema Interamericano de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos supone
una forma política común aceptada, que es el producto
de una tradición jurídica de los Estados Parte del
Sistema. La proclamación de una democracia común
solidaria en América fue la instancia previa y
necesaria para la búsqueda de la promoción
internacional de los derechos humanos en el hemisferio.
Y en la Conferencia de Bogotá, la relación entre
democracia y derechos humanos se desarrolló plenamente
a través de la Declaración de los Derechos y Deberes
del Hombre, de la Carta Internacional Americana de
Garantías Sociales y de la Carta de la OEA. La
Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969
consagró en forma definitiva y con claridad el vínculo
entre los derechos humanos y el ejercicio efectivo de
la democracia. Con posterioridad la Carta Democrática
Interamericana sistematiza y armoniza estos elementos.
Ella recoge un amplio debate que se dio en el seno de
nuestra Organización al afirmar que la Democracia
representativa se refuerza y profundiza con la
participación permanente, ética y responsable de la
ciudadanía y que esa participación en las decisiones
relativas a su propio desarrollo es un derecho y una
responsabilidad de todos los americanos.
Señor Presidente, la democracia como
forma de vida y gobierno a través de sus diferentes
formas de avances y retrocesos vivió durante siglos en
el interior de los Estados. En los últimos tiempos pasó
a ser un concepto y un principio que incluye la
democratización de la comunidad internacional. Es un
fenómeno de retroalimentación, la comunidad
internacional influye en los procesos de
democratización internos y la expansión de la
democracia entre los Estados simultáneamente impulsa la
democratización internacional. El continente americano
es parte de este proceso y nuestra Organización a
través de su acción y apoyo constante a los procesos
electorales cumple una encomiable labor.
Pero la democracia no es sólo la
realización de elecciones libres, justas, transparentes
sino también la búsqueda permanente del fortalecimiento
de las instituciones, búsqueda incesante que sólo puede
hacerse realidad a través de la promoción de la
justicia social. Se ha señalado que existen continentes
más pobres que el americano aunque es en él en el que
se dan las más grandes desigualdades. Hay una evidente
relación entre desigualdad y gobernabilidad, entre
pobreza e injusticia y sostenimiento y viabilidad de la
democracia política. El Estado de Derecho es
indispensable para la existencia de una democracia,
pero sin justicia social no es posible concebir una
democracia verdadera y estable. Por otra parte, los
Derechos Humanos constituyen un complejo integral
indivisible e interdependiente que tiene como
fundamento común la dignidad de la persona humana. Sólo
el reconocimiento integral de todos estos derechos
puede asegurar la existencia real de cada uno de ellos.
La promoción y observancia de los derechos económicos,
sociales y culturales son propios al desarrollo
integral, al crecimiento con equidad y a la
consolidación de la democracia en el continente. El
Uruguay al reiterar su profundo compromiso con la
democracia lo hace concomitantemente con la promoción y
protección de los derechos humanos y con un desarrollo
social con equidad.
La concepción de ciudadanía no se
detiene en la consideración exclusiva de los derechos,
sino que incorpora también la noción de responsabilidad
en el sentido de una solidaridad activa y efectiva,
considerando a los jóvenes como actores protagónicos
del proceso de construcción ciudadana.
La universalización de la salud, una
educación emancipadora, el trabajo decente, el acceso a
la vivienda y a servicios públicos de calidad, la
equidad e igualdad de oportunidades entre géneros son
aspiraciones legitimas de nuestros pueblos y en
particular de los jóvenes. De allí la importancia de
continuar realizando esfuerzos para contar lo antes
posible con una Carta Social de las Américas cuyos
principios y objetivos estarán dirigidos al logro de
sociedades que ofrezcan a todos nuestros pueblos
mayores oportunidades para beneficiarse del desarrollo
sostenible con equidad e inclusión social.
El derecho a la identidad es un
derecho humano y como tal se basa en la dignidad de la
persona. Participa por tanto de todos los atributos
inherentes a los derechos humanos y los Estados se
encuentran obligados a garantizar su ejercicio pues es
condición previa e indispensable para la participación
ciudadana y la construcción de la democracia.
El incremento incesante de nuevas
corrientes migratorias esta vinculado al déficit de
múltiples derechos económicos, sociales y culturales,
así como civiles y políticos y el derecho al
desarrollo; elementos todos que constituyen la base de
la migración. Los migrantes en situación irregular son
particularmente vulnerables a las redes de delincuencia
organizada que pueden aprovechar factores sociales y
económicos para lograr su explotación terriblemente
inhumana.
Creemos que la mejor forma de
contener los procesos migratorios esta en cooperar con
los países que tienen las mayores corrientes
migratorias para evitar la fuga a otros países, con la
consiguiente desestabilización personal y humana.
Porque nadie emigra por su propio deseo, sino obligado
por las circunstancias que lo rodea. Para el mundo
desarrollado, una contribución seria y responsable en
esas subregiones y países pobres, seria evitar el
diario aumento de la migración.
Nuestra delegación ha venido
promoviendo con marcado interés el tema migratorio. De
allí que ve con satisfacción la creación de la Comisión
Especial para Asuntos Migratorios en el marco de esta
Organización cuya labor deberá proyectarse en el
futuro. La importancia y complejidad de este fenómeno
que afecta por igual a niños, jóvenes y adultos es un
desafío creciente que requiere ser analizado desde una
perspectiva integral que considere tanto sus causas
como sus efectos sobre la base del pleno respeto a los
derechos humanos de los migrantes y sus familias. La
migración es un reflejo de los procesos de integración
y globalización y su examen debe abordarse con
perspectiva de género. Todos los Estados Miembros de la
Organización son países de origen, tránsito y destino
de migrantes, por lo tanto es un tema que nos interesa
a todos.
En otro orden de cosas, Señor
Presidente, la carta de la OEA establece claramente la
necesidad que nuestra institución enfoque con
responsabilidad y seriedad los distintos desafíos que
puedan afectar el continente, y que eventualmente
pueden perjudicar su estabilidad democrática y estado
de derecho y comprometer la paz y la seguridad de la
región.
En el mundo actual se presentan
graves y nuevos desafíos, que son tratados en diversos
ámbitos internacionales, y que nuestra organización
debe analizar y aportar sus ideas e iniciativas que son
de trascendencia universal y que pueden golpear
directamente nuestro ámbito regional.
La actual crisis alimentaria,
energética, intensificación de los procesos
migratorios, así como el cambio climático, exigen
compromisos internacionales, y porque no regionales,
para mitigar dichas disfunciones.
Nuestra región, y especialmente
nuestra subregión, es una gran productora de alimentos
de una inmensa variedad, lo que evidentemente da una
responsabilidad ante las actuales hambrunas que se
producen en algunas regiones, sea por cambios
climáticos o por falta de conocimiento para realizar
una explotación agrícola más productiva.
Pero para poder intensificar esa
ayuda, nuestra región necesita que los países
desarrollados contribuyan y aseguren mercados abiertos
y no proteccionistas para que nuestros agricultores
puedan aumentar sus producciones con mercados futuros
seguros. Asimismo, se requiere del mundo
industrializado, una cooperación mayor en materia
tecnológica para contribuir en un aumento de nuestra
productividad agrícola.
Es decir, nuestros países pueden
contribuir para ayudar a solucionar la crisis
alimentaria, pero requerimos del resto del mundo
desarrollado acciones claras de cooperación y
compromiso relevantes para atacar la plaga de la
hambruna.
En otro orden de desafíos como la
crisis energética, América cuenta con grandes reservas
de energía, no renovable, así como con recursos
energéticos renovables que podrían contribuir a cubrir
parcialmente la actual escasez de energía mundial, que
afecta la economía mundial por el impacto
inflacionario, pero muy especialmente a los menos
desarrollados.
Al igual que en la agricultura, la
región requiere de una cooperación tecnológica de los
países desarrollados y el principio que debería ser
aceptado es que los sacrificios para la defensa del
medio ambiente, no lo han de hacer por igual los
desarrollados que los países emergentes, dado que la
mayor contaminación la produjeron aquellos que más
crecieron en el pasado. Por lo que en el presente,
estos países desarrollados deben asumir una mayor cuota
de responsabilidad.
A su vez, Señor Presidente, no debemos perder de vista
que uno de los mayores logros que alcanza la OEA en
momentos en que llega a seis décadas de vida es la
creciente consolidación del multilateralismo,
cimentado en la exigencia del respeto estricto a las
normas del Derecho Internacional.
La igualdad jurídica de los Estados,
el deber de no intervención, el respeto a sus derechos
y deberes fundamentales y todo ese conjunto de reglas
sobre los cuales buscamos hacer reposar la libre
convivencia entre naciones soberanas, han convertido
a los principios de la Carta de la OEA en una
verdadera Constitución de las relaciones
interamericanas.
Los países latinoamericanos y del
Caribe han adquirido una gravitación fundamental y se
abre un cauce para el manejo protagónico y compartido
de situaciones inesperadamente críticas y los
conflictos que irrumpen en el continente.
En ese marco multilateral que
ofrece este ámbito, resulta determinante la voluntad
conjunta de abordar situaciones que afectan a Naciones
hermanas, interponiendo esfuerzos, agotando los
recursos para su solución pacífica y multiplicando
gestiones en procura de la convergencia de las
posiciones, todo ello sobre la base de esos principios
fundamentales.
Por obra de la
extensión de las democracias, nuestro continente se
viene convirtiendo en una inmensa zona de paz, quizá
la más extendida del planeta, y en esa tarea la OEA
debe seguir cumpliendo el rol jurídico-institucional
que le compete por atribuciones naturales y que, en
gran medida, ha sido el factor coadyuvante de ese
proceso de consolidación democrática y del
restablecimiento del Estado constitucional de derecho
en los países de la región, que es el modelo de Estado
Social y Democrático; o sea, el Estado de la justicia
social y de la dignidad del hombre y de los pueblos, el
cual debe continuar siendo el objeto primordial de
todos nuestros desvelos. |