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10 de junio, 2008

Respuesta a Bordaberry

El Presidente Vázquez presentó las medidas de seguridad pública que instrumenta el Gobierno
El Presidente de la República remitió por escrito a Pedro Bordaberry, respuesta a 50 iniciativas propuestas en materia de seguridad. Vázquez señaló que 35 de las medidas ya se implementaron o están en proceso de ejecución; 14 exigen modificaciones legislativas, de las cuales 8, están vinculadas a la problemática de menores y sus familias. Expresó que sólo dos iniciativas resultaron novedosas para el Gobierno.

Montevideo, 10 de junio de 2008.

Dr. Pedro Bordaberry

Presente

De mi mayor consideración:

Con relación a nuestra conversación del día de ayer, remito a usted adjuntas las consideraciones que la Ministra del Interior y sus Asesores prepararan sobre el documento.

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted con mi más alta consideración.

Dr. Tabaré Vázquez

Presidente de la República Oriental del Uruguay

/nr

I. Consideraciones generales

  • 35 de las iniciativas propuestas ya se implementan o se están trabajando actualmente.

  • 14 exigen modificaciones legislativas y 8 de ellas están vinculadas a la problemática de los menores y las familias, tendiendo a endurecer las normas y políticas de seguridad.

  • 2 son novedosas y de una de ellas los servicios de la Policía han asesorado a la Ministra del Interior acerca de la conveniencia de su implementación.

Al mismo tiempo, si bien cada una de las propuestas tiene una fundamentación, no se observa que estas medidas hayan sido concebidas en función de un análisis de situación que determine una política marco que contengan dichas propuestas.

Tres de las iniciativas son declaraciones de intenciones con las que nadie puede estar en desacuerdo, y ya se vienen realizando: "Rescatar a los niños y adolescentes de la situación de calle", "Lucha contra la drogadicción" y "Combate al consumo de alcohol y otras prohibiciones referidas a menores".

La primera medida propuesta ("Restaurar la normativa del Decreto Nº 690/80") va directamente en contra de una iniciativa de la actual administración y tiende a endurecer las normas y políticas de seguridad.

En este sentido, el conjunto de las medidas propuestas tiende a fortalecer la "policialización" y la represión, caminos -los dos- que ya han fracasado en Uruguay, como en otras partes del mundo en que se apeló a ellos.

Otra serie de medidas sugieren modernizar o reorganizar la Policía y el Ministerio del Interior. Al respecto, es necesario tener presente que la reforma del Ministerio ya está en marcha y se viene haciendo en el marco de la reforma del Estado. Para ello se viene realizando una reestructura técnico administrativa y se está impulsando el desarrollo de sistemas de información para mejorar los niveles de gestión.

II. Las medidas propuestas

La lista de cincuenta iniciativas propuestas por "Vamos Uruguay" es la siguiente:

  • Restaurar la normativa del Decreto Nº 690/80.

  • Reinstalar las Comisiones Barriales de Seguridad.

  • Creación de Comisarías del Menor en todo el país.

  • Combate al consumo de alcohol y otras prohibiciones referidas a menores.

  • Elaboración de un "mapa del delito".

  • Agravar las penas para quienes cometan delitos empleando armas de fuego.

  • Penalizar como delito el porte o tenencia de armas de fuego por pare de quien registre antecedentes penales.

  • Establecer que se mantengan los antecedentes penales de los menores cuando pasan a ser considerados como adultos.

  • Rebajar la edad de imputabilidad para los menores infractores en los casos de delitos graves o delitos con hecho de sangre.

  • Penalizar la tentativa de hurto realizada por menores.

  • Responsabilizar severa y efectivamente a los padres de los menores infractores.

  • Sancionar por la omisión de cumplir con la obligación de enseñanza obligatoria.

  • Creación de un "Archivo Genético Criminal de ADN".

  • Protección de testigos y peritos en procesos penales.

  • Creación de la figura del "agente encubierto".

  • Creación de la figura del "arrepentido" e "informante".

  • Habilitación del procedimiento de "celada".

  • Aplicación del diseño urbano o medio ambiental (CPTED en inglés) o el diseño basado en la conducta (BBD en inglés) para la prevención del delito.

  • Reforzar la interacción ciudadano/policía relanzando y potenciando las figuras de "policía de proximidad" o "policía del barrio".

  • Intensificar los sistemas de patrullas en todas sus modalidades (reimplantar los operativos de saturación y los retenes policiales).

  • Descentralización Policial -Potenciando con recursos humanos y materiales las denominadas comisarías o seccionales policiales de los barrios.

  • Creación de la Policía Rural en todos los departamentos del interior del país (como lucha frontal contra el abigeato y la faena clandestina).

  • Creación y regulación de un "Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)".

  • Penar la posesión o tenencia de armas de fuego y/o municiones; armas blancas y/o cortes carcelarios de cualquier tipo; así como de drogas y de equipos de telefonía celulares o sus accesorios en manos de los reclusos.

  • Penar la destrucción o el daño de los bienes muebles, inmueble y/o de las instalaciones de cualquier tipo en los Centros carcelarios por parte de los reclusos.

  • Mejorar la seguridad de los funcionarios policiales de los institutos penales.

  • Reimplantar la obligación de trabajar por parte de los reclusos procesados y hacer efectiva la obligación para los condenados.

  • Sustancial mejora de las retribuciones del personal policial (Fundamento: Dignificar la carrera policial, reducir paulatinamente la carga horaria de 222).

  • Dotación de más policías ejecutivos.

  • Intolerancia frente al delito, las faltas y las conductas que lo propician.

  • Adecuada actualización de la normativa y las reglamentaciones.

  • Legítima defensa policial (Se presumirá que el policía actúa en legítima defensa).

  • Modernización policial (Reforzamiento tecnológico).

  • Mejoramiento de las comunicaciones y el accionar policial.

  • Mejorar la eficacia del servicio de emergencia 911.

  • Fuerte impulso a las políticas de vivienda para el personal policial.

  • Fomentar y apoyar la creación de mayor cantidad de Escuelas de Seguridad Ciudadana (como la que funciona en Las Piedras).

  • Especial énfasis en potenciar el combate contra la droga y el narcotráfico (dotar muy especialmente de mayores recursos materiales y humanos a Drogas).

  • Lucha contra la drogadicción. Creación de programas preventivos sobre la drogadicción. Fomentar la multiplicación de centros destinados al tratamiento y curación de la drogadicción. Combate al denominado micro tráfico.

  • Confiscación de autos, armas e inmuebles incautados a la delincuencia y al narcotráfico.

  • Procurar la utilización de aeronaves, incorporándolas al sistema de patrullas.

  • Reorganizar la carrera policial y aprobar un código de ética policial.

  • Agravar sustancialmente las penas cuando las víctimas de los delitos son menores.

  • Rescatar a los niños y adolescentes de la situación de calle.

  • Nuevo código de procedimiento policial.

  • Reforma del código penal.

  • Modernización carcelaria.

  • Construcción de nuevos establecimientos de reclusión.

  • Agravar las penas de los mayores cuando participen menores como cómplices, coautores o autores de los delitos.

  • Asistencia y ayuda a las víctimas de delitos violentos.

  • III. Lo que ya se hace

    De las 50 medidas propuestas, 35 ya se vienen implementando –en distinto grado- y algunas se han mejorado durante la actual administración. En el siguiente recuadro, se detallan las 34 iniciativas que ya se realizan y observaciones sobre cada una de ellas:

    Medidas propuestas que ya se realizan

    Observaciones

    Adecuada actualización de la normativa y las reglamentaciones.

    Se promovió la ley de procedimiento policial, la Guía para la atención de los casos de violencia doméstica y se estudia readecuar la Ley Orgánica Policial. Actualizar normas y reglamentaciones es algo que se hace habitualmente si se entiende necesario. Además existe un programa de fortalecimiento que trabaja en esa dirección.

    Agravar las penas de los mayores cuando participen menores como cómplices, coautores o autores de los delitos.

    Está previsto en la ley y si los jueces entienden que se trata de agravantes así lo dictaminan.

    Asistencia y ayuda a las víctimas de delitos violentos.

    Se hizo un llamado a propuestas para el diseño y gestión de un Centro de Atención a las Víctimas y las que se recibieron están a estudio de la Ministra.

    Combate al consumo de alcohol y otras prohibiciones referidas a menores.

    Ya se hace y lo hacen varios organismos del Estado (JND, INAU)

    Confiscación de autos, armas e inmuebles incautados a la delincuencia y al narcotráfico.

    Ya lo prevé la ley y la JND y la Justicia están tratando de agilitar los trámites para evitar las trabas burocráticas que dificultan la confiscación.

    Construcción de nuevos establecimientos de reclusión.

    Durante la actual administración se construyeron más de 2000 plazas a un costo de 6 millones de dólares y está previsto invertir 3.5 millones de dólares en una unidad de alta seguridad. Está previsto que el número crezca más, pero al mismo tiempo se entiende que no se puede construir cárceles ad infinitum. Es necesario generar alternativas al alto índice de prisionización.

    Creación de la Policía Rural en todos los departamentos del interior del país (como lucha frontal contra el abigeato y la faena clandestina).

    Este gobierno combate al abigeato, impulsó el trabajo de la Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato (BEPRA) y promovió la instalación de cuerpos de Policía Montada en jefaturas de Policía.

    Descentralización policial, potenciando con recursos humanos y materiales las denominadas comisarías o seccionales policiales de los barrios.

    Las seccionales o comisarías son las unidades básicas del accionar policial territorial y su implantación responde a una lógica de descentralización.

    Dotación de más policías ejecutivos.

    Este gobierno creó 1.500 nuevos cargos de policía ejecutivo y dentro las posibilidades presupuestales se procura permanente incrementar el número.

    Elaboración de un "mapa del delito".

    Es parte del trabajo del "Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad"

    que implementó la actual administración a partir de 2005.

    Especial énfasis en potenciar el combate contra la droga y el narcotráfico (dotar muy especialmente de mayores recursos materiales y humanos a Drogas).

    El apoyo y respaldo político y de recursos que tiene la DGRTID en esta administración es una de las claves del éxito de su gestión.

    No hay gobierno que pueda exhibir mejores cifras que las de la actual gestión en cantidad de droga incautada y una tan ajustada relación entre el número de personas detenidas y procesadas por estos delitos. Se llevan incautadas más de tres toneladas y media de marihuana, cocaína y pasta base.

    Fomentar y apoyar la creación de mayor cantidad de Escuelas de Seguridad Ciudadana (como la que funciona en Las Piedras).

    El tipo de iniciativas como la Escuela de Seguridad Ciudadana que comenzó a funcionar en Las Piedras (Canelones), responde al interés de organizaciones sociales que las impulsan. Ciertamente, este Ministerio valora positivamente el desarrollo de esas escuelas y lo apoya dentro de sus posibilidades.

    Fuerte impulso a las políticas de vivienda para el personal policial.

    Se comenzó a estudiar las posibilidades de adjudicar viviendas a policías a través de los bancos Hipotecario y de Seguros del Estado.

    Se hace lo posible dentro de las limitantes presupuestales, pero la política de este ministerio en la materia procura evitar la creación de "ghettos" policiales y favorecer el relacionamiento de los policías con el resto de la sociedad.

    Intensificar los sistemas de patrullas en todas sus modalidades (reimplantar los operativos de saturación y los retenes policiales).

    La Policía patrulla habitualmente, se hace ese tipo de operativos y, buscando intensificar el trabajo, la ministra ordenó el diseño de nuevos planes operativos a todos los Jefes de Policía.

    Intolerancia frente al delito, las faltas y las conductas que lo propician.

    Este gobierno cumple con las exigencias de la Constitución y la ley. Y hace que la Policía se maneje dentro de los mismos límites y teniendo presente la vigencia de los Derechos Humanos.

    Lucha contra la drogadicción. Creación de programas preventivos sobre la drogadicción. Fomentar la multiplicación de centros destinados al tratamiento y curación de la drogadicción. Combate al denominado micro tráfico.

    Para combatir el microtráfico, durante la actual gestión se crearon grupos especiales que combaten directamente las "bocas" de distribución de pasta base de cocaína. Estos grupos son entrenados por personal de la DGRTID.

    La lucha contra la drogadicción no es materia del Ministerio del Interior, sino de la Junta Nacional de Drogas, Ministerio de Salud Pública e INAU.

    Mejoramiento de las comunicaciones y el accionar policial.

    Para lograr esos objetivos se compró nueva tecnología de comunicaciones (ZTE) y se estudian nuevas incorporaciones de equipamiento para fortalecer el trabajo policial.

    Mejorar la eficacia del servicio de emergencia 911.

    Con la compra de nueva tecnología (ZTE) se reforzará el servicio y se va a lanzar una campaña de concientización y uso responsable del 911.

    Mejorar la seguridad de los funcionarios policiales de los institutos penales.

    Esto es parte de la lógica cotidiana del funcionamiento de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación (DNCPyCR).

    Modernización carcelaria.

    Eso es lo que hace este gobierno y se explicaron anteriormente acciones en esa dirección.

    Modernización policial (Reforzamiento tecnológico).

    Se compró nueva tecnología (ZTE), se licitó nuevo armamento e indumentarias y permanentemente se está cambiando el parque vehículos.

    Nuevo código de procedimiento policial.

    Fue este gobierno el que redactó el proyecto de ley de Código de Procedimiento Policial que está en trámite parlamentario.

    Penar la destrucción o el daño de los bienes muebles, inmueble y/o de las instalaciones de cualquier tipo en los Centros carcelarios por parte de los reclusos.

    Cuando se producen daños se informa a la Justicia para los correspondientes procesamientos. Los responsables pueden ser procesados por el delito de daño.

    Penar la posesión o tenencia de armas de fuego y/o municiones; armas blancas y/o cortes carcelarios de cualquier tipo; así como de drogas y de equipos de telefonía celulares o sus accesorios en manos de los reclusos.

    Ya se pena. Cuando se requisa ese tipo de elementos, se informa a la Justicia y se aplican sanciones disciplinarias.

    Procurar la utilización de aeronaves, incorporándolas al sistema de patrullas.

    Ya esta previsto, pero existen dificultades presupuestales para poner en funcionamiento las aeronaves confiscadas a las bandas de narcotraficantes.

    Protección de testigos y peritos en procesos penales.

    Ya se realiza y se hace en función de la demanda de la Justicia. El Ministerio del Interior es el brazo ejecutor cuando el Poder Judicial así lo indica.

    Reforma del Código Penal.

    Hay una comisión que estudia el tema.

    Reforzar la interacción ciudadano/policía relanzando y potenciando las figuras de "policía de proximidad" o "policía del barrio".

    Se hace a través del programa de Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana que se desarrolla desde 2005 y la Policía Comunitaria.

    Reimplantar la obligación de trabajar por parte de los reclusos procesados y hacer efectiva la obligación para los condenados.

    La ley de Humanización del sistema penitenciario estableció la reducción de años de la pena por tiempo de estudio y trabajo. Por otra parte, obligar a trabajar a los procesados vulnera el principio de presunción de inocencia. De todas formas se ofrece trabajo a todas las personas privadas de libertad en la medida de las posibilidades materiales.

    Reinstalar las Comisiones Barriales de Seguridad.

    Funciona desde el comienzo de la actual administración el Programa de Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que sustituyó y mejoró la experiencia que se pretende reinstalar.

    Reorganizar la carrera policial y aprobar un código de ética policial.

    Ya se está reorganizando la carrera policial en el marco del programa de fortalecimiento.

    Rescatar a los niños y adolescentes de la situación de calle.

    Esta tarea le corresponde al INAU.

    Sancionar por la omisión de cumplir con la obligación de enseñanza obligatoria.

    Está previsto en la legislación vigente y no es competencia del Ministerio del Interior.

    Sustancial mejora de las retribuciones del personal policial (Fundamento: Dignificar la carrera policial, reducir paulatinamente la carga horaria de 222).

    Desde 2005, el salario de los agentes de 2a. ejecutivos aumentó un 26,3% y la rendición de cuentas en trámite parlamentario preve más incrementos. La reducción de la carga horaria de 222, es un objetivo de esta administración.

    Creación de un "Archivo Genético Criminal de ADN".

    Desde el año 2001 se estudia esta iniciativa tanto a nivel legislativo como en distintas unidades de esta Secretaría de Estado.

    IV. Cambios a las leyes

    De las 50 medidas presentadas, 14 exigen modificaciones legislativas y la construcción de los necesarios acuerdos políticos que las hagan viables y 8 de ellas se refieren a los menores y sus familias. Algunas ya fueron manejadas en anteriores períodos legislativos (creación de figuras de "agente encubierto", "arrepentido" e "informante").

  • Agravar las penas para quienes cometan delitos empleando armas de fuego. (Observación: Ya está previsto a nivel legal, el Código Penal no es la única ley penal, también las leyes especiales forman parte de esa legislación).

  • Creación de la figura del "agente encubierto".

  • Creación de la figura del "arrepentido" e "informante".

  • Habilitación del procedimiento de "celada".

  • Legítima defensa policial -se presumirá que el policía actúa en legítima defensa. (Observación: Esto vulnera los principios básicos de un derecho penal democrático).

  • Penalizar como delito el porte o tenencia de armas de fuego por parte de quien registre antecedentes penales.

  • Con respecto a los menores y sus familias, las 8 medidas también requieren de un marco legal que las permita aplicar.

  • Agravar las penas de los mayores cuando participen menores como cómplices, coautores o autores de los delitos.

  • Agravar sustancialmente las penas cuando las víctimas de los delitos son menores.

  • Combate al consumo de alcohol y otras prohibiciones referidas a menores.

  • Establecer que se mantengan los antecedentes penales de los menores cuando pasan a ser considerados como adultos.

  • Penalizar la tentativa de hurto realizada por menores.

  • Rebajar la edad de imputabilidad para los menores infractores en los casos de delitos graves o delitos con hecho de sangre.

  • Responsabilizar severa y efectivamente a los padres de los menores infractores.

  • Sancionar por la omisión de cumplir con la obligación de enseñanza obligatoria.

  • V. Mas rigor a normas y políticas de Seguridad

    De las 50 medidas propuestas, 8 tienden a endurecer las normas y políticas de seguridad.

    Si bien en estas ocho propuestas la intención de aplicar "mano dura" es evidente, el contexto general de las propuestas tiende a fortalecer la policialización y la represión. Desde 1985 se sucedieron tres gobiernos del Partido Colorado y uno del Partido Nacional, donde se apeló a ese tipo de medidas. La realidad actual muestra, igual que lo que ocurrió en otros países, que esas estrategias fracasaron rotundamente. El delito en Uruguay tuvo una tendencia creciente en los últimos 25 años a pesar del recurso a endurecer penas y sistemas de represión.

  • Agravar sustancialmente las penas cuando las víctimas de los delitos son menores.

  • Combate al consumo de alcohol y otras prohibiciones referidas a menores.

  • Legítima defensa policial (Se presumirá que el policía actúa en legítima defensa).

  • Penalizar la tentativa de hurto realizada por menores.

  • Rebajar la edad de imputabilidad para los menores infractores en los casos de delitos graves o delitos con hecho de sangre.

  • Responsabilizar severa y efectivamente a los padres de los menores infractores.

  • Restaurar la normativa del Decreto Nº 690/80.

  • Sancionar por la omisión de cumplir con la obligación de enseñanza obligatoria.

  • VI. Las dos novedades

    De todas las iniciativas presentadas dos constituyen una "novedad" y en concreto una de ellas, referida a responsabilizar a los padres de los menores infractores, también requiere una modificación importante en el marco legal actual. Las dos medidas son:

  • Aplicación del diseño urbano o medio ambiental (CPTED en inglés) o el diseño basado en la conducta (BBD en inglés) para la prevención del delito.

  • Responsabilizar severa y efectivamente a los padres de los menores infractores.

  • Compartimos ambas.