Presentaron Informe a autoridades
Derechos vulnerados: preocupa situación de
adolescentes privados de libertad
El Comité de los Derechos del Niño
del Uruguay dio a conocer su Informe 2008 sobre
adolescentes privados de libertad, que revela que la
situación continúa siendo compleja, dado que a cuatro
años de la entrada en vigencia del Código de la Niñez y
la Adolescencia, se carece de un proyecto
socioeducativo, que promueva la responsabilización de
los jóvenes y amplíe sus vínculos sociales y
familiares.
Este Comité consiste en una
coalición de organizaciones sociales no gubernamentales
encargada del seguimiento de la aplicación de la
Convención de los Derechos del Niño (Ratificada por
Uruguay en 1990, Ley 16.137).
El Informe -denominado "Adolescentes
privados de libertad. Condiciones actuales, problemas
estructurales y recomendaciones"- es el resultado de
las visitas que se realizaron en los primeros días de
octubre de este año a nueve establecimientos de
privación de libertad de adolescentes, y donde se
realizaron más de 130 entrevistas a jóvenes,
funcionarios y directores.
Según Diego Silva, miembro del
Comité, se verificó que no se respeta el derecho a la
educación de los adolescentes. Si bien existen
propuestas de Primaria y Secundaria, se trata de cargas
horarias mínimas. Se entiende que el grueso de las
dificultades parte de esta situación, además de la
discrecionalidad del funcionamiento de estas
instituciones, tanto cuando un adolescente pasa de un
centro al otro, como en cuanto a las sanciones, o las
decisiones de los adultos sobre los jóvenes. "Es un
problema muy grave", dijo, porque se generan las
condiciones para situaciones extremas de malos tratos e
inclusive torturas.
Los relatos revelan historias de
todo tipo, por ejemplo la violencia en las detenciones
y los traslados por parte de la Policía. Cuando los
adolescentes se fugan de la Colonia Berro y luego se
les recaptura, se los lleva al médico y luego son
golpeados, explicó. Inclusive, el Comité solicitó al
Ministerio del Interior y al INAU que investiguen
posibles acciones de enterramientos y golpizas severas.
Puertas, Piedras y Ser son los
centros más comprometidos. En cuanto al centro Ser
existe una resolución del directorio de cierre del
establecimiento pero aún no se concretó. Es allí donde
se registran los problemas más graves.
En cuanto a las "reglas de juego",
Silva dijo que no se establece un funcionamiento basado
en la norma, sino en acuerdos informales entre adultos
y jóvenes que llevan a estas situaciones. Por ejemplo,
en el Centro Piedras los adolescentes son invitados a
pelear por parte de los funcionarios (lo que se
denomina "pelea abierta"). Si se contara con normas
claras, estas situaciones se resolverían de forma
sencilla, aseguró.
El Directorio del Instituto Técnico
de Rehabilitación Juvenil (INTERJ) elaboró un
Reglamento de Convivencia, pero no se aplica en ninguno
de los establecimientos.
En cuanto al uso de medicamentos con
los adolescentes recluidos, Silva reveló que se generó
un cambio interesante: se contrató a enfermeros para
administrarlos (antes los hacían los educadores). Pero
la administración de psicofármacos tiene que ver con
"soportar el encierro y no con el tratamiento de una
patología en concreto", aclaró el especialista.
Este año, a diferencia de ediciones
anteriores en que el informe se centraba en las
situaciones de mayor gravedad, se procuró identificar
los factores estructurales del funcionamiento y la
cultura institucional que generan las condiciones para
la violencia: la discrecionalidad, que no haya una
oferta educativa ni propuestas que procuren la
responsabilización del individuo, que les permitan
reflexionar sobre lo que hizo.
Silva reconoció en la nueva gerencia
del INTERJ un trato un poco más humano hacia los
jóvenes y una mayor preocupación, pensando en el
adolescente como centro de la propuesta, pero aún no
hubo cambios sustantivos, sostuvo.
El Comité incluyó en el Informe unas
20 recomendaciones, encabezadas por la necesidad de una
propuesta socioeducativa, ya que sin ella es imposible
gestionar nada. Por otra parte, se insta a promover el
trabajo en equipo de técnicos, educadores y personal de
seguridad, que no se reúnen para analizar cómo
trabajar, sino que cada uno lo resuelve en forma
independiente. Además, recomendó la necesidad de
generar espacios de contacto con la comunidad.
Silva aseguró que muchos
funcionarios están bien intencionados y desarrollan una
propuesta interesante, pero hoy no están dadas las
condiciones para que se lleven adelante cambios
profundos, porque la institución optó por un nivel de
conflicto bajo con los funcionarios, y "cambios
profundos en una institución que tiene problemas tan
graves, no se pueden dar sin un conflicto fuerte con
los trabajadores", dijo el especialista.
El Informe fue entregado la semana
pasada al Consejo de Ministros y a las autoridades del
INAU y del INTERJ, para que estén en conocimiento de
estas conclusiones.
Los miembros del Comité de los
Derechos del Niño del Uruguay, aguardan que el Estado
asuma las responsabilidades que tiene y genere un
cambio en las políticas de atención de los jóvenes en
conflicto con la Ley. |