Transparencia y lavado de activos

Combate al lavado implica coordinación institucional y conciencia cívica

El Secretario Nacional de Antilavado de Activos, Ricardo Gil, destacó la labor que desde el Gobierno se realiza en el combate del lavado de activos, demostrado en los procesamientos relacionados al narcotráfico y el incremento en el reporte de operaciones sospechosas, especialmente en el sistema financiero. Agregó que desde 2006, se detectaron más de un millón y medio de dólares que ingresaron ocultos al Uruguay.

En el Edificio Libertad, se realizó una jornada sobre Transparencia y Lavado de Activos en Uruguay, donde expertos abordaron la cultura de la transparencia y los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de la lucha contra el lavado de activos. Esta jornada fue organizada por la Asociación Ciudadana por los Derechos Civiles, la cual tiene como finalidad difundir ciudadanía a partir del conocimiento jurídico. Se trata de una organización sin fines de lucro creada por un grupo de profesionales con el objetivo de fortalecer los valores democráticos, a través de la defensa y el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos por igual.

El Presidente de la Asociación, Roberto Grossi, dijo que junto a un grupo de instituciones, se presentó al Parlamento una Ley de Acceso a la Información Pública, la cual cuenta con media sanción del Senado y esperan que en el correr de este año cuente con la aprobación de Diputados. Grossi considera que es un instrumento valioso para que el ciudadano pueda conocer de cerca todos los temas que hacen al interés común. Además, destacó que es necesario que la información fluya de la sociedad al Gobierno para alimentar la transparencia, la cual se obtiene a partir de la posibilidad de acceder a toda la información. En tal sentido, considera que el crecimiento de la corrupción tiene una base que se creó a partir del desinterés de la población, por tal motivo, los ciudadanos deben crear conciencia cívica que determine que esa práctica no es conveniente.

Por su parte, Ricardo Gil, Secretario Nacional de Antilavado de Activos, explicó que el lavado de activos consiste en dotar de apariencia legítima a bienes o dinero provenientes de un delito. Por lo tanto, su finalidad es ingresar al mercado legal dinero generado en el mercado ilegal con apariencia de legalidad. El primer paso para combatirlo es aceptar que en nuestro país se lava dinero, dijo. Esta práctica ocasiona efectos económicos, sociales y un alto riesgo para el país y los agentes financieros. Para que Uruguay no sea una plaza de lavado, es necesario voluntad política, la cual no sólo debe provenir del Gobierno sino de toda la ciudadanía.

Gil dijo que en el año 2004 Uruguay sancionó un nuevo marco legal en esta materia a través de la Ley 17.835. La actual Administración tuvo el cometido de comenzar su implementación, la que llevó hasta el momento a obtener una sentencia y más de 20 procesamientos relacionados al narcotráfico. Además, se logró un incremento en el reporte de operaciones sospechosas, especialmente en el sistema financiero, de estos reportes, seis terminaron en la Justicia y en uno de los casos se requirió procesamiento.

En relación al transporte transfronterizo, Gil destacó que la Ley determina la obligación de declarar cada vez que se cruza la frontera con más de 10 mil dólares en valores o metales. Desde el año 2006 a la fecha, se detectaron más de un millón y medio de dólares que ingresaron ocultos al Uruguay.

En el esquema internacional, en los últimos años Uruguay mejoró notoriamente su inserción en delitos que son mayoritariamente transnacionales y por lo tanto es fundamental la cooperación en el plano policial, judicial y administrativo.

En otro orden, Gil dijo que está demostrado que el narcotráfico está instalado en nuestro país y la región, lo cual queda comprobado en la desarticulación de varias organizaciones con años de presencia en el país y fuertes vínculos internacionales. Hasta el momento, los delitos comprobados son en el área del narcotráfico, resta demostrar los delitos que ocurren en cuanto al lavado de dinero, el contrabando y el tráfico de armas y personas.

El combate al lavado implica una coordinación estatal e institucional, para alcanzarlo, durante estos tres años se instruyó a funcionarios para que sean capaces de analizar estructuras y desbaratar organizaciones. Además, el año pasado se creó la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la cual planifica y coordina las grandes políticas de trabajo.

Gil señaló que está comprobado que la mayor cantidad de lavado ocurre en el sector financiero aunque sorprende el volumen de inversiones con dinero proveniente de acciones delictivas en el sector inmobiliario. El procedimiento utilizado para realizar esta acción es muy amplio, pero sorprende y preocupa la utilización de herramientas societarias.

El Secretario Nacional de Antilavado de Activos dijo que se trabaja en la recuperación de los bienes decomisados a partir de acciones delictivas. En tal sentido, se aplican medidas para crear un Fondo de Bienes Decomisados que funcionará en la órbita de la Junta Nacional de la Droga y que devolverá los bienes a la sociedad, a través de organizaciones que participan, tanto a nivel preventivo como represivo, y con una reglamentación que evite que sea una fuente de corrupción.

Actualmente, se trabaja en el ajuste de la legislación existente. A través de un Proyecto de Ley se agregan delitos precedentes, se incorporan técnicas especiales de investigación y se sistematiza el procedimiento de incautación y decomiso a partir de las experiencias nacionales e internacionales.

Finalmente, Gil dijo que se ajusta la estructura actual, mediante la creación de juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado, las cuales se espera que para el próximo año comiencen a funcionar.