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15 de diciembre, 2008

Presentaron Informe a autoridades

Derechos vulnerados: preocupa situación de adolescentes privados de libertad
El Comité de los Derechos del Niño del Uruguay dio a conocer su Informe 2008 sobre adolescentes privados de libertad, que revela que la situación continúa siendo compleja, dado que a cuatro años de la entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, se carece de un proyecto socioeducativo, que promueva la responsabilización de los jóvenes y amplíe sus vínculos sociales y familiares.

Este Comité consiste en una coalición de organizaciones sociales no gubernamentales encargada del seguimiento de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (Ratificada por Uruguay en 1990, Ley 16.137).

El Informe -denominado "Adolescentes privados de libertad. Condiciones actuales, problemas estructurales y recomendaciones"- es el resultado de las visitas que se realizaron en los primeros días de octubre de este año a nueve establecimientos de privación de libertad de adolescentes, y donde se realizaron más de 130 entrevistas a jóvenes, funcionarios y directores.

Según Diego Silva, miembro del Comité, se verificó que no se respeta el derecho a la educación de los adolescentes. Si bien existen propuestas de Primaria y Secundaria, se trata de cargas horarias mínimas. Se entiende que el grueso de las dificultades parte de esta situación, además de la discrecionalidad del funcionamiento de estas instituciones, tanto cuando un adolescente pasa de un centro al otro, como en cuanto a las sanciones, o las decisiones de los adultos sobre los jóvenes. "Es un problema muy grave", dijo, porque se generan las condiciones para situaciones extremas de malos tratos e inclusive torturas.

Los relatos revelan historias de todo tipo, por ejemplo la violencia en las detenciones y los traslados por parte de la Policía. Cuando los adolescentes se fugan de la Colonia Berro y luego se les recaptura, se los lleva al médico y luego son golpeados, explicó. Inclusive, el Comité solicitó al Ministerio del Interior y al INAU que investiguen posibles acciones de enterramientos y golpizas severas.

Puertas, Piedras y Ser son los centros más comprometidos. En cuanto al centro Ser existe una resolución del directorio de cierre del establecimiento pero aún no se concretó. Es allí donde se registran los problemas más graves.

En cuanto a las "reglas de juego", Silva dijo que no se establece un funcionamiento basado en la norma, sino en acuerdos informales entre adultos y jóvenes que llevan a estas situaciones. Por ejemplo, en el Centro Piedras los adolescentes son invitados a pelear por parte de los funcionarios (lo que se denomina "pelea abierta"). Si se contara con normas claras, estas situaciones se resolverían de forma sencilla, aseguró.

El Directorio del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ) elaboró un Reglamento de Convivencia, pero no se aplica en ninguno de los establecimientos.

En cuanto al uso de medicamentos con los adolescentes recluidos, Silva reveló que se generó un cambio interesante: se contrató a enfermeros para administrarlos (antes los hacían los educadores). Pero la administración de psicofármacos tiene que ver con "soportar el encierro y no con el tratamiento de una patología en concreto", aclaró el especialista.

Este año, a diferencia de ediciones anteriores en que el informe se centraba en las situaciones de mayor gravedad, se procuró identificar los factores estructurales del funcionamiento y la cultura institucional que generan las condiciones para la violencia: la discrecionalidad, que no haya una oferta educativa ni propuestas que procuren la responsabilización del individuo, que les permitan reflexionar sobre lo que hizo.

Silva reconoció en la nueva gerencia del INTERJ un trato un poco más humano hacia los jóvenes y una mayor preocupación, pensando en el adolescente como centro de la propuesta, pero aún no hubo cambios sustantivos, sostuvo.

El Comité incluyó en el Informe unas 20 recomendaciones, encabezadas por la necesidad de una propuesta socioeducativa, ya que sin ella es imposible gestionar nada. Por otra parte, se insta a promover el trabajo en equipo de técnicos, educadores y personal de seguridad, que no se reúnen para analizar cómo trabajar, sino que cada uno lo resuelve en forma independiente. Además, recomendó la necesidad de generar espacios de contacto con la comunidad.

Silva aseguró que muchos funcionarios están bien intencionados y desarrollan una propuesta interesante, pero hoy no están dadas las condiciones para que se lleven adelante cambios profundos, porque la institución optó por un nivel de conflicto bajo con los funcionarios, y "cambios profundos en una institución que tiene problemas tan graves, no se pueden dar sin un conflicto fuerte con los trabajadores", dijo el especialista.

El Informe fue entregado la semana pasada al Consejo de Ministros y a las autoridades del INAU y del INTERJ, para que estén en conocimiento de estas conclusiones.

Los miembros del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, aguardan que el Estado asuma las responsabilidades que tiene y genere un cambio en las políticas de atención de los jóvenes en conflicto con la Ley.

   
 
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