Reforma del Estado

Comienza proceso de reorganización del sistema de abogacía del Estado

Acorde al proceso de mejora del funcionamiento del Estado, el Servicio de Abogacía con que cuentan sus dependencias requiere ser reorganizado. En ese sentido, se efectuará un diagnóstico de los litigios que lleva adelante el Estado. Así lo afirmó la Ministra de Educación y Cultura, Maria Simon, quien junto a la Embajadora de España, Aurora Díaz Rato, anunció el Proyecto Abogacía del Estado, que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación.

La Ministra María Simon y la embajadora de España, Aurora Díaz Rato anunciaron el comienzo de la puesta en funcionamiento de la etapa inicial del Proyecto Abogacía del Estado, en el marco del Programa de Cooperación Técnica que llevan adelante los gobiernos de España y Uruguay.

La situación del sistema de Abogacía del Estado de nuestro país amerita un diagnóstico, el cual se efectuará con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional de España, que aporta en una primera etapa, la cantidad de 60.000 euros así como un conocimiento y experiencias de larga data. El objetivo final del emprendimiento es contribuir a que Uruguay diseñe su propio modelo de Abogacía del Estado, explicaron.

Para llevar a cabo esta tarea se cuenta con la labor de profesionales de la Facultad de Derecho, establecida en el convenio firmado entre el MEC y la Universidad de la República.

El Estado debe contar con la mejor abogacía porque es quien representa los intereses del colectivo, puntualizó la Ministra Simon.

Asimismo, destacó el entusiasmo con que se aborda la labor, inscripta dentro del marco de Reforma del Estado, la cual implica la reforma de su funcionamiento.

La Embajadora de España en nuestro país, Aurora Díaz Rato manifestó que ese país realiza un apoyo técnico y financiero en esta iniciativa, así como también un intercambio de experiencias en torno a la forma de gestionar el Estado.

El Coordinador general de cooperación de la Agencia Española, José Luis Pimentel, afirmó que la labor se enmarca en el programa de cooperación bilateral, que incluye proyectos definidos en la Comisión Mixta Hispano Uruguaya para el periodo 2005-2008.

España puede aportar su experiencia, basada en la existencia desde hace más de 100 años, de la Abogacía General del Estado. Toda la defensa y juicios del Estado están centralizados en ella, representada en la persona del abogado general del Estado, agregó Pimentel.

En este caso, se apunta a ayudar a reflexionar al Uruguay sobre cuál es el modelo que quiere, no tiene por qué ser un Abogado General del Estado. Se busca fortalecer la defensa que se hace de forma dispersa desde las instituciones estatales. Además del aporte económico, explicó Pimentel, la Agencia coopera con acciones y asistencia técnica de la Abogacía del Estado que vienen al Uruguay.

La realización del diagnóstico inicial está previsto que tome unos seis meses, periodo que incluye a realización de talleres de preparación para delinear el modelo a adoptar, así como visitas de técnicos de un país a otro.

El proyecto busca optimizar la gestión de la defensa judicial de los intereses del Estado para que redunde en una efectiva tutela de los intereses públicos. En el marco de este objetivo, el proyecto Abogacía del Estado constituye una herramienta necesaria para conocer la realidad litigiosa del Estado.

La primera etapa consiste en la recolección de la información correspondiente en los organismos de la Administración Central, quienes dispondrán de un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir del 13/10/08, para remitirla a la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura.

Éstos son los datos relativos a los juicios de la Administración Central, en trámite y terminados desde el 01/01/05, ante la justicia ordinaria y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como la información relativa a los recursos humanos y materiales asignados a la defensa judicial en cada organismo.

En el marco del convenio de cooperación científica suscrito entre el MEC y la Universidad de la República, la información será remitida luego a la Facultad de Derecho para realizar el relevamiento, sistematización y análisis de la información y un diagnóstico de la situación.

De acuerdo a los resultados surgidos del diagnóstico, se abrirá una etapa de estudio de las alternativas de solución para elaborar una propuesta institucional final.

La Directora del Departamento, Cecilia Blanco adelantó que la iniciativa permite conocer la situación actual de demandas que recibe y que promueve el Estado uruguayo. Incluye también el análisis del control de irregularidad de los actos administrativos en la orbita de la justicia administrativa.

La información está descentralizada y se apunta a efectuar el diagnóstico en cada ministerio dentro de la asesoria preventiva y contenciosa. El objetivo es generalizar la información, compartirla, analizarla mediante un convenio con la Facultad de Derecho, y así tener una percepción clara de la situación litigiosa del Estado. En esta etapa, se centra en Administración Central.

La primera etapa consiste en la remisión de una nota de la Ministra de Educación a las demás carteras, el lunes próximo, explicó la Directora Blanco. A partir de ese día corren 30 días hábiles para que ellas remitan la información. Una vez reunida esa información, el Ministerio lo remite a la Universidad, en un plazo de tres meses. Estimó que a comienzos del 2009 la información estará decodificada. Luego, comenzará una segunda etapa.

La Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura fue creada durante este período de gobierno por el art. 230 de la Ley 17.930 dentro del Ministerio de Educación y Cultura.

Tiene diversos cometidos a su cargo, entre los que se destacan los relacionados con tópicos como los de acceso a la justicia, fortalecimiento del Estado de Derecho y mejora de la defensa judicial del Estado.

Dentro de este último, la mencionada ley le cometió a dicha Dirección relevar la situación del Estado en materia de juicios en que éste sea actor o demandado. A tales efectos, los organismos deberán remitir la información pertinente, en la forma y plazo que determine el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo, por Decreto 412/2007, dispuso que dicha información se recabara en etapas, comprendiendo a la Administración Central dentro de la primera de ellas, en virtud de la complejidad institucional del Estado Uruguayo.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República-Facultad de Derecho, en el marco del Convenio de Cooperación firmado el 31 de julio de 2002, suscribieron un Acuerdo con fecha 25 de marzo de 2008, por el cual la Facultad de Derecho se comprometió a realizar actividades de carácter científico y académico en materia jurídica, en temas relacionados con el cumplimiento de los cometidos del Ministerio de Educación y Cultura.

En este marco, la Facultad de Derecho realizará una sistematización y análisis de la información recabada por la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, así como la elaboración de un diagnóstico sobre la situación litigiosa de los organismos de la Administración Central.

La actividad científica y académica a desarrollarse por parte de la Facultad, mediante la asignación de personal calificado a tales efectos, comprenderá el estudio de la actuación de la Administración Central en materia de asesoría preventiva y de defensa jurídica ante la justicia administrativa y ordinaria, además del estudio de la estructura institucional de dichos servicios jurídicos.

Por último, en función de los resultados del diagnóstico efectuado, se propondrán los cambios institucionales que se consideren necesarios para generar políticas públicas de mejora de gestión, orientadas al logro de mayores niveles de transparencia y mejora de la eficacia de la gestión pública en la defensa judicial del Estado.