La defensa de los Derechos Humanos en Uruguay es un imperativo ético, jurídico y de Gobierno

El Subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini, señaló durante su participación en la Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado en Ginebra, que Uruguay asumió la defensa y promoción de los Derechos Humanos como un imperativo ético, jurídico y de Gobierno basado en una concepción amplia e interdependiente de todos los derechos que hacen a la dignidad humana.

Michelini dijo que Uruguay formuló una invitación abierta a todos los mecanismos de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas, así como del sistema interamericano.

En tal sentido, anunció que se confirmó la visita a nuestro país del Relator de Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura. Michelini confía en que sus recomendaciones contribuirán a fortalecer las instituciones y políticas nacionales que se ocupan de las personas privadas de libertad, tanto de adultos como de adolescentes.

Del mismo modo, espera que se concrete en el 2010, la visita de la Experta independiente de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento.

El Jerarca informó que en los últimos cuatro años, se presentaron los informes específicos sobre derechos del niño, de la mujer, el de derechos económicos, sociales y culturales, así como próximamente Uruguay estará sujeto al Mecanismo de Examen Periódico Universal –EPU- de este Consejo. Michelini considera que el solo hecho de su preparación marca aspectos positivos para contribuir a mejorar las políticas públicas de los Derechos Humanos.

En el correr de este año, se presentarán los informes referentes al "Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados" y el "Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía" vinculados a la "Convención de los derechos del niño", así como el informe relativo a la "Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", a la "Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares", a la "Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial". En ese sentido, se están realizando las primeras consultas informativas al respecto a los mecanismos nacionales inter-institucionales competentes y a representantes de la sociedad civil.

La lucha contra la cultura de la impunidad por la verdad, la memoria y la justicia, valorizando el derecho de las víctimas, es importante para Uruguay. De ese modo, resaltó el trabajo exhaustivo realizado para incorporar al derecho penal los instrumentos de Derecho Internacional Humanitario incluido el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, que tipifica los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, en algunos casos con mayor amplitud. Asimismo, se establecen bases claras para la cooperación con el sistema establecido por el mencionado Estatuto.

Uruguay aspira a que todos los países sean parte del Estatuto de Roma y colaboren en su caso, de buena fe con la Corte y el Fiscal. Así como que la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional no debiera nunca justificar la aplicación de la tortura, y otras penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Michelini señaló que aún restan enormes desafíos, por ejemplo, la formación en todos los niveles educativos en materia de Derechos Humanos. El Ministerio de Educación y Cultura, incorporó en forma expresa en la reciente aprobada Ley General de Educación, ese elemento fundamental.

Otra medida importante es la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, reclamada por la sociedad civil y también por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. La misma tendrá, entre otros, el rol de ser el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura conforme a la normativa internacional

En materia de políticas estatales, destacó que en este período de Gobierno se adoptaron políticas sociales, primero para identificar y asistir a la población indigente y pobre –especialmente tras la crisis financiera del 2002- y al mismo tiempo para avanzar hacia la equidad, brindando mayores oportunidades a todos y todas. Puntualmente, se avanzó en un acceso más universal a los servicios de salud, extendiendo las redes de protección social.