Experiencia uruguaya

ONSC-OPP-MEF-PIT-CNT: en interacción por la construcción colectiva de un proyecto país

Los integrantes del panel "Negociación Colectiva en la Función Pública", afirmaron que el Estado y el movimiento sindical están fortalecidos por esas instancias, sin renunciar a principios ni al cumplimiento de sus cometidos. La reinstalación de las negociaciones tiene por finalidad promover derechos, ciudadanía responsable y conductas de diálogo democrático que privilegien formas de administrar conflictos en el sistema laboral.

En el seminario "Negociación colectiva en el sector público", la Subdirectora de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Ana Santestevan, destacó que el derecho colectivo es de gran importancia al momento de establecer nuevos relacionamientos laborales a partir del año 2005.

Reafirmó, que la negociación colectiva es un derecho fundamental consagrado mediante convenios internacionales ratificados por Uruguay y en la conformación de Leyes nacionales.

En ese sentido, afirmó que el diálogo social entre el Gobierno y las organizaciones tiene entre sus sustentos el derecho a la participación, la consulta y la colaboración, situaciones que son mucho más ricas que solamente la negociación por aumento de salarios.

Santestevan, afirmó que a partir de 2005, se inició un nuevo camino de consolidación de negociación colectiva que pretende comprender a todos los funcionarios públicos, con representación del Poder Ejecutivo, PIT-CNT, sindicatos y empresas públicas.

En la estructura de las negociaciones, los niveles de negociación indican que la recuperación salarial fue de un 14% para los funcionarios públicos y se regularizaron a 6.500 personas que se mantenían en contratos de función pública. Asimismo, se negoció un salario mínimo para becarios y pasantes que cumplen funciones en órbitas del Estado.

Se logró la firma de convenios colectivos salariales con vigencia hasta el año 2010. Además, de negociaciones que reducen inequidades en materia salarial, junto a la asignación de un rubro adicional para los sectores de la Administración que estaban más sumergidos en materia salarial. Ese acuerdo, está expresado en artículos de la Rendición de Cuentas que está en el Parlamento nacional a la espera de ser aprobado.

Se incorporó al Sistema Nacional de Salud a todos los funcionarios de la Administración Central, se transformaron salarios variables en fijos para los trabajadores el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Dirección Nacional de Aduanas. En la actualidad, distintos procesos de reestructuras están siendo objeto de negociación como es el caso de Televisión Nacional.

También, se acordaron convenios salariales en la Dirección Nacional de Correos y en la banca oficial, se redistribuyeron funcionarios del Banco de Crédito en la banca pública.

La Jerarca, afirmó que la experiencia uruguaya en materia de negociación es óptima porque fue una instancia de diálogo social, donde el Estado y el sector sindical, sin renunciar a sus principios y cumplimiento con sus cometidos resultaron claramente fortalecidos.

Entre los desafíos se encuentran la consolidación de un sistema de relaciones laborales en el sector público, además de la necesidad de adquirir un nivel de madurez necesaria para la realización de esas instancias, así como la confirmación de la confianza generada para la reactivación del proceso que se experimentó.

Por su parte, el asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Oscar de León, al relatar la participación de ese organismo en el proceso de negociación colectiva, dijo que la misma es una instancia que se realiza por mandato programático de la ciudadanía, lo cual implica la transformación del Estado, con calidad institucional.

Aseguró, que antes de 2005 no había convocatoria de Consejo de Salarios, ni negociación colectiva en el ámbito público, etapas que no abarcaron a todos los funcionarios del Estado.

En ese sentido, dijo que fue necesario reinstalar las negociaciones en los sectores privados y públicos con la finalidad de promover derechos, ciudadanía responsable y establecer conductas de diálogo democrático que privilegien formas de administrar los conflictos.

De León, precisó que los ámbitos de negociación no eliminan el conflicto, sino que lo administran con estilo democrático, con lo cual se buscan generar los mayores elementos de acuerdos posibles.

En cuanto al papel de la OPP, en los procesos de negociación colectiva, dijo que el organismo es quién se preocupa por el proyecto país, acción que de alguna manera es necesario delinear porque es necesario visualizar con claridad hacia donde va la sociedad uruguaya. Aseguró, que el objetivo es conseguir mayor bienestar y prosperidad a partir de un programa de Gobierno respaldado por la ciudadanía.

De esta forma, dijo que es necesario ordenar la estrategia mediante una negociación que permita pensar al Estado y su relación con los trabajadores. Manifestó que la situación, también implica consolidar acuerdos para una transformación democrática del Estado, donde importan los objetivos y los procedimientos de las distintas políticas públicas instrumentadas.

Indicó, que la calidad democrática de los cambios es parte de un proceso de construcción en el cual se avanzó mucho y dónde falta por hacer.

De León, expresó que los procesos democráticos son construcciones contradictorias y complicadas, pero es el mejor camino "porque la democracia es el peor sistema político, salvo todos los demás".

El representante del Ministerio de Economía y Finanzas, Daniel Mesa, precisó que la negociación colectiva formal es un proceso de aprendizaje conjunto entre los sindicatos y el gobierno con el objetivo de construir positivamente, con el diálogo como valor democrático guía.

Es necesario generar condiciones para que los derechos se ejerzan, afirmó y en ese contexto, dijo que se realizó un acuerdo marco y se redactó un proyecto de Ley que está en el Parlamento.

Mesa, afirmó que también, se fortalecieron las organizaciones sindicales, aumentó la afiliación de los ciudadanos, se atacó al informalismo, con acentuación de la incorporación al Banco de Previsión Social (BPS) y se registraron acrecentamientos en los salarios reales, en forma general.

Asimismo, precisó que el plan de gobierno se realizó en base y de acuerdo a la mayorías nacionales, situación de la que se desprendió que la manera de resolver conflictos es participando y negociando en base al conocimiento de la realidad.

El representante de COFE, Pablo Cabrera, señaló que los trabajadores estatales reclaman más formación y capacitación para cumplir sus tareas cotidianas. Además, afirmó que la libertad sindical es un derecho de los trabajadores y que anteriores gobiernos no reconocieron cabalmente el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores públicos.

Cabrera, afirmó que es necesario contar con una Ley de Negociación Colectiva para el sector estatal, como instrumento legal específico. Reclamó acuerdos sobre fueros y libertad sindical, mejores condiciones de trabajo, salud e higiene laboral, diseño y planificación de la capacitación, así como más formación profesional. Al mismo tiempo, solicitó el mantenimiento de la carrera funcional, el sistema de retribuciones en sus diversas formas, junto a la reforma de la gestión del Estado.

Asimismo, el coordinador de la Mesa Coordinadora de Entes, Oscar López, expuso, entre otros temas, que el gobierno no ajustó los sueldos de acuerdo a la inflación existente. Señaló que los funcionarios tienen diferentes desconocimientos de proyectos que son parte de la reforma del Estado que se están gestionando.

En ese marco, dijo que los funcionarios están de acuerdo con la aplicación del FONASA, pero no con la pérdida salarial que el mismo implica, situación por la que se realizó una acción jurídica contra el gobierno. Destacó, que es necesario corregir errores en la negociación colectiva para que la misma sea única para todos los empleados públicos.