Para el Subdirector de la OPP, Conrado Ramos, las reformas implementadas por el Gobierno forman parte de un proceso de transformación del Estado, a través de la participación ciudadana. El país cambió profundamente, afirmó. Confirmó que en los últimos 50 años, el Estado se constituyó en una rémora para el crecimiento del país. Estamos empeñados en que el Estado sea aliado del crecimiento con inclusión social, aseveró.

El Estado facilitador del desarrollo individual, en un contexto de planificación de mediano y largo plazo es el concepto que preferimos utilizar, indicó. Para eso, las tres dimensiones de un estado que promueve la inversión, desarrollado por Ramos ante los presentes en la Mesa de Negocios con el Gobierno Uruguayo, organizado por The Economist Intelligence Unit, son el fortalecimiento de la maquinaria administrativa, la articulación de la política económica y la social, además de entender al Estado como instrumento de desarrollo.

El fortalecimiento de la lógica estatal es entendido por Conrado Ramos como la confluencia de distintos círculos concéntricos. En materia de transformación, la preparación del Estado para encarar los desafíos del Siglo XXI, es la prioridad. Es necesaria una reestructuración profunda, dirigida hacia una formulación de políticas de control y regulación.

Desde principios de los años 90, la falta de entradas de personal a la administración central provocó el envejecimiento de los perfiles funcionariales. La gestión de recursos humanos debe aggiornarse, afirmó. La carrera administrativa, deteriorada, dejó paso a la apropiación política de la maquinaria gubernamental. El Subdirector de OPP, Conrado Ramos, explicó que dentro de la transformación del Estado, la planificación de los recursos humanos es esencial.

Además, Ramos dijo que se trabaja en el desarrollo y construcción de sistemas de indicadores, de evaluación y planificación estratégica que sean útiles para la toma de decisiones políticas y que las convierta en un proceso más técnico. Con tal sentido, se crearán unidades de planificación y sistemas de información transversales al interior de los ministerios para alcanzar un Estado eficiente y fuerte.

Ramos adelantó que se implementará un programa de acercamiento al ciudadano con disminución de costos de transacción y simplificación de trámites, con el objetivo de desconcentrar la Administración y ayudar fundamentalmente a los ciudadanos del interior del país.

Agregó que el Gobierno tiene la necesidad de realizar una asignación del gasto público social eficiente. Actualmente, el país tiene un crecimiento no experimentado en mucho tiempo en Uruguay, ampliamente superior al promedio de América Latina, el cual debe mantener y utilizar para el desarrollo de la calidad de vida de la ciudadanía.

Ramos sostuvo que los equilibrios macroeconómicos se alcanzaron gracias a la responsabilidad fiscal del Gobierno, a pesar de las presiones sobre el gasto público social, producto de la deuda social surgida en nuestro país. El superávit fiscal primario previsto en menos del 1%, es un resultado importante, indicó.

La variación de los créditos presupuestales entre 2004-2009, el incremento de los presupuestos en salud, educación e infancia, son fruto del reperfilamiento de la deuda pública y la baja del pago de intereses, afirmó el Subdirector de OPP. Agregó que el gasto social prepara al Uruguay para ser un Estado de bienestar moderno. Señaló que la asignación de ese gasto se realizaba sobre las estructuras mejor conformadas, pero no sobre los sectores más vulnerables.

Estos sectores fueron los que más sufrieron la crisis, dijo Ramos. El esfuerzo fiscal para atender ese reclamo fue extraordinario. Conrado Ramos dijo que esa cifra se eleva a 1.500.000.000 de dólares en educación al 2009; la salud incorporó a más de 400 mil niños al sistema; la tasa de empleo llegó al 57%; se recuperaron los salarios. Ramos dijo que el objetivo era articular crecimiento con estabilidad e inclusión social.

Para el representante de la OPP, los desafíos del Estado como instrumento de desarrollo pasan por la consolidación macroeconómica, mantener la responsabilidad fiscal, continuar el manejo prudente de la política fiscal, continuar con el manejo profesional del endeudamiento y mantener niveles bajos de inflación.

También se refirió a la flexibilidad cambiaria, transparencia fiscal y fortalecer al sistema financiero. Sobre las empresas públicas, los próximos objetivos deberían ser, a su entender, sostener un marco de la transformación democrática del Estado, mejorar su eficacia y eficiencia, establecer una estrategia de largo aliento, complementaridad y evitar la sustitución de inversiones privadas, son aspectos que se agregan a este debate.

El Poder Ejecutivo debe definir las reglas de juego, indicó Ramos. En ese marco, las agencias reguladoras estatales deben cumplir un rol inspectivo, para garantizar a todos los actores. Aún queda mucho por aprender sobre esto, agregó. La coordinación permanente entre administración descentralizada -a nivel de empresas públicas- con el Poder Ejecutivo central, será para orientar las inversiones en infraestructura. Esta es otra tarea para enfrentar, concluyó. Hay que revisar los sistemas jurídicos en las empresas públicas e invertir en el mismo, subrayó Ramos.

Crear oficinas orientadas a la inversión e impulsar legislación para su desarrollo, es otro de los logros de esta Administración, según Conrado Ramos. Como ejemplo de impulso a la inversión, señaló el trabajo con la empresa Portucel, en el cual una comisión observa sus necesidades y posibilidades para invertir en nuestro país.

El informe que Ramos desglosó, revela que los mecanismos de arbitraje no son eficientes. El país creció en número de empresas que operan, pero la ingeniería de los trámites y procesos es muy complejo, aseveró. Dijo que se busca implementar un plan de apertura de negocios similar al que posee Colombia. Sin embargo, destacó el descenso de otros costos, como por ejemplo las aduanas y los recientes procesamientos a funcionarios corruptos, en el marco de la reingeniería económica.

Otro punto destacado por Conrado Ramos es la instalación de una agenda digital, además de la estructuración de modelos informáticos de compras estatales.

En referencia a la educación del país, Ramos dijo que Uruguay está bien posicionado pero los recursos destinados deben transformarse rápidamente en cantidad y calidad de oferta educativa, a través de la ruta del Plan Ceibal y la constitución de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Uruguay debe enfatizar la educación terciaria y técnica, trabajando sobre la demanda educativa, destacó el Jerarca.

Por su parte, el Director de OPP, Enrique Rubio, afirmó que el costo estatal bajó durante esta Administración. Agregó que el propósito de este Gobierno es mantener el mismo costo estatal en términos de PBI. Informó que en el año 1999 era del 33% y que actualmente es del 27,5%. El descenso del costo de los intereses de la deuda se volcó en gasto social, indicó. La idea, subrayó, es utilizar iguales recursos en términos de PBI para generar más bienes y servicios, de mejor calidad.

Rubio concluyó que de esta manera, el peso relativo del Estado se redujo. Existen áreas donde se presenta un "cuello de botella", pero el propósito del Gobierno es consolidar la previsibilidad, complementar lo público con lo privado, orientar los estímulos a la inversión, negociación en el mercado de trabajo y resolver los "cuellos de botella".

En ese sentido, identificó esos problemas en la modernización del Estado, la determinación de las áreas críticas en la infraestructura de la energía, el puerto, información digital y la infraestructura ferroviaria y finalmente, resolver la dinamización del mercado de capitales. Agregó a esta lista, la capacitación de los cuadros intermedios de recursos humanos.

Según la encuesta de hogares del INE, entre los hombres mayores de 25 años, la desocupación es del 2,6%. Es decir, es casi inexistente, sostuvo Rubio. Con este dato, el Director de la OPP explicó que si bien los números son muy buenos, podría generar problemas para la inversión.