63º Período Sesiones de NNUU

Canciller destacó vigencia de la ONU para enfrentar desafíos del mundo actual

El Ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas, ocasión en la que subrayó la vigencia de la Carta de la Organización, herramienta fundamental para los grandes desafíos del mundo actual. También aludió a la grave crisis alimentaria, a temas como medio ambiente, la actual crisis financiera, derechos humanos y condenó todo acto terrorista que afecte a la población civil.

Gonzalo Fernández considera que Naciones Unidas tiene el deber moral y jurídico  de encontrar soluciones adecuadas para lograr que la paz y el desarrollo, se transformen en la norma de convivencia entre los pueblos.

En otro sentido, se refirió a la necesidad de fortalecer el sistema multilateral de comercio y relanzar las negociaciones en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio para hacer frente a la actual crisis alimentaria que golpea a tantos países del mundo. También aludió a la actual crisis financiera que sufren los principales países desarrollados, que repercute en las economías de los países emergentes.

En relación al medio ambiente y desarrollo sostenible, Fernández expresó que Uruguay es parte de las principales convenciones internacionales en la materia, al tiempo que ha enfatizado la importancia de la cooperación internacional. En tal sentido, enfatizó que nuestro país ejerce un riguroso control sobre la calidad ambiental de las inversiones recientemente instaladas, aplicando normativas internacionales y exigiendo el uso de las más modernas tecnologías disponible. Reiteró el inclaudicable compromiso del gobierno uruguayo en la protección del medio ambiente como un derecho humano y como pieza fundamental para alcanzar un desarrollo sustentable.

El Canciller subrayó una vez más el estricto apego al Derecho Internacional por parte de Uruguay, quien está comprometido con la consolidación de la paz y seguridad internacional. Así lo evidencia el ser uno de los principales contribuyentes de tropas de operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Sin embargo, Fernández considera que esto no es suficiente, al respecto reclamó un fuerte involucramiento de la comunidad internacional que asegure la construcción de sociedades estables, democráticas y prósperas.

Además, ratificó el compromiso de Uruguay en la lucha contra el terrorismo, condenando enérgicamente todo acto terrorista contra poblaciones civiles, así como de infraestructura cuya destrucción afecte en forma notoria a la población civil. 

Intervención del Canciller Gonzalo Fernández en el Debate General del 63º Período de Sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas.

Nueva York, septiembre 27 de 2008.-

Sr. Presidente de la Asamblea General

Señores Jefes de Estado y de Gobierno

Señores Ministros

Sres. Representantes Permanentes y Embajadores

Señoras y Señores.

El Uruguay, uno de los Estados fundadores de las Naciones Unidas, ve plenamente reflejados los principios fundamentales de su política exterior en la Carta de la Organización.

Por ello, entendemos relevante, reafirmar, antes que nada, la importancia que su efectiva vigencia adquiere en el presente contexto internacional y destacar, una vez más, la tradicional posición uruguaya de respeto irrestricto al derecho internacional, el apoyo al multilateralismo; la solución pacífica de controversias; la igualdad soberana de los Estados; el rechazo al empleo o a la amenaza del uso de la fuerza; la no intervención en la jurisdicción interna de los Estados; la libre determinación de los pueblos; la promoción y protección de los derechos humanos y la cooperación internacional en materia económica y social.

No se trata éste, vale la pena reiterarlo, de un mero inventario de buenas intenciones, sino de principios jurídicos y valores fundamentales, cuya consagración en la Carta de las Naciones Unidas, les otorgó rango de norma internacional, a cuya vigencia y aplicabilidad deben ajustarse todos los Estados.

Estos principios constituyen, además, herramientas esenciales para conducirnos en un mundo que hoy nos presenta grandes desafíos. Las Naciones aquí reunidas, tenemos el deber moral y jurídico de encontrar soluciones adecuadas para lograr que la paz y el desarrollo se transformen en la norma de convivencia entre nuestros pueblos.

Como todos sabemos, una grave crisis alimentaria golpea actualmente a demasiados países en el mundo. Para que sea posible hallar una solución sustentable y duradera, es necesario atender los factores estructurales que inciden y gravitan en el origen de esta crisis. Sin duda, la corrección de las distorsiones que presenta el sistema multilateral de comercio y, en particular, el comercio agrícola, es un elemento decisivo para asegurar una provisión de alimentos abundante, que cubra las necesidades de toda la población del planeta. El Uruguay considera que, sin perjuicio de atender con medidas urgentes la grave crisis planteada, resulta indispensable avanzar hacia una solución de largo plazo. Esta pasa, ineludiblemente, por redoblar los esfuerzos para fortalecer el sistema multilateral de comercio y relanzar, rápidamente, las negociaciones en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Resulta imprescindible hacerlo, en especial en materia agrícola, para garantizar la seguridad alimentaria mundial y evitar un retroceso hacia prácticas proteccionistas que sólo acentuarán aún más la situación planteada.

Pero no sólo nos afecta, Sr. Presidente, la crisis de los alimentos. Otro de los desafíos de primer orden que enfrenta la economía mundial es, sin lugar a dudas, el referido a la energía.

Tal como sucede en el caso de la agricultura, América Latina requiere de la cooperación tecnológica de los países desarrollados. De igual modo, y en relación al desarrollo de la producción de energías alternativas, como las bioenergías y biocombustibles, la investigación y asistencia técnica resultan fundamentales para aprovechar las oportunidades que brinda este tipo de producción sin afectar la seguridad alimentaria ni el medio ambiente. En esta materia las Naciones Unidas tienen una función catalizadora de crucial importancia.

Tampoco podemos olvidar, en otro orden, la actual crisis financiera de los principales países desarrollados. La causa de esta crisis no es atribuible a los países en desarrollo, por cierto, pero sus efectos los golpean al igual que castigan a las economías de los países emergentes, lo que corrobora la globalidad e interdependencia entre los Estados.

Sr. Presidente,

En relación al medio ambiente y el desarrollo sostenible, Uruguay es parte de las principales convenciones internacionales en la materia y, al tiempo que ha enfatizado la importancia de la cooperación internacional, también ha subrayado siempre la responsabilidad individual de cada Estado de proteger activamente el medio ambiente en su territorio y sus aguas, así como ha valorado la participación vigilante de la sociedad civil en esta materia.

Por ello, mi país, al tiempo que recibe importantes inversiones que contribuyen a su desarrollo industrial, también ejerce un riguroso control sobre la calidad ambiental de las mismas, aplicando su normativa, internacionalmente reconocida, y exigiendo el uso de las más modernas tecnologías disponibles, con un control efectivo en el terreno de los impactos ambientales de tales emprendimientos.

El Gobierno uruguayo reitera, entonces, su inclaudicable compromiso con la protección del medio ambiente, como derecho humano y como pieza fundamental para el logro de un verdadero desarrollo sustentable.

Otro de los grandes temas de la Agenda de esta Asamblea General está configurado por los Objetivos del Milenio, acordados por los mandatarios de los países miembros de las Naciones Unidas en setiembre de 2005, con los cuales Uruguay se halla plenamente identificado.

En ese marco, nuestro país, ha dado pasos firmes para su concreción. Basta destacar - entre otras políticas de fuerte contenido social- la reciente puesta en funcionamiento del

Sistema Nacional Integrado de Salud, que apunta a una transformación del modelo de atención sanitaria, priorizando la atención primaria de salud y la prevención, para garantizar un derecho básico de todos los ciudadanos, en el marco de la enfática política de inclusión social que lleva adelante el Uruguay.

Sr. Presidente,

Como consecuencia de su estricto apego al Derecho Internacional, Uruguay está firmemente comprometido con la consolidación de la paz y seguridad internacional. Así lo evidencia su condición de ser uno de los diez mayores contribuyentes de tropas a las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, siendo asimismo el país de mayor contribución per capita del mundo en número de efectivos.

Nuestro país participa actualmente en 16 de las 18 misiones de paz de Naciones Unidas desplegadas en África, América, Asia y Europa.

Desde el inicio de su participación en las misiones de paz hasta el presente, Uruguay ha ido acumulando experiencia en asuntos vinculados a la reconstrucción y consolidación de la paz en zonas devastadas por conflictos, desplegando ingentes esfuerzos para poner fin a las hostilidades, para que diversas sociedades y comunidades acordaran la paz y lograran la reconciliación nacional.

No obstante, como nos lo demuestra la experiencia internacional, el mantenimiento de la paz, si bien resulta imprescindible, no es suficiente para reintegrar a los países afectados a la normalidad institucional y a la vida ordenada y pacífica.

Al respecto, es necesario un fuerte involucramiento de la comunidad internacional con las tareas de consolidación de la paz, que asegure efectivamente la construcción de sociedades estables, democráticas, prósperas y con vigorosos mecanismos institucionales para dirimir sus conflictos. Por tal razón, el Uruguay presentó en febrero de 2007 su candidatura a la Comisión de Consolidación de la Paz y espera poder contribuir, desde ese sitial, a alcanzar tan relevantes objetivos.

Sr. Presidente,

La causa de la paz requiere, institucionalmente, de una organización fortalecida y eficaz, lo que nos lleva de la mano a enfocar el proceso de reforma de las Naciones Unidas.

Las negociaciones respectivas no han discurrido con la rapidez y alcance que se había originariamente imaginado. Si bien estamos en los primeros años de existencia de los dos órganos recientemente creados, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión para la Consolidación de la Paz, no ha sido posible aún proceder a la reforma del Consejo de Seguridad, que resulta esencial, y se han dado tímidos avances en los procesos de reforma de la Secretaría y de la Asamblea General.

Uruguay reitera su adhesión al proceso de reforma del Consejo de Seguridad en las categorías de miembros permanentes y no permanentes, pero no apoyará la creación de nuevos miembros con derecho de veto, pues entiende que el tema de la extensión del derecho de veto no debe ser incluido dentro del paquete que se acuerde en las negociaciones intergubernamentales. Es más, siendo consecuente con lo que ha sido su postura tradicional desde la propia época fundacional de las Naciones Unidas, nuestro país disiente con un instituto como el derecho de veto, que constituye un privilegio reñido con la democratización plena de nuestra Organización.

Dentro del ámbito de la reforma, concebimos también al Programa Piloto “UNA ONU” en una doble dimensión: en primer lugar, como un instrumento a través del cual llevar a la práctica la reforma de las actividades operacionales del Sistema de las Naciones

Unidas y, en segundo término, como un ejercicio de cooperación en áreas de prioridad identificadas por el Gobierno uruguayo, en el contexto de una estrategia de desarrollo nacional, sobre la base de un crecimiento económico sostenido y sostenible, con equidad y justicia social.

Entendemos, eso sí, que el Programa “UNA ONU” debe adecuarse a las prioridades y a las necesidades específicas nacionales, por lo que no puede haber un único modelo aplicable a todos los países pilotos, dadas las diferencias intrínsecas de cada uno de ellos.

Deseo hacer referencia, asimismo, a un tema de particular relevancia para el Uruguay, esto es la situación de los países denominados de renta media. Estos países se encuentran enfrentados a una paradoja: si bien se reconocen determinados índices de crecimiento económico, no se toman en cuenta aquellas circunstancias negativas que no permiten desarrollar una trayectoria de crecimiento sostenido y sustentable en el mediano y largo plazo, ni han conseguido tampoco prevenir la dramática erosión de algunos de los progresos alcanzados ocurrida que vienen experimentando.

En particular, y de dramáticas consecuencias, resulta la notoria vulnerabilidad de las economías de estos países en desarrollo dentro de una economía mundial globalizada, que las somete a los efectos de crisis externas que tuvieron consecuencias claras y directas, como el aumento de la pobreza y de la desigualdad en la distribución del ingreso, y aumento de tendencias migratorias, por citar solo algunos efectos que el Uruguay ha vivido directamente.

Finalmente, al ratificar su firme compromiso en la lucha contra el terrorismo, el Uruguay reitera su rechazo a todos los actos terroristas, condenando enérgicamente todo ataque contra poblaciones civiles, así como contra obras de infraestructura cuya destrucción afecte en forma notoria a la población civil.

El terrorismo debe ser condenado claramente, y se debe aumentar la cooperación entre los Estados, para no permitir que actos de esta naturaleza permanezcan impunes. Pero, atención, este combate debe ser librado siempre desde el Estado de Derecho, y por ende, enmarcado en el más absoluto respeto a las normas del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

Lo propio ocurre en materia de narcotráfico.

El Uruguay ha continuado, empecinadamente, la lucha contra el fenómeno del tráfico ilícito de drogas. Esta actividad ha contemplado el doble componente de la oferta y la demanda. Merced a esta política y más allá de los éxitos obtenidos en materia de represión del tráfico ilícito de estas sustancias, nuestro país se ha colocado a la vanguardia del continente en cuanto a políticas de prevención del consumo y tratamiento de aquellos afectados por las drogas.

Sr. Presidente,

Tanto el terrorismo como el narcotráfico afectan gravemente la plenitud de los derechos humanos, cuya protección ha sido una de las políticas estratégicas del actual Gobierno, que desea que el respeto a los derechos del hombre no constituya una simple declaración programática, sino que tenga una verdadera expresión en la vida cotidiana de sus ciudadanos.

Sobre esta base, nuestro país ha priorizado el fortalecimiento de la legislación y los organismos nacionales competentes en la materia y ha promovido la extensión del derecho internacional humanitario y el fortalecimiento de las instituciones que amparan y protegen eficazmente la vigencia de los derechos humanos a escala internacional y previenen sus violaciones.

En suma, la tutela de los derechos humanos es uno de los ejes centrales de la política exterior de la República y, sin duda, el activo político-institucional básico del país.

Como es obvio, la protección efectiva de los derechos humanos requiere de una fuerte instancia jurisdiccional que garantice su vigencia. En tal sentido, la creación de la Corte

Penal Internacional resulta un aporte fundamental al proceso de desarrollo progresivo del Derecho Internacional y un acontecimiento de enorme trascendencia, tanto desde el punto de vista jurídico como político. El Uruguay promulgó en el año 2006 una Ley nacional que ha consagrado la plena cooperación con esa Corte. Y, respetuosamente se permite exhortar al conjunto de la comunidad internacional a hacer lo propio, para evitar que el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad no queden impunes.

Para concluir, señor Presidente, quisiera destacar que ante la actual coyuntura, con conflictos que amenazan la paz y la seguridad internacional, y teniendo en cuenta la creciente interdependencia entre los Estados como consecuencia del fenómeno de la globalización, se torna indispensable reafirmar una vez más, en forma categórica, la vigencia de las Naciones Unidas como organismo rector y máximo foro multilateral para encontrar soluciones adecuadas a los principales desafíos que enfrentamos en el mundo de hoy.

Por ello, la apuesta al multilateralismo implica la búsqueda de respuestas colectivas a los conflictos y problemas internacionales, de conformidad con el derecho internacional y en el marco de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que regulan la convivencia pacífica entre las naciones.

Se trata, en definitiva de mantener los ideales que inspiraron la fundación de ésta Organización, aquel proyecto de civilidad al que no podemos renunciar, en tanto configura una asignatura pendiente que nos seguimos debiendo a nosotros mismos y a las generaciones venideras.

Muchas gracias Sr. Presidente.