La Oficina Nacional de Servicio Civil y la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones del Estado, firmaron un convenio para ampliar la difusión del Decreto 500/991. Esta normativa regula el procedimiento administrativo estatal y es la referencia obligada de los funcionarios públicos. La Directora de la ONSC, Cecilia Menéndez, dijo que es una garantía ciudadana, en el marco de un Estado republicano.

El convenio celebrado entre ONSC e IMPO, incumbe a los participantes de este acuerdo, pero tiene relevante importancia para todos los funcionarios, en todas las jerarquías, de todos los estratos de la administración pública. Esta afirmación de Cecilia Méndez fue complementada con el detalle de lo convenido con el IMPO, por parte de la oficina que dirige.

La Dirección Nacional de Impresiones se compromete, mediante este convenio, a elaborar una publicación que contiene el Decreto 500/991 y sus modificaciones, introducidas por el Decreto 420/2007. Además, tiene un anexo con disposiciones constitucionales y reglamentarias, que complementan al quehacer administrativo.

Menéndez expresó que las funciones de esta disposición regulatoria son: primeramente, normalizar el procedimiento administrativo, para que el Estado actúe de forma ordenada y racional; por otro lado, gracias a la regulación, permite a los administrados obtener un mecanismo de protección de sus derechos e intereses.

Es esencial que el derecho administrativo esté regulado, afirmó la Directora de la ONSC. Cecilia Menéndez detalló el camino jurídico recorrido hasta nuestros días. En materia de disposiciones sobre el procedimiento de la administración, el primer antecedente es el Decreto 575/966. El decreto 640/973 reemplazó al anterior hasta que el Decreto 500/991, fue establecido como la norma más importante de las formas que reglamentan la administración pública, citó la funcionaria.

Para adaptar el procedimiento de la administración a los nuevos requerimientos del expediente electrónico, el año pasado se publicó el Decreto 420/2007. Cecilia Menéndez dijo que, sin modificar la filosofía del decreto anterior, se adecuó la normativa para realizar trámites en forma más sencilla y eficiente. Finalmente, expresó que la ONSC tiene la obligación de difundir toda la normativa de la actuación administrativa, entre los funcionarios públicos.

Por eso, concluyó, la iniciativa que culminó en la firma del convenio, que comenzó el anterior Director de la ONSC y actual Secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, es la forma adecuada para llegar a todos los funcionarios, y colocar en las manos de todos los funcionarios públicos una herramienta fundamental para el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, el Director Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, Álvaro Pérez, este es otro paso para el IMPO, que de esta manera, devuelve a las manos de los uruguayos esta herramienta de servicio. Ahora está al servicio de los ciudadanos y ya no es una empresa de segundo orden, en función de intereses particulares.

El nuevo rol estratégico del IMPO incluye la difusión de esta normativa, enfatizó. Pérez sostuvo que la visión de un Estado moderno, transparente e inteligente, es capaz de colocar los magros recursos de la administración pública hacia ese objetivo, el servicio de los intereses de todos los uruguayos.

Para lograr esta meta, los recursos estatales dispuestos en forma horizontal, son multiplicados cuando se realizan convenios como el suscrito, aseveró Pérez. En este caso, dijo, hablamos de la difusión del Decreto que normaliza la actuación de los administradores y a su vez, brindan garantías a los administrados.

El compromiso del IMPO es realizar una campaña masiva, afirmó el Director Pérez. Esto no es para que finalice en un archivo, sino para educar y generar mejores recursos humanos y de esta manera, construir un Estado mejor, culminó.