El Programa Nacional de Discapacitados lanzará una campaña de sensibilización para fomentar la inclusión laboral, educativa y eliminar las barreras arquitectónicas que no permiten el acceso de los discapacitados a lugares públicos. El Director de PRONADIS, Alberto Della Gatta, señaló que éste es el primer Gobierno que pone el tema en la agenda política, apostando a mirar la capacidad y no la discapacidad de las personas.

El Programa Nacional de Discapacidad cumple con servicios y acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, apuntando a su inclusión en la sociedad. Della Gatta, señaló que si bien esta institución formaba parte del Ministerio de Salud Pública, en 2008 pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de brindar servicios a las personas con discapacidad que se encuentran bajo la línea de pobreza. Discapacidad y pobreza van de la mano, aseguró Della Gatta, dado que más del 80% de los discapacitados tienen bajos recursos económicos.

En ese sentido, señaló que las personas discapacitadas son un colectivo invisible para el conjunto de la comunidad, ya que no están integradas y no pueden acceder a los bienes de consumo. Agregó que, por su parte, la comunidad no visualiza esta situación como un problema porque tampoco existe un movimiento asociativo de personas con discapacidad que accione como elemento de presión ante la comunidad y ante las autoridades.

En este marco, el próximo 29 de octubre se lanzará una fuerte campaña de sensibilización a través de los medios de comunicación denominada "Proyectos invisibles", en cuya primera etapa se encarará el tema discapacidad y trabajo, apuntando a que las empresas aprovechen la capacidad de las personas para desempeñarse en varias funciones.

En una segunda etapa, se promoverá la eliminación de las barreras arquitectónicas y del transporte, ya que no permiten a los discapacitados acceder a determinados servicios. En esta temática, Della Gatta subrayó que la Intendencia Municipal de Montevideo realizó algunos avances en materia de accesibilidad en la década del 90 pero que aún falta mucho para que las personas con menos movilidad puedan acceder a todos los lugares.

En relación al transporte, se espera que a través de la campaña de sensibilización las unidades convencionales de transporte colectivo tengan el piso bajo, como sucede en otras ciudades del mundo. Para ello, se plantea exigir a las empresas y a los Gobiernos Departamentales que manejan transporte, que en la próxima renovación de flotas se incorporen unidades con estas características. Della Gatta aclaró que si bien en Montevideo existen dos unidades de transporte para discapacitados, éstas no resuelven el problema de traslado dado que es muy difícil que puedan ser utilizadas por la mayoría de las personas con movilidad reducida. Si bien la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado cuenta con un servicio de transporte, puerta a puerta, compuesto por cuatro camionetas adaptadas para llevar a las personas a los distintos centros de rehabilitación, tampoco son suficientes para cubrir toda la demanda. Por ello, señaló que si las líneas regulares de transporte contaran con mayor cantidad de móviles para estos efectos, se podría llegar a más personas que lo necesiten.

En materia de cifras, la Encuesta Nacional de Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas en el año 2004 marcó un 7,6% de personas con discapacidad en la totalidad del territorio, pero no tomaba en cuenta las localidades con menos de 5.000 habitantes ni el medio rural.

En 2006, una nueva encuesta con carácter ampliado elevó esta cifra a 9,2%, correspondiente a casi 300.000 personas discapacitadas. En relación a la población económicamente activa, la proporción de personas con discapacidad que trabaja es muy baja.

Alberto Della Gatta explicó que PRONADIS trabaja en fortalecer el movimiento asociativo de personas con discapacidad, brindando apoyo en la orientación y en la accesibilidad a los servicios para que puedan ser incluidos socialmente.

Para ello, se creó el Consejo Consultivo de la Discapacidad que cuenta con 55 instituciones para discapacitados de todo el país, cuyo objetivo es crear una red con las comisiones departamentales, gobiernos locales y organizaciones sociales no vinculadas a esta temática, para llegar a todas las personas discapacitadas en el Uruguay.

El Consejo Consultivo pretende ser un espacio para promover la participación de las asociaciones de personas con discapacidades en la elaboración de políticas sociales. Entre sus cometidos, también se incluye fortalecer el movimiento asociativo de personas con discapacidad y ejecutar las recomendaciones de organismos internacionales con respecto al tema.

Al mismo tiempo, se desarrolla un proceso de inclusión educativa, con el concepto que las personas discapacitadas -en su gran mayoría- deben incluirse en los cursos regulares de educación formal, salvo aquellos casos de discapacidad severa en los cuales es necesario asistir a centros de educación especial.

Además de la incorporación al sistema de salud, a través del FONASA, Della Gatta indicó que existe un Programa de Ayudas Técnicas que permite que las personas de bajos recursos puedan acceder a prótesis de miembros inferiores y superiores, sillas de ruedas, bastones canadienses y bastones para no videntes.

En otro orden, llevando adelante una estrategia de descentralización de la rehabilitación visual, se abrieron cinco Unidades Básicas de Rehabilitación en Maldonado, Salto, Mercedes, Durazno y Tacuarembó, culminando una tradición de 35 años en la que solamente se realizaba rehabilitación visual en Montevideo. PRONADIS espera ampliar esta propuesta a cinco departamentos más. En este proyecto participan, además, el Instituto Nacional de Ciegos Gral. Artigas y el Centro de Rehabilitación para personas ciegas y con baja visión Tiburcio Cachón, las cuales iniciaron un proceso de reconversión de las actividades y ampliación de programas.

Por otra parte, se cuenta con un Centro de Orientación y Apoyo a las personas con discapacidad y sus familiares en convenio con el Centro de Integración de Discapacitados (CINDIS). En este marco, se creó un servicio telefónico de información y orientación que tendrá un banco de datos actualizado sobre los programas y servicios disponibles en Uruguay, a través de las líneas 908 60 90 y 902 93 01. Este servicio pretende evitar demoras en los trámites y en el acceso a la educación, así como también facilitar el uso de los recursos existentes, además de realizar una prevención y acción temprana.

Este acuerdo también prevé la realización de talleres gratuitos de sensibilización y capacitación permanente sobre discapacidad a profesionales de la salud, docentes y todos los grupos que lo soliciten en Montevideo y en el Interior. Estos talleres pretenden introducir en el modelo de atención del Sistema Nacional de Salud los elementos necesarios para que el personal de la salud pueda atender y derivar en forma adecuada a las personas con discapacidad, además de promover y apoyar acciones preventivas en el sistema educativo.

Della Gatta informó que próximamente se desarrollará un programa de capacitación laboral para instituciones de discapacitados y un programa de capacitación de líderes que se realizará en la Escuela de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Explicó que esto se debe a que se percibe una gran carencia de dirigentes en las organizaciones de discapacidad y como se busca contar con un movimiento asociativo fuerte, se deberá formar personas que dirijan estas asociaciones.

PRONADIS cuenta con un equipo técnico que se encarga de las problemáticas de la discapacidad a lo largo y ancho del país, dirigido a asistir a las familias, docentes, funcionarios públicos, comisiones barriales y comisiones de fomento. Del mismo modo, en el área de la discapacidad intelectual y alteraciones mentales, se trabaja en conjunto con el movimiento de familiares.

La Organización Mundial de la Salud define a una discapacidad como toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Al mismo tiempo, se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. (Art.2 Ley 16.095)

El Programa Nacional de Discapacidad apuesta a difundir el concepto que todos los discapacitados tienen un potencial de capacidad que se puede aprovechar. En ese sentido, se busca mirar la capacidad y no la discapacidad de las personas.

En relación a la inclusión laboral, el Director de PRONADIS señaló que existen dificultades para acceder al ámbito privado pero que la Ley 18.094, desde 2007, garantiza cupos de empleo en las dependencias estatales.

A nivel legislativo, la Ley 16.095 de 1989 establece la creación de un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar su atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica, profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgar los beneficios, prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas.

Por otra parte, la Ley 18.094 determina que el Estado, los Gobiernos Departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

Della Gatta enfatizó que por primera vez, en la agenda de un Gobierno, el tema discapacidad se toma en cuenta y que si bien existe una normativa desde el año 1989, no había en nuestro país la voluntad política necesaria como para llevar adelante acciones que atiendan a las personas discapacitadas. En ese sentido, aseguró que este Gobierno dotó de importantes recursos a PRONADIS y a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.

Asimismo, agregó que no sólo se cumplió con aspectos fundamentales de la Ley 16.095 sino que además, transformó el Artículo 42 de dicha Ley, convirtiéndola en la Ley 18.094 sobre el acceso a puestos de empleo en la Administración Pública. A través de esta nueva normativa que data de enero de 2007, el 4% de las vacantes de los organismos públicos debe destinarse a personas con discapacidad.